(Apoya el desenfreno de Fox)
José Carreño Carlón
Reclamarles un conocimiento al menos elemental del sistema de frenos y contrapesos checks and balances, aportado por los redactores de la Constitución de los Estados Unidos de América, sería pedirles demasiado a los principales habitantes de Los Pinos.
Menos sensato sería exigirles el manejo de los antecedentes teóricos del modelo: de Aristóteles a
Harrington y de Locke a Montesquieu.
Pero al menos, quizá, se podría pedirles se informaran del hecho de que buena parte del discurso del
partido que los llevó a la cabaña que ahora ocupan se concentró, desde 1939 hasta hoy, precisamente, en una
crítica permanente a la falta de frenos y contrapesos que históricamente ha caracterizado al ciclo presidencialista
del régimen político mexicano.
Ciertamente podría resultar inabordable, para los integrantes de la pareja presidencial, el esfuerzo de
leer alguna historia del PAN, o sus documentos básicos o uno que otro discurso de sus principales ideólogos
y dirigentes, a fin de que pudieran comprobar por sí mismos la consistencia de la prédica panista contra
la concentración del poder en el Ejecutivo, desde la presidencia de Lázaro Cárdenas hasta la de Zedillo.
Y ello podría ofrecer alguna explicación al hecho de que la campaña electoral de Los Pinos, escudada en
las siglas del PAN, no parezca tener más propósito que el de eliminar el todavía joven sistema de frenos
y contrapesos al poder presidencial que, en un sentido moderno, dio sus primeras señales de vida en México
hace escasos 15 años.
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Foto: Cortesía de El Universal |
En efecto, en 1988 y durante el curso de la Legislatura iniciada ese año, de la que incluso formó parte el
hoy Presidente de la República, éste pudo haberse percatado pero ahora nadie podría garantizarlo de
que entonces se hizo presente, por primera vez en varias décadas, el freno al poder presidencial de reformar
la Constitución con la sola fuerza de su partido, gracias al contrapeso que significó, ese año, la integración
de una Cámara de Diputados en la cual el Presidente y aquel partido suyo no contaron ya con la mayoría
calificada requerida para aprobar modificaciones constitucionales por cuenta propia.
En 1997, en su tercer año como gobernador, ya andaba en campaña para jefe del Ejecutivo quien hoy,
en su tercer año de Presidente, continúa en campaña, esta vez con la ilusión de controlar la Cámara de
Diputados. Quizá por ello tampoco se percató en aquel año, ni lo recuerda ahora, que los mexicanos
construyeron entonces, con su voto en las urnas, un nuevo freno al poder presidencial, esta vez, al poder de hacer
aprobar, abrogar, derogar o modificar la legislación secundaria sólo con los legisladores de su partido.
Probablemente alguien podría recordarle que este nuevo freno surgió gracias al contrapeso que significó, aquel 1997,
la integración de una Cámara de Diputados en la cual el Presidente y su partido quedaron en minoría ante la
suma de los legisladores de oposición en ese cuerpo legislativo.
Fueron, aquellos, verdaderos cambios operados en el marco de las reformas políticas de la década
pasada. Cambios reales, celebrados como progresivos por opositores internos y observadores externos. Este proceso de maduración de las reformas políticas de los todavía cercanos años 90 del siglo pasado
culminó con la llegada, en 2000, del régimen de competencia electoral plena. Y a pocos debió sorprender que ese
año el electorado no sólo diera el nuevo paso de instalar en la Presidencia al candidato de un partido diferente
del dominante a lo largo de las décadas anteriores, sino que persistiera en la vía de consolidar el paso anterior,
el de la construcción del sistema de frenos y contrapesos, esta vez sin darle al nuevo Poder Ejecutivo el
control de ninguna de las dos cámaras del Poder Legislativo federal.
Incluso, con su frase: "El Presidente propone y el Congreso dispone", pareció comprenderlo en todo
su significado el mismo Presidente surgido de ese punto culminante de nuestro proceso de transición a la democracia.
Sin embargo, sin destrezas para conducir los importantes cambios de política que exigen los tiempos
actuales, sin capacidad para construir una o varias coaliciones destinadas a obtener el respaldo de, al menos, algún
grupo parlamentario para sacar adelante su programa de gobierno; imposibilitado para organizar las
alianzas conducentes a mayorías funcionales en los procesos de reformas legislativas y constitucionales, el
Presidente y su (ausencia de) equipo han mostrado una patética falta de aptitudes para abrirse márgenes de acción y
abrirle paso a políticas e iniciativas en un nuevo medio ambiente político, el que caracteriza a todo sistema real
de frenos y contrapesos.
De allí que, a la vista de la siguiente elección federal, quien en 2000 llegó a la Presidencia a través de
una llamada "Alianza para el Cambio", entendido éste como un cambio democrático, reclama ahora a los
electores, en 2003, un cambio en sentido inverso. No llama a persistir en el cambio progresivo sino a imponer un
cambio regresivo.
En términos de comunicación política, su objetivo y su estrategia para lograrlo están demasiado al
descubierto. Sus mensajes explícitos no alcanzan a enmascarar sus mensajes ocultos. Su línea argumental es tan frágil
que sus productos publicitarios, correspondientes a una mezcla de tipos de publicidad negativa y
comparativa, podrían ver revertidos sus efectos a pesar del efectismo de sus mercadólogos en el manejo de los
estereotipos selectivos de presidentes del anterior régimen.
El objetivo cada vez más abierto del marketing de Los Pinos suscrito por el PAN es el de revertir el todavía
joven sistema de frenos y contrapesos que, en su aspecto orgánico, en el Poder Legislativo, vio sus primeras
luces en México apenas, como dijimos antes, hace escasos 15 años.
El propósito obvio parecería ser el de devolver al poder presidencial una mayoría parlamentaria holgada
que le permitiera gestionar sus decisiones como simples trámites de rutina en el orden legislativo y regresar a
un régimen meramente simbólico de rendición de cuentas, a través de la reducción, a un plano
meramente testimonial, de la función de control y fiscalización del Congreso, típica del sistema de frenos y contrapesos.
La estrategia comunicacional radica en la construcción de una espiral de preocupación del electorado a
partir de la generación de una expectativa presentada a la vez como inminente y como terrorífica: la del regreso
al poder de varios ex presidentes del anterior régimen si el PAN no gana las próximas elecciones.
Nada importa que dicho regreso resulte legal y materialmente improbable. No es relevante que haya
un precepto constitucional que impida la reelección de los presidentes. Ni que, aun sin ese precepto, las
próximas elecciones se limiten a la renovación de la Cámara de Diputados y a la elección de media docena de
gobernadores, varios congresos locales y un buen número de presidentes municipales. Al fin, ya antes de la aparición
del marketing político Nietzsche había observado que la mentira pertenece a la esencia del lenguaje y la comunicación.
En todo caso, lo relevante para la estrategia de Los Pinos radica en el propósito de erigir a los ex
presidentes priistas en una ominosa profecía apocalíptica, una amenaza social a punto de materializarse,
presentándolos como estereotipos del mal y haciendo resurgir fenómenos de pánico moral, en los términos del
concepto acuñado por Stanley Cohen en Folk Devils and Moral Panics,
y a partir del camino trazado por Zedillo el
sexenio pasado contra el ex presidente Salinas. Un propósito instrumental para alcanzar un objetivo estratégico:
detener el avance electoral del PRI tras su derrota en la elección presidencial de 2000, en la cual probó ya su
eficacia la estrategia antisalinista de Zedillo.
El mensaje rector parecería ofrecer a primera vista una aparente fortaleza. Se trataría, en los términos
más simples y simplificadores del mercadólogo, de conmover audiencias sencillas a las que el estratega de
la campaña no les atribuye más capacidad que la de relacionar el freno y los cambios de los vehículos
como metáfora del freno y del avance en la conducción del país.
Sólo que aun las audiencias más subestimadas por este tipo de marketing podrán encontrar en el
llamado del primer slogan representativo del mensaje rector: "quítale el freno al cambio" repetido en el
discurso presidencial como "ayúdenme a quitarle el freno al cambio" su significado llano: "vota por los candidatos
a diputados del PAN para poder controlar al menos una de las Cámaras del Congreso". Y ello podrá ser
traducido, primero por las audiencias mejor valoradas y luego por las más subestimadas, como un llamado del
Poder Ejecutivo a quitarle una pieza clave al sistema de frenos y contrapesos que los electores mexicanos le
instalaron a su sistema político apenas en el curso de los años más recientes.
Esta decodificación del mensaje presidencial por parte de los electores podría llegar a rebelarse contra
sus autores como un verdadero boomerang. De aquí a la cita con las urnas, el primer domingo de julio, el
mensaje presidencial así decodificado podría producir efectos demoledores en las audiencias, en primer lugar, las
del electorado potencial. Primero, en el nivel de conocimiento acerca de la calidad y de las pretensiones de
los gobernantes que el marketing de Los Pinos involuntariamente podría hacer detonar en los electores.
Después, en la conformación de sus actitudes ante los (por llamarles de algún modo) rendimientos del gobierno
del cambio. Y, finalmente, en la definición de sus comportamientos en las casillas ante el llamado a apoyar
el desenfreno presidencial, en cuanto eso y no otra cosa significa el reclamo del Ejecutivo de que se le deje
actuar sin el control del Congreso.
Día con día parecería volverse más aterrador el riesgo de acceder al llamado presidencial para restaurar
una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados que deje la actuación del Ejecutivo sin una pieza
fundamental de su sistema de frenos y contrapesos. Primero, por una desmedida tendencia a la ostentación del peso de
la pareja presidencial en decisiones discrecionales o francamente arbitrarias, al margen del Legislativo y de
las funciones de procuración e impartición de justicia en campos tan sensibles como el de los medios
de comunicación. Y segundo, no menos importante, por una cada vez más preocupante y desafiante
ignorancia y falta de idoneidad del (no) equipo de gobierno en el ejercicio de sus responsabilidades legales.
Muestras de lo primero serían: a) el golpe asestado al Legislativo con el decreto presidencial del 10 de
octubre pasado tendiente a prolongar el modelo de colusión del poder presidencial con los medios de mayor
alcance, sólo que invirtiendo la rectoría de ese complejo político empresarial en favor de las grandes
corporaciones privadas; b) el bloqueo diseñado y operado por funcionarios del gobierno y de esas corporaciones privadas a la reactivación de la iniciativa del Legislativo para actualizar la normatividad de la radio y la televisión que
busca garantizar las libertades informativas a la vez que contener el poder de los detentadores de esos medios
sobre sociedad, leyes e instituciones y, c) ejemplo de esa falta de contención, los controvertidos hechos y
omisiones del gobierno y una de esas corporaciones en relación con el Cerro del Chiquihuite y su secuela, que no
cesaba en la segunda quincena de febrero.
En cuanto a lo segundo, la naturaleza desafiante de la ignorancia mostrada a cada paso por los
integrantes del gabinete presidencial se explica porque se trata de una ignorancia sin precedentes de las materias bajo
la responsabilidad de los miembros de un gobierno y porque, en efecto, ello desafía a la capacidad de
respuesta de las audiencias, incluyendo las electorales. Por una parte, precisamente por el carácter
público en el que se manifiesta esa ignorancia. Y, enseguida, por la falta de consecuencias
públicas ante esa exhibición
pública de ausencia de credenciales mínimas para el desempeño de los cargos que ocupan.
Al respecto, la exhibición pública del desconocimiento de la Doctrina Estrada por el secretario de
Relaciones Exteriores no tuvo la menor consecuencia no obstante que equivaldría, para incluir en el ejemplo al
otro contrapeso orgánico del poder del Estado, a una improbable expresión pública de desconocimiento, por
parte del presidente de la Suprema Corte, de la aportación de Rejón en que se basa la institución mexicana del
derecho de amparo. O podría equivaler a hacer público el ya no tan improbable desconocimiento del secretario
de Educación acerca de la evolución doctrinaria del artículo tercero constitucional y de los inspiradores y
redactores de sus cambiantes contenidos.
Es probable que las audiencias más subestimadas por el marketing presidencial no sepan de Genaro
Estrada ni de Manuel Crescencio Rejón, pero tantas y tan frecuentes muestras públicas de ignorancia elemental
del grupo gobernante en las materias bajo su responsabilidad generan una percepción en todas las
audiencias parecida a la del paciente que de pronto se encuentra en manos de un médico que públicamente ha
exhibido su ignorancia sobre los riesgos de darle una caja de chocolates a un diabético.
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Vicente Fox y Marta Sahagún |
Y aquí llegamos al otro punto crítico de la agenda regresiva de los cambios que ahora parece propugnar
el gobierno del cambio: el punto relacionado con el malestar mostrado por la pareja presidencial frente a
algunos medios de comunicación, malestar que iría acompañado del propósito, implícito en el discurso presidencial
y en las acciones y posiciones recientes del Ejecutivo, de revertir otros frenos y contrapesos que se han
ido desarrollando en el México del último cuarto de siglo. Ya no desde dentro de los poderes del Estado, sino
desde la
esfera pública, en el sentido desarrollado por Habermas y sus seguidores y revisores. Particularmente, el
freno de la opinión pública y el contrapeso de las opiniones publicadas en la prensa o, en un sentido más actual,
en los medios de comunicación.
Dicho sin ánimo derogatorio, sino, como se verá adelante, como vía de explicación de sus actitudes,
quizá todavía ocupados, una en la venta de productos veterinarios y otro en la venta de coca colas, los miembros
de la actual pareja presidencial no se percataron del gradual proceso de extinción del modelo histórico
mexicano de subordinación de los medios al poder público, proceso iniciado hace más de un cuarto de siglo tras el
golpe presidencial, en 1976, al
Excélsior dirigido por Julio Scherer. Y aunque el actual Presidente asegura que despertó al compromiso político en la campaña electoral de Manuel Clouthier en 1988, no queda claro cómo
entendió la histórica manifestación de este candidato presidencial panista frente a Televisa contra la desatención o
el maltrato de los grandes medios a su campaña, desatención y maltrato que, en todo caso, fueron una
expresión, entre muchas, de la colusión de intereses de esos medios con el poder presidencial y el partido
entonces dominante, colusión que se pretende perpetuar en el nuevo régimen.
El Presidente no parece haber asimilado los cambios verdaderos no de envoltura publicitaria operados
en este campo en los pasados tres lustros, antes de la llegada del gobierno del cambio. No parece enterado de
que las reformas liberales de los 80 y 90 privatizaciones y aperturas al exterior eliminaron algunos de
los principales instrumentos de subordinación de los medios; de que, en función de esas reformas, el gobierno
dejó de ser el principal transmisor de recursos a esos medios a través de la publicidad oficial, al deshacerse de
las centenares de empresas que lo habían convertido en el primer inversionista publicitario en los espacios mediáticos; de que también como resultado de esos trascendentes cambios, el compromiso con el libre comercio
hizo insostenible el monopolio estatal de la importación y la producción de papel periódico; de que nuevas
formas de control del gasto público redujeron o dificultaron, al menos en el gobierno federal, la capacidad de
soborno a detentadores y operadores de los medios; de que el erario dejó de pagar los gastos de los enviados de
los medios a las giras nacionales e internacionales; en fin, de que, aunadas a los cambios anteriores, las
reformas políticas de los 90, al asegurar el derecho de acceso de los partidos políticos a los medios de mayor
influencia, rompieron el virtual monopolio presidencial de la definición primaria de la agenda del debate público.
Vicente Fox no parece consciente de que fueron todas estas las condiciones que propiciaron, entre otras,
su triunfo en las urnas y la llegada a nuestro país de la competencia electoral plena con la alternancia de
partidos en el poder presidencial. Pero, además, parecería que pretendiera actuar como si ninguno de estos
cambios hubiera ocurrido. O peor aún: como si se sintiera decepcionado por los efectos de esos cambios, particularmente cuando advierte que la ostentación del poder presidencial no basta para concentrar la atención obsecuente
de los medios a cuanto hace, pero especialmente a cuanto dice, la pareja presidencial.
Esta obsecuencia de los medios no fue necesariamente así, en sentido estricto, al menos en las pasadas
dos o tres décadas. Pero eso es lo de menos: así se lo representaron y así lo creyeron y así parecen exigir que
sea quienes llegaron al poder en 2000. Sus fantasías son producto de su despolitización. Y su despolitización
sólo expresa una profunda ignorancia de la política como campo de conocimiento y una distancia visceral de
la política como campo profesional, particularmente en las condiciones que impone el incipiente sistema de
pesos y contrapesos de dentro y de fuera de los poderes constitucionales.
Aunadas estas fantasías, ignorancias y distancias a los extravagantes atavismos antigobiernistas
arraigados en las biografías de quienes ahora intentan gobernar, parecerían quedar todavía más explícitos los
mensajes ocultos en las señales emitidas desde Los Pinos: la campaña y las acciones contra el sistema de frenos
y contrapesos en proceso de consolidación en nuestro país se justifican en el mundo de los Fox en virtud
de que los frenos y contrapesos fueron necesarios, bienvenidos y dignos de aplauso y reconocimiento
cuando gobernaban los malos, pero son un estorbo y un freno al cambio una vez que los buenos llegaron al
gobierno. Es la simplificación propia de quienes, desde la despolitización, arriban a la punta de la pirámide política y,
desde el antigobiernismo atávico, arriban a los más altos puestos del gobierno. El lenguaje del bien y del mal, de
los buenos y los malos apela a la conciencia religiosa, no a la conciencia política de las audiencias.
Pero del atavismo antigobiernista de los buenos que, ya en el gobierno, se abrazan al atavismo de
la concentración de los poderes del Estado y al refrendo del modelo de colusión con los grandes medios, se
puede estar transitando a la pretensión de repetir o desarrollar nuevas formas de perpetuación en el poder.
Los mensajes del marketing foxista pudieran ser leídos por los electores de acuerdo con sus
experiencias: Quítale el freno al cambio podrían estar escuchando para que la pareja presidencial acelere en su
carrera desbocada desenfrenada a los abismos conocidos e incluso los desconocidos por los mexicanos en su
larga historia de absolutismo presidencial.