José Antonio Gurrea C.

Sobre advertencia no hubo engaño y aquí denunciamos en abril pasado uno de los primeros saldos de la disputa por los medios en el contexto electoral.

El permiso que Santiago Creel entregó a Televisa, a finales de mayo, para la apertura de 130 centros de juego, será utilizado además por el consorcio para transmitir apuestas tanto por la red de televisión abierta como por el sistema restringido. La ambigüedad del Reglamento de la Ley de Juegos y Sorteos y del propio permiso así lo permite aunque también ahí, y en el enojo que esto suscitó en la llamada opinión pública, está la posibilidad de que los permisos sean revocados.

Cierren las puertas, señores

Las modalidades aún no están bien definidas, pero es muy probable que al principio Televisa promueva el bingo por televisión. La empresa -que hace apenas un año calificó a los centros de juego como "lugares de vicio"- pondría en marcha el sistema distribuyendo las tarjetas en sus publicaciones. El público participaría a través del teléfono o en televisión digital. El modelo, confiaron algunas fuentes de ese poderoso consorcio a etcétera, sería similar al utilizado en Argentina, donde los domingos por la noche se transmite un bingo en el programa de televisión Súbito show.

Abrir los juegos de azar al grueso del público, incluidos menores de edad porque el permiso no contempla regulación alguna, sin duda es un riesgo. Sin embargo, constituiría la forma más rápida para Televisa de incursionar en este rubro, y también la que generaría mayores ganancias de manera expedita, dado que si la televisora desarrolla los 130 centros de juego tendría que invertir entre 160 y 190 millones de dólares, de acuerdo con algunos análisis financieros. Además, el programa de apertura establecido en el permiso comprende un periodo de ocho años.

En el caso de los juegos de azar en pantalla, la inversión sería mínima y las ganancias cuantiosas, como lo demuestra la proliferación de los telesorteos en Televisa y TV Azteca.

En una empresa donde la rentabilidad está incluida dentro del código de ética como un valor fundamental para "alcanzar nuestra misión", no habrá razón o argumento que detenga sus planes, a no ser que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare inconstitucional el reglamento en la materia.

Crónica de una entrega anunciada

En abril etcétera reveló que Televisa buscaba instalar casinos en sus pantallas en 2006; entonces el contexto parecía favorable para el consorcio: la Cámara de Diputados discutía una nueva ley de juegos y sorteos. Sin embargo, los políticos desestimaron la denuncia. Incluso legisladores especialistas en el tema como Humberto Gutiérrez de la Garza negaron que el proyecto fuera viable. Desconocían que esa empresa estuviera interesada en incursionar en los juegos de azar.

"No tenía conocimiento del interés de Televisa. Sí, dicen cosas, pero por filtraciones, nada más. No veo que existan las condiciones...", dijo en abril pasado a esta revista el citado diputado priista.¹

La clase política hubiera podido presionar para evitar la entrega de los permisos, sin embargo, no movió un dedo.

Pese a que la ley no fue aprobada, a finales de mayo la Secretaría de Gobernación, seis días antes de que renunciara Santiago Creel, se amparó en un cuestionable reglamento para otorgar a la empresa Apuestas Internacionales, S.A. de C.V., cuya estructura accionaria se conforma por Televisa Juegos y Televisa S.A., el permiso para abrir 65 locales en 29 entidades del país donde se podrán establecer el mismo número de centros de apuestas remotas (books) y de salas de sorteos de números (bingos).

Durante varios días la controvertida cesión a Televisa se mantuvo en secreto hasta que el jueves 9 de junio, gracias a una filtración a los medios, el asunto saltó a las primeras planas. El hecho fue cuestionado por analistas, políticos de oposición e incluso correligionarios de Santiago Creel. Las sospechas recayeron sobre él, de quien se dijo que había otorgado los permisos a cambio de apoyo mediático. Otros más comentaron el uso arbitrario y patrimonialista del poder, "como en los tiempos del PRI", o las grandes ganancias que le esperan a Televisa.

No obstante, la mayoría de los analistas (salvo Raúl Trejo y Javier Corral) no captó un asunto también fundamental. La posibilidad de que los juegos de azar se transmitan por las pantallas de Televisa. La ambigüedad del reglamento y del permiso así lo admite. En su artículo 85 el reglamento dice que las apuestas en los establecimientos autorizados por el gobierno federal pueden ser captadas "vía Internet, telefónica o electrónica". La referencia a la vía "electrónica" es tan amplia que abre la eventualidad de que los televidentes puedan enviar sus apuestas a través de sistemas digitales de televisión. Y algo similar se encuentra redactado en la trigésima cuarta cláusula del permiso: "En los centros de Apuestas Remotas se podrán captar apuestas vía Internet, telefónica o electrónica".

"El permiso que recibió aparentemente no autoriza a Televisa, de manera expresa, para que organice apuestas por televisión. Pero varias ambigüedades del reglamento de septiembre pasado podrían ser interpretadas de manera favorable a ese propósito del consorcio (...) Televisa no sólo podría instalar 130 casas de juego. Además, en una interpretación discutible pero factible, podría considerar que tiene la anuencia gubernamental para utilizar sus canales de televisión en la promoción, difusión y captación de apuestas", escribió Trejo Delarbre.²

Las mil y una inconsistencias

Con el afán de eludir su responsabilidad en el otorgamiento del permiso a Televisa, en las últimas semanas el ex secretario de Gobernación cayó en contradicciones y numerosas inconsistencias. Éstas son las más importantes:

a) Creel adujo que la entrega de los permisos era competencia de un "consejo ciudadano". Pero ese "consejo" no es ciudadano, se trata del Consejo Consultivo de Juegos y Sorteos, un órgano que entre sus funciones tiene la de "emitir opinión respecto de la expedición de permisos en materia de juegos con apuestas y sorteos", pero no tiene atribuciones para otorgar permisos.

El consejo se integra por siete personas, pero sólo tres votan. Son funcionarios de Gobernación: el subsecretario de Gobierno (que además lo preside), el titular de la Unidad de Gobierno y un miembro del comité jurídico de la secretaría. Se compone además por cuatro invitados permanentes: el titular del órgano interno de control en la secretaría y tres miembros de la sociedad.

La presunta ciudadanización del consejo es una simulación, pues los invitados tienen sólo derecho a voz; además de que son designados por el titular de la secretaría.³ Por cierto, uno de ellos (Emilio Carrillo Gamboa) es integrante del Consejo de Administración de Sky (los otros dos son Eduardo Barroso Alarcón -ex subsecretario de Operación Turística, con Leticia Navarro- y director del grupo hotelero Posada, así como Jorge Luis Ibarra Mendívil, secretario general de la ANUIES), lo que contraviene claramente al propio reglamento expedido por el gobierno federal.⁴

b) Una semana después, para Creel el responsable directo no era ya el "consejo ciudadano", sino Ezequiel González Matus. "El responsable de esa área es quien está a cargo de la Dirección de Juegos y Sorteos. El secretario tiene información agregada, general, de los procesos internos de la secretaría, pero los detalles y las responsabilidades las fija la ley y el reglamento, no el secretario".⁵

Es inverosímil que un funcionario menor decidiera por sí mismo, además de que legalmente el artículo cuarto del reglamento de la SG establece que la representación de esa dependencia y las facultades que las leyes le confieren corresponden originalmente al secretario del ramo.

No sólo eso. Quien fungía como titular de esa dirección (hasta el cierre de esta edición -23 de junio- desconocemos si todavía despacha en Gobernación, pues desde el día en que se dio a conocer la operación sus secretarias aseguran que está de "vacaciones") nunca se caracterizó por su autonomía. Quien esto escribe se comunicó con él en la primera semana de abril pasado para conocer su opinión respecto de la revelación de etcétera. González Matus respondió que a él le gustaría hablar, pero que "lamentablemente yo no tengo autorización, usted debe comunicarse a la Dirección de Comunicación Social de Gobernación, para que ellos me autoricen a hacerlo".

(En Comunicación Social, por cierto, Jorge García, de la oficina de Gonzalo Altamirano Dimas, entonces vocero de Creel, respondió que no hablarían del tema hasta que el Congreso tomara una decisión respecto de la ley que se discutía en la Cámara de Diputados. "Es por respeto al Poder Legislativo", dijo. Era tal el respeto a la división de poderes que precisamente por aquellos días comenzó la repartición de permisos amparados bajo un reglamento que ignoró al Congreso.)

c) Creel también afirmó que el permiso se dio conforme a las normas y reglamentos vigentes. Cierto, la autorización se basó en el Reglamento de la Ley de Juegos y Sorteos, expedido por el Ejecutivo en septiembre pasado. Sin embargo, la Cámara de Diputados interpuso una controversia constitucional contra éste debido a que va más allá de la ley que pretende normar (contiene 170 artículos y la ley sólo 17) e invade (el Ejecutivo) la esfera de competencia que corresponde al Poder Legislativo.⁶ Pese a que la controversia no se ha resuelto Creel otorgó los permisos.

Para el doctor en Derecho José Luis López Chavarría, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, "el reglamento es notoriamente anticonstitucional dado que engloba aspectos que la propia ley no contempla. Sin embargo, en la autorización de Creel difícilmente vamos a encontrar elementos contrarios a derecho, pues la controversia constitucional no tiene efectos suspensivos para el reglamento".

El senador Felipe de Jesús Vicencio expresó a etcétera que "con una resolución pendiente de la SCJN, la prudencia debería de haber prevalecido. Con su premura Creel da la impresión de estar comprometiendo apoyo para sus proyectos personales".

La otra apuesta

Algunos analistas esperan una pronta decisión de la SCJN favorable al Congreso, pues ésta inhabilitaría el permiso de Televisa. Se basan en un antecedente: "la expedición del reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica cuyo escenario rebasaba el marco del ordenamiento expedido en 1992, en materia de alcance de los particulares en la posibilidad de generación de fluido para autoconsumo y venta de excedentes a la Comisión Federal de Electricidad. La novedad, en este caso, fue que el propio órgano del Poder Judicial declaró a su vez contrario a la Constitución el ordenamiento secundario, al rebasar el alcance del artículo 27 que le concede al Estado el monopolio en la materia".⁷

López Chavarría expuso a etcétera que una resolución favorable al Legislativo no tendría efectos inmediatos. Y es que si la SCJN declara inconstitucional el reglamento, el Ejecutivo podría interponer un amparo. "Mientras la Corte tramita, estudia y resuelve, el año político ya transcurrió y los propósitos de Creel habrán cumplido su cometido".

El reglamento fue expedido no sólo para presionar la aprobación de la Ley de Juegos y Sorteos que permite la instalación de casinos en México, sino también para darle sustento legal a la entrega de los permisos.