Del dicho al hecho...

Jorge Medina Viedas

Sobre todo los que conocen el efecto social y el funcionamiento de los medios, saben que en la actualidad todos somos culpables mientras no demostremos lo contrario. Los gobiernos, las personas físicas o morales que ignoran voluntaria o inconscientemente esta evidencia cotidiana corren el riesgo de perder las batallas que les exige su participación en la vida pública.

Pero es el gobierno, sin duda, el que lleva los mayores riesgos. Por eso se ha inventado lo de que "gobernar es comunicar". La eficacia de la comunicación de los gobiernos, como ha señalado José Luis Durán, permite establecer canales de comunicación con la sociedad y motiva la participación ciudadana.

En ese intercambio, los medios intentan expresar los reclamos de la sociedad. Son, como se ha dicho muchas veces, un contrapeso del gobierno. Por esa razón, desde que éstos existen, el poder ha querido controlarlos. Los gobiernos priistas, para no ir más lejos, trataron de hacerlo y lo lograron durante mucho tiempo. Pero la sociedad exigió mayor apertura en lo político y casi todos los medios se sumaron a este logro ciudadano. El resultado del 2 de julio se relaciona con esa apertura y con las preferencias mediáticas por el cambio y la alternancia. El gobierno de Fox tuvo un respaldo muy amplio de medios escritos y electrónicos. Ganó por la libertad con que lo apoyaron. Le dieron tiempos, espacios y opiniones que le favorecieron.

Ahora que Fox está en el poder no se puede hacer menos de lo que se hacía entonces. La política de comunicación social de su administración no puede ir en sentido contrario de lo que los medios avanzaron en materia de libertad y en el derecho a la información. Ciertamente ha sido en este gobierno cuando se han concretado la ciudadanización del Premio Nacional de Periodismo y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Se recogieron iniciativas de organizaciones de profesionales del periodismo y de grupos académicos que durante años han fomentado el desarrollo de una prensa libre.

Se trata de una decisión y de una ley que ya contaban con el consenso de los medios. Estas dos iniciativas hablan de que parte de la política de comunicación social gubernamental busca dejar constancia de su apoyo a los periodistas y al derecho a la información. Pero una cosa es consensar una legislación o tomar una decisión que a nadie incomodaba ni afectaba, y otra es comunicar bien, que para eso son necesarias buenas políticas públicas y una estrategia de comunicación muy afinada.

El mismo subsecretario Durán Reveles ha dicho ante universitarios poblanos que en estos tiempos de cambio y de gobernabilidad democrática, "nuevas formas y actitudes han marcado la relación (del gobierno) con la sociedad y con los medios, basadas en la transparencia, el diálogo, la veracidad y el respeto donde no existen tratos especiales ni actitudes sectarias. La época de los tratos preferenciales o conveniencia ha sido superada".

Todo esto es difícil de conseguir. En primer lugar, porque los medios siempre informarán o analizarán con sentido crítico las políticas públicas (buenas o malas) y lo que el gobierno diga de éstas. Y no hay un solo gobierno que no quiera que los medios publiquen lo que les conviene, y si interpretan tal o cual acción que lo hagan, pero siempre que sea en su favor. Además, a Fox, como a casi todos los gobernantes, no le gusta mucho lo que se dice en los medios, especialmente en la prensa escrita. Casi siempre está riñendo con ellos y habla convencido de que no reflejan lo que considera está pasando en el país, por lo general, contrario a sus puntos de vista.

Filtraciones, mentiras presidenciales, presiones sobre algunos medios y versiones contradictorias que el gobierno ha cometido en demasía anulan cualquier declaración de principios sobre una eventual política de comunicación social. Además, no se ve un solo cambio en la operación cotidiana de la comunicación oficial: la televisión, como en los tiempos del PRI, sigue siendo el medio preferido por el poder. Sin mucho exagerar, el día de los comunicadores del gobierno federal empieza y termina con los resultados (manipulados) de las encuestas de las televisoras privadas. Todo lo restante, viene después

Es periodista. Fue director de Notimex.

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Las dos varas de un mismo poder

Carlos Ramírez

Uno de los errores de percepción sobre la información que cometían frecuentemente los gobiernos priistas aparece reciclado por el gobierno panista de alternancia: enfocar la responsabilidad de los medios desde el punto de vista del poder. El discurso en Puebla de José Luis Durán Reveles, subsecretario de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación, reitera la posición unidireccional de percibir el papel de los medios en función de las urgencias de cohesión social alrededor del poder público.

La definición de Durán no varía los enfoques priistas: informar sobre las acciones del gobierno para "establecer canales de comunicación entre la autoridad y los diversos sectores de la sociedad y, así, motivar la participación ciudadana". "La comunicación gubernamental, al informar, contribuye (...) a propiciar la gobernabilidad y la cohesión social".

La información, desde mi punto de vista, tiene propósitos menos encauzadores: aportarle al individuo diversas partes de una realidad para entender su entorno y participar en el perfeccionamiento de la sociedad. De ahí que la política de comunicación social del gobierno no debe aspirar a convertirse en un instrumento de consenso social y político. Una información que aspire a la cohesión social será un instrumento de adoctrinamiento que vimos en las sociedades autoritarias del socialismo real y que percibimos en Cuba.

El gobierno tiene dos tareas: promover la adecuación del marco jurídico para garantizar la libertad de expresión e informar sobre sus acciones políticas. Durán ve las dos tareas como una sola, cuando en realidad serían dos actividades separadas. El tema de la responsabilidad no puede ser definido por el gobierno porque lo confundiría con su versión legalista. La responsabilidad de los medios debe ser una tarea de los propios medios. Los gobiernos suelen acotar los espacios de la crítica periodística en el cliché al concepto de responsabilidad. Pero hay casos en los cuales la responsabilidad de los medios se asume desde el poder como irresponsabilidad: el seguimiento del The Washington Post sobre el escándalo Watergate o las revelaciones del fracaso estadounidense en Vietnam.

El papel de los medios consiste en revelar, documentada y probadamente, los secretos del poder. La información contribuye a una mejor percepción social sobre la realidad, no ­como parece creer Durán­ a cohesionar a la sociedad alrededor del gobierno.

La política de comunicación social del gobierno debe circunscribirse a tres criterios: oportuna, completa y sin directrices. Los medios tienen la obligación de difundir la información oficial, documentarla y editorializarla. Y las sociedades maduras deben encontrar en la información una forma de asumir su realidad para transformarla.

Analista político, es columnista de El Financiero.

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Los medios, grupos de presión

Leonardo Curzio

He leído con atención el texto del subsecretario José Luis Durán Reveles. En un plano general resume la posición oficial respecto de la función comunicativa del gobierno y la relación de éste con los medios.

Durán Reveles invoca, con razón, que los resultados de un gobierno no sólo dependen de la correcta formulación, aplicación y evaluación de las políticas públicas sino de la "oportuna difusión entre la población". Gobernar, dicen algunos, es comunicar y ciertamente es tan importante para el gobierno hacer las cosas bien, como pregonarlas. Esto es fundamental para establecer estados de ánimo en la sociedad y para generar expectativas. La economía y otros ámbitos de la vida dependen, en gran medida, de decisiones que se toman en función de posibilidades. Una buena comunicación social del gobierno es fundamental para tener el pulso real de cómo evolucionan las cosas.

Hemos escuchado a Vicente Fox quejarse de la imagen que dan los medios de la situación económica o los niveles de empleo. El gobierno reclama tener buenas cifras que podrían cambiar la perspectiva de muchos agentes económicos y ciudadanos, pero tal vez no haya conseguido comunicarlas de manera adecuada. Aquí es donde el propio gobierno debería aplicar el principio de la oportuna difusión que invoca Durán, pero agregando el también básico principio de la eficacia. ¿Es eficaz la comunicación del gobierno?

No es cuestión de evaluar aquí en detalle los resultados de la comunicación gubernamental, pero es evidente que algunas dependencias tienen severos defectos en la materia. La Secretaría de Desarrollo Social, por ejemplo, no ha conseguido una disciplina en el mensaje y una adecuada difusión de sus ideas. Tiene cosas interesantes que decir pero incluso los nombres de sus programas son inestables y difíciles de retener. Ya no se sabe si el Progresa existe o se llama Oportunidades. La Secretaría de Relaciones Exteriores es otro ejemplo de una comunicación social fallida, pero por razones muy distintas. El inquilino de Tlatelolco y una de sus subsecretarias no solamente han logrado incomodar a varios medios y periodistas con sus desplantes y puyas, esa dependencia es el prototipo de la visión patrimonialista de la comunicación social. En otras áreas las cosas van mucho mejor, la información fluye en tiempo y forma, los funcionarios comunican de manera directa y sin complejos. Es de esperar que el gobierno haga también un balance autocrítico de las campañas y los segmentos que cubre con el tiempo oficial. Algunas cosas son terribles, otras van ganando terreno.

En el texto de Durán, la libertad de expresión es unos de los cinco pilares de lo que el gobierno ­específicamente la Secretaría de Gobernación­ llama "la gobernabilidad democrática". Según el subsecretario, la gobernabilidad democrática implica: a) apego a la ley; b) transparencia en el ejercicio público; c) representatividad y participación ciudadanas; d) vigencia de las instituciones, y e) respeto a las garantías y en específico a la libertad de expresión.

No diría que los componentes de la gobernabilidad democrática se circunscriben a estos cinco. Creo que en una democracia es tan importante un arreglo sobre bases honorables y transparentes con los grupos de presión (los medios son uno de los muchos que juegan en la sociedad) o la cultura cívica de los participantes en los arreglos (concesionarios, comunicadores, etcétera), que la propia participación ciudadana. Para garantizar la gobernabilidad del país (democrática, por supuesto) es más importante un buen arreglo con las televisoras y que los dueños de éstas comulguen con los valores de una sociedad pluralista y estén comprometidos a promoverlos y alentarlos, que otras formas de participación social. Una democracia tiene grupos de presión que aceptan el pluralismo y no oligarquías recalcitrantes. Pero no es éste el espacio para una discusión propia de la ciencia política. Volvamos a lo nuestro.

De estos cinco conceptos vale la pena considerar que el respeto irrestricto a la libertad de prensa es una realidad que no se puede regatear al gobierno. Me parece inobjetable la afirmación de que en el país se goza de una libertad de expresión absoluta. En los medios se delibera de manera totalmente abierta. Las críticas más punzantes se reproducen sin cortapisas. El Presidente y los secretarios son cuestionados a diario en los espacios públicos. Se publican incluso llamadas (como la de Castro y Fox) en los propios espacios informativos de canales del Estado. No se respira un ambiente de libertad condicionada a pesar de las críticas que en su momento el propio Presidente ha enderezado a los medios. Las críticas presidenciales han sido ampliamente censuradas y no se ha derivado de éstas ninguna disposición intimidatoria para los medios. Los señalamientos presidenciales han quedado en eso, en señalamientos.

Muchos errores pueden señalarse al gobierno en materia de comunicación, pero es de justicia reconocer que no ha cometido el más grave e irreparable de los yerros que un gobierno pueda cometer en esta materia: presionar a los medios o coartar la libertad de expresión.

Es titular de la emisión matutina de Enfoque, del Núcleo Radio Mil.

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Rige el criterio mercadológico

Tere Vale

Hace unas semanas, el subsecretario de Gobernación, José Luis Durán Reveles, dio a conocer en la Universidad Autónoma de Puebla los lineamientos generales de la política de Comunicación Social de la administración de Vicente Fox.

Llama la atención que el subsecretario afirme que la nueva política de comunicación social esté basada en la transparencia, el diálogo, la veracidad y el respeto "donde no existen tratos especiales ni actitudes sectarias. La época de los tratos preferenciales o de conveniencia ha sido superada". Llama la atención, sobre todo, porque esta práctica continúa vigente y parece difícil, cuando no imposible, cambiarla. Simplemente recordemos que el gobierno de la República ha hecho contrataciones importantes sólo en algunos medios, Televisa, por ejemplo, a los que considera pilares en su estrategia de comunicación, por un lado comprensible, pero que impide ese trato igualitario y no especial ni preferencial del que habla Durán. Otros medios radiofónicos o televisivos intentan afanosamente lograr tales contrataciones sin mucho éxito.

En otra parte, el funcionario afirma: "La difusión de la información gubernamental se lleva a cabo a través de varios instrumentos como: boletines, conferencias de prensa, entrevistas, Internet, inserciones en medios de comunicación, entre otros". Eso es cierto, pero aún así existe preferencia por algunos medios a los cuales se les considera más importantes que otros, pues los criterios de penetración y alcance rigen el interés y apoyo que se les da. La equidad y la falta de trato especial parece imposible de alcanzar si lo que rige primordialmente es el criterio mercadológico.

Una radiodifusora que atiende específicamente a un segmento de mercado no es considerada igual que una de penetración masiva. El análisis para contratar o no resulta aún un tanto rústico. Los criterios cuantitativos están por encima de los cualitativos.

Otro tema importante es el relativo al polémico 12.5% de tiempo en radio y televisión que los concesionarios están obligados a ceder al Estado ­injustamente, creo­ además de pagar religiosamente sus impuestos. Durán afirma que "durante 2001 se incrementó notablemente el aprovechamiento de dicho instrumento de comunicación, al haber programado alrededor de 500 campañas oficiales que representaron 97.5% del tiempo total a utilizar y que significa aproximadamente el empleo de 520 mil horas en 518 canales de televisión y mil 425 estaciones de radio". Las cifras son impresionantes, pero cabe la pregunta acerca de la penetración efectiva que tuvieron estos mensajes, sobre todo teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos estas campañas son difundidas en horarios de relleno y que la creatividad de tales spots en ocasiones deja mucho que desear. ¿Tal esfuerzo comunicacional, de gobierno y concesionarios, en verdad vale la pena? En cuanto a las inserciones pagadas, inevitablemente éstas llevan a elegir y, por lo tanto, a contratar a los mejores o más idóneos medios para hacer llegar el mensaje al sector de la población que se necesita. En tal situación es imposible no aplicar criterios selectivos y ser químicamente puro e imparcial a la hora de contratar, desde ahí nacen, indefectiblemente, las diferencias y las preferencias.

"Frente a todos estos elementos con que cuenta el gobierno federal ­continúa el subsecretario Durán­ las filtraciones, los rumores y las versiones extraoficiales carecen de cualquier sustento". Y volvemos al principio: la serpiente se muerde la cola. Ahí están las filtraciones de Secodam y la PGR en el llamado Pemexgate, las de la SHCP en relación con la reforma fiscal y muchas otras. En un mundo donde los medios tienen una influencia decisiva en la creación de opinión pública, el quehacer político hace mucho que trascendió las tribunas de los recintos legislativos y los espacios de discusión sólo para iniciados, para llegar a las pantallas de televisión y a los micrófonos de la radio, trincheras donde vale más el comentario, la apreciación personal del líder de opinión y su muy particular punto de vista, que orienta e induce enfoques y formas de pensar a la ciudadanía. La subjetividad es parte del juego y debemos asumirlo. Así, los rumores, chismes, filtraciones, etcétera, son el pan nuestro de cada día en absolutamente todos los medios y el gobierno también ha colaborado en este sentido. Es claro que esta práctica no tiene por qué llevarnos a la impunidad, de ahí la necesidad de los llamados códigos de ética que ya deberían tener todos los medios. El resultado final es que en no pocas ocasiones, el informador o el comentarista no llega a saber bien a bien para quién trabaja difundiendo de tal o cual manera determinada información. En este mundo político-informativo siempre existirá una maraña de intereses abiertos y ocultos; son realidades ineludibles de las actividades política y periodística, con las que todos, gobierno e informadores, tenemos que lidiar y tomar en cuenta para normar nuestros criterios. Las filtraciones y los rumores, los intereses encontrados, no van a terminar porque el gobierno lo diga; de hecho, ni siquiera importa que las filtraciones terminen: importa ­y esto es lo más difícil­ que el gobierno se mantenga siempre abierto y dispuesto al escrutinio de la sociedad y que sus acciones se apeguen estrictamente a derecho. A pesar de ello, tampoco debemos darnos por vencidos. Nada de malo tiene preferir y, por lo tanto, contratar como vía de comunicación gubernamental a un medio que penetra más y mejor que otro. Lo peligroso es que a través de estas contrataciones se intente cooptarlo, manipularlo y usarlo para que realice un periodismo "a modo". En este terreno falta aún mucho camino que andar.

La administración del presidente Fox hace esfuerzos para cambiar su política de comunicación, ahí está el impulso a la Ley de Acceso a la Información Pública, que con todo y sus limitaciones representa un avance. Ahí está también la cesión del Premio Nacional de Periodismo a un grupo independiente de expertos, pero evidentemente en la relación gobierno-medios, no todo está resuelto. El problema de esta relación, peligrosa, a veces perversa, es, en todo caso, de fondo y no de forma. Vayamos a los cambios de fondo para corregir lo que se deba teniendo como eje el máximo respeto a la libertad de expresión. Una relación gobierno-medios madura, inteligente, responsable, respetuosa y, sobre todo, honesta es lo que queremos todos.

Periodista, es conductora de Tere Vale en Radio Fórmula.

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Espejito, espejito, ¿por qué nos hace falta autocrítica?

Jenaro Villamil

El discurso del subsecretario de Gobernación Durán Reveles vuelve a recetarnos un catálogo de buenas intenciones, de medidas a medias y de propósitos que no se contrastan con la cruda realidad en materia de comunicación política ni con los hechos que han dominado a lo largo de menos de dos años de administración foxista. Existe en el discurso una severa falta de autocrítica que nos hace pensar en un documento más de propaganda en favor de la Secretaría de Gobernación y no de un verdadero diagnóstico que aborde las dificultades, reconozca las carencias y establezca nuevos lineamientos políticos.

Ni por asomo el subsecretario plantea uno solo de los recientes problemas de comunicación (el discurso de Fox contra los críticos, el telefonazo de Fidel, el descontento por la reforma fiscal, etcétera). A cambio, Durán Reveles nos receta varias frases hechas como aquella de que "tenemos como objetivo informar eficazmente" o "se ha respetado irrestrictamente la libertad de expresión y el trabajo de los medios de comunicación". Por contraste, lo que persiste es el esquema antidemocrático de los medios y de los fines de la comunicación política. La incapacidad para generar y promover una opinión pública mejor informada, confundiéndola con opinión publicada o con marketing son algunas de las críticas más generalizadas que se le han hecho a la actual administración.

Durán Reveles dice que se ha avanzado en medidas jurídicas ­como la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública­ que aún requieren pasar por la dura prueba del ácido de la verdadera puesta en marcha. Se menciona el establecimiento de las siete mesas de trabajo para reformar la Ley Federal de Radio y Televisión, pero evade señalar que esta reforma no pasará en la presente administración por el evidente veto de los intereses corporativos de los concesionarios y por la falta de compromiso gubernamental para democratizar y diversificar sus propios medios públicos.

El subsecretario ni siquiera se atreve a realizar un planteamiento en favor de un órgano regulador de los medios concesionados (radio y televisión) que incorpore a integrantes de la sociedad civil y sirva como contrapeso a la relación de favoritismo que ha prevalecido con el duopolio televisivo. El subsecretario menciona que para este año se establecieron "normas y lineamientos generales para las erogaciones destinadas a publicidad, publicaciones oficiales y, en general, todas aquellas referentes a la comunicación social". Habla de un esfuerzo descentralizador y argumenta que gracias al tiempo fiscal de 12.5% se han programado "alrededor de 500 campañas oficiales". No existe el menor análisis cualitativo de este presupuesto. Por ejemplo, se evade mencionar que de los cuatro mil 200 millones de pesos que la Cámara de Diputados le aprobó al Ejecutivo federal para este rubro, ni siquiera 10% se destinarán a los medios públicos (Canal 11, Canal 22, Notimex, Imer, etcétera). No hay una consideración crítica sobre la necesidad de que prevalezca o no el esquema de "pago en especie" de los concesionarios ni mucho menos existe un compromiso para permitir que a través de ese tiempo se utilice no sólo para "campañas oficiales" o de los organismos públicos descentralizados. ¿Dónde quedó la función educativa en la tarea de comunicación social?

En el fondo, el discurso de Durán Reveles, con todas sus buenas intenciones y planteamientos, persiste en una vieja confusión: creer que la comunicación pública es la comunicación gubernamental y, peor aún, que los medios y recursos son medios y recursos del gobierno en turno y no del Estado en su conjunto. Desde esta óptica son inexistentes las carencias y dificultades para informar y para responder a la crítica. Y esto nos lleva a recordar la vieja fábula de la bruja de Blancanieves y el espejito. "Espejito, espejito, ¿quién es la más bonita?", preguntaba la bruja con el claro interés de que el jefe de comunicación en turno le dijera "tú mi bien intencionada".

Es periodista. Colabora en La Jornada.