Adrián Ortiz Romero Cuevas
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Foto: Cuartoscuro/Max Nuñez |
Los oaxaqueños hemos enfrentado una oposición sistemática al libre ejercicio del derecho a saber. A pesar de que en el ámbito federal y en la mayoría de las entidades del país ya son vigentes y positivas sendas normatividades en materia de transparencia y acceso a la información, aquí el proceso legislativo y político por el que se ha tenido que transitar para contar con una ley en materia ha sido largo, complejo y relativamente provechoso. Ahora que ya se habían percibido señales de avance, nuevas circunstancias pusieron en entredicho no sólo la cabal aplicación de la norma, sino también la conformación y el ejercicio responsable e independiente del Instituto Estatal de Transparencia de Oaxaca.
La ley de transparencia de Oaxaca fue aprobada el pasado 28 de febrero. Abrogó una anterior, aprobada por el Congreso del estado el 16 de septiembre de 2006 y que, por disposición de uno de sus transitorios, debió entrar en vigencia 18 meses después, es decir, el 16 de marzo de 2008. Esa primera ley fue desechada a partir de los señalamientos de especialistas, que coincidían en el hecho de que la norma no contenía los elementos indispensables para el libre ejercicio del derecho a la información.
Así, a través de un convenio signado entre el Poder Legislativo del Estado y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a principios de 2008 fue presentado al Congreso estatal un segundo proyecto de ley, el cual fue aprobado por el pleno el último día de febrero, y publicado en el periódico oficial del estado el pasado 15 de marzo. Con ello, sólo quedaba pendiente la elección, también a cargo del Poder Legislativo, de los integrantes del Instituto Estatal de Transparencia y Acceso a la Información.
Claroscuros
La ley de transparencia de Oaxaca incluyó ciertas innovaciones respecto de la ley federal. Teóricamente, dotó de mayor certeza a la autonomía del instituto, estableció la imposibilidad de mantener indefinidamente la reserva de la información e instituyó diversos mecanismos jurídicos para salvaguardar, ante diversas instancias administrativas y jurisdiccionales, el derecho al acceso a la información de los particulares. De ahí que dicha norma fuera calificada en diversos foros como “de avanzada” en México.
Así, según el artículo 49 de la norma, el instituto debe conformarse por tres comisionados, uno de los cuales habrá de fungir como presidente. El segundo párrafo señala que: “El Gobernador del Estado propondrá por ternas a los Comisionados y el Congreso los elegirá con el voto de la mayoría delos diputados presentes. De la misma forma se designará al Comisionado que deba presidir el Instituto”. Y aunque, en teoría, la ley de transparencia oaxaqueña comprende equilibrio en torno a la conformación del instituto, al involucrar a los poderes Ejecutivo y Legislativo, en la práctica no fue sino la toma de una simple decisión política que, de un solo golpe, puso en entredicho la evolución jurídica de la norma, y potencialmente canceló las aspiraciones de autonomía que el cuerpo legislador pretendía para el instituto. Al final, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo de Oaxaca, únicamente atendieron a criterios políticos para definir la conformación del instituto, y no a los requerimientos profesionales que la misma ley exige para los comisionados.
En efecto, la fracción IV del artículo 51 establece que para ser comisionado se requiere “haberse desempeñado en actividades profesionales, de servicio público o académicas, relacionadas con la materia de esta ley...”. Pero ese precepto, entre otros, fue gravemente desatendido por el gobernador Ulises Ruiz Ortiz y por el Congreso del estado, al designar los encargados de aplicar los preceptos de la ley de transparencia.
¿Independencia política?
Fue en un periodo extraordinario de sesiones en el que los diputados oaxaqueños eligieron a los tres comisionados propuestos por el gobernador. Como presidente del instituto, fue designado Genaro Vásquez Colmenares, acompañado por Raúl ávila Ortiz y Alicia Aguilar Castro. ¿Quiénes son?
Vásquez –hermano del ex gobernador priista, Pedro Vásquez Colmenares– es un militante del Partido Convergencia, quien en la LIX Legislatura 2004-2007, fue electo por la vía plurinominal como diputado. Pero aun cuando el PC ha sido acaso el bloque político que más oposición ha presentado a las decisiones oficiales en Oaxaca, el hoy comisionado presidente del instituto de transparencia fue ampliamente cuestionado por sus compañeros de partido durante su gestión como legislador, por su evidente proclividad a las determinaciones gubernamentales, y por sumarse recurrentemente a las decisiones de la fracción parlamentaria del PRI. De hecho, fue ampliamente ventilado en los medios oaxaqueños el hecho de que su principal promotor para que éste ocupara la titularidad del instituto fue, precisamente, Bulmaro Rito Salinas, quien figuró como presidente de la gran comisión y coordinador de la bancada tricolor en el mismo periodo en que Vásquez fungió como legislador.
Los otros dos comisionados son del mismo modo cercanos al grupo en el poder: ávila Ortiz fueun cercano colaborador del gobernador Ruiz, quien al inicio del sexenio fungió como coordinador de asesores del Poder Ejecutivo, luego figuró durante un corto lapso como coordinador de Comunicación Social del gobierno de Oaxaca, y finalmente, el año pasado contendió, bajo las siglas del PRI para la alcaldía de su natal Santo Domingo Tehuantepec, cargo que perdió a manos de su contraparte del PRD.
Alicia Aguilar es esposa del oficial mayor del Congreso del estado y también ex coordinador de asesores del gobernador Ruiz, Raúl Castellanos Hernández. La única actividad profesional y de servicio público que ha desempeñado en la última década es el cargo de directora de la Casa de la Cultura de la capital oaxaqueña. A ninguno de los tres comisionados se le conoce preparación, participación o relación profesional alguna con aspectos afines al derecho a la información.
La transparencia nace sometida en Oaxaca no sólo a los criterios eminentemente políticos con los que se conformó el instituto, sino también al potencial desconocimiento de la materia de quienes a partir del 21 de julio fungirán como comisionados. Además, hasta el momento no existe certeza alguna de cuál es el nivel de avance en cuanto a la conformación de las unidades de enlace de las dependencias del gobierno del estado, de los comités de información que deben existir en los organismos autónomos y gobiernos municipales, y del instituto mismo.
Por si fuera poco, se reconoce entre los mismos diputados oaxaqueños que al no existir una cultura de la rendición de cuentas y de la conservación de archivos gubernamentales en la entidad, la aplicación de la norma será una tarea titánica para quienes estén encargados de ello. Es decir, aún no existe indicio alguno de que, al final, el acceso a la información será un derecho tangible en Oaxaca.
Octubre 2008
