etcétera

Abyección del poder público
ante las corporaciones mediáticas

Jenaro Villamil

En muchos sentidos, 2002 se equiparará con otro año importante en el proceso de democratización del país: 1988. Esa fecha representó un punto de quiebre para el régimen. La "caída del sistema" electoral representó una metáfora exacta del punto más vulnerable del edificio priista.

En 2002 lo que comenzó a fracturarse fue la ilusión de una transición a la democracia con enormes espacios de impunidad, principalmente, en los medios de comunicación.

El 2000 y el triunfo de la alternancia iluminaron el esfuerzo iniciado en 1988. Sin embargo, también demostró a los pocos meses que la alternancia no es condición suficiente para la democratización del poder y mucho menos para la culminación del proceso de transición.

El rostro de 2002 dejó como lección fundamental que la agenda democratizadora es todavía más amplia y compleja de lo que se pensaba. Y desde el famoso decretazo del 10 de octubre que modificó de facto las reglas entre los concesionarios, el gobierno y la sociedad, se observó con mayor certeza que una de las áreas más oscuras del proceso de reforma democrática se ubica en los medios de comunicación.

Con toda crudeza, distintos observadores, periodistas, grupos cívicos y líderes políticos han coincidido en un punto fundamental: hoy la prioridad de esta agenda inacabada se localiza en el régimen de medios de comunicación, lleno de zonas oscuras, de intereses que van en contra de lo elemental del Estado laico y del respeto a los derechos humanos fundamentales.

Foto: Gregorio Cortés

Por si alguna duda quedaba frente al enorme boquete abierto ante la cesión del poder presidencial frente al duopolio televisivo, el golpe de Televisión Azteca a CNI Canal 40, operado en la madrugada del 27 de diciembre, se constituyó en el peor caso-muestra de la falta de democratización, de la ilegalidad prevaleciente y ostentosa en uno de los concesionarios que, además, siempre ha tenido la sombra de la ilegalidad (Ricardo Salinas Pliego) y de los impulsos autoritarios que ya no se localizan sólo en un partido de Estado sino en los grupos de poder real que a golpes de control mediático y policiaco pretenden imponer sus intereses.

En muchos sentidos, el caso de CNI-TV Azteca constituye una especie de "quinazo mediático" de un salinismo de nuevo cuño: el que ostenta la titularidad de la concesión de la televisora del Ajusco y que busca imponerse a base de golpes espectaculares para apropiarse de una señal televisiva, un bien público concesionado. Es uno de los golpes facciosos que va en contra de la lógica, de la ley y del proceso de transición. Va más allá del "golpe a Excélsior", operado por Luis Echeverría en 1976 contra uno de los medios que representó en su momento la avanzada de la democratización informativa, porque mientras en este caso se trató de un caso ostensible de censura desde el poder presidencial, en el caso de CNI-Canal 40 se combinó la abyección del poder público ante los usos y abusos de TV Azteca fuera y dentro de la pantalla.

Nos encontramos en una peligrosa encrucijada en este terreno. Los escenarios no son nada halagadores, sobre todo, si tomamos en cuenta que hoy más que nunca el terreno de la impunidad se ha trasladado de las corporaciones políticas a las corporaciones mediáticas. El poder del rating, ejercido como valor esencial por el gobierno de Vicente Fox, está a punto de convertirse en una especie de nuevo Leviatán que suplanta al propio Estado.

Afortunadamente, existen anticuerpos sociales y cívicos. No es poca cosa el hecho de que un comunicador como Jacobo Zabludovsky, icono de una época, reconociera recientemente en su programa radiofónico que en los pocos más de 50 años de historia de la televisión mexicana nunca se había dado un consenso tan amplio entre la opinión pública en contra de la ilegalidad operada por TV Azteca y de la inoperancia del gobierno. En un evento organizado por la Fundación para la Democracia, realizado el lunes 20 de enero, destacados comunicadores impugnaron a TV Azteca por el asalto al cerro del Chiquihuite, como Joaquín López-Dóriga, Miguel Angel Granados Chapa, Carmen Aristegui, Mayté Noriega y Ciro Gómez, y legisladores como Javier Corral, Salvador Rocha y Enrique Herrera coincidieron en subrayar que hay elementos para considerar la revocación de la señal de TV Azteca por los sucesos del 27 de diciembre y su estela posterior de ilegalidad. Todos coincidimos en ese evento, encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas, presidente de la fundación, en la necesidad de restablecer la señal de Canal 40, y la dirigente nacional del PRD, Rosario Robles, se comprometió a impulsar una urgente reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión, "un cascajo viejo e inoperante", como la calificó Granados Chapa.

Los escenarios

El año de 2003 definirá en muchos sentidos no sólo el futuro de la alternancia sino también el camino que deberá encontrar la demanda de democratización de los medios para frenar el retroceso en ciernes. Estamos, a mi parecer, bajo tres grandes escenarios que involucran a todas las fuerzas involucradas en la transformación mediática:

1. Concentración mayor en el terreno de los medios masivos o diversificación real.México es el único país occidental con un sistema real de poder mediático que permite que dos empresas concentren 80% de las 436 concesiones de televisión y que tres grandes grupos radiofónicos acaparen 60% de las cerca de mil 280 concesiones y permisos. La concentración opera en contra de la pluralidad, de la diversidad y, por supuesto, del derecho a la información. Este fenómeno sólo se puede revertir si hay un compromiso consciente por fortalecer alternativas privadas nuevas, por respetar los espacios existentes, como el de Canal 40, apoyar a los medios públicos electrónicos, en especial, el Canal Once y el Canal 22, así como el Canal del Congreso, que acaba de pasar por una crisis de conducción y mando tras la salida de Virgilio Caballero, que resultó una especie de "expulsión" de las dos principales fuerzas políticas.

La diversidad tampoco podrá reforzarse si en los medios impresos predomina la dispersión y existen peligrosos indicios de tráfico de influencia y de dinero de origen dudoso en periódicos que antes fueron referentes obligados, como Excélsior, unomásuno y El Día, por mencionar tres de los casos de crisis más graves.

2. Discrecionalidad legal vs. modernización jurídica. Justamente, uno de los elementos centrales para modificar el régimen de facto que prevalece es avanzar en una nueva Ley Federal de Radio y Televisión que implique una modernización a fondo del régimen de concesiones, que incorpore y opere el derecho de las audiencias como un elemento real y que le dé validez y certeza al principio constitucional de derecho a la información, el derecho a la educación y los derechos políticos elementales que hoy están ausentes del sistema de medios realmente existente.

La modernización requiere también un impulso decisivo a los medios escritos, un régimen laboral digno para los comunicadores y periodistas, que incluya desde la incorporación de los derechos de ética al ejercicio profesional, la cláusula de conciencia que proteja al informador frente a los vaivenes empresariales de los dueños, hasta salarios justos y respeto a la libertad de crítica y de información. No hay enemigo peor para la diversidad y la modernización informativa que los peligrosos intentos de homogenizar y perseguir a los diferentes, tal como sucedió en el caso de la empresa Imagen, contra los periodistas Javier Solórzano y Carmen Aristegui, así como las denuncias por difamación contra Raúl Trejo Delarbre. En ambos casos está la mano del inefable Pedro Ferriz de Con, uno de los personajes que encarnan el atraso y la frivolidad informativa.

Tampoco puede existir certeza jurídica si a través de citatorios judiciales se pretende inhibir o intimidar el ejercicio informativo, tal y como ha sucedido con seis reporteros del periódico La Jornada y el coordinador informativo de El Universal. El respeto a la secrecía de las fuentes informativas es un elemento central para avanzar en la modernización periodística.

3. Derecho a la información vs. propaganda unilateral. Por último, es necesario mencionar y subrayar la importancia de que la información se convierta en un derecho y no sea sólo una mercancía, un coto cerrado para las corporaciones mediáticas. Sin información veraz, plural y oportuna no hay sociedad politizada. Sin politización difícilmente se construyen ciudadanos y se avanza en la democratización del país. Desde el gobierno se pretende imponer el criterio de la propaganda unilateral y se ataca un día sí y otro también a los medios que ejercen la crítica y el periodismo de investigación.

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública es apenas un primer peldaño y está en riesgo de ser inoperante por la opacidad, la ausencia de compromiso real y de cultura informativa en los mandos públicos. Falta aún una agenda amplia, no sólo jurídica sino social, partidista y empresarial para avanzar en la construcción de una auténtica sociedad de la información.

Por supuesto, la primera y necesaria condición, en las circunstancias prevalecientes, es el restablecimiento de la señal de CNI Canal 40. De lo contrario, prevalecerán la concentración, la discrecionalidad y la propaganda ilegal.