Inoperancia para cumplirderechos ciudadanos
Aleida Calleja
En el gobierno del cambio priva el viejo estilo autoritario de la SCT. La Subsecretaría de Comunicaciones mide con
dos varas las solicitudes de permiso de transmisión.
Con una tardó tres meses en dar respuesta positiva a la solicitud de tres permisos de transmisión radial a la
Comisión de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que los pidió el 17 de diciembre.
Con la otra vara simple y llanamente no responde a las solicitudes que, junto con la respectiva entrega de
expedientes, hicieron La Voladora Radio (20/X/03); Radio Huayacocotla, hace siete meses, que es una estación comunitaria que
lleva 38 años de trasmisión continua; así como Radio Bemba, Radio Calenda, Radio Jen Poj y Radio de San Idelfonso,
que entregaron la solicitud el 10 de diciembre.
¿Y el derecho de petición?
Para la SCT los grupos ciudadanos no merecemos ni el derecho de petición consagrado en la Constitución, que
obliga a toda autoridad a responder las peticiones ciudadanas. Esa secretaría, que en varias ocasiones se defiende con el
discurso de legalidad para justificar su política represora en contra de las emisoras, es la primera en desconocerla con sus
acciones: incumple con su obligación de contestar a peticiones concretas, y también incumple con el derecho a la información
y con la libertad de expresión a la que hemos aludido como radios comunitarias para existir legalmente.
La SCT es eficaz para cerrar emisoras ciudadanas en todo el país, pero inoperante para hacer cumplir los
derechos ciudadanos. En una estrategia dilatoria, deja de contestar a las más de 90 peticiones de permiso que se han hecho
por diversos sectores, entre ellos el ciudadano y comunitario. Emplea subterfugios para evitar a toda costa su legalización.
El 7 de mayo el presidente Vicente Fox anunció en la reunión del Sindicato de la Industria de la Radio y la
Televisión, en Culiacán, Sinaloa, que dio instrucciones a Gobernación y a la SCT para cerrar emisoras que calificó de
"clandestinas" comenzando con Michoacán. El mandatario estableció que estas emisoras son un total de 100. Da la casualidad que
en este acto estaba el subsecretario de Comunicaciones de la SCT, Jorge Álvarez Hoth, quien se ha negado
sistemáticamente a la regularización de las radios comunitarias.
Desde hace tiempo hay un fuerte interés, por parte de algunos sectores, para confundir a la opinión pública al
querer mezclar a emisoras comunitarias con los llamados medios "clandestinos", para justificar una política represiva en
contra de aquellos grupos de la población que demandan una garantía al ejercicio de su libertad de expresión a través de
la radiodifusión ciudadana. El propio líder de aquel sindicato acusó que estas emisoras (a todas, poniéndolas en un
mismo saco) "atentaban contra las fuentes de trabajo". Sería interesante conocer las cifras y comprobaciones de esta
afirmación. Esperemos que no se refiera a los medios comunitarios, pues éstos funcionan con personal voluntario en su
mayor parte, que trabajan con muchas precariedades a falta de una certeza jurídica que les permita desarrollarse
cabalmente como proyectos sociales, que a través de diversos esfuerzos y de manera colectiva compran sus equipos para
transmitir. Es imposible que esta inversión social atente contra las fuentes de trabajo para comunicadores de medios
comerciales y de Estado.
Las emisoras comunitarias cumplen un papel de servicio público sin fines de lucro, como lo constató la Secretaría
de Gobernación en una gira de trabajo que realizó a diversas radios comunitarias en noviembre pasado. Este servicio
que prestan a la sociedad ha quedado establecido públicamente en diversos foros, y en el caso más reciente con el
Premio Nacional de Periodismo a Radio Teocelo en Veracruz, única emisora de este tipo a la que se la ha dado el permiso
de operación.
Por esta razón es que las radios comunitarias sostienen una mesa de diálogo y trabajo con Gobernación para
revisar caso por caso y emitir su opinión a la SCT para que se les otorguen los permisos correspondientes.
Esperamos que el Presidente de la República tenga clara la diferencia entre las emisoras comunitarias que han
reiterado su voluntad de trabajar en un marco de legalidad y que están en proceso de diálogo con las instituciones, pues
en numerosas ocasiones la autoridad (SCT) ha cerrado varias emisoras comunitarias con el pretexto de calificarlas
de clandestinas, e insistimos que es un calificativo falso. ¿Qué clandestinidad tenía la Radio Jen Poj de Santa María
Tlahuitoltepec en Oaxaca, que estaba instalada en la casa comunal? Por escrito el propio Ejército la denunció ante la SCT
como "clandestina", ¿clandestina cuando las propias autoridades municipales le habían pedido públicamente al
gobernador y al delegado de la SCT en ese estado, autorización para operar una radio como parte de su plan de desarrollo municipal?
¿Y los compromisos del gobierno?
Iniciar un cierre masivo de emisoras violaría el compromiso que adquirió el propio gobierno federal ante la CIDH
y omitiría las recomendaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, establecidas
en el Diagnóstico sobre el tema, además de darle la espalda y contradecir sus propias acciones de gobierno, pues
desde hace algunas semanas la propia Secretaría de Gobernación instaló en la Comisión Intersecretarial de Seguimiento de
la Agenda de Derechos Humanos la mesa de trabajo para el reconocimiento legal de las radios comunitarias en nuestro país.
Dejar sin respuesta una demanda de los grupos menos favorecidos para acceder a la operación de sus propios
medios, negar su reconocimiento legal, omitir dar solución con pleno respeto al ejercicio de la libertad de expresión y
negarles los permisos a los medios comunitarios, sería igualmente una violación del gobierno federal a los compromisos
adquiridos con estos organismos internacionales de derechos humanos. Pero sobre todo será la pérdida total de este
gobierno para aprovechar la oportunidad histórica de democratizar los medios, de tener una política pública responsable.
Llevamos más de un año en proceso de diálogo con la Secretaría de Gobernación sin que hasta el momento
tengamos resultados concretos, todo este tiempo sin respuesta de la SCT para que establezca criterios claros, públicos y
transpaentes para que las radios accedan a los permisos solicitados. En pocas palabras: ausencia de una posición clara del
gobierno federal, que se jacta en el discurso del pleno respeto a la libertad de expresión en nuestro país, pero que ha sido
incapaz de dar una solución al marco de la legalidad que demandan los medios comunitarios.
Diciembre 2008
Las varas de la SCT
