Avanzan los acuerdos para reformar
la Ley Federal de Radio y Televisión
Carlos Gómez Valero
Apesar de las reticencias de los empresarios de la
radio y la televisión, las dudas del gobierno federal y
la indiferencia de los partidos políticos, la Mesa de
Diálogo para la Revisión Integral de Medios
Electrónicos a la
que convocó, el 5 de marzo de 2001, la Secretaría de
Gobernación avanza con acuerdos que podrían ser
la base de
una reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión, que
recién cumplió 42 años de vigencia.
El 28 de febrero pasado, Manuel Gómez
Morín, titular de Radio, Televisión y
Cinematografía, llamó a los
representantes de los distintos sectores que participan en la Mesa de
Diálogo para presentar públicamente los
resultados de los siete grupos en los que se dividió la
discusión. La convocatoria se dio luego de un prolongado receso
que algunos miembros de la Mesa interpretaron como una deliberada
intención del gobierno para no dar a
conocer las conclusiones.
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Foto: Mario
Aldana Pimentel |
Los acuerdos son producto de los grupos de trabajo
instalados el 25 de abril de 2001 donde estuvieron
representados el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, los partidos
políticos, la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT); el Consejo Nacional para la
Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de
la Comunicación, la Red Nacional de Radiodifusoras y
Televisoras Educativas y Culturales, y organizaciones
sociales que defienden las garantías ciudadanas en materia de
derechos humanos y de comunicación social.
Estos acuerdos fueron firmados y aceptados por
todos los participantes. El informe ejecutivo de los grupos
de trabajo presentado por RTC es el siguiente:
Grupo 1. Principios fundamentales
La legislación debe respetar las
garantías individuales consagradas en la Constitución,
con especial énfasis en
el derecho a la información y a la libertad de
expresión, previstos en el artículo 6. Asimismo, debe
mantener el
espíritu que inspira el artículo 3 constitucional.
El espectro radioeléctrico es propiedad de
la nación y deberá ser administrado por el Estado.
Puede ser objeto
de concesiones o permisos.
Las concesiones y permisos deberán otorgarse con pleno
apego a las normas aplicables, acotando la
discrecionalidad y privilegiando la transparencia.
Grupo 2. Jurisdicción y competencia
Corresponde al Ejecutivo federal, por conducto de
la SCT, el otorgamiento de las concesiones para el
uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico.
Fortalecer la jurisdicción y competencia
de las secretarías de Salud, Gobernación,
Comunicaciones y
Educación Pública en materia de radio y TV.
Grupo 3. Participación social y derechos
ciudadanos
Establecer el derecho de réplica en los
medios electrónicos.
Se propone la creación de un nuevo
órgano plural que sustituya al actual Consejo Nacional de
Radio y
Televisión, como responsable de cuidar el cumplimiento de la
ley. Respecto de las características del órgano, existen
dos propuestas: 1) desconcentrado, dependiente de la
Secretaría de Gobernación, 2) autónomo con
personalidad jurídica y patrimonio propio.
Dicho órgano estaría conformado por
un representante de cada una de las siguientes entidades
federales: Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
Secretaría de Educación Pública,
Secretaría de Salubridad y
Asistencia y Gobernación; dos representantes de medios
concesionados (en este punto la CIRT considera que debe tener
tres representantes), dos representantes de medios permisionados y
cinco representantes de la sociedad civil organizada.
Incorporar los derechos humanos relacionados con
el ejercicio de las libertades de expresión e
información
de los ciudadanos, con el fin de garantizar el derecho a la vida
privada y a la intimidad, así como la pluralidad y
la diversidad en la programación.
Acceso de las organizaciones sociales a los
medios electrónicos de comunicación a través de los tiempos de Estado.
Grupo 4. Concesiones y permisos
Acotar la discrecionalidad y favorecer la
transparencia en los procesos de otorgamiento, refrendo y
revocación de concesiones y permisos. Al respecto se propone
contar con reglas concretas y específicas que sean del
conocimiento público.
Por ser medios de naturaleza diferente, los
requisitos para concesiones serán distintos de los permisos.
Las concesiones y los permisos deben ser refrendados
siguiendo un procedimiento específico y transparente
que se establezca en la ley, y comprenda la evaluación del
comportamiento de la concesión o el permiso, es decir,
que este tipo de actos administrativos se conviertan en actos reglamentados.
La vigencia de las concesiones y permisos y sus
refrendos sea lo suficientemente amplia para garantizar
la viabilidad de los negocios o de los proyectos, para lo cual deben
tomarse en cuenta las experiencias
internacionales que en promedio marcan de ocho a 15 años.
Asimismo, se señala que deben existir causales claras para la
revocación de una concesión o permiso.
Grupo 5. Programación
En relación con los tiempos fiscales, se
propone eliminar el pago en especie, sin que esto signifique la
eliminación de la obligación fiscal. En caso de
permanecer la modalidad del tiempo fiscal, deberá cumplirse
cabalmente
lo establecido en el decreto presidencial del 31 de diciembre de
1968. (La CIRT se manifiesta por la eliminación
del tiempo fiscal.)
El grupo se pronunció en contra de todo
tipo de censura.
En relación con el tiempo de Estado, se
propone que se cumpla cabalmente lo establecido en el artículo
59
de la Ley Federal de Radio y Televisión y el artículo
52 de su Reglamento. Asimismo, se propone definir en la LFRyT
las formas de administrar los 30 minutos del Estado entre los tres
poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial),
órganos autónomos y la sociedad. Que la autoridad
determine los horarios de transmisión, mismos que serán
obligatorios para los concesionarios. (En este punto, la CIRT se
manifestó en favor de que la ley quede como está y la
autoridad siga negociando los horarios de transmisión.)
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Foto: Gustavo Guevara |
Establecer un Sistema de Información de
Contenidos que informe ampliamente al público sobre el
contenido
de las transmisiones. La programación de los medios
electrónicos debe vigilar que los derechos de los niños
sean respetados cabalmente. En cuanto a la protección de
grupos vulnerables, proponen el cumplimiento a cabalidad
de los artículos 5 y 59 bis de la LFRyT. (Los representantes
del PAN y la asociación A favor de lo mejor
proponen establecer dentro del organismo supervisor una
comisión especializada de "Protección a
niños y jóvenes"
integrada por pedagogos, psicólogos y maestros.)
Las sanciones económicas deben ser en
salarios mínimos y multiplicarse en caso de reincidencias.
Dichas
infracciones serán registradas en el expediente de
desempeño de cada concesión o permiso, el cual
será evaluado
para los refrendos.
Se deberá establecer diferencias entre
publicidad y patrocinio.
Grupo 6. Medios de Estado
Preservar en la Ley Federal de Radio y
Televisión la jurisdicción federal sobre todo lo
relativo a la radiodifusión.
Suprimir de la LFRyT el término de medios
"oficiales", sustituyéndolo por medios de servicio
público.
Integrar a la LFRyT la función, objetivo y
regulación de los medios de servicio público.
Los medios públicos se definirán
como organismos que se constituyen como un sistema de
comunicación
de servicio público cuyas funciones son: respetar la libertad
de expresión, el derecho a la información, fomentar
el desarrollo social, cultural y educativo; difundir la pluralidad y
diversidad política, social y étnica; dar cabida a
las demandas de la sociedad de equidad y justicia social; fortalecer
la identidad y la integración nacional y regional.
(La CIRT considera que los medios públicos o del Estado nos
remiten a las atribuciones que tiene el Estado para
cumplir su función social.)
Las instituciones u organismos públicos
con concesión pública o permisos para instalar y
operar estaciones
de radiodifusión deberán contar con personalidad
jurídica propia, presupuesto público y autonomía
presupuestal
y administrativa.
Los medios públicos podrán generar
ingresos por concepto de patrocinios, donativos o servicios de
producción. (La CIRT se opone a los patrocinios.)
Grupo 7. Competencia económica
No se llegó a un acuerdo sobre si la
competencia económica en radio y televisión debe estar
normada en la
Ley Federal de Radio y Televisión.
En términos generales, el informe refleja
los acuerdos a los cuales llegaron los grupos, excepto los del 7,
que recoge la posición de la CIRT, pero no de la de los otros
representantes.1
Sin duda, hay que resaltar la disposición
del presidente Vicente Fox para convocar a esta Mesa de Diálogo
y consultar a todos los sectores interesados; sin embargo,
también es menester señalar que esto no es
garantía
de que la ley se vaya a reformar. Ello depende de muchos factores:
Que el Ejecutivo federal mantenga su compromiso
por concretar los resultados de la Mesa en una iniciativa y
la envíe al Poder Legislativo.
Que los representantes del Poder Legislativo en la
Mesa se involucren más en la discusión, para que cuando
la iniciativa llegue al Congreso no sólo conozcan el contenido
de las propuestas, sino que hagan trabajo de
cabildeo entre los grupos parlamentarios.
Que los empresarios de la radio y la
televisión mantengan su buena disposición al
diálogo y defiendan sus
intereses económicos, pero reconociendo y respetando los
derechos de los ciudadanos.
Que los partidos, además de sus
discusiones internas, pongan atención a los grandes temas
nacionales
e impulsen la reforma a esta ley trascendente para el desarrollo del
país.
En la Mesa, los principales partidos tienen un
espacio, pero el único que realmente se ha presentado a
las discusiones y planteado propuestas ha sido el PAN. En debates
anteriores el PRD participó activamente, pero en
éste estuvo ausente, es lamentable en virtud de que al menos
en la LVI y LVII legislaturas hubo coincidencias con el
PAN e incluso presentaron en 1997, junto con el PT, la Iniciativa de
Ley Federal de Comunicación Social, que no pasó
por la oposición del PRI, cuya posición en el actual
debate aún no parece definida.
Que los grupos parlamentarios de la Cámara
de Diputados diseñen una estrategia para analizar las siete
iniciativas de reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión
presentadas desde abril de 1997 y determinen cuáles
propuestas podrían incluirse a la actual discusión.
La definición de los cambios al marco
jurídico de la radio y la televisión es un factor toral
para llevar a buen
término la transición. Esperemos que los compromisos
con el avance democrático que todos los actores
políticos
han expresado se refleje en éste y otros temas de importancia
para México y prevalezcan por encima de los
intereses particulares y partidistas.
Diciembre 2008
Cambios, medios y transición
