Peligra el peso en taquilla

 Víctor Ugalde

La noticia apareció filtrada en la prensa el pasado 14 de julio y cayó como bomba dentro de la comunidad cinematográfica. Una vez más la Suprema Corte de Justicia de la Nación atenta contra la cultura mexicana.

La primera, de la época reciente, fue cuando autorizó a las empresas distribuidoras transnacionales a doblar, mutilar y degradar todo el material extranjero que quisieran exhibir en nuestro país bajo el ridículo argumento de que las cintas para jóvenes y adultos deberían competir en igualdad de circunstancias con las películas infantiles, a esto súmele otros argumentos más pueriles. Sólo tres magistrados¹ dignificaron su puesto y se opusieron a la resolución mayoritaria defendiendo el arte cinematográfico en su versión original y el derecho del público mexicano a consumir cine según la visión de su creador para beneficio de la diversidad cultural.

Foto: Bertina Salomón

En esta ocasión, la afrenta a la cultura nacional se debe al amparo concedido por el ministro Juan Díaz Romero y los jueces de la Segunda Sala de la SCJN. Por razones extrañas se adelantó el turno y su desahogo. El ministro emitió un acuerdo para revocar el turno el 7 de julio de 2004 presentándose a sesión el 9 ­¡justicia express!­ destacando el hecho de que el ministro era el ponente y presidente de la Segunda Sala. En contra de toda lógica, dentro de la forma de actuar de la SCJN, esta sala resolvió el amparo en favor de la distribuidora Videocine² en lugar de enviarlo para resolución al pleno. Díaz Romero determinó que el cobro del peso en taquilla era inconstitucional tal y como está indicado en el artículo 19 C fracción IV que obliga al espectador mexicano a pagar un peso cada vez que asista al cine. El criterio del juez indica que el servicio que proporciona el gobierno por la autorización y clasificación no es proporcional pues una cinta que capte mucho público pagaría más y una que no tenga éxito, menos. Se les olvidó a los magistrados de la Segunda Sala, curiosamente, que existían seis casos más en el pleno en espera de resolución colegiada de los 11 magistrados (WDC, Gussi, Columbia, Nuvisión, Cinemas Nueva Era y United Internacional Pictures). La acción filtrada en la prensa se puede interpretar como un albazo para los demás miembros de la judicatura pues es conocido que a la máxima magistratura no le gusta contradecirse públicamente y esta acción sólo nos hace pensar en malos augurios para las próximas resoluciones. Para algunos miembros de la SCJN estaba claro que las distribuidoras carecían de interés jurídico pues ellas no pagan el derecho de un peso por asistente ­el que lo hace es el espectador­ y lo único que hacen es recolectarlo y enterarlo a la Secretaría de Hacienda. Esto contradice la supuesta desproporcionalidad del pago pues no existe nada más proporcional que un pago de peso por cada mexicano que asiste a las salas de cine y éste se destine para apoyar la producción fílmica, tal y como se hace en Francia, Argentina, Alemania, etcétera, en defensa de su expresión artística.

Con esta, es la segunda ocasión que las distribuidoras transnacionales tratan de apresurar las resoluciones filtrándolas a través de los medios y presionar así al resto de magistrados de la SCJN. La primera fue cuando se dio a conocer una supuesta resolución del magistrado José de Jesús Gudiño en favor de la empresa Columbia Pictures,³ hecho que resultó falso y cuyo amparo se turnó al pleno, tal y como lo debería haber hecho el presidente de la Segunda Sala.

Tan mal están las cosas que el Imcine⁴ solicitó copia de la resolución y se le informó que no se le entregaba porque le estaban haciendo ¡¡modificaciones!!

El apoyo al cine no es anticonstitucional, los artículos 73 y 28 facultan al Estado mexicano a dictaminarlo, a lo que hay que agregar que la ley de cine obliga al Ejecutivo a crear una serie de estímulos, incentivos y apoyos para desarrollar el arte cinematográfico nacional.

¿Qué pasará con el dinero recaudado?

En el caso de que la SCJN ampare a las distribuidoras y éstas reclamen la devolución de lo recaudado por el peso en taquilla, que a la fecha suman casi 200 millones de pesos, se repetiría el caso Jumex donde el dinero se lo quedó la Secretaría de Hacienda pues la empresa no puede demostrar que se lo devolverá al consumidor que lo pagó originalmente. Mientras se decide qué hacer con el dinero, bajo resguardo temporal de la SHCP, queda al Poder Ejecutivo y Legislativo redactar de manera impecable este cobro para que no pueda ser impugnado nuevamente por las empresas que ahogan a nuestro cine y saturan las pantallas y las mentes de los mexicanos con sus prácticas contrarias al libre comercio.

Notas

1 David Góngora Pimentel, Olga Sánchez Cordero y Vicente Aguinaco.

2 La empresa Videocine distribuye las cintas de Warner Bros. y por lo tanto debe acatar las políticas dictadas por la MPA.

3 La Jornada, 26 de mayo, 2004.

4 Proceso, núm. 1446, 18 de julio, 2004.

Víctor Ugalde es guionista, director e investigador cinematográfico.
vicmanugal@hotmail.com