Aleida Calleja
Con la entrega del permiso a Omega Experimental de Texcoco, Estado de México, la SCT ha otorgado 11 permisos
para emisoras comunitarias. A cuentagotas pero todos aquellos grupos que se atuvieron a los requisitos de ley, tienen
la autorización respectiva. El trabajo no fue menor, como tampoco es menor que sean grupos ciudadanos los que
operan estas emisoras, y que durante décadas el Estado mexicano, a través del Ejecutivo, no había instituido una solución al
tema, pues lo que persiste es la ausencia de una política de Estado que garantice la radiodifusión con responsabilidad social
y como actividad de servicio público.
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Aunque para muchos pareciera que con la entrega de esos permisos el estado de la radiodifusión comunitaria se
solventó, es apenas una solución coyuntural a la que las autoridades tenían la responsabilidad de dar respuesta. En realidad
la historia apenas comienza, pues aún no se cuenta con criterios públicos y transparentes para que otros grupos ciudadanos
y comunidades también puedan cumplir con los requisitos para tener acceso a una frecuencia, como es su legítimo
derecho. Hay que reconocer que si bien los permisos a las comunitarias ahora existen, es por un largo proceso de negociación
que tuvo demasiados reveses y la intervención de múltiples actores que obligaron a una definición y una voluntad política
del gobierno federal. El derecho de la ciudadanía para acceder a frecuencias no debe seguir en el marco de la voluntad
política ni de la discrecionalidad de la autoridad pues vulnera el Estado de derecho y violenta las garantías para su ejercicio,
pues hay que recordar que el espectro radioeléctrico es un bien de la nación, y aunque a algunos no les guste, no es
patrimonio de un grupo en específico. La solución de fondo está en el cambio integral al marco normativo actual, así como
el establecimiento de políticas públicas que den certeza al desarrollo y fortalecimiento de emisoras de uso social.
Los cambios se refieren no sólo a la Ley Federal de Radio y Televisión, a la que el Senado le dio la vuelta
sometiéndose a los intereses de unos cuantos, sino también al reglamento de esa ley en materia de concesiones, permisos y contenido
de las transmisiones de radio y TV y la Norma Oficial Mexicana, especialmente esta última que pide requisitos muy
altos, como solicitar que las radios tengan un equipo de medición que tiene un costo promedio de nueve mil dólares. Este
equipo sirve para verificar que la estación transmita en la frecuencia y la potencia autorizadas, y en nuestro país, en lugar de
que sea la entidad fiscalizadora la que tenga ese equipo, debe ser el ente fiscalizado el que debe proporcionárselo a la
autoridad. Éste es uno de los tantos ejemplos a los que nos referimos cuando afirmamos que las radios tienen todas las
obligaciones pero casi ningún derecho.
Contar con igualdad de oportunidades y equidad de condiciones para las radios comunitarias, es una razón de
Estado por cuanto involucran la libertad de expresión, el derecho y acceso a la información, la pluralidad informativa y el
servicio público para las poblaciones más marginadas del país. Es razón para que se cambie la ley en el Congreso, o en
última instancia es el Ejecutivo federal quien tiene la facultad para modificar los reglamentos y normas, diseñar y aplicar
políticas públicas; pero nuevamente es un tema de voluntad política que no se vislumbra en el corto plazo, pues la situación
general de la libertad de expresión tiene más oscuros que claros en los últimos tiempos, situaciones altamente preocupantes
que siguen siendo los pendientes: la desaparición y asesinatos de periodistas, el cierre ilegítimo de medios de comunicación
a través de acciones poco transparentes que acotan la pluralidad informativa, y el estado de los medios públicos y
comunitarios que operan bajo condiciones discriminatorias e inequitativas.
Esos son los pedientes en nuestro país que acotan y ponen en peligro la libertad de expresión, piedra angular de
cualquier democracia.
Diciembre 2008
