Fernando Escalante Gonzalbo
Como nunca antes, la televisión está en el centro de nuestra vida pública. Los políticos la han usado siempre para hacer propaganda, lo mismo que han usado todos los demás medios de comunicación.
Eso no es nuevo. Es nueva en cambio la agresividad con la que se usa, es nueva la capacidad que tiene
para provocar acontecimientos políticos y mover a la opinión pública. Para eso influyen muchos factores, pero
sobre todo el desprestigio de los partidos y la extraordinaria personalización de la política; ambas cosas hacen
que la vida pública tenga un aspecto desorganizado y pantanoso, incomprensible.
El resultado es que lo único importante, lo único que cuenta para ganar elecciones es la popularidad de
unos cuantos personajes, su buena o mala imagen personal, mucho más que su identidad partidaria, sus
programas de gobierno. Es la situación ideal para la televisión.
Los escándalos recientes revelan muchas cosas. No se ha hablado mucho de eso, pero en particular
revelan el nuevo lugar de la televisión. Deberían servir para que todos cayésemos en la cuenta de que las
empresas televisoras son un actor político de influencia decisiva, cuyo poder debe delimitarse legalmente, lo mismo
que el de los partidos o las iglesias. Es decir: deberían servir para que se redactase una ley de medios de
comunicación. Por lo visto, no habrá nada de eso. Los políticos no sólo tienen miedo de la televisión, sino que
quieren aprovecharla tal como es ahora: arreglarse personalmente con los dueños y utilizar hasta donde se pueda
la lógica del escándalo y la difamación.
La crisis de los videos ha acentuado el desprestigio de todos los partidos. También ha contribuido a
confirmar el prestigio de la televisión. Se ha acusado de casi todo a casi todos, pero nadie se ha preguntado por el
interés de las empresas ni por el funcionamiento de sus programas de noticias: se da por hecho que son un
espacio de transparencia, que se limita a mostrar las cosas tal como son. El cambio es notable. En otro tiempo, por
cosas mucho menores, las especulaciones se habrían centrado en los intereses de Televisa.
No pienso que haya otras ramificaciones de una gran conspiración. Me limito a señalar una obviedad:
las televisoras son empresas, tienen intereses. Un primer interés económico, que consiste en hacer dinero, y
un interés político, ganar influencia. Para eso venden noticias, deciden qué noticias venden y cómo las
presentan. En ese plano, absolutamente elemental, los escándalos son un negocio redondo: aumentan el público,
la credibilidad y la influencia de la televisión, confirman su nuevo lugar en nuestra vida pública.
Hay más. Los escándalos han servido para poner de manifiesto, por si alguien no lo sabía, que en México
la política resulta muy cara. Todos los implicados han dicho en algún momento que el dinero era para gastos
de campaña, para alguna elección. Lo mismo que el dinero del sindicato de Pemex y el de los Amigos de Fox.
Es decir: con todo y ser millonario, no es suficiente el dinero que el Estado otorga a los partidos. Nuestra
política es muy cara, incosteable, y eso sobre todo porque requiere que los partidos compren tiempo en los
medios privados de comunicación masiva. Otra vez: en el centro de la vida pública está la televisión.
No es inevitable. Significa que en eso hemos adoptado el modelo de vida pública angloestadounidense.
No es el único ni tampoco el más apropiado para nuestro sistema de partidos, porque implica una
distorsión fundamental, un sesgo en favor del partido que consiga más dinero para anunciarse en los medios. En
esa competencia están todos. Obligados a hacer concesiones y pactar con grupos empresariales, obligados
a negociar con quien sea o dedicados a la extorsión, según el caso. Es peor todavía. Porque no hay una
privatización completa de la actividad partidaria, sino que se sigue considerando a los partidos instituciones de
interés público, con derecho al financiamiento del Estado. En la práctica, eso quiere decir que una parte
considerable del gasto de los partidos políticos es en realidad un subsidio disfrazado para los medios de comunicación
masiva, en particular para las empresas de televisión.
La alternativa es muy simple: se puede reducir el costo de las campañas y evitar de paso muchos de
los negocios que hay alrededor de ellas con sólo regular la propaganda en los medios, para que se
transmita gratuitamente en tiempos fijados por ley. Las campañas electorales son de interés público, las cadenas de
radio y televisión son concesiones. Empieza por ser extraño y termina siendo escandaloso que los políticos ni
siquiera hablen de esa posibilidad.
La novedad mayor de los escándalos recientes está en las imágenes. Nunca habíamos visto en la
televisión la cara de un político cuando pide mordida, no habíamos visto la tranquilidad con que amontonan fajos
de billetes en un portafolios. Como si fuese cosa de todos los días. Ahora bien: esa novedad se debe en
mucho a la tecnología. En sustancia, no hay nada nuevo. Los políticos han usado siempre los medios para golpear
a sus adversarios, mediante la "filtración" de toda clase de documentos: fotografías, facturas, grabaciones;
los medios se han prestado siempre para eso. Va a seguir sucediendo. Pero no estaría de más que se le
prestase alguna atención al asunto.
Por supuesto, son los políticos, los personajes públicos, los que ponen la materia. Son también ellos los
que echan a andar la maquinaria. Pero los medios no son del todo inocentes. Puede ser utilísima, indispensable su contribución para denunciar abusos e irregularidades: sin ir más lejos, en un día la televisión hizo lo que
no habían hecho ni la contraloría ni el instituto electoral ni la procuraduría ni la Asamblea del Distrito Federal
para descubrir una extensa trama de corrupción en el gobierno. Es un poder enorme. Debe ser protegida, sin
duda, la tarea de los periodistas, debe garantizarse su derecho a mantener el secreto de sus fuentes de
información. Pero no hay que olvidarse que en esa clase de revelaciones escandalosas se está siempre en los límites de
la legalidad y que están en riesgo la reputación, la vida íntima, la profesión y el derecho a la privacidad de todos.
El problema tiene muchas aristas. En el origen de las "filtraciones" puede haber más de un delito,
en particular cuando se trata de la filtración de documentos oficiales: averiguaciones, procedimientos
judiciales, información fiscal. Haría falta no la tenemos una legislación actual para la protección de la privacidad y
en particular para la protección de datos personales, que obligase a la autoridad, con sanciones muy severas,
a cuidar la información que maneja y evitar que se difunda sin justificación. También puede haber delitos en
el hecho mismo de difundir la información. Los medios tienen una enorme influencia: deben tener una
responsabilidad proporcional. No puede admitirse que se incurra reiteradamente en la difamación y la calumnia
sin que eso tenga consecuencia alguna, sin que la autoridad actúe incluso de oficio para evitarlo. Porque al
final del camino, y no estamos tan lejos, lo que hay es un pantano en que se hunde toda posibilidad de una
vida pública medianamente digna.
Es un terreno muy resbaladizo, ya lo sé. Pero eso no debería ser excusa para que nuestros representantes
se hicieran cargo del tema. A fin de cuentas, sólo los medios pueden corregir los excesos de los medios: están
todos ellos en el negocio de vender información, dependen de la credibilidad que tenga su oferta. Lo malo es
que hoy por hoy no sirven para eso. Cada periódico, cada emisora de radio o televisión, se dedica a difamar por
su cuenta, sin que nadie haga mucho caso.
Lo más revelador, que debería darnos mucho que pensar, es que no haya periodismo de investigación.
Hoy, como antes, como siempre, nuestros medios de comunicación dependen de las filtraciones, es decir:
dependen de que algún político les entregue el escándalo ya hecho. Otra revelación de la crisis de las últimas
semanas. Con la excepción del periódico
La Crónica, ningún medio nos ha ofrecido un reportaje con investigación
propia sobre las finanzas del gobierno del Distrito Federal, ninguno se ha preocupado por averiguar el destino de
los famosos fajos de billetes de Bejarano e Ímaz. Todos han reproducido los documentos filtrados, todos
han repetido las calumnias del jefe de gobierno sin hacer preguntas.
Está muy bien que los periodistas y la televisión en particular defiendan su derecho a difundir información, por escandalosa que sea. Está muy bien que defiendan su lugar como vigilantes, responsables de la transparencia. Hay que exigirles que estén a la altura.
Diciembre 2008
