Aleida Calleja
No pasó ni un mes de la última entrega de permisos a las radios comunitarias por parte de la SCT, cuando empezó otra
vez su descalificación por la vía de confundirlas con medios clandestinos y piratas e involucrarlas con intereses
"oscuros" porque la mayoría están en zonas rurales y empobrecidas por lo que son caldo de cultivo para la guerrilla y el
narcotráfico. O sea: la población empobrecida y vulnerable es, en el actual contexto nacional, también sospechosa.
En un escandaloso titular, el 19 de enero el periódico
Crónica publicó en portada la existencia de 124 emisoras
"ilegales" que operan a lo largo y ancho del país, e incluso califica de "clandestinas" a radios comunitarias que ya son
permisionarias y con ello tienen el reconocimiento legal para su operación y desarrollo. Además, el diario intentó vincular a las
radios comunitarias con proyectos partidistas que nada tienen que ver con los principios y el quehacer de las radios
comunitarias, pues ni el proselitismo religioso o partidista casan con los principios y deber ser de un medio comunitario, en tal
caso serían medios religiosos o partidistas, pero no comunitarios.
Al confundir conceptos, cifras y fechas, ese periódico afirma irresponsablemente incluso que las radios son
manejadas por las presidencias municipales del PRD, y nombra a Mazatlán Villa de Flores, Oaxaca, específicamente a Radio
Nandía, que recibió su título de permiso el 22 de diciembre. El presidente municipal envió una carta aclaratoria al periódico
donde establece que esa comunidad se rige por el sistema de usos y costumbres y que su elección había sido en la
asamblea comunitaria por lo que él no tenía filiación partidista.
Crónica no publicó su aclaración.
La intención es clara: revertir a toda costa la emisión de los permisos faltantes para las radios comunitarias y echar
para atrás cualquier intento por sentar bases para su reconocimiento. Al más viejo estilo de los años 60 se intenta recurrir a
la conjura comunista.
Los adversarios de las radios comunitarias no tienen más recursos que acusar y denostar, porque no tienen ni
argumentos ni pruebas en contra de ellas. En cambio las radios comunitarias sí han exhibido su vocación de legalidad.
Quienes dicen contar con pruebas de que hay emisoras que sirven a intereses del narco o la delincuencia
organizada, tendrían que hacer la denuncia correspondiente, pues de otra manera serían cómplices de tales delitos.
No hay disyuntiva para aplicar el Estado de derecho: a aquellas emisoras con vocación de legalidad y que prestan
un servicio público hay que darles una respuesta institucional, a aquéllas que sólo tienen como fin lucrar o servir a
fines ilícitos, hay que aplicar la ley.
Antes de llamar a una cacería de brujas para cerrar a todas las emisoras, primero hay que dar respuesta a las que
han solicitado permiso. Aplicar la política de tabla rasa ha sido tan grave, como el caso de la radio Jën Poj, de Santa
María Tlahuitoltepec, Oaxaca. Ésta fue denunciada por el Ejército como emisora "clandestina", y el 7 de agosto de 2002
con fuerzas policíacas y lujo de violencia la SCT la cerró y confiscó todo su equipo. A dicha emisora la SCT otorgó su título
de permiso el 6 de diciembre; durante la entrega los propios funcionarios de esa dependencia reconocieron que es una
radio de fines muy nobles.
Sigue pendiente el cumplimiento de la promesa del gobierno federal de dar los permisos a las radios que lo
solicitaron y que cumplieron con los requisitos.
No hay mejor manera de asegurar el Estado de derecho y evitar que grupos ilícitos utilicen el espectro
radioeléctrico nacional, que con el establecimiento de reglas claras y la atención a las demandas legítimas de los grupos ciudadanos
que, con transparencia y apego a la ley, piden se haga realidad la aspiración de contar con sus propios medios.
Efectivamente muchos de estos grupos están en lugares muy pobres y que no son de interés para la industria, por lo que tienen que
atender a sus necesidades de información. Aplicar la sospecha a quienes de suyo están fuera de los mínimos de desarrollo
y bienestar profundiza la ya tan dolorosa injusticia social en nuestro país.
* * *
Sin vergüenza
"Por toda su obra, por todo su alcance y diversidad, las miles de emisoras de radio y televisión privadas, libres, legalmente
establecidas en América Latina, son un nítido ejemplo de medios de comunicación comunitarios y populares, o sea, nosotros, los que damos
este servicio, somos los medios realmente comunitarios y populares."
Emilio Nassar, en el noticiero de Radio Fórmula con Joaquín López-Dóriga, 19 de enero.
Diciembre 2008
