Luis de la Barreda Solórzano
Descubierto el hecho de que, seis días antes de dejar la Secretaría de Gobernación, otorgó un permiso para que
una empresa del Grupo Televisa, Apuestas Internacionales, abra 65 casas de juego en 29 estados del país, Santiago
Creel intentó defenderse. Lo hizo con torpeza, probablemente porque en realidad carece de alegatos o justificaciones.
Al asegurar que la decisión fue tomada por el Consejo Consultivo de Juegos y Sorteos de la Secretaría
de Gobernación, Santiago Creel olvidó que este consejo es, como su nombre lo indica, solamente un órgano de
consulta, sin facultades para decidir sobre las concesiones.
Al aseverar que la generación de una mayor oferta de centros de apuestas es una forma de promover una
mayor competencia y así evitar los monopolios, el declarante soslaya que -por lo que se sabe- se omitió anunciar
previamente la disponibilidad de permisos, emitir una convocatoria que se difundiera con amplitud y requerir las opiniones de
las autoridades estatales y municipales de los lugares donde se ubicarían los establecimientos.
Al advertir que podría querellarse por difamación contra los autores de los señalamientos críticos que se le
han hecho por la forma subrepticia de autorizar los permisos, Creel ignora que no actúa con ánimo de difamar
quien cuestiona o reprueba un acto de gobierno, que por su índole es siempre, en una democracia, objeto de crítica.
Sólo podría haber difamación si, con ánimo de lesionar la reputación del agraviado, se dieran a conocer hechos de su
vida privada ciertos o falsos o hechos falsos de su vida pública. El juicio adverso a un hecho cierto que el
gobernante realiza en ejercicio de sus funciones jamás puede constituir difamación.
Si los alegatos anteriores del ex secretario no resisten el más elemental análisis, el que ahora se citará es
de antología. Creel sostiene que los permisos forman parte de un paquete solicitado hace años. Cuando se
solicitaron, afirma, él prefirió esperar las negociaciones de la iniciativa de nueva Ley de Juegos y Sorteos, pero ésta no
prosperó en el Congreso y el proyecto de reglamento fue impugnado por la oposición en la Cámara de Diputados, razón por
la cual hasta ahora decidió autorizar las concesiones. Recordarán los lectores que la impugnación dio origen a
una controversia constitucional que aún no se
resuelve. Así pues, no hacen falta luces intelectuales de excepción
para preguntarse: ¿por qué el entonces secretario de Gobernación, que ya había esperado tanto, no aplazó un poquito
más la decisión para dejarla en manos de su sucesor, quien lo reemplazaría en sólo seis días más?
Las numerosas concesiones y la profusión de
spots en Televisa de quien las autorizó dan materia de suspicacia a los malpensantes. Al actuar como lo hizo, Creel no siguió uno de los consejos que Don Quijote dio a Sancho en
la víspera de que el escudero fuera investido como gobernador de la Ínsula Barataria: acompañar la gravedad del
cargo que se ejercita con una blanda suavidad que, guiada por la prudencia, libre al gobernante de murmuración maliciosa.
Diciembre 2008
