Aleida Calleja
El 9 de mayo se otorgó el título de operación a La Voladora Radio y ahora sólo quedan pendientes los permisos a
Radio Bemba de Hermosillo, Sonora, y a Omega Experimental, de Texcoco, Estado de México. En el primer caso, al agotarse
el tiempo de respuesta de la autoridad, se interpuso un amparo por derecho de petición -se espera la respuesta de los
tribunales administrativos-; en el segundo sigue el proceso ante la insistencia de que se presenten propuestas técnicas para evitar
que la señal llegue a la ciudad de México.
Los permisos a las radios comunitarias que se atuvieron al proceso legal correspondiente, conforman apenas el
primer paso. Estas emisoras, por tener como finalidad el servicio público sin fines de lucro, en la actual ley sólo caben en la
figura de medios permisionados, los cuales tienen serias restricciones en sus mecanismos de financiamiento pues tal
categoría está prevista para medios que cuentan con un subsidio proveniente del erario público y que se conocen como
medios públicos o medios de Estado con un techo presupuestal asegurado para sus operaciones (aunque éste no sea suficiente).
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Foto: Will Koffel |
En el caso de las radios comunitarias la realidad es totalmente distinta. Se les exigen todas las responsabilidades
y obligaciones pero no se les da algún derecho. Como a cualquier emisora permisionada, por ejemplo, entre las
múltiples exigencias se les pide contar obligatoriamente con un equipo de medición que tiene un costo promedio de nueve
mil dólares para cada radio; esto es más que el costo total de la radiodifusora en mucho casos. Sin embargo, no
reciben subsidio como los medios públicos y tampoco se les permite comercializar parte de su tiempo o recurrir a los
patrocinios, como libremente pueden hacerlo los medios comerciales.
Ciertamente, las radios comunitarias se financian esencialmente por proyectos, por las aportaciones económicas
que les hacen las comunidades a las que prestan su servicio y por el trabajo voluntario para que transmitan día con día para
que la población obtenga información que apoye sus procesos de desarrollo social local o regional. Sin embargo, por
situarse en aquellas zonas más deprimidas económicamente hablando, y vulnerables, sus habitantes no tienen siempre los
mismos recursos para aportar a la emisora, razón por las que están en constante riesgo de viabilidad. Esto, en la práctica, es
una situación de indefensión jurídica y de inequidad contrario a un Estado de derecho.
El tema central es cómo generar condiciones para que las radios comunitarias puedan hacer frente a las
obligaciones que implican los permisos con reglas totalmente desventajosas. Bajo el reconocimiento de que estas radios son una
legítima demanda social de los grupos más empobrecidos del país y proporcionan un irrestricto servicio público sin fines de
lucro, que llenan las carencias de la población más vulnerable en materia de salud, derechos humanos, medio ambiente,
entre otros, y que por ende apoyan el quehacer de muchas instituciones del gobierno federal, debieran contar con los
apoyos necesarios, producto de una política de Estado en materia de comunicación para el interés público, que garanticen a
este tercer sector de la comunicación ciudadana igualdad de oportunidades y equidad de condiciones para su desarrollo
y permanencia.
Diciembre 2008
