Hay diálogo, pero no resultados
Aleida Calleja
Debido a la falta de soluciones para que el Estado reconozca y legalice a las radios comunitarias, la
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH), el Centro por la Justicia y el
Derecho Internacional (CEJIL) y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC-México) solicitamos una audiencia
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Ésta fue aceptada y es la primera que la CIDH concede para tratar el tema. Además, ese organismo convocó
al gobierno mexicano a exponer su posición en esa misma audiencia el 3 de marzo en su sede en Washington.
En cumplimiento con los tratados internacionales que nuestro país ha firmado y ratificado, los mexicanos
contamos como garantía en la Constitución con el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información. Sin
embargo, el Estado ha omitido realizar las acciones para que las leyes reglamentarias garanticen estos derechos. En 1999
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió la Recomendación 758, en la que solicita al gobierno
mexicano: "Que promueva la revisión de la legislación reglamentaria de los artículos sexto y séptimo de la Constitución
Mexicana, en una forma abierta y democrática, a fin de que las garantías consagradas en los mismos tengan
vigencia efectiva".
La radio comunitaria es una de las más claras expresiones de la exclusión de los grupos ciudadanos de los
medios electrónicos como instrumento para ejercer su libertad de expresión.
A casi un año del proceso que iniciamos como red de emisoras comunitarias, con las instituciones competentes
en la materia por parte del Ejecutivo federal, para la legalización de las radios, hasta el momento hay diálogo pero
sin resultados. Más allá de las contradicciones y diferencias para abordar el tema entre la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, lo cierto es que el gobierno federal no ha
establecido posturas concretas ante la demanda de los grupos ciudadanos por acceder a frecuencias para operar sus
propios medios.
En agosto pasado durante su visita a nuestro país, el relator especial de la CIDH para la Libertad de Expresión, Eduardo Bertoni, estableció en sus observaciones preliminares respecto de la radio comunitaria que:
"La Relatoría continuará observando y reitera su disposición de colaboración manifestada ante las autoridades y
miembros de la sociedad civil el Estado mexicano, en su función de administrador de las ondas del espectro
radioeléctrico debería promover las reglamentaciones que permitan asignar las frecuencias radioeléctricas de acuerdo a
criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades a todos los individuos en el acceso a los mismos,
pues como ya ha sido expresado por la Relatoría en sus informes aprobados por la CIDH dada la importancia que
pueden tener estos canales de ejercicio de la libertad de expresión comunitaria, resulta inadmisible el establecimiento
de marcos legales discriminatorios que obstaculizan la adjudicación de frecuencias a radios comunitarias".
Durante la audiencia en Washington se establecerá que, más que voluntad política del gobierno mexicano para
que las emisoras cuenten con sus respectivos permisos, es indispensable que se genere el marco normativo para el
acceso de la ciudadanía a los medios, y que en éste se contemplen las radios comunitarias bajo condiciones de igualdad
y equidad que les permitan tener permanencia, y no sesgar el tema a asuntos de baja potencia o poner candados
para su financiamiento que resultan condiciones imposibles para cualquier grupo. En pocas palabras, no tender la
trampa que han realizado otros países de entender a los medios comunitarios como pocos, pobres y pequeños. Ahí está el
reto para que el gobierno actúe en consecuencia y garantice la libertad de expresión.
Diciembre 2008
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