Fátima Fernández Christlieb
El 13 de diciembre se abrió una fase clave en el debate público. Las cámaras del Canal del
Congreso difundieron, en vivo, una discusión entre senadores sobre un tema tan añejo como irresoluto. Ahí
vimos a los que leyeron sin soltar su guión, a los que se asustaron ante planteamientos convencidos, a los
que se percataban de que el asunto tiene más aristas y profundidades de las que imaginaban, a los que
llevaban la consigna de impedir que el dictamen pasara a primera lectura.
Antes de esas cinco horas de debate en el
Senado, los ciudadanos sabíamos de decenas de reuniones
no televisadas y de múltiples foros con escasa polémica. Esta vez, se pudo presenciar, sin intermediarios,
la síntesis de un debate que se inició en 1975 a partir de lo que propuso el PRI en su plan básico de
gobierno para el sexenio que comenzó en 1976. Conviene recordar cómo comenzó la polémica. Para ello se
transcribe un párrafo de aquel documento:
que se realice una revisión a fondo de la función social de la información escrita y la que genera la
radio, la televisión y el cine, así como una evaluación de los procedimientos y formas de organización de las entidades públicas y privadas que la producen, para que al mismo tiempo que se
refuerce o garantice la libertad o el derecho de expresión de los profesionales de la información, se
fomente también la expresión auténtica, la confrontación de opiniones, criterios y programas entre los
partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones de científicos, de profesionales y de artistas, las
agrupaciones sociales y, en general, entre todos los
mexicanos.1
Nótese que además de revisar a fondo el papel que juegan los medios en la sociedad, el PRI
proponía analizar la organización de los entes que producen contenidos para los medios y fomentar la confrontación de ideas en todos los ámbitos de la sociedad mexicana. El PRI de hace 30 años
percibía la fuerza de los medios y tal vez aquellos ideólogos anticipaban el peligro de que el poder político
cayera de rodillas ante los concesionarios como ahora comienza a suceder.
Tres años después el secretario de Gobernación
expuso ante la CIRT, en octubre de 1978, los
puntos principales de la iniciativa de ley que reglamentaría
al artículo sexto de la Constitución, mismos
que provenían del plan básico del PRI. Bajo esas premisas y en ese espíritu, se llevó a cabo el Foro de
Consulta Popular de Comunicación Social organizado por la Secretaría de Gobernación del 2 al 8 de mayo de
1983 en Hermosillo, Monterrey, Guadalajara, Mérida y el DF.
En aquel foro de hace más de 20 años se discutieron nueve temas, se analizaron cuatro medios
de difusión y las ponencias se publicaron en 12 volúmenes. Lo destacable fue que si bien no asistieron
los empresarios de televisión sí permitieron que acudieran comunicadores, técnicos y administrativos de
sus emisoras, lo cual se tradujo en ríspidos intercambios de frases con políticos, periodistas y
académicos, pero, esto es necesario subrayarlo: no hubo diálogo. El formato no buscaba llegar a acuerdos. En 30
años no hemos logrado construir un escenario para poner el problema sobre la misma mesa. En los años
90 y en lo que va de esta década, los dueños de los medios electrónicos no sólo se han negado a discutir
sino que han impedido que quienes trabajan con ellos asistan a los debates.
El obstáculo para el diálogo estriba en que los concesionarios ven a los medios como un mercado
de tiempos, como un negocio al que nadie debe ponerle obstáculos, mientras la sociedad pensante sabe
que la radio y televisión son instrumentos indispensables para el ejercicio del poder político y para la
difusión de ideas sobre el mundo y la vida. La misma actividad se mira desde ángulos totalmente diferentes.
Lejos, muy lejos estamos de traducir las posiciones encontradas en concepciones políticas comprensivas y razonables. Mientras esto no ocurra y dado que desde hace décadas los
concesionarios están entrenados en el cabildeo y en la presión a los órganos del Estado, los esfuerzos deben
encaminarse al fortalecimiento de los valores de la razón pública. Será ésta una tarea para el largo plazo. Por lo
pronto y ante el calendario fijado por el Senado, es preciso pulir al máximo la naturaleza, composición y
funciones del órgano regulador que se propone para radio y televisión.
Desde hace siete años se han abierto foros para numerosos temas mediáticos en el marco de la
reforma del Estado. Sería pertinente que ahora al iniciar 2005 y antes del 16 de febrero, las tres comisiones
del Senado involucradas en la iniciativa de ley que nos ocupa, junto con la de Radio, Televisión y
Cinematografía de la Cámara de Diputados, convocaran a un foro más con un punto único: el Consejo Nacional
de Radio y Televisión. Es éste el eje de la iniciativa y aún puede ser precisado y enriquecido. Si ese
consejo va a nacer tiene que hacerlo con claridad, con fuerza, con capacidad, con autonomía del mercado y
del poder político, tiene que ser mínimamente representativo de la sociedad y además muy eficaz. Para
estar a la altura de lo que nuestro país necesita es indispensable que tenga las atribuciones que
cabalmente puede cumplir.
El actual predictamen de la iniciativa le asigna al nuevo consejo las funciones que actualmente
tienen dos grandes direcciones del Poder Ejecutivo federal: la de Sistemas de Radio y Televisión de la SCT y la
de Radio, Televisión y Cinematografía de Gobernación. No hay manera de que cinco ciudadanos, por
mucho equipo que los respalde, puedan cumplir con esa enorme y variada lista de responsabilidades. Hace
falta deslindar cuáles son tareas inherentes al Poder Ejecutivo y cuáles pueden cumplir, sin ser rebasados,
los consejeros ciudadanos.
Estudiar y debatir las atribuciones y composición del Consejo Nacional de Radio y Televisión, así
como el mecanismo de selección de los consejeros es una tarea inconclusa. El formato para discutirlo podría
ser una mesa de trabajo que se instale durante un solo día, donde no haya ponencias con aplausos, sino
un diálogo en torno a rubros muy concretos, con el intento de que se encuentren ahí puntos de
vista discordantes. No podemos llegar a febrero con un debate polarizado entre quienes opinan que el
consejo debe quedar como se presentó en diciembre y quienes apoyan la idea de que la Cofetel funja como
órgano regulador de la radio y la televisión. Si en este punto encontramos una zona de convergencia tal vez
se abran puertas para negociar otros puntos. Si el diálogo no se alcanza seguiremos siendo un país
brutalmente atrasado en materia de radio y televisión, aunque se cuente con tecnología de punta.
* * *
El caso británico
Después de un intenso debate, el 17 de julio de 2003 entró en vigor, en Gran Bretaña, la nueva ley
de comunicaciones. Es una norma que recoge las propuestas de regulación del sector anunciadas por
el gobierno inglés en el libro A New Future for
Communications, publicado el 12 de diciembre de 2000
que, básicamente, perseguía la necesidad de adaptar las reglamentaciones existentes en los procesos de
convergencia entre los sectores de telecomunicaciones, audiovisual y de las tecnologías de la información.
La Communications Act 2003 es la primera norma europea que recoge en un mismo texto el régimen
jurídico de las infraestructuras (telecomunicaciones) y de los contenidos transmitidos (el audiovisual) y en el
que el sector a regular es el de las comunicaciones.
Las principales disposiciones fueron establecer las funciones de la Ofcom (The Office of
Communications), el organismo responsable de regular el sector de las comunicaciones y la radiodifusión del Reino
Unido, que asumió sus funciones a fines de diciembre de 2003, sustituyendo a la Broadcasting Standars
Commission, la Independent Television Comission, la Radio Authority, la Office of Telecommunications y
la Radiocommunications Agency.
Con este consejo regulador presidido por un cuerpo de comisionados comenzó también el
funcionamiento del nuevo régimen de las comunicaciones electrónicas, basado en la transposición de las
directrices europeas que integran el nuevo marco regulador y que, entre otras cuestiones, implica la sustitución
del régimen de licencias por el de autorizaciones; el establecimiento de un nuevo marco regulador de la radio y la televisión, con una estructura "más coherente" con el proceso de
digitalización, así como la reforma de las normas sobre titularidad de medios. La Ofcom rinde un informe anual al
ministro del ramo quien debe hacerlo llegar al Parlamento.
José Antonio Gurrea C.
Diciembre 2008
