etcétera

Medios crecidos ante políticos achicados

José Carreño Carlón

Desde las mejores tradiciones de resistencia al modelo histórico mexicano de subordinación, primero, y más tarde, al de colusión de intereses de los medios con el poder público, la oposición política solía identificar en el viejo régimen las estrategias de comunicación del gobierno con las herramientas de control informativo y con campañas de propaganda gubernamental.

La situación no parecería haber variado gran cosa a juzgar por el debate surgido a principios de año sobre reales o supuestos excesos en las estrategias presidenciales contra sus competidores, a propósito de las elecciones de mitad de sexenio previstas para el próximo verano.

No parecería haber variado la situación, pero sí ha variado.

Es cierto que, si bien, con el cambio de régimen y de partido en el poder presidencial, el viejo modelo de relación medios-gobierno no ha desaparecido, la verdad es que sí se ha transformado.

Y aunque los resultados en el estándar a la baja en la calidad informativa y editorial de nuestros medios sean semejantes en el viejo y en el nuevo régimen, y aunque, asimismo, el (mal) trato a lectores y audiencias por parte de la asociación de los medios y los poderes no haya sufrido modificaciones de consideración, sí se han transformado, en cambio, los términos de esa asociación entre el poder o los poderes y los medios.

Y en función de ese cambio en los términos de la asociación medios-poderes, la transición política de México a la democracia no sólo encuentra en la comunicación pública algunos de sus mayores rezagos y limitaciones, sino algunas de sus mayores distorsiones e incluso regresiones.

Primero, por la subsistencia de lo que en el Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana hemos llamado un complejo político empresarial de control de los medios, como expresión del modelo histórico, primero de subordinación y, más tarde, de colusión de intereses en las relaciones de los medios y el poder. Ello tendió en el pasado y tiende en el presente a dejar a los competidores políticos del gobierno lo mismo en el viejo que en el nuevo régimen sin márgenes razonables para una eventual concurrencia medianamente equitativa en la lucha por la definición de la agenda del debate público. Esto, con independencia de si el Presidente hace pronunciamientos explícitos contra sus competidores o no. O si los hace en campaña electoral o fuera de ella, si bien en campaña son más mensurables los efectos de esa inequidad.

Segundo, porque, antes de cumplir el nuevo régimen sus dos primeros años, el 10 de octubre de 2002, a través de un decreto presidencial de lo más controvertido, el mismo nuevo régimen otorgó públicamente una prórroga formal al modelo histórico del antiguo régimen, por lo menos en lo que atañe a su relación con la radio y la televisión, con lo cual se aseguró un tratamiento de definidor primario de la agenda del debate público, si bien ya no casi monopólico, como el de décadas atrás, sí altamente privilegiado, a través del cual los espacios de mayor audiencia suelen estar al servicio de los mensajes presidenciales, excluyendo, minimizando o cuestionando los de sus competidores que se afanan en concurrir a la definición de la agenda. Y en esto también hay semejanzas con el régimen anterior.

Y, tercero, porque los cambios perceptibles en el modelo en los términos de la asociación entre los poderes y los medios no se orientan necesariamente hacia la democratización ni hacia la transparencia de la relación entre esos medios y esos poderes.

Foto: Guillermo Olivares/
Cortesía La Crónica de Hoy

Ese cambio ya mencionado en los términos de la asociación entre los poderes y los medios es resultado de una transformación en la correlación de fuerzas dentro del modelo histórico de colusión entre los medios y el poder público. Por este cambio, el gobierno ha cedido o perdido la rectoría del modelo de colusión a favor del componente empresarial del llamado complejo político empresarial de control de los medios. Especialmente sobre los principales instrumentos de control: la inversión publicitaria y la inversión accionaria, que se han desplazado del poder público a uno o muy pocos grupos empresariales privados que los detentan en grados de mayor concentración que los registrados durante los gobiernos más intervencionistas en la propiedad y el control de los medios durante el antiguo régimen.

Se trata, pues, de un cambio en la rectoría del complejo político empresarial de control de los medios, rectoría que en el orden práctico operativo está pasando del poder presidencial y de sus más allegados al poder de quienes encabezan apoyados en sus operadores de mayor confianza las dos grandes empresas de televisión y no más de dos o tres cadenas de radio.

El resultado es que la transición no ha traído consigo una redistribución significativa a través de una regulación democrática del poder de quienes controlan los grandes medios, sino que éstos continúan ya entrado el siglo XXI bajo el control conjunto, ahora en este nuevo orden, de las cúpulas de los más influyentes medios de comunicación, por un lado, y, por el otro, de los más altos niveles del gobierno, en este caso, los espacios más identificados con el poder presidencial.

Aún así, la transición ha traído mayor diversidad de actores sociales y políticos en competencia por obtener dicho sea desde una posición de cinismo pedagógico los beneficios, servicios y espacios propios de la cultura de la colusión con los medios, antes reservados en forma casi monopólica al gobierno. Y si bien el trato de los grandes medios al poder presidencial sigue siendo privilegiado, suelen tener espacios importantes otros competidores por la definición de la agenda, ya sea desde dentro del mismo gabinete presidencial, a partir de las agendas propias de algunos de sus miembros, ya sea desde las cúpulas partidistas, desde enclaves del Congreso o, entre otros actores, desde nuevas plataformas construidas por gobernantes de entidades federales el DF a la cabeza gobernadores o grupos de gobernadores de los Estados con apreciables espacios en el debate público.

De manera fundamental, destacan en este nuevo reparto de definidores primarios de la agenda pública los más importantes grupos de presión, las grandes corporaciones privadas, una de las cuales ha pasado a protagonizar una nueva distorsión, tanto a la transición a un modelo de transparencia en la relación de los medios y los poderes como al propio modelo histórico de colusión.

Al tomar directamente en sus manos algunos de los instrumentos fundamentales de este modelo de colusión, subordinación o control de los medios que antes tuvo el poder presidencial, uno solo de esos grupos corporativos privados ocupa el primer lugar como inversionista publicitario en las empresas informativas, el sitio que hasta los años 80 tuvieron las empresas del Estado. Y al menos en los temas de mayor interés para esa corporación privada, particularmente en los debates sobre innovación legislativa en telecomunicaciones y radio y televisión, los mensajes de esta corporación tienen en los medios la misma presencia cuasi monopólica que antes tuvieron los mensajes presidenciales, excluyendo, minimizando o desacreditando sistemáticamente los mensajes de sus críticos o de sus competidores y a sus competidores mismos.

Es a partir de estas distorsiones y regresiones que puede ponerse en riesgo la ampliación lograda en este nuevo régimen de los márgenes de la competencia por las definición de la agenda pública que, a su vez, siguió a la importante ampliación de las condiciones para la competencia política, en el plano electoral, ocurrida a lo largo de la última década del régimen anterior.

Y lo que podría ser incluso más grave: el cambio en la correlación de fuerzas y en la rectoría del modelo de colusión en favor del componente privado, parecería acompañado de ciertas señales recientes que apuntan a hacer explícito el poder de los grandes rectores privados de la comunicación pública sobre las leyes y las instituciones del país. Entre esas señales recientes: los mensajes escénicos, corporales y analógicos del 10 de octubre pasado sobre la autoría real del decreto presidencial mencionado, el cateo ordenado por la mayor corporación televisiva y cumplido por la PGR contra una empresa mediana de comunicación y el episodio del cerro del Chiquihuite protagonizado por la segunda corporación televisiva contra una pequeña estación de televisión, en medio de una controvertida (no) actuación de las autoridades responsables.

Por una parte estos fenómenos podrían ser una expresión autóctona de esa tendencia mundial de los últimos 15 o 20 años conocida como "el salto a una nueva fase de la democracia occidental", caracterizada por la "pérdida de peso social del Estado", el modelo del "poder diluido", a partir de la ola de desregulación, descentralización política, liberalización comercial y privatizaciones, en paralelo con el hundimiento del bloque socialista europeo y el fin de los radicalismos en la competencia democrática electoral.

También podrían formar parte del fenómeno global, abrumadoramente extendido, a partir de esas mismas fechas, consistente en que, frente a esa pérdida de peso social del Estado, surge en todo el mundo una fantástica expansión de las inversiones privadas en comunicaciones: telecomunicaciones, informática, televisión y radio digitalizadas, medios impresos, publicidad y marketing de los negocios privados, así como su prolongación en las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, lucrativas y no lucrativas, culturales, educativas o, incluso, religiosas.

En estas condiciones, el debate sobre el supuesto exceso presidencial al atacar explícitamente a un partido competidor parecería una cortina de humo, incluso si se argumenta que se pretende restaurar el poder presidencial basado en un partido dominante y apuntalado por el modelo histórico de control de los medios.

Todo ello parece irreal, un llamado a perseguir fantasmas improbables.

Lo real es la nueva primacía social de los medios, al lado de la pérdida del peso social del Estado. Esto es lo que ha conducido en el México de los años más recientes a un desvanecimiento de los poderes constitucionales, al achicamiento de sus cabezas políticas de todos los partidos y al apocamiento de los liderazgos tradicionales del tejido social, todos ellos sometidos cada vez más expresamente a las reglas impuestas por quienes controlan los grandes medios. Cada vez más silenciados ante sus excesos. Cada vez más en el papel de acreedores de los medios y sus controladores. Porque lo real y lo nuevo es que los medios pueden vivir e incluso hacer multiplicar el dinero y el poder de sus detentadores cada vez más al margen de los líderes políticos de la democracia representativa y de los líderes tradicionales de las sociedades. Mientras que los políticos exponentes de la democracia representativa y los líderes de la sociedad civil no pueden vivir al margen de los medios, mucho menos acrecentar sus bases de poder y sustento material.

Esta primacía social de los medios está generando cambios radicales en los mecanismos centrales de la democracia, al grado de que ya hay quien habla de la puesta en pie de una "democracia postrepresentativa".

Una pista del modelo que se perfila para nuestro país: en su ponencia "Más allá del consenso: Gestión de la opinión pública en un entorno de poder diluido", durante el I Encuentro Latinoamericano sobre Estrategias de Comunicación del Sexto Ciclo de Otoño de Comunicación de la Universidad Complutense, celebrado en noviembre pasado en Madrid, el profesor Jesús Timoteo Alvarez integra y desarrolla el concepto de democracia postrepresentativa a partir de la situación de la Italia del siglo XXI descrita en el libro del diputado Elio Veltri y el periodista Marco Travaglio, El olor del dinero: Origen y misterio de la fortuna de Silvio Berlusconi, Ediciones Península, Barcelona, 2002.

Así parece aclimatarse en México, a marchas forzadas, la "democracia postrepresentativa" a la Berlusconi. Un verdadero salto de sardinas de la sartén a las brasas: pasamos de la subordinación de los medios al poder político, a la subordinación del poder político a los medios. Es decir; a la subordinación de los políticos sometidos a las reglas de esos medios, a sus magnates e incluso a sus operadores desde pantallas y micrófonos.