Un proyecto más consistente
Felipe Vicencio Álvarez
Con la evidente intención de detener el proceso legislativo, algunas voces han señalado que el proyecto de
dictamen de Ley de Radio y Televisión, que será votado en febrero, no es adecuado. Pretenden fundamentar su juicio
señalando que tal proyecto ha sufrido numerosos ajustes al paso de las semanas y concluyen que por tanto no es
conveniente una reforma en el corto plazo.
Quienes así piensan parecen ignorar deliberadamente que, como todo proyecto, el de la Ley de Radio y
Televisión es susceptible de ser modificado; que esos ajustes tienen su razón de ser en la necesidad de perfeccionarlo a partir
de las revisiones que diferentes legisladores y ciudadanos interesados en el tema han hecho, lo mismo que en
la conveniencia de tomar en cuenta la opinión de quienes han sugerido algunos cambios que -si bien no
implican necesariamente la corrección de una deficiencia- sí permiten que el proyecto cuente con un mayor respaldo.
La subcomisión que elaboró el proyecto ha reiterado que la construcción de consensos requiere forzosamente
la disposición a realizar los cambios que sean necesarios y ha actuado en consecuencia. Por ello, el proyecto ha
sido objeto de ajustes que lo han hecho más consistente y preciso sin comprometer lo esencial. La más reciente
versión, que se entregó el pasado 3 de enero a los presidentes de las comisiones de Comunicaciones y Transportes,
Gobernación y Estudios Legislativos del Senado, integra casi 120 modificaciones. Algunas de ellas son meramente de forma
pero otras mejoran el proyecto sustancialmente.
Entre estas últimas destaca la incorporación de nuevas disposiciones sobre la convergencia tecnológica que
se agruparon en un nuevo título: De los servicios agregados que se prestan en los canales y frecuencias asignadas a
la radiodifusión, que consta de ocho artículos. Esta adición implicó modificar el alcance de la ley e incorporar
al glosario de términos las nociones de servicios
agregados, agregados auxiliares, agregados adicionales
y telecomunicaciones. De esta manera, el proyecto aborda el tema de la convergencia tecnológica y se atiende así
una reiterada observación que insistía en que la evolución de las tecnologías hacía obligado considerar en la ley
lo referente a telecomunicaciones.
A pesar de lo anterior, algunos han considerado que esta adición es insuficiente y sostienen la necesidad
de integrar las leyes de Telecomunicaciones y la de Radio y Televisión en una sola. Mientras eso no suceda,
afirman, tendremos inconvenientes, lagunas y traslapes jurídicos. ¿Es pertinente la propuesta de integrar ambos
ordenamientos? Si nos atenemos a la evolución tecnológica y a la consecuente tendencia mundial de la legislación en la materia,
sin duda ésta es la ruta lógica. Sin embargo, no podemos ignorar las particularidades del caso mexicano. Es
necesario recordar que nuestra legislación sobre radio y televisión, con 44 años de edad, se configuró en un entorno ajeno
al tema de las telecomunicaciones y que este último apenas fue recogido por una ley específica en 1995. Si
ambas materias se desarrollaron legislativamente desde plataformas diferentes y sin considerarse mutuamente a
cabalidad, su posible integración obliga a valorar las posibilidades de un trabajo de rediseño integral de ambos temas.
También es oportuno recordar que desde diciembre de 2003 se encuentra detenida una reforma a la Ley de
Telecomunicaciones, principalmente por reservas de los interesados respecto de las atribuciones del órgano regulador en la materia
(Cofetel), así como a la definición de límites al dominante y la apertura del mercado que favorezca nuevas inversiones.
En este contexto, sostener la necesidad de integrar ya las dos legislaciones puede ser una sugerencia ingenua
o una propuesta tramposa que -fundada en argumentos objetivamente razonables- oculte la intención de bloquear
el avance legislativo. No se puede pensar diferente si sólo imaginamos lo que implicaría la coalición de los
principales intereses económicos en el campo de las telecomunicaciones con los del campo de la radio y televisión,
resistiendo juntos cualquier intento de apertura que favorezca la competencia y bloqueando los esfuerzos para dotar al
órgano regulador de la fuerza e independencia suficiente para conducir una política de Estado en esas materias.
Considerando lo anterior, la subcomisión encargada de elaborar el proyecto de dictamen de la Ley de Radio
y Televisión resolvió adicionar al articulado original algunos "puentes" que la vinculen con la de
Telecomunicaciones. Así se reducen distancias, se armonizan diferencias y se avanza, aunque sea gradualmente, hacia lo que en el
futuro podrá ser la integración completa de ambos instrumentos. En efecto: la integración es la ruta lógica; pero el
sentido común indica que llegaremos a ella por aproximaciones sucesivas.
Respecto del órgano regulador de la radio y la televisión, si bien la iniciativa original lo definía como un
ente ciudadano y autónomo, la más reciente versión del proyecto incorpora la propuesta de considerarlo
como desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Así podrá cumplir con su función de
otorgar concesiones y permisos así como supervisar y eventualmente sancionar a concesionarios y permisionarios, sin
marginar drásticamente al Estado de la conducción de esa actividad prioritaria en contravención a lo dispuesto en el
artículo 27 de la Constitución.
Así, la modificación que se incorpora a la última versión del proyecto de dictamen equipara en lo conducente
al Consejo Nacional de la Radio y la Televisión con otros organismos desconcentrados de la administración
pública federal, como la Comisión Nacional del Agua que también otorga directamente concesiones sobre un bien del
Estado. El consejo mantiene su integración colegiada y un grado de independencia razonable dentro del marco
constitucional, constituyéndose así en una de las figuras más importantes en la nueva legislación para acotar la discrecionalidad
en la toma de decisiones tan importantes.
Sin duda en las próximas semanas el debate en torno a la reforma será, en gran medida, el debate sobre el
órgano regulador. No podría ser de otra manera, pues el otorgamiento de las concesiones y permisos así como las
atribuciones para vigilar el desempeño de los prestadores de este servicio, son puntos neurálgicos de interés tanto para
quienes desean que permanezca el modelo actual con su amplia discrecionalidad y su perversa regla no escrita de
intercambio de favores, como para quienes sostienen que la evolución democrática de México exige ya un nuevo estatuto
cimentado en la transparencia, la equidad y el respeto a los derechos de todos.
Recogiendo diversas aportaciones en materia electoral, provenientes sobre todo de la Cámara de Diputados,
el proyecto de dictamen fue modificado para establecer que tres meses antes de una elección presidencial o de
gobernador, y mes y medio antes en el resto de los procesos electorales, el Consejo Nacional de la Radio y la Televisión
pondrá a disposición del IFE todos los tiempos de Estado -salvo los necesarios para la difusión de mensajes referidos a
la seguridad nacional y salud pública- y que éstos deberán ser destinados para la promoción del voto, así como para
la promoción de candidatos y la difusión de plataformas electorales de los partidos políticos.
Es pertinente insistir en que la Ley de Radio y Televisión no puede regular lo referente a partidos ni a
campañas políticas, pues éstas y aquéllos son materia del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Cuando el proyecto alude a los procesos electorales lo hace precisando exclusivamente obligaciones de la industria de
la radio y de la televisión al respecto. Es el caso de las disposiciones originales, a propósito de limitar las tarifas
para las campañas políticas y la obligación a los concesionarios de que vendan esos tiempos exclusivamente al IFE, y
lo es también de las disposiciones recientemente incorporadas, que contribuirán decisivamente a la equidad en el
acceso a los medios electrónicos para los partidos políticos y a la reducción del gasto descomunal de recursos públicos
que implica en las condiciones actuales acceder a ellos durante las campañas.
El proyecto de dictamen entregado el 3 de enero ajusta también el capítulo referente a infracciones y
sanciones. Se consideró pertinente el señalamiento que insistía en la desproporción de algunas multas, sobre todo tomando
en cuenta la situación financiera de muchos radiodifusores pequeños. En consecuencia se modifica el esquema de
las multas, cuyo monto se encuadra entre la sanción mayor, que se reduce en 50% y la mínima que se fija en 500
salarios mínimos.
Las modificaciones arriba referidas, y otras más de menor trascendencia, permiten afirmar que el proyecto
entregado a las presidencias de las Comisiones Unidas es sustancialmente mejor que su versión anterior y más susceptible
de consenso entre los legisladores. Seguramente al paso de los días, conforme avance su análisis y el debate, habrán
de incorporarse nuevos cambios. Sin embargo, no hay motivo para interpretar esta dinámica como prueba en contra
de la reforma. ¿Cuándo en el México de la transición a la democracia un proyecto legislativo de trascendencia ha
sido aprobado sin intenso debate, modificaciones y ajustes que posibiliten el consenso?
Muchos legisladores tenemos la determinación firme de avanzar en este tema hasta conseguir una reforma
que valga la pena. Pensamos que es posible lograrla en este mes de febrero y con ese horizonte estamos trabajando.
En cualquier caso, los recientes debates nos permiten identificar consensos muy significativos y trascendentes. Ni
los más feroces opositores de la reforma rechazan la urgencia de modificar la legislación sobre radio y televisión para actualizarla; de reducir los actuales márgenes de discrecionalidad en el otorgamiento y supervisión de las
concesiones y permisos, y de fijar límites a la concentración de los medios que garanticen pluralidad de la oferta y
competencia. A partir de estos grandes acuerdos se está construyendo la posibilidad de la reforma.
Por supuesto también hay quienes, sin atreverse a manifestar explícitamente su oposición a todo cambio pues
no tendrían justificación alguna, echan mano de los más diversos argumentos jurídicos, técnicos e incluso de
oportunidad política sólo como cobertura de su verdadera agenda: bloquear cualquier reforma posible, motivados por el
rechazo absoluto a perder privilegios obtenidos gracias a las lagunas de la ley vigente. Los próximos días nos
permitirán constatar si una poderosa minoría de los medios puede construir una ominosa mayoría del chantaje.
Para el lector interesado en seguir el debate que se ha dado sobre la Ley de Radio y Televisión, le recomendamos visitar la página del Taller
de Monitoreo de la UIA en http://ciamsc.com/monitoreo/LFRTV.htm
Senador de la República por el PAN y miembro de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de ese
órgano legislativo.
* * *
Cosméticos
"Lograr una nueva ley, un cambio integral, será muy difícil y quizá sería de mayor beneficio que
se pensara en una reforma a la vigente."
Jesús Orozco, presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados,
El Financiero, 13 de enero.
* * *
Lo "realmente" importante
"Creo de verdad que hay problemas en este país, como el presupuesto, mucho más importantes que
el tema de la legislación de radio y televisión."
Emilio Azcárraga Jean, Reforma, 14 de enero.
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Vientos del 68
"Todos los principios que rigen esta nueva ley que se quiere aprobar por parte de la Subcomisión de
la Cámara de Senadores de Radio y Televisión obedece estrictamente a los principios de
organizaciones extranjeras que quieren, desde fuera meterse por la cocina, por la puerta de atrás a México."
Emilio Nassar, en el noticiero de Radio Fórmula con Joaquín López-Dóriga, 19 enero.
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Pa' qué tanto brinco
"No es una mala ley. No ha frenado en nada el desarrollo de la industria."
José Bonilla Robles, senador priista y radiodifusor en Fresnillo, Zacatecas,
La Jornada, 6 de enero.
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Autoridad regulatoria
En distintos proyectos para actualizar la legislación en este campo se ha sugerido crear un organismo colegiado y autónomo
para administrar las frecuencias de radiodifusión. Esa previsión coincide con la tendencia internacional, que ya es una práctica
en casi todo el mundo, para que la asignación de frecuencias y la supervisión del desempeño de la radio y la televisión no estén
a cargo de una autoridad administrativa supeditada al gobierno sino de organismos colegiados.
En Alemania, la autoridad regulatoria para televisión y radio
(Arbeitsgemeinschaft der
Landesmedie-nanstalten) tiene una Conferencia de Directores designada por los
Länder, los estados alemanes.
En Argentina, el Comité Federal de Radiodifusión depende del Poder Ejecutivo nacional. Su directorio lo componen
un presidente y seis vocales designados por el Presidente a propuesta de sectores como el Ejército y la Armada, las secretarías
de Información y Comunicaciones y las asociaciones de concesionarios (o "licenciatarios").
En Canadá, la Comisión de Radio-televisión y Telecomunicaciones está integrada hasta por 13 miembros de tiempo
completo y seis comisionados de tiempo parcial designados por el gabinete de gobierno. Tiene autoridad para regular y supervisar
todos los aspectos del sistema de radiodifusión canadiense.
En Colombia, la Comisión Nacional de Radio y Televisión es dirigida por una junta de cinco integrantes. A dos los designa
el gobierno, a uno más las empresas televisoras, a uno adicional las asociaciones profesionales y los sindicatos de la
televisión. Otro miembro de la Comisión es designado por las asociaciones de padres de familia y las facultades universitarias
de Comunicación.
En Chile, el Consejo Nacional de Radio y Televisión es un organismo autónomo y con personalidad jurídica propia.
En España la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, adscrita al Ministerio de Ciencia y Tecnología, es un
órgano consultivo del gobierno pero tiene funciones ejecutivas y de arbitraje. Los integrantes de su consejo son nombrados por
decreto real.
En Estados Unidos la Comisión Federal de Comunicaciones se encuentra integrada por cinco miembros cuya designación
-por siete años- es responsabilidad del Presidente pero debe ser aprobada por el Senado. No está permitido que más de
tres miembros de la CFC pertenezcan a un mismo partido.
En Francia, al Consejo Superior de lo Audiovisual lo encabezan nueve comisionados a quienes el Presidente de la
República designa por seis años. A tres de ellos los propone el Presidente de la República, a otros tres el presidente de la
Asamblea Nacional y tres más son presentados por el presidente del Senado.
En Grecia el Consejo Nacional para Radio y Televisión tiene siete miembros, seleccionados por el Parlamento a través de
su conferencia de presidentes.
En Italia, la Autoridad para la Garantía en las Telecomunicaciones tiene nueve integrantes, designados por el Parlamento,
que se organizan en dos comisiones, una para asuntos relacionados con infraestructura y redes y la otra para servicios y
productos, ambas encabezadas por el mismo presidente.
En Portugal la Alta Autoridad para la Comunicación Social tiene 11 miembros: cinco son designados por el Parlamento, y
uno por cada una de estas entidades: el Consejo Superior de la Judicatura, el gobierno, los periodistas, los propietarios de los
medios, el Consejo Nacional del Consumidor y la comunidad científica y cultural.
En el Reino Unido la Comisión de Pautas para la Radiodifusión tiene 13 comisionados a quienes designa el secretario
de Estado para la Cultura y los Medios.
En Turquía, el Consejo Supremo de la Radio y la Televisión cuenta con nueve integrantes, electos por la Asamblea
Nacional para una gestión de seis años.
En México la asignación y revisión de concesiones para radiodifusión está a cargo de un funcionario del gobierno federal -el secretario de Comunicaciones y Transportes- y la supervisión del desempeño de esos medios
corresponde a la Secretaría de Gobernación.
Tomado del libro más reciente de Raúl Trejo Delarbre, Poderes salvajes. Mediocracia sin contrapesos (Cal y Arena, 2005).
Diciembre 2008
