Felipe Vicencio Álvarez
No cejan las resistencias. La confrontación en el Senado por reformar la ley de radio y televisión se expresa ahora
como una disputa por el tiempo. Cada movimiento en el tablero es leído, paradójicamente, como una victoria por cada
parte, mientras que lo único cierto es la incertidumbre de poder contar con un marco legal acorde a los tiempos que corren.
La subcomisión encargada de elaborar el proyecto de dictamen terminó su trabajo con la entrega de un documento
que incorporaba cambios y adiciones aportados por diversos ciudadanos, agrupaciones, industriales de la radio y la
televisión y, por supuesto, legisladores. Era el 3 de enero de este año y las comisiones de Comunicaciones y Transportes,
Gobernación y Estudios Legislativos abrieron un nuevo y definitivo periodo de audiencias con el propósito de recibir -después de
años de desdén- la opinión de la CIRT.
El programa de trabajo aprobado precisaba que la primera quincena de febrero sería de ajustes al proyecto para
ponerlo a votación en el pleno del Senado durante la segunda quincena del mismo mes. Tal resolución fue fortalecida por
un acuerdo suscrito por todos los coordinadores de los grupos parlamentarios, quienes se comprometieron públicamente
a que el dictamen se votara en el plazo previsto.
Sin embargo, al vencer el plazo todavía no se conocía una nueva redacción ni avance alguno. Los senadores
Raúl Ojeda, Rutilio Escandón y Felipe Vicencio, secretarios de las mesas directivas de las comisiones encargadas de
dictaminar, presentamos entonces al pleno del Senado una solicitud de excitativa para que el presidente de la Mesa Directiva inste
a las comisiones a elaborar un dictamen específico en un plazo de diez días. Contra lo dispuesto en la norma, el
senador Fernández de Cevallos se limitó a instar a las comisiones a dictaminar el asunto, pero eximiéndolas de la obligación
legal de hacerlo en diez días. Esta maniobra dio lugar a un debate durante el cual el presidente de la Comisión de
Gobernación expresó de buena fe queen su apreciación el 16 de marzo podría ser una fecha viable para discutir y votar el
multicitado dictamen.
Durante el lapso de dos semanas que así se abrió, los senadores de las comisiones involucradas no conocimos
avance alguno en el proceso de dictaminación. En forma contraria al correcto desarrollo del trabajo en comisiones
legislativas, tres presidentes habían reservado para sí su desahogo, marginando al resto de los integrantes de sus mesas directivas
y demás senadores de cualquier participación en el análisis y la deliberación.
Al llegar el 16 de marzo, los presidentes informaron que habían trabajado y se contaba con un dictamen, pero que
lo darían a conocer hasta el viernes 18, pues lo sometían a una revisión final. Con todo, en forma sorpresiva y con desdén
a la ley, el presidente de la Mesa Directiva formuló una nueva excitativa a las comisiones dictaminadoras -como si
tal reincidencia fuese apropiada- y, en un aparente apremio, les instó a presentar sin falta el dictamen ¡el 7 de
abril! Entonces quedarán sólo tres semanas al actual periodo ordinario de sesiones.
Es evidente la intención de "enfriar" el proceso y diferir lo más que se pueda la resolución. Y aunque no son
evidentes los intereses que así lo están procurando, sí se puede inferir su procedencia. También podría ser que la demora no
tenga otra explicación que la honesta preocupación de los presidentes de las comisiones por entregar un proyecto de
dictamen impecable, pero ¿cómo explicar que se haya excluido totalmente de esta fase del proceso a la subcomisión encargada de
su elaboración y al resto de los senadores? ¿Cómo entender que algunos representantes de la industria ya hayan
reaccionado ante un documento que los propios legisladores desconocemos?
No hay tiempo que no llegue, y entonces sabremos cuál era el motivo de la demora. Entendiendo la necesidad de
ajustes que posibiliten el consenso, quienes estamos comprometidos con este tema esperamos un dictamen que preserve la
solidez de la propuesta original.
Quienes no quisieran cambio alguno, se resignan cuando mucho a una reforma anodina e insustancial, aunque
prefieren por supuesto que ésta ni siquiera se concrete. Después de eficaces maniobras dilatorias, apuestan a que ni siquiera
sea considerada por los diputados, con lo que se cancelaría la posibilidad de que en el corto plazo se convierta en
norma vigente. Así, suponen que el tema se evaporará para bien de sus intereses. "El tiempo, pueden pensar, habrá jugado
de nuestra parte". Sin embargo, un tema como éste no puede fenecer e independientemente del desenlace del actual
proceso legislativo, seguirá vivo en la ruta de quienes anhelen y busquen el fortalecimiento de nuestra democracia. Ahí es
donde reside la sabia virtud de conocer el tiempo.
Senador de la República por el PAN y miembro de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de ese órgano legislativo.
Diciembre 2008
