José Carreño Carlón
El presente y el futuro de la comunicación pública en México y Latinoamérica parecería limitado a un mapa de confrontación, con el enfrentamiento de dos modelos igualmente despóticos:
El despotismo del poder de los grandes medios de comunicación, enfrentado a los poderes políticos constitucionales, por un lado, y el despotismo del poder político autocrático, populista, resurgiendo de nuestras tradiciones latinoamericanas, para someter toda posibilidad de equilibrio por parte de otros poderes, incluyendo el de los medios.
Esa polarización, naturalmente, deja en el vacío vastas zonas de oportunidad para la exploración de alternativas en un nuevo mapa en el que pudiera considerarse el importante papel de los medios incluyendo los más poderosos en el acotamiento de los tradicionales poderes públicos autocráticos y de los liderazgos iluminados en nuestra región, al lado del importante papel de los actores políticos y sociales que insisten en la construcción de normas tendientes a mantener a esos (más poderosos) medios en los límites que les marcan los derechos de la sociedad, de los particulares y de los actores (políticos, económicos, culturales, religiosos) involucrados o afectados por los procesos informativos y comunicativos.
Una instantánea del panorama latinoamericano mostraría dos grandes modelos: el de los fragmentados, diluidos poderes políticos subordinados a los grandes poderes mediáticos cohesionados, que correspondería al México de hoy, en un extremo, y en el otro, el de un poder político fortalecido sometiendo a una serie de condicionamientos a los poderes mediáticos conforme a los cánones de los tradicionales regímenes
autocráticos latinoamericanos.
Miguel Henrique Otero, director de El Nacional de Caracas, durante su estancia en Monterrey a propósito de la entrega del Premio de Nuevo Periodismo Iberoamericano que alienta Gabriel García Márquez, alertó a los mexicanos sobre el modelo del presidente Hugo Chávez al recordarles, con su resurgimiento en Venezuela, esos cánones que han regido la política y la comunicación mexicanas y latinoamericanas en todos los tiempos: el control presidencial del Poder Legislativo, de los tribunales, de las funciones de procuración de justicia y del órgano de control de los procesos y las controversias electorales. Y en lo que se refiere a la relación del poder público y los medios, el propio director de El Nacional enumera los principales componentes de la estrategia "informativa" del presidente venezolano en la más antigua tradición latinoamericana:
1) Transmisión de mensajes en cadena obligatoria a todas las frecuencias de radio y televisión unas 500 horas, dice, en los anteriores dos años de conflictos relacionados con los condicionamientos y aplazamientos del referéndum revocatorio.
2) La descalificación sistemática que hacen el Presidente y sus seguidores contra medios y periodistas críticos.
3) 750 agresiones físicas contra periodistas e instalaciones mediáticas, en un año, en primer lugar contra El Nacional.
4) Nuevas normas y prácticas de acoso fiscal contra las empresas informativas.
5) Concentración de la publicidad oficial destinada a los medios impresos en uno solo de ellos, adicto al Presidente (Últimas Noticias).
6) Creación de medios gubernamentales impresos y audiovisuales, en uno de los cuales el Presidente dirige su propio programa, Aló, Presidente, con duración de varias horas.
7) La instauración de un centenar de juicios contra periodistas ocho sobre una sola reportera especialmente señalada por publicar informaciones incómodas contra el Presidente juicios, todos ellos, encausados dentro de un sistema judicial en que el propio Presidente ha nombrado a 90% de los jueces.
8) Clausura de las fuentes informativas oficiales a los medios críticos y ausencia de normas y mecanismos para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública así como, finalmente,
9) La iniciativa en curso de una legislación para regular los contenidos informativos y editoriales a través de una llamada ley de responsabilidad social de los medios.
En el otro extremo, en México, por otra parte, se puede afirmar en términos más ceñidos a las propuestas del Poder Político Diluido, del profesor español Jesús Timoteo Álvarez que ha retrocedido el control presidencial sobre las funciones y los poderes Legislativo y Judicial, así como sobre los órganos que rigen los procesos y las controversias electorales y sobre los espacios de la comunicación pública, en especial, los medios.
Y si bien estos poderes no han ganado en transparencia lo que han ganado en independencia, en lo que se refiere a la relación del poder público y los medios, la crítica mayor a la nueva situación se dirige a la debilidad del poder político frente a los medios de mayor influencia y la tendencia de estos medios a ocupar el lugar de los órganos y de los espacios constitucionales de deliberación y toma de decisiones públicas.
Pero el diagnóstico para México es menos unitario que para Venezuela. Mientras el poder público federal aparece conforme o conciliado o convencido de las limitaciones del modelo de poder público diluido, con el presidente Fox, del partido histórico de la derecha a la cabeza, en el campo contrario, con el alcalde de la capital de la República, Andrés Manuel López Obrador, del partido que agrupa a las fuerzas de la izquierda a la cabeza, aparece un liderazgo carismático más cercano al modelo del Presidente de Venezuela, consolidado ya en una de las regiones más pobladas del país y en proceso de construcción de una candidatura presidencial de la nación.
Y así, mientras el Presidente de la República tiene un programa semanal de poca audiencia en una sola de la decena de grandes y medianas cadenas de radio, programa que no despierta expectativas de información porque el propio gobierno federal satura toda la semana los espacios informativos sin orden ni concierto y, sobre todo, sin eficacia, el gobernante de la capital tiene una conferencia de prensa diaria y despierta la expectativa de los medios en la medida que el jefe de gobierno es a la vez el vocero prácticamente único de su gestión, de sus proyectos, de sus fobias y de sus filias en el esquema tradicional de los rasgos autocráticos de los gobernantes latinoamericanos.
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Ilustración: Charles Foster-Hall |
Y si bien carece del poder para imponer la transmisión de mensajes en cadena a las redes de mayor alcance nacional en el modelo venezolano, el modelo mexicano le ofrece uno de sus rasgos más arcaicos para obtener efectos similares: la compra discrecional de espacios publicitarios en los grandes medios. Esta colocación de publicidad, sistemática y discrecional, por parte del gobierno (o de los gobiernos, en nuestro caso, los locales y el federal) es algo inusitado en las democracias. Y este arcaísmo se fortalece en México al amparo de otro arcaísmo: la falta de transparencia, que se ha mantenido junto a la independencia ganada por los medios, en sus relaciones con sus fuentes de información y de una parte importante de sus ingresos. En efecto, los gobiernos realizan con los medios arreglos verbales y convenios que incluyen con las transferencias de recursos a cambio de la colocación de los mensajes propiamente pagados condiciones que influyen en el tratamiento informativo del que paga, por ejemplo, entrevistas a modo, coberturas especiales en los noticiarios, etcétera. Un arcaísmo más se suma en el caso del gobierno del Distrito Federal: se trata del gobierno regional que ocupa el último lugar en el país en instrumentación de las legislaciones de derecho de acceso a la información pública, lo que le permite no sólo mantener en secreto, entre otras informaciones elementales, por ejemplo, las referidas a los costos de la obra pública, sino que también le permite ocultar los términos de aquellos convenios de transferencia de recursos públicos a los grandes medios y las condiciones pactadas para el manejo informativo.
Ante esta situación, igual que en la última década del franquismo, los espacios académicos, apoyados en empresas privadas de servicios informativos, que incluyen los de monitoreo de medios, y en investigaciones independientes de medios especializados como etcetera, han empezado a recabar y sistematizar informaciones que los medios y el régimen han mantenido en la opacidad.
En España, desde la Universidad de Navarra, el profesor Alfonso Nieto terminó por establecer, con base en una serie de acuciosas investigaciones, la circulación efectiva y los verdaderos tirajes de los periódicos dato que permanece oculto para los mexicanos de la democracia.
En cambio, con el Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana a la cabeza, en el México de hoy cobra cada vez más relevancia la investigación académica sobre la publicidad política pagada de los gobiernos y las grandes transferencias de recursos públicos a los medios, así como su cotejo con los tratamientos informativos y con los grados de aprobación de la gestión y de popularidad de los gobernantes.
Entre las investigaciones en curso, por ejemplo, un estudio realizado con las limitaciones del espacio académico, pero con diversos apoyos de monitoreos externos para cotejar la calidad de los datos, el Programa Comunicación, Derecho, Democracia, de la UIA, cuenta ya con registros de centenares quizá pasen de mil spots pagados y difundidos en los meses más recientes por el gobierno del Distrito Federal y de promoción de su titular, una cifra que se incrementa a partir de la caída de los índices de aprobación y de popularidad del gobernante, atribuida a los escándalos de corrupción de sus allegados. Entre los primeros hallazgos llama la atención que cerca de 40% de los impactos publicitarios se colocan en las principales redes nacionales, es decir, no se trata sólo de promoción del gobierno y de su titular en su ámbito territorial, sino de una campaña política de alcance nacional.
Respecto de los costos, la discrecionalidad de las relaciones comerciales entre aquellos medios y gobiernos y la opacidad de la información de este gobierno regional impiden el acceso a los montos de la facturación, pero conforme a lista de precios sin los descuentos frecuentes en compras de estas magnitudes se cuantifican cifras millonarias con cargo a los contribuyentes de la capital del país.
Quizá más relevante para los fines del análisis de los condicionamientos informativos por los poderes públicos, las empresas más favorecidas comercialmente por estas operaciones son las que suelen otorgar el tratamiento informativo más favorable a este liderazgo carismático en formación, incluyendo la transmisión en vivo, por una de sus estaciones de radio, de una gran manifestación por la calles de la ciudad de México, realizada el 29 de agosto, en contra del procedimiento de desafuero a que está sujeto ahora este gobernante por desacato a un mandamiento judicial.
Estos datos no sólo podrían poner de relieve un desvío de recursos públicos a fines de promoción política personal, sino que ya, en términos de estrategias de comunicación política, están agregando un elemento de distorsión a las normas sobre topes de gastos en campañas y precampañas electorales.
Por ahora, estos intereses recíprocos mantienen unidos a los dos modelos de control despótico de audiencias y electores, como estuvieron en Venezuela hasta finales del siglo pasado.
Pero se puede trazar un posible paralelismo entre los casos venezolano y mexicano en una ruta de conflicto. En Venezuela se pasó:
a) de un periodo de descomposición, autodestrucción, fragmentación y desvanecimiento del poder público (1988-1998) al lado de un significativo fortalecimiento del poder de los medios;
b) a un entendimiento de algunos de los medios más influyentes con un liderazgo carismático en formación al que contribuyeron significativamente a encumbrar (1998);
c) a la consolidación de ese liderazgo con sus tendencias y rasgos autocráticos;
d) a la ruptura entre ese liderazgo, una vez afianzado en el poder político con sus propias bases clientelares-populares de sustentación, por un lado, y por otro, el poder de los medios, a la cabeza de los estratos medios y altos, resistentes a las estructuras, los estilos y las personalidades autoritarias a que dan lugar en nuestros países los liderazgos autocrático populistas (2001-2004);
e) a la incertidumbre sobre la relación del poder de los medios y el poder político tras el resultado del referéndum revocatorio de agosto pasado.
En México se ha pasado, en paralelo, de:
a) procesos de liberación de los controles tradicionales del poder público sobre los medios, en el marco otra vez, más ceñido a la propuesta de profesor Álvarez de profundos procesos de privatización en diversos campos, los más significativos para este cotejo, en el de las comunicaciones y las telecomunicaciones (a lo largo de los 90),
b) acompañados de un periodo, en algunos aspectos comparable al de Venezuela, de
descomposición, autodestrucción, fragmentación y desvanecimiento del poder público (de 1994 en adelante),
c) al lado de un significativo incremento del poder de los grandes medios, que cambió la correlación de fuerzas, en favor de estos medios, dentro de las tradicionales relaciones de colusión entre el poder público y el poder mediático;
d) a expresiones crecientes de dirección del poder mediático en los procesos de toma de decisiones y en la construcción o el aniquilamiento de opciones político electorales,
e) a la incertidumbre sobre el futuro de la relación entre el poder mediático y el poder político en el curso de un intenso y cambiante proceso actual de tensiones, desencuentros, renegociaciones, especialmente frente a la opción de continuidad del modelo de poder público diluido propio de la fase llamada de la democracia postrepresentativa, por un lado, y por otro, la recomposición de liderazgos autocrático-populistas, a la vista de la formación en México de un liderazgo político carismático con una serie de rasgos similares al que aparece consolidado en Venezuela.
Entre dos despotismos: un panorama ominoso de opciones miserables para el desarrollo de la democracia mexicana.
Cualquiera que sea el resultado de este proceso, repercutirá no sólo en el futuro de las democracias latinoamericanas, sino también en las modalidades que adoptarán las estrategias de comunicación, los espacios de que dispondrán para desplegarse y los derroteros que marcará para el desarrollo de las teorías en este campo.