etcétera

Nefasto precedente para el futuro de los medios

José Antonio Crespo

Después de haber visto el videoreportaje elaborado por CNI-Canal 40, Mientras dormías, no me queda duda de que Televisión Azteca pasó por encima de la ley y se hizo justicia por propia mano, sin esperar a que su litigio con Canal 40 siguiera los cauces judiciales.

Foto: Israel Rosas/
Cortesía La Crónica de Hoy

Los testimonios de los vigilantes de las instalaciones del Cerro del Chiquihuite son contundentes: a las dos de la mañana del 27 de diciembre fueron amagados con armas de fuego por varios encapuchados, amordazados y esposados (de lo cual algunas de las víctimas del atropello tienen aún marcas). Una vez controlada la situación, los testigos fueron obligados a recibir una cantidad de dinero "por el susto", y a firmar la "entrega pacífica" de las instalaciones, de lo cual los esbirros de TV Azteca filmaron los hechos como prueba de la legalidad y civilidad de esa transferencia de instalaciones.

Hubo desde luego también violación a la ley al utilizar la señal secuestrada para sus propósitos, sin el permiso de la autoridad correspondiente, incluyendo hasta un nuevo noticiero, el 6 de enero, a cargo de Sergio Sarmiento (quien públicamente se opuso a la toma del cerro del Chiquihuite, aunque en los hechos convalidó el ilegal atropello al ocupar el espacio del noticiero de CNI a cargo de Ciro Gómez Leyva y Denise Maerker).

En realidad no debe haber demasiada sorpresa; son actos que concuerdan perfectamente con el estilo de esa televisora de defender sus intereses (recuérdese la forma en la cual manejó el asesinato de su conductor Francisco Stanley, y la confrontación personal que protagonizó con el procurador capitalino Samuel del Villar).

Lo grave del asunto es menos que una televisora, así sea de la importancia y fuerza de TV Azteca decida pasar por encima de la legalidad, y más que el gobierno, responsable de hacer valer la ley, haya dejado un auténtico "vacío de poder" por varios días (las vacaciones son sagradas, así desaparezca el Estado durante su transcurso), y que finalmente haya intervenido tarde y mal. Primeramente, el gobierno pretendió incumplir su responsabilidad política y legal de intervenir ante la ilegalidad del asalto por parte de TV Azteca, alegando que se trataba de un conflicto "entre particulares", lo cual es válido mientras ese conflicto se mantenga dentro de los cauces institucionales, mas no cuando una de las partes se aparta de esos cauces e incurre en una flagrante violación a la ley. Es entonces, para información de nuestro despistado gobierno, cuando el Estado tiene la obligación de apersonarse para evitar el abuso de unos particulares frente a otros, reparando en lo posible la trasgresión y castigando a sus responsables. Se trata de los fundamentos básicos del Estado que el gobierno parece desconocer (no es la primera vez que extrañamos su presencia ante actos de violación a la ley, como fue también el asalto al Palacio Legislativo por parte de maestros disidentes y el Barzón).

Por otro lado, los expertos en la ley de comunicaciones insisten en que la obligación legal del gobierno era, en primer lugar, garantizar la devolución de la señal televisiva a sus concesionarios autorizados, aplicar las penalizaciones correspondientes a los asaltantes (y a los autores intelectuales del despojo) y permitir que el litigio continúe por los cauces correspondientes.

La figura de "aseguramiento" que decidió aplicar el gobierno al no ponerse de acuerdo las partes en los tres días que les dio aquel para ello, no tiene fundamento legal en las condiciones derivadas del asalto al Chiquihuite. La decisión afectó gravemente los intereses de Canal 40 y sus posibilidades de seguir aprovechando la concesión que legalmente detenta, en tanto el litigio con TV Azteca sigue su largo y difícil curso en los tribunales.

No se trata desde luego de tomar partido por uno de los litigantes frente a otro por razones de simpatía personal, o por la mayor calidad informativa de una televisora frente a otra. El problema radica en la incapacidad del gobierno para hacer valer la ley contra quienquiera que la violente, al margen de su poder económico, legitimidad de sus causas o influencia política. El imperativo es que se aplique la ley; si algo hay que sancionar legalmente a los dueños y directivos de Canal 40, que se haga. Pero igualmente la ley tiene que aplicarse del otro lado, es decir, a los autores materiales e intelectuales del asalto al Chiquihuite. La orden de aprehensión en el segundo caso no ha alcanzado a quienes reivindicaron como válido el asalto a las instalaciones de Canal 40 (incluyendo desde luego al propio Ricardo Salinas Pliego). Por todo lo cual, el gobierno ha dejado la impresión (real o imaginaria) de actuar parcialmente en favor de una de las partes, TV Azteca, para lo cual no ha tenido demasiado prurito en pasar por alto la ley, o aplicarla de manera claramente inadecuada.

El precedente, de no corregirse la acción del gobierno, no podría ser más nefasto para el futuro de los medios de comunicación y, más grave, para el Estado de derecho que en algún momento enarboló Vicente Fox como su principal bandera política.