Juan Francisco Escobedo

La disputa que desencadenaron las reformas intempestivas de la Ley Federal de Radio y Televisión y de la Ley de Telecomunicaciones ha entrado en reflujo. Será la Suprema Corte de Justicia la que determine el curso de acción que en materia de regulación de medios audiovisuales deberá tomar el país.

Entre las consecuencias no deseadas, provocadas por la disputa, es necesario subrayar la pérdida de relevancia de ciertos temas asociados con la normatividad en materia de medios, que simplemente fueron ignorados por los legisladores, como es el caso de los medios audiovisuales actualmente gestionados por los poderes públicos locales.

La transición mediática se ha quedado desfasada respecto del proceso de democratización, no obstante las limitaciones y problemas de este último que se han hecho evidentes por las inadecuadas decisiones y el impreciso manejo de información por parte del IFE.

Diversas son las causas que explican el desfase entre la transición electoral y la transición mediática. En primer lugar, sobresale la pérdida de centralidad y poder del gobierno federal, frente a la capacidad de presión y cabildeo de que disponen las empresas privadas que gestionan medios audiovisuales.

La trama corporativa que han forjado los concesionarios de radio y televisión se ha revelado en el actual contexto de incertidumbre política, como una de las organizaciones privadas con mayor eficacia en la defensa de sus intereses.

La enorme capacidad de movilización de recursos mediáticos y de otros géneros que han desplegado las empresas televisoras y la CIRT, han exhibido la debilidad estructural del gobierno y de los actores políticos para reconducir una disputa inevitable, en los términos más razonables y bajo un marco de referencia equilibrado, en el que se tengan en cuenta las dimensiones democráticas, el interés público, el desarrollo del mercado mediático y las exigencias tecnológicas.

Con las reformas aludidas saltó por los aires el viejo pacto de relación subordinada¹ y acomodaticia que prevaleció durante cuatro décadas, entre el gobierno federal y los concesionarios de radio y televisión. Pero el vacío ha sido llenado por el poder fáctico de los empresarios que manejan las concesiones de radio y televisión más rentables. El viejo pacto no ha sido sustituido por uno nuevo, ni tampoco existen pautas de referencia para reconducir las relaciones entre el poder público y los empresarios, en el marco de la legalidad.

Es importante reconocer los hechos, pues de otra manera no se podría comprender por qué el proceso de reforma de la normatividad en la materia estuvo marcado por la discrecionalidad y la operación política al estilo de los mejores días del autoritarismo. Negar a los actores sociales es la mejor manera de perder todas las disputas.

En materia mediática, en los últimos años ha ocurrido un proceso muy complejo de inserción de las empresas de radio y televisión en los procesos de desarrollo tecnológico y generación de negocios de una altísima tasa de ganancia, que hizo crecer su influencia en la economía y en la política de manera exorbitante.

Negar el proceso y negar a dichos actores sólo ha conducido al debilitamiento de los enfoques alternativos y a la disminución de la capacidad de negociación, como quedó claro en el último lance entre los bandos que disputaron el sentido de las reformas a las leyes aludidas. Todo ello con la complacencia de los tres principales partidos políticos y de los tres principales candidatos a la Presidencia de la República.

Es importante recordar que ninguno de estos candidatos se pronunció de manera categórica sobre las reformas en curso. La pregunta a resolver radica en saber las causas de la prudencia o de las omisiones deliberadas de los principales actores políticos sobre este tema tan importante para el país.

Mientras el gobierno federal, los legisladores y los actores políticos se encontraban distraídos en otras disputas que consideraban más importantes que la formulación de una regulación adecuada para fomentar la coexistencia de las distintas formas de explotación y uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico; los empresarios desplegaron con soltura y gran eficacia un intenso cabildeo, hasta conseguir la aprobación de las reformas de manera vertiginosa.

Los hechos son tercos. Los empresarios desplegaron una batalla estratégica, cuyo primer objetivo consistió en establecer posiciones de predominio en el debate teórico y doctrinario sobre los diversos temas que implicaba la reforma de la normatividad vigente.

Es importante reconocer que la estrategia de los empresarios para simplificar el tema resultó eficaz. Sus voceros sembraron en todos los foros posibles la idea de que con el fomento a las estaciones de radio comunitarias y gubernamentales se pretendía constreñir el desarrollo de la industria audiovisual, de manera tan restrictiva que estas medidas terminarían provocando su incompetencia frente a los desafíos de la competencia internacional y del desarrollo tecnológico.

El falso y maniqueo dilema entre medios privados y medios comunitarios y gubernamentales se convirtió en el enfoque predominante para aproximarse al tema de la regulación. En ese contexto se deslizaron ciertas falacias que adoptaron todos los interlocutores. Se llegó a decir que se pretendía disminuir el acceso al mercado de la publicidad gubernamental y al mismo tiempo incrementar los flujos de recursos públicos hacia las estaciones permisionadas, y que de esa manera éstas librarían una competencia desleal por la audiencia.

Nada más lejos de la verdad. Los recursos públicos que se dedican a las estaciones comunitarias son marginales en el presupuesto de las instituciones que las gestionan, y no obstante que tienen audiencia muy leal que tiende a crecer, el mercado social al que dirigen sus mensajes es realmente menor frente a las grandes audiencias a las que llegan las estaciones de radio y televisión comerciales.

Para legitimar una decisión política y justificar el proceso de cabildeo que vendría más tarde, era necesario ganar el debate o por lo menos introducir temas y enfoques que sirvieran a esos propósitos. Es importante reconocer que la estrategia dio los resultados esperados, pues evitó que frente a la trama de intereses que se movieron para impulsar las reformas a las leyes referidas, se articulara una coalición política capaz de detenerla. Y lo lograron.

Ni siquiera los legisladores del PRD tuvieron la capacidad de reaccionar ante tan eficaz despliegue político. NI tampoco tuvieron la entereza para explicar su deliberado apoyo, que luego justificaron como una distracción, ciertamente inaceptable.

Los tres candidatos de entonces calcularon que su deliberada prudencia y silencio sobre el tema sería visto con buenos ojos por los concesionarios, y ello les facilitaría negociaciones favorables para obtener mayor y mejor tiempo aire en la disputa por los electores. Ninguno de los actores políticos que pudo haber reorientado el sentido de la reforma ha dado una explicación acerca de su silencio.

Todos jugaban a la guerra electoral, pensando ingenuamente que tendrían la capacidad de calcular sus efectos y que una vez que ganaran las elecciones, tendrían la posibilidad de renegociar los términos de la relación con las empresas de la industria audiovisual. Todos hicieron una lectura equivocada. Y actualmente no hay forma de reconsiderar la reforma, salvo que la Suprema Corte de Justicia allane esa posibilidad.

Los senadores que se resistieron al alud desplegado para aprobar la denominada Ley Televisa fueron dejados a su suerte por los partidos a los que pertenecen, y jamás consiguieron que el tema entrase en la agenda de sus respectivos candidatos a la Presidencia.

El problema nunca ha sido entre mercado y Estado, ni entre estaciones comerciales, comunitarias y gubernamentales. El problema es más complejo y por lo tanto debió discutirse lejos de las visiones maniqueas. Se trataba y se trata de actualizar la legislación en la materia, para permitir la coexistencia asimétrica entre las formas privadas de uso y operación de las frecuencias del espectro radioeléctrico con las modalidades de gestión comunitaria y pública.

Se trataba de establecer incentivos para el desarrollo de la industria audiovisual, bajo el marco de la legalidad. No de subordinar la operación de las instituciones públicas a las pautas y a la tasa de ganancia de las empresas privadas.

Si los partidos y los candidatos no hubiesen estado obnubilados por la obsesión de ganar las elecciones a cualquier precio, la reforma hubiese tenido otra orientación, las relaciones entre los medios privados y el Estado no fuesen tan desiguales y favorables a las empresas privadas como se encuentran actualmente, y la sociedad mexicana estuviese en condiciones de recibir una oferta audiovisual de mejor calidad.

La perspectiva maniquea borró del debate la historia del modelo de radiodifusión mixto que ha prevalecido en el país. Aprovechando el momento de distracción y debilidad del gobierno y de pérdida de perspectiva de los actores políticos, los empresarios decidieron pujar por quedarse con todo el pastel radioeléctrico, y están a punto de lograrlo, si la Suprema Corte de Justicia no entra al fondo de la cuestión y reconduce el proceso de reforma.

No estoy seguro que en el corto plazo existan condiciones para revisar la cuestión con perspectiva de Estado. Por lo pronto, se dejó fuera del debate asuntos relacionados con la gestión de los medios de los poderes locales y de instituciones educativas.

El excluyente dilema entre el mercado y el Estado borró la discusión sobre el alto interés público que tiene la gestión de medios audiovisuales, independientemente de quienes los administren. Se relegó la experiencia de los modelos mixtos y asimétricos que funcionan con éxito en otros países, en los que coexisten sin mayor problema los medios privados con los públicos, sin que el Estado abdique de su obligación de árbitro y regulador de la industria audiovisual.

También se dejó de lado el tema de las transformaciones en los medios administrados por los poderes ejecutivos locales con la excepción del caso de Morelos,² administrado por el Poder Legislativo. Con ello se minimizó el debate acerca de la necesidad de impulsar la transformación de los medios gubernamentales regionales en medios públicos.

El marco doctrinario y las experiencias comparadas de las que se nutre el modelo de medios públicos han sido ignorados por el gobierno federal y los actores políticos. Para las empresas privadas el tema simplemente no existe.

La perspectiva democrática que tienen los actores políticos es insuficiente y acomodaticia. Mientras no llegaba el momento electoral y calculaban que con negociaciones especiales podían ganar las elecciones, los partidos y los candidatos presidenciales se abstuvieron de pronunciarse sobre tan importante asunto.

Eludieron por conveniencia el tema y al hacerlo se convirtieron en patrocinadores de la reforma intempestiva de la legislación vigente. Ninguno de los tres principales partidos y de los tres principales candidatos presidenciales se salva de las responsabilidades que lleva implícita la aprobación de una reforma, que se realizó de espaldas al proceso de democratización del país. Digamos que ingenuamente los actores políticos se distrajeron con las disputas electorales, para ceder en la disputa mediática.

No hay democracia que sea viable en el largo plazo, que no haya domeñado los intereses de las corporaciones mediáticas. Los excesos de la campaña presidencial, incluidos los excesos de la guerra sucia, en la que todos los actores concurrieron, fue posible en buena medida por el margen tan laxo de actuación en el que operan las empresas de medios audiovisuales.

Las reglas las pone el Estado democrático y no los actores privados. En el caso de las reformas aludidas, los legisladores actuaron como interpósitas personas de los concesionarios. Y esta reforma habrá de consumarse, salvo que la Suprema Corte de Justicia resuelva la reconducción del proceso legislativo que dio origen a la reforma legal intempestiva a la que me he referido

¹ Ver José Carreño Carlón, "Un modelo de la relación entre prensa y poder en México en el siglo XX", en www.saladeprensa.org

² Ver María Dolores Rosales, "Hacia un modelo regional de medios públicos: el caso de Morelos", en www.bib.uia.mx/tesis/programas.html

Doctor en Ciencia Política y Sociología.

jfescobedo_2000@yahoo.com