etcétera

De la disputa por los medios a la
autonomía del poder mediático

José Carreño Carlón

En 1994 fue patética la (por llamarla de algún modo) estrategia de comunicación de la primera campaña presidencial del PRI, no por quien formalmente tenía asignada la responsabilidad, sino porque siempre estuvo jaloneada en los alrededores de la figura de Luis Donaldo Colosio por personas y grupos que tropezaban torpemente entre ellos en un desbordamiento de ambiciones pocas veces visto en cuanto a acumulación de amateurismo político, falta de preparación, inmadurez y pobreza de miras.

En 2004 sigue siendo patética una extravagante estrategia de comunicación que parecería pretender la perpetuación de aquella campaña colosista hoy, en los alrededores de la tumba de Colosio igualmente atravesada por ambiciones personales dirigidas a perpetuar en sus nóminas la discutible titularidad de la memoria de Colosio como fuente de, también discutibles, notoriedades personales, a la vez que de indiscutiblemente redituables negocios políticos, mediáticos y de los otros.

En el primer trimestre de 1994, una fijación enfermiza en la observación de los medios, por lo demás, basada en los más rudimentarios análisis cuantitativos de sus contenidos, condujo a buena parte del círculo interno del candidato presidencial a la convicción de que la campaña languidecía porque dichos medios imponían sobre ella un velo de opacidad, en comparación con la visibilidad que le otorgaban a la situación de Chiapas.

Ello generó en ese círculo una peligrosa pérdida de seguridad en el triunfo de la seguridad basada hasta entonces en las ventajas tradicionales del partido todavía dominante y una erosión de la autoestima frente los competidores: los candidatos registrados por otros partidos, por un lado y, por otro, un competidor al que consideraban más temible, fuera de registro, y que no se daba por vencido en la lucha interna que se suponía concluida de su propio partido.

Esos sentimientos de pérdida de seguridad y de la estima de las propias capacidades se encauzaron o se pretendieron ocultar con expresiones de autovictimización ante una supuesta "campaña contra la campaña" y de remisión de culpas ante el estancamiento real o percibido de la candidatura colosista: culpas finalmente concentradas en una serie de truculencias atribuidas a Manuel Camacho y Carlos Salinas.

Foto: Jaime Boites

Como las plegarias atendidas por las que se suele llorar más que por las desatendidas, según la Santa Teresa invocada por Truman Capote esa autovictimización y esa remisión de culpas fueron abriéndose paso en los medios y entre sus audiencias, sólo que con un efecto acaso más autodestructivo que aquel que se quería ocultar: en las afueras del círculo interno del candidato la autovictimización no produjo un movimiento de cohesión o solidaridad en torno a las supuestas víctimas y sí, en cambio, dio lugar a una terrible percepción de fragilidad extrema en la dirección (de algún modo hay que llamarla) de la campaña y en la campaña toda de Colosio.

En 1994, según la teoría conspirativa urdida en aquel convulso colosismo, los medios habrían obedecido órdenes superiores para imponer aquella opacidad a la campaña del candidato presidencial escogido por Salinas, Luis Donaldo Colosio. Las órdenes se habrían dado por el mismo Salinas para favorecer expectativas de alguien a quien el ex Presidente no había escogido para la misma oportunidad: Manuel Camacho.

Fue ésta una expresión límite del atraso político en un entorno el del grupo gobernante que ofrecía la modernización del país como carta de triunfo y de opción de continuidad.

En las sociedades democráticas más avanzadas, especialmente entre sus estudiosos de las ciencias sociales, las teorías conspirativas no despiertan mayor credibilidad porque dejan fuera perspectivas serias de análisis para, en cambio, privilegiar la raramente comprobada existencia de redes directas de control en estrategias globales de complot.

En el caso de los medios, esta "óptica" como la llama Tim O'Sullivan, como para restarle toda densidad teórica los considera como poderosos mecanismos automáticos de transmisión, directamente controlados por miembros poderosos de un grupo conspirativo, capaces de condicionar a desprevenidas audiencias y de instilarles un pasivo acatamiento a sus planes.

Ésa es la "óptica" que obsesivamente aparece en las "denuncias" conspirativas en el caso Colosio.

Y si hasta la fecha no ha habido elementos para comprobar la existencia de redes directas de control en una estrategia global de complot, allí estuvo el fiscal Chapa para inventarlos y allí han estado los medios para magnificarlos sin el menor procesamiento crítico. Esto último, no sólo por el pobre rigor profesional de buena parte de sus operadores sino en el ejercicio de su capacidad establecida desde la perspectiva de análisis del pánico moral para generar preocupación y desatar los mecanismos de control social de los grupos de poder en situaciones de crisis.

Y esto fue lo que ocurrió en México de 1995 en adelante.

Ya a partir de 2001, el caso Colosio se ha visto envuelto en el acelerado proceso de autonomización del poder de los medios respecto de los poderes políticos, como lo hemos venido discutiendo en estas páginas a partir de perspectivas de análisis más recientes.

El proceso de autonomización del poder de los medios no se refiere a la independencia de los medios para mejor cumplir la función de vigilancia de los poderes estatales en nombre de la sociedad, como lo planteó la teoría clásica, sino al fenómeno por el cual los medios tienden a convertirse y en México lo lograron en la última década en un poder por encima tanto de los poderes del Estado y sus normas legales como de la sociedad.

Y es en estas condiciones que resulta todavía más patética la reedición, en este marzo de 2004, de aquella extravagante cuanto fallida estrategia de comunicación iniciada hace diez años.

Porque si en 1994, todavía en la época de la disputa por los medios como los campos de definición de la agenda pública, desde los reflejos políticos y comunicacionales más atrasados, se conducía la nave de la campaña colosista en dirección a un previsible naufragio, en 2004 suena terriblemente alevoso, para la memoria de Colosio, endilgarle el más ingenuo y a la vez anacrónico argumento que se pudo encontrar para tratar de probar el complot: el de que el poder público no controló debidamente a los medios para obligarlos a destacar la campaña de Colosio y a opacar o silenciar la rebelión de Chiapas y a sus actores centrales y de reparto.

Como les suele ocurrir a los recién llegados a la riqueza los nuevos ricos o al poder los nuevos poderosos nunca faltan los desfiguros a la hora de referirse a los nuevos bienes, servicios y territorios de que de pronto se dispone o se piensa disponer. Quienes ya se repartían esos bienes, servicios y territorios en el equipo (ésta también es una forma de llamarlo) de campaña de Colosio, se referían a la capacidad del manejo gubernamental de los medios que se disponían a heredar precisamente en los términos fantasiosos de aquellos poderosos mecanismos automáticos de transmisión, de que habla la teoría conspirativa, a ser directamente controlados por miembros poderosos del grupo conspirativo al que sentían estar a punto de encabezar.

Entre la incredulidad y la decepción, entre la impreparación y las deformaciones de buena parte de quienes se hacían garras por el control de la campaña colosista, para algunos de ellos resultaba inverosímil cualquier respuesta que no embonara con sus fantasías conspirativas del poder presidencial que esperaban o imaginaban debía concentrarse precisamente en la tarea de conspirar con los medios para asegurar una sistemática exaltación de la campaña priista, garantizar el ocultamiento de la situación chiapaneca y resolver la desaparición de la escena de quienes tenían el encargo de atenderla.

Y el hecho de que no vieran cumplida esa fantasía en su favor, no le restaba la menor fuerza a su teoría conspirativa, sino que la confirmaba. Porque, si no se estaba cumpliendo la fantasía, sería simplemente porque los miembros poderosos del grupo conspirativo anidado en Los Pinos, esos que controlarían directamente a los medios, estarían allí, conspirando, sólo que al servicio del enemigo, como orquestadores de la poca atención mediática que obtenía la campaña priista y de la concentración de los medios en la situación de Chiapas y en los eficaces golpes escénicos que producían Camacho y su bien coordinado equipo.

A eso llamaban "la campaña en contra de la campaña". Y las denuncias conspiracionistas agrupadas bajo este rubro no tienen desperdicio por la inconcebible desinformación acerca del espacio y del tiempo en el que se debatían sus autores, ni por la ignorancia de los rudimentos de la comunicación de que partían.

Parecían no tener idea de los cambios ocurridos en la relación de los medios y el poder público, como efecto, entre otros factores acumulados, del programa reformista del presidente Carlos Salinas que, en los términos del discurso dominante del candidato Donaldo Colosio incluso el de la supuesta ruptura de la primera semana de marzo era vital continuar y profundizar al llegar al gobierno.

"La prensa no se conducía como solía suceder en anteriores campañas presidenciales. Las notas periodísticas no eran todas para el licenciado Colosio sino que eran dirigidas hacia Manuel Camacho Solís", recelaba, textualmente, una de las personas que allegaron al fiscal especial sus evidencias de la campaña contra la campaña en la hipótesis del complot.

Ellas eran incapaces de comprender que, como efecto del programa reformista que el candidato se proponía profundizar, el poder presidencial había dejado de ser el definidor primario cuasi monopólico de la agenda del debate público, a través de los definidores secundarios, los medios, una vez que los cambios estructurales habían despojado al gobierno de buena parte del instrumental histórico de subordinación de dichos medios.

En el delirio complotista tampoco advertían ni la advierten todavía la contradicción de la hipótesis de una ruptura con Salinas porque Colosio había propuesto acotar más el poder presidencial, con el reproche contra el entonces Presidente porque no echó mano del poder de subordinación de los medios de las décadas anteriores.

"Un obstáculo fundamental fue la prensa", plañía otro de los constructores de la teoría conspirativa ante el fiscal especial. "Destacaba solamente el conflicto en Chiapas...", acusaba.

A ellos les resultaba y todavía les resulta difícil procesar que en los nuevos patrones de apertura informativa, el tema chiapaneco tenía mayor valor noticioso que las campañas de los partidos. Y que una campaña priista convencional resultaba de lo menos noticioso ante las expectativas de que ese año se dieran cambios políticos mayores, sistémicos, a la altura de las reformas económicas en curso.

Incluso sin que hubiera mediado un hecho tan dramáticamente noticioso como una irrupción guerrillera con ingrediente indígena en el México de la gran modernización, el grado de dificultad para concurrir a la competencia por establecer la agenda del debate público hubiera sido mayor que en el pasado para el PRI, una vez que el Cofipe y sus sucesivas reformas fueron dando mayor capacidad a los partidos alternativos al dominante, para concurrir con un peso verdaderamente competitivo a la definición de dicha agenda pública, a través de una presencia garantizada en los medios, impensable seis años antes.

Los teóricos de la conspiración en este campo ignoraron e ignoran que la apertura radical de México al mundo incluyó una apertura informativa que redujo, también radicalmente, los márgenes del news management discrecional derivado de los controles tradicionales del poder público y atrajo a representantes de los medios de todo el mundo a informar de México y desde México, conforme a pautas internacionales desconocidas por las antiguas rutinas del periodismo mexicano.

Umberto Eco acuñó el concepto clave de "decodificación aberrante" para ilustrar la frecuencia con que el sentido que le dan las audiencias a los mensajes difiere del que intenta transmitir el emisor a través de los medios y genera efectos contraproducentes a los que se propuso.

Como emisores de mensajes, los divulgadores de la teoría de la conspiración, explícita en la hipótesis de la campaña contra la campaña, fallaron en su intento de transmitir un sentido de convocatoria al lado de las supuestas víctimas de la conspiración y en cambio generaron un sentido de desconexión de la realidad y un efecto de inconfiabilidad en una campaña que daba tales muestras de inconsistencia y fragilidad. Produjeron una decodificación aberrante en sus audiencias.

Y como receptores de mensajes, realizaron una decodificación aberrante de los hechos desencadenados tras la irrupción chiapaneca. No fueron capaces de establecer el fenómeno comunicacional del momento: bajo las nuevas condiciones de relación de los medios y el poder público, el subcomandante Marcos le daba un golpe definitivo al cuasi monopolio del poder presidencial como definidor primario de la agenda del debate público.

Foto: Antonio Nava

Fue Marcos y no Camacho quien definió la agenda pública en el primer trimestre de 1994. En términos de comunicación política, para cumplir los propósitos de su encomienda y todos los demás que queramos atribuirle, Camacho fue a tratar de obtener algo de la agenda que monopolizaba el subcomandante, a intentar compartir los reflectores enfocados a las montañas del sureste. Y logró bastante, en parte porque su tema y sus mensajes tenían mayor valor noticioso que los de las rutinas de las campañas electorales, en parte porque su equipo mostraba mayores destrezas en la generación de suspenso y expectativas y, en gran parte, porque la decodificación aberrante de los teóricos de la conspiración generaron una fantasiosa percepción de Camacho como detentador de un poder tal que incluía a la vez la complicidad de los insurrectos y la voluntad presidencial.

Por eso es que, hace diez años, el sub Marcos fue el gran vencedor en la disputa por los medios sobre una campaña colosista distraída o empecinada con efectos contraproducentes en la empresa de silenciar a Camacho.

Finalmente, tampoco se requiere apelar a teoría conspirativa alguna para observar que, después de aquellos trastornos y los que les siguieron hasta los errores de diciembre de 1994, un proceso generalizado de autodestrucción se apoderó del poder político y de la política, mientras los medios y quienes verdaderamente los controlan fueron pasando a suplantar, cada vez con mayor visibilidad, como lo hemos propuesto reiteradamente en estas páginas, una serie de funciones correspondientes, en los Estados modernos, a los espacios de representación y poder políticos.

En este marzo de 2004 hay que sumar, a la lista de funciones públicas suplantadas por el poder privado de los medios, una función que la tradición weberiana ubicó como una expresión inequívoca del poder del Estado: la de administrar los conflictos entre los actores sociales y, en general, entre los particulares. Y en las peores tradiciones del ejercicio patrimonialista del poder, conforme a su estrategia de negocios, apuntalada hoy por su centralidad política, el poder informativo administra los conflictos de los actores sociales y los particulares entre sí, a través de la administración de la visibilidad, el desvanecimiento o el ocultamiento de sus propuestas y actuaciones, particularmente las del mundo del poder, de los poderes políticos, empresariales, religiosos o culturales, entre otros.

Dentro de estas propuestas, cobran especial relevancia, por su potencial de redituabilidad, las expresiones de ajustes de cuentas, desafíos, acusaciones, réplicas y contrarréplicas entre aquellos actores. Sin demérito del valor noticioso de los conflictos entre poderosos, famosos o notables, que justificaría la atención de estos asuntos en los medios, lo relevante es que éstos suelen administrar su visibilidad de acuerdo con una serie de factores adicionales al del valor de las noticias. Estos factores se presentan solos o combinados y van desde las relaciones de los implicados en los procesos informativos con quienes deciden en los medios, ya sea por el peso de su inversión accionaria o su capacidad de inversión publicitaria en las empresas mediáticas, a la posición del actor social involucrado en las escalas del poder público y su capacidad de determinar o inhibir decisiones públicas que puedan beneficiar o perjudicar los intereses del poder mediático, a las expectativas de ascenso, triunfo o acumulación de poder de decisión estatal, potencialmente al servicio de los medios, de cada uno de esos actores en conflicto.

Pero hay un pago inicial, dentro de estas nuevas formas de tributo a un nuevo poder, en esta nueva forma de relación de los actores sociales con el poder mediático asumido como poder autónomo respecto del Estado y de la sociedad. Un pago que es saldado, desde el primer paso, cuando el actor político pone su causa en manos de los medios, para acabar con un enemigo con una bomba informativa ya volvieron las grabaciones de la época de Zedillo contra Salinas o para defenderse del ataque enemigo. Desde ese momento, ambas partes quedan sometidas a las reglas del poder mediático, que está presto a ejercer su nueva función, suplantada al poder público, de administrar, a su manera y en su beneficio, las controversias entre los demás poderes y los conflictos sociales.

Al margen de cualquier tipo de factibilidad procesal, de la mínima productividad informativa conducente a conocer más acerca del caso Colosio o del menor interés real de los actores involucrados por "descubrir" algo de un imprevisible careo entre Salinas, Zedillo y Camacho, otra vez, con la mesa servida por los sedicentes y serviciales legatarios de Colosio, los medios, con la magnificación de la expectativa de ese "careo", construyeron ya uno de los escenarios de marzo para continuar la empresa de demolición e invalidación de la política y de los políticos: una temporada que apunta a grandes ganancias si se da un debate calculadamente devastador entre los dos ex presidentes del pasado inmediato y el otro que alguna vez soñó con sucederlos. A ello habría que agregar la degustación de lo que haya quedado del festín de febrero con el plato fuerte de los restos de un ex Presidente anterior a estos últimos y, probablemente la presentación procesal de otro más, mayor de 85 años, para que recuerde cuál fue su papel en la represión a las guerrillas de tres décadas atrás. Pero además están los ajustes contra los verdes y las réplicas de los verdes, más las marthas, los nicos y otros excesos que se acumulen en este marzo destinado a consagrar a los grandes medios como los indiscutibles vencedores sobre todas las partes: son los nuevos administradores y usufructuarios de los conflictos de todo orden en el país.