Ricardo García Cervantes
En su relación con los medios de comunicación, el gobierno está sujeto al respeto irrestricto de las
garantías y libertades establecidas en la Constitución y en los tratados internacionales suscritos por
México. De entre esas libertades cabe destacar las de expresión y la de prensa. Ésa es la primera y fundamental
regla de la relación entre el gobierno y los medios, tanto electrónicos como impresos.
Si nos reducimos al diccionario de María Moliner para definir la palabra "ética" como "Parte de
la filosofía que trata del bien y del mal en los actos humanos. Conjunto de principios y reglas
morales que regulan el comportamiento y las relaciones humanas" (p. 1240).
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Foto: Marino García |
Si nos reducimos, como digo a las anteriores acepciones de la "ética", debo establecer que el
gobierno no dicta la ética que deben seguir los medios, pues su papel no es el de "fijar principios o
reglas morales para regular el comportamiento y las relaciones humanas". El gobierno tiene una misión
diferente: cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan, sin distinción alguna,
asegurando en todo momento la igualdad jurídica de las personas ante el Estado y velando por el bien común.
En esa dirección, la posición del gobierno ante la ética de los medios es la de aunar al irrestricto
respeto a la libertad de expresión el respeto a las
normas o códigos de ética que los propios medios de
comunicación, los empresarios, periodistas y trabajadores de los mismos determinan en el ejercicio de su
libertad y en cumplimiento de su responsabilidad.
En estos tiempos de videoescándalos se habla mucho y mal de ética. Debemos, pues, hacer
precisiones clave.
La ética es una deontología (ciencia del deber) encaminada al mejor uso de los bienes particulares.
Pero éstos se van concatenando en gigantescos sistemas que se denominan bienes de orden: sistemas
sociales que permiten la continua disponibilidad de bienes particulares: de agua y libros; de vehículos y
computadoras; de casas y campos cultivados. La ética recoge las costumbres y hábitos de los seres humanos para
escoger las mejores maneras y modos de producir y conservar esos bienes según su finalidad originaria (hoy se
dice: "mejores prácticas"). La ética, pues, cuida y vigila que aquello para
lo que son las cosas no se pervierta. En
consecuencia, no hay una ética, hay éticas. Nos ocupa aquí la consideración acerca de una: la de los
medios de comunicación social.
De la naturaleza del bien de orden surge la
noción de bien común: la atinada estrategia de una
comunidad para unir y relacionar todas las éticas particulares (leyes y normas, todas ellas articuladas a la ética
del bien particular) en un todo que habrá de fructificar en el bienestar y el bienvivir de sus miembros.
La moral es otra dimensión: es el ámbito propio de la conciencia del ser humano que juzga sobre
la moralidad sobre el bien perseguido en las normas de las éticas particulares.
Pertenezco a un partido que ha hecho de la persona y su libertad la piedra angular de su
doctrina política. Como político demócrata he tenido que recurrir y subordinarme permanentemente a la
ética política (a las mejores prácticas) para producir y conservar la democracia he aceptado y me he
obligado a la ética democrática recurriendo a su finalidad la justicia en la libertad.
Democracia para la justicia en la libertad.
Por lo que un asunto que se ha vuelto una de mis principales preocupaciones, es el de la justicia
como imperativo, ético y político del gobierno y por supuesto mío, si son auténticos y de buena fe, de todos
los actores de la política. Naturalmente, también de los periodistas.
Me parece que la justicia como compromiso ético de la democracia en todas sus expresiones es
una aspiración continua, que constata logros y, sin duda,
también desafíos. Por eso abordo el tema de la
ética y la responsabilidad de los medios de comunicación electrónicos y la posición del gobierno frente a
ellos desde la perspectiva de la justicia y de la libertad.
Primero, quiero señalar un resorte que impulsa a los medios a su ética; ese resorte se llama
credibilidad. Luego, digo que la credibilidad no sólo es un imperativo ético porque también lo es comercial. Los
medios son empresas y las más sólidas son las
que buscan y tienen mayor credibilidad, o sea, las
que tienen una función y una responsabilidad social que está a la vista de todos.
Los medios electrónicos conforman un panorama periodístico desigual, versátil y heterogéneo.
No podría ser de otra manera en la democracia, los medios son expresión de la pluralidad que hay en
la sociedad la sociedad de la información, se le ha llamado y, en ese sentido, presentan ofertas y
resultados variables que, naturalmente, se encuentran más allá de los niveles de eso que hemos dado en llamar
como rating.
En cualquier tema de interés público, siempre hay una tensión natural entre el gobierno, el
funcionario o el político en general y el trabajo periodístico. En el tema de la justicia social el gobierno no puede
dejar de subrayar los avances que consigue y los medios no pueden dejar de reconocerlo aunque, al
mismo tiempo, no pueden dejar de subrayar también los enormes y graves rezagos que aún hay al respecto.
Y aquí, la aspiración ética tiene entrecruces: el gobierno ha de reconocer los desafíos y los medios,
los avances.
Esto no siempre ocurre y, como he dicho, las tensiones son naturales mientras no sufran la
perversión de la demagogia, del dogmatismo o de la falta de consideración (ética) periodística.
Como espejos de la sociedad plural que son, en los medios hay demandas y reclamos, no pueden
ni deben dejar de hacer periodismo y, en consecuencia, no pueden dejar de ser expresión de las
demandas sociales. Porque, en efecto, la responsabilidad de los otros, es decir, de los políticos, más de los
gobernantes, es dar respuestas y convencer de que nunca nada es para siempre, es decir, que no hay
contestación única a los problemas porque, como la vida misma, hasta en las soluciones surgen
problemas, nuevos desafíos.
Si otra expresión de la ética es la franqueza, soy franco: los políticos no siempre acometemos
los problemas sociales con la eficiencia y la eficacia que merecen
y es injusto, del mismo modo que en los medios no siempre se expresan los avances e incluso no siempre se presenta con
verosimilitud la información. Lo que también niega a la justicia.
Ahí están los supuestos extraterrestres videograbados, 16 lucecitas que no resultaron ser otra cosa
que centellas cósmicas. Como se sabe, al final de ese episodio, de los marcianos, ni sus luces. También de
los científicos, ni sus luces. Cuando la exhibición de los supuestos turistas galácticos campechanos, los
astrónomos no fueron requeridos y sólo se recabó la opinión de un periodista que está convencido de que
hay otro tipo de vida inteligente en la Tierra.
El tema es la ética y la responsabilidad de los medios electrónicos y mi hilo conductor ahora es la
justicia social. Pongo otro ejemplo para ello.
En el país hay un brote de epidemia
que es eso, un brote, según el diccionario, algo que empieza
a desarrollarse. Pero ocurre, sin embargo, que en
algunos medios el brote se vuelve epidemia y en
algunos casos, epidemia incontenible. El hecho de que durante varios años, es decir, durante la presente y
la anterior administración, no se haya dado un solo
caso de sarampión, no fue noticia en los medios.
Lo comprendo. No imagino el comienzo de un noticiero de televisión o de radio en la que el periodista
abra con la nota: "En México no hay sarampión". Es
algo así como la conocida frase que los
periodistas emplean: si un perro muerde a un hombre no es noticia, la noticia es que un hombre muerda a un perro.
Tal vez no haya algo más antiperiodístico que empezar una nota así, reitero, diciendo
algo así como esta tarde le
informamos que en México no hay un caso de sarampión. Pero tampoco hay algo más
antiperiodístico que no decirlo en algún momento o, más aún, no hay algo más antiperiodístico que dejar de
reconocer la atención que se le ha dado al asunto, por supuesto, advirtiendo que, en pleno siglo XXI, el
sarampión debe quedar rápidamente eliminado y que es inadmisible o debiera serlo, que cualquier persona
fallezca por eso.
La justicia en la aplicación de la ley, qué duda cabe, es también uno de los principales retos del país
y, hoy por hoy, desafortunadamente también punto de disputa política. Gracias a los medios conocemos
una muestra, sólo una muestra, insisto, de la dimensión de la corrupción en algunos funcionarios de
distintos niveles de gobierno. Esa virtud de los medios no puede ni debe regatearse.
Más aún, debe alentarse frente a quien sea y frente
a lo que sea, incluso, parte de mi función en el gobierno es alentar a esa libertad
de expresión para la que, de cualquier modo, los periodistas no piden permiso y qué bueno.
Uno de los peores momentos por los que llegan a pasar los medios, particularmente los
electrónicos, es cuando acusan sin pruebas a cualquier personaje público integrante del partido que sea y,
cuando, además, impiden o inhiben el ejercicio del derecho de réplica que, en un Estado de derecho, le asiste a cualquier persona. Otro de los momentos difíciles de los medios es cuando se erigen en un tribunal, se
le llama por estos días tribunal de la opinión
pública.
Y es que los periodistas han de tener claras sus funciones y los encargados de la procuración de
justicia su propia ética, también. Admito que no siempre la procuración de justicia es expedita y, por eso,
reconozco en todo lo que valen las denuncias periodísticas porque el tema de la justicia es un asunto de
primer orden para el país, es la razón práctica de la democracia y por ende es el bien al que tiende.
Y al respecto de cada una de las funciones y las responsabilidades que tienen tanto los periodistas
como los funcionarios, otros malos momentos de ambos es cuando los funcionarios litigan la procuración de justicia en los medios, del mismo modo y con similares efectos negativos para la sociedad,
que cuando los medios advierten de alguna investigación penal, que por ley debiera ser confidencial. Hay
una ética de la procuración formal de la justicia, así como forma parte de las convicciones de los
profesionales de la comunicación, que no puede ni debe esperarse que un periodista revele sus fuentes.
Creo que ese entrecruce ético se resuelve cuando cada actor público respeta los quehaceres de
otro. Unos, exigiendo la aplicación justa de la justicia y otros, cuando sea el caso, guardando el secreto de
su trabajo y teniendo los espacios suficientes para hacer las aclaraciones respectivas.
De estos ejemplos del intrincamiento ético entre los medios de comunicación y las funciones de
gobierno, surgen las preguntas esenciales: ¿fundado en qué ética, un gobierno coadyuva a que los medios
de comunicación social no se perviertan y cumplan su finalidad en la comunidad en la que actúan?
¿Fundado en qué ética los medios de comunicación coadyuvan al gobierno a que no se pervierta y cumpla
su finalidad?
El bien particular que un Estado democrático y su gobierno deben perseguir es mantener
abierto, exuberante y vivo el espacio público en el que los ciudadanos intercambian sus palabras, sus valores,
sus razones y creencias, porque mantener abierto este espacio es también garantizar la condición de
posibilidad para una democracia deliberativa fundada en la razón y en la ética política. La democracia
deliberativa es fundamento para una democracia participativa. La democracia es doctrina de mi partido
y por ende debe serlo del gobierno, no se agota en la formalidad electoral, constituye una "forma de
vida" en sociedad que se ejerce en la deliberación y en la participación política, sólo se ajusta a la ética de
un gobierno democrático, es el régimen que permite tal intercambio y participación libre.
El gobierno en el que participo reconoce tres prioridades éticas ante los medios: libertad de expresión, libertad de información y libertad de participación ciudadana en la responsabilidad y en
la solidaridad humanas.
Esta prioridad tripartita resulta fundamental en el escenario político que vivimos desde hace tres
años: el de la consolidación de las instituciones democráticas necesarias para hacer de la democracia
una tradición, como lo señala Edgar Morin. Esta triple prioridad resulta más relevante en la medida que se
tiene presente la confusión anterior mediante la cual el régimen político asumía tener la verdadera
interpretación del destino nacional y la relación ética entre gobierno y prensa era aquel famoso adagio "no te
pago para que me pegues", con sus dos corolarios concomitantes: "si me pegas no te pago" y "si te pago
no me pegas".
En cierta medida y reitero: sólo en cierta medida la ebullición y hasta cierto desorden que se
percibe en la vida pública y en la situación nacional, es debido a la libertad que ahora tienen los medios
para informar y sus colaboradores para opinar sobre la realidad nacional. No se ha considerado razonable
dar toda la libertad de expresión sin nada de información sobre la cual expresarse. De ahí la relación indisoluble entre libertad de expresión y libertad de acceso a la información pública. El
gobierno ha dado un paso al frente en esta transparencia y rendición de cuentas y espera que los demás
gobiernos y las demás instituciones de la sociedad que habitan el espacio público, o que acampan aledañas a él,
le sigan. Los marcos legales están planteados; resta aún llevarlos a término e ir adecuando nuestras
prácticas a dicho marco.
Nada fácil, pues los medios y las formas de
ejercer el poder se mezclan e interactúan, y medios y
poder que están acostumbrados a hacerlo en formas poco democráticas deberán aprender a realizarlo
democráticamente.
No podremos consolidar política, social y
culturalmente la transición democrática sin una
verdadera transición mediática. Parecerá desproporcionado decirlo: si no ocurre la transición democrática en la realidad que informan y comunican los medios, no podrá ocurrir ésta verdaderamente. Es el destino
del homo videns.
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Foto: Time |
Pero al gobierno, garante de este espacio abierto para el libre intercambio de la palabra entre
ciudadanos, le habrá de corresponder la responsabilidad actuante de los medios en la sociedad mexicana
que lucha por la consolidación de las instituciones democráticas. A toda libertad le corresponde una
responsabilidad; y a mayor libertad le es concomitante una responsabilidad superior. Libertad sin
responsabilidad social es libertinaje o decadencia.
Por último, ¿en qué se funda este llamado a la responsabilidad social de los medios?
Primero. Prácticamente en nada: en la opción moral de los medios y los periodistas. En el
compromiso actuante frente a la libertad, la persona y el bien. Sin esta premisa moral de las conciencias,
ningún compromiso ético funciona.
Segundo. De nada sirve la libertad de pensamiento si éste no se expresa públicamente. Sería el
reino de los soliloquios. Pero cuando los medios dan cabida a la expresión de la multiplicidad de razones de
una sociedad plural o ellos mismos se expresan informando, contribuyen a que el individuo acceda al
ejercicio de su propia razón deliberando.
Los medios, en consecuencia, son corresponsables del fortalecimiento de la vida democrática o de
su debilidad y agonía. De este uso público de la razón se sigue un corolario esencial para la vida
democrática: que todo periodista debe admitir que hay cuestiones irracionales que él no debe aceptar ni asumir so
pena de degradar el espacio democrático que alimenta y garantiza su propio derecho de expresión y
pensamiento. Este régimen de libertad razonable supone seres humanos social y moralmente responsables y
permite a los demás devenir razonables, y en consecuencia libres, por el ejercicio público de la razón.
Tercero. El periodista y los medios contribuyen responsablemente a la vida democrática puesto
que ponen a disposición de sus lectores, audiencias y teleaudiencias informaciones que, de otra manera,
no serían accesibles al ciudadano. Los medios no tratan con la verdad (de ser así, hablamos de una
prensa determinada, religiosa o partidaria) sino con la información. La concepción moderna de la verdad, no
es la verdad dogmática acabada, sino la verdad a que uno se aproxima mediante las diversas
interpretaciones y las diferentes perspectivas de lectura. Es decir: se trata de "mantener abiertas las posibilidades de
otros acercamientos, complementarios, contradictorios, más ricos que aquello que se tiene por cierto".
Los medios están inscritos en esta versión moderna de la verdad al estar inmersos en las informaciones de
una sociedad plural y democrática en la que coexisten las más diversas interpretaciones. La diversidad cultural y moral de los periodistas y de los medios constituye la piedra angular de sus interpretaciones
y evaluaciones. La libre concurrencia de éstas en la opinión pública permite los actos de
deliberación razonable, necesarios para dialogar en búsqueda de la verdad. Los medios tienen una
responsabilidad ineludible en la calidad de la deliberación democrática. Y las sociedades democráticas no tienen sino
esta manera de acceso a la verdad.
Esta opción del gobierno del presidente Vicente Fox, en el que participo, no está exenta de riesgos;
pero la alternativa no es la restauración del pasado. Mi apuesta es por la consolidación de las
instituciones propias de una sociedad abierta y democrática, libre y solidaria, deliberante y participativa.
Octubre 2008
