La venta parcial de Radiópolis en un limbo legal

 Fernando Mejía Barquera

La venta de 50% de Radiópolis al Grupo Prisa de España ha puesto nuevamente a discusión el tema del marco jurídico que rige a la radio y la tv, constituido en parte por leyes vetustas que nadie respeta y también por instrumentos contradictorios y de carácter simulador como la Ley de Inversión Extranjera.

Foto: Gregorio Cortés

El 15 de octubre, Televisa y el grupo español anunciaron la compra-venta de 50% de Radiópolis, que reúne a 17 emisoras, por 50 millones de dólares y "una aportación de capital" de diez millones más. Según el convenio, firmado durante la visita del presidente Fox a España y con éste como "testigo de honor", el manejo de Radiópolis será compartido: el director general habrá de ser designado por el Consejo de Administración de Televisa a propuesta del grupo español, mientras que el manejo financiero estará a cargo de una persona designada directamente por el consorcio que preside Emilio Azcárraga Jean. Como se sabe, el Grupo Prisa es propietario del diario El País, de las cadenas radiofónicas SER y Unión Radio, y tiene participación accionaria en negocios como Canal Satélite Digital, Canal + y Editorial Santillana, además de inversiones en 22 países. Radiópolis, por su parte, agrupa seis estaciones de FM y 11 de AM distribuidas en el Distrito Federal, Guadalajara, Monterrey, Veracruz, San Luis Potosí y Mexicali.

Prohibición permitida

La compra de la mitad de Radiópolis por una empresa extranjera suscitó de inmediato cuestionamientos acerca de su legalidad, pues ocurre en una actividad formalmente prohibida para extranjeros. La Ley Federal de Radio y Televisión es muy clara: en su artículo 31, fracción IV, prohíbe a los concesionarios admitir como socios "a gobierno, empresa o individuo extranjeros"; inclusive la no obediencia de este señalamiento es motivo para revocar una concesión. Por su parte, la Ley de Inversión Extranjera dispone en su artículo 6 que los "servicios de radiodifusión y otros de radio y televisión, distintos de televisión por cable" constituyen una actividad "reservada de manera exclusiva a mexicanos o a sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros". En ese punto ambas leyes coinciden, sin embargo, basta avanzar unos renglones en el texto referente a inversiones extranjeras para encontrar un elemento que deja sin efecto la prohibición de admitir capital foráneo en radio y televisión: la llamada "inversión neutra".

En su "título quinto", esta ley indica que empresas de otros países podrán aportar capitales en áreas como radio y tv, siempre y cuando se trate de "inversión neutra", representada por acciones sin derecho a voto, con el fin de que el capital extranjero no influya en la toma de decisiones de la empresa mexicana en la cual participe. Según el artículo 19, "la secretaría (de Economía) podrá autorizar a las instituciones fiduciarias para que expidan instrumentos de inversión neutra que únicamente otorgarán, respecto de sociedades, derechos pecuniarios a sus tenedores y, en su caso, derechos corporativos limitados, sin que concedan a sus tenedores derecho de voto en sus asambleas generales ordinarias". El artículo 18 indica que la inversión neutra "no se computará para determinar el porcentaje de inversión extranjera en el capital social de sociedades mexicanas".

Claridad, no simulación

El texto de la Ley de Inversión Extranjera constituye, evidentemente, una simulación. Este instrumento jurídico fue reformado en diciembre de 1993 para abrir paso al capital foráneo en áreas donde legalmente está prohibido. En el caso de la radio y la tv, la ley sobre inversión extranjera no podía reconocer abiertamente en su texto la autorización para este tipo de capital, pues hubiera contravenido lo dispuesto en la que rige a los medios electrónicos. El gobierno de Carlos Salinas de Gortari no se atrevió a promover una reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión, sujeta a polémica desde hace tiempo, y prefirió recurrir al subterfugio de la "inversión neutra" (en el caso de la tv por cable, el gobierno salinista autorizó la inversión extranjera hasta en 49% en agosto de 1993, aunque ahí bastó con reformar el reglamento de la materia).

Es evidente que se requiere dejar la simulación y dar claridad a este asunto. ¿Puede seguir existiendo la paradoja de una ley que en su texto prohíbe y autoriza simultáneamente la inversión extranjera? Por otro lado, ¿la "inversión neutra" garantiza que las entidades extranjeras que se involucren en la radio y la televisión mexicanas aporten capital pero permanezcan pasivas esperando ganar dinero sin tratar de influir en el manejo de las empresas mexicanas donde inviertan? Finalmente, ¿qué significa reservar para mexicanos el "control" de una empresa de radio y tv: tener el control financiero o el político? La Ley de Inversión Extranjera coloca el acento en la parte financiera; supuestamente una empresa sería controlada por quienes poseen voto en las "asambleas generales ordinarias", pero cabe preguntar qué ocurre con la parte política, con la definición de los contenidos que habrán de transmitirse en los medios electrónicos. ¿Queda el inversionista extranjero facultado para participar en ese aspecto o no? Esta ley, de carácter "economicista", no dice nada al respecto. El asunto merece discutirse con seriedad.

CIRT: línea política

Foto: El País

Por cierto, el tema de la inversión extranjera es uno de los que preocupan a la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT). El pasado 5 de octubre ­unos minutos antes de que concluyera su gestión al frente de esa organización­ Joaquín Vargas Guajardo trazó la línea política que seguirá ese organismo, la cual, según dijo, fue producto del consenso entre los afiliados. Quizá hubiera sido más "fino" que el nuevo presidente de la CIRT, Bernardo Gómez Martínez, de Televisa, fuera el encargado de explicarla, en tanto estará al frente de ésta en los próximos dos años, pero no fue así. La línea dictada públicamente por Vargas y acatada por Gómez se resume en una tríada: 1) eliminación del impuesto conocido como "12.5% de tiempo fiscal"; 2) la inversión extranjera en radio y televisión no deberá ser mayoritaria y tendrá restricciones legales para asegurar que el control de las empresas permanezca en manos de mexicanos; 3) las concesiones deberán otorgarse con criterios "transparentes" y en condiciones que den seguridad para las inversiones a largo plazo; la facultad de otorgar concesiones deberá continuar en manos del Ejecutivo ­los radiodifusores no aceptarán la creación de un "consejo de notables"­ y los criterios de la SCT para expedirlas deberán ser de tipo técnico, de ninguna manera relacionados con los contenidos.

Pegaso en radio

El Grupo de Telecomunicaciones Pegaso, que preside Alejandro Burillo Azcárraga, inició transmisiones radiofónicas el 22 de octubre. Se trata de un proyecto que tiene como base a la radio hablada y como objetivo llegar a un público mayor de 18 años con predominio del sector femenino. La empresa de Burillo anunció una inversión de 30 millones de pesos en su aventura radiofónica. Las transmisiones se harán a través de una red de 48 estaciones de AM afiliadas al grupo Radiorama que preside Javier Pérez de Anda, encabezadas por la frecuencia 1530 kilohertz en el Distrito Federal. La cadena lleva el nombre de Red W Interactiva; la tradición continúa, denominación obviamente provocadora, pues la letra "W" hace pensar necesariamente en el apellido Azcárraga. Parecería que Burillo quiere demostrar que será él y no su primo, Emilio Azcárraga Jean, quien hará prevalecer la "tradición W". Según Eugenio Bernal Macouzet, director de la División Radio de Pegaso, esta empresa "rentará" durante varios meses las frecuencias donde transmite, pero espera comprarlas el año entrante. Por cierto, el caso de Bernal Macouzet, actual presidente de la Asociación de Radiodifusores del Valle de México, es curioso: entró a ese cargo como director de la División Radio de Televisa ­donde fue sustituido por Javier Toussaint­ y habrá de concluir su gestión como director de Pegaso Radio.

Fernando Mejía Barquera es periodista.
Correo: mbarquera@latinmail.com