etcétera

Reprobados

José Carreño Carlón

Desde antes de la jornada electoral de este 6 de julio la primera elección legislativa de medio periodo del nuevo régimen inaugurado por el presidente Fox el veredicto se veía ya orientado al fracaso de las campañas multimillonarias realizadas por el Ejecutivo federal y los partidos, en ambos casos con cargo a los contribuyentes.

El fracaso no sólo se expresaba en la prevista baja afluencia de votantes ni en los también previsibles estancamientos y retrocesos de las opciones que compraron más tiempos y espacios en los grandes medios, o los obtuvieron por las hoy diversificadas artes de la colusión. Ese fracaso se podía atribuir a una circunstancia todavía más negativa: la derrota de la política, de sus contenidos esenciales y de sus instrumentos constitucionales.

Así, los más de diez mil millones de pesos (¡mil millones de dólares!) de los contribuyentes o muchos más, si nos atenemos a la cifra de un millón 800 mil spots que El Universal le atribuye haber divulgado a la Presidencia en cinco meses acaso sólo habrán contribuido a un mayor empobrecimiento y a un mayor desprestigio de la política y de los políticos, de los partidos y de las instituciones del Estado.

En paralelo, este saldo se habrá traducido en un mayor enriquecimiento material y más poder para los grandes medios de comunicación, a los que los políticos habrán canalizado la mayor parte de aquella suma aportada por los contribuyentes y a los que esos mismos políticos habrán terminado por transferir el resto de las atribuciones de los órganos constitucionales de deliberación y adopción de decisiones públicas.

Con ello, adicionalmente, se habrá acrecentado el poder de esos medios, cada vez menos limitados por las leyes y las instituciones del Estado de derecho y por los órganos de la democracia representativa.

El nuevo capítulo de la transición política mexicana aparece así como una transición regresiva en tanto jalonea hacia atrás el trecho andado hacia adelante, como el representado por la entrada en vigor, el pasado 12 de junio, de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información.

Con otros importantes pasos acumulados en los últimos lustros, esta ley contribuye al objetivo de seguir dejando a los poderes públicos cada vez más acotados empezando por el presidencial y a dejar, también, a cada vez menos actores de la vida pública, por encumbrados que se encuentren, al margen de la presión social para que informen, rindan cuentas y asuman sus responsabilidades.

Foto: Gustavo Guevara

Sólo que, en contraste, este paso hace más ofensivamente visible el único coto de impunidad que va quedando en la sociedad mexicana: el de los detentadores, los controladores (desde la inversión publicitaria y accionaria) y los operadores de los grandes medios de comunicación. A ellos se unen, temporalmente, otros actores en el disfrute de la impunidad y de la promoción que otorga este nuevo poder dominante: sus elegidos como los gestores y representantes de sus intereses en los órganos del Estado, los federales y los locales, los ejecutivos, los legislativos y los judiciales.

Así, al lado de las bajas sufridas en el campo del poder político como resultado del deterioro del debate electoral de este año y de las primeras revelaciones propiciadas por la Ley de Transparencia, en la siguiente columna del balance tendría que aparecer, consolidado, el poder de los nuevos intocables, inalcanzables por la crítica de los propios medios, por grotescos que resulten sus excesos en el manejo de sus negocios, sus abusos en el manejo de la información y de la opinión y sus desplantes en el manejo de las políticas y las decisiones públicas.

Estos poderes no sólo aparecen intocados por la crítica, sino, además, se suelen presentar por los mismos medios bajo su control, como los nuevos objetos del deseo de los comunicadores, los nuevos merecedores del reconocimiento social, y los nuevos blancos de la admiración y de la adulación de los espacios mediáticos. Esto último, a extremos que ya hubieran envidiado los más adulados por los mismos medios hombres del poder político del antiguo régimen.

Y queda un panorama todavía más desolador en el campo después de la batalla electoral de este año: el vaciamiento de la política, como llamó el Círculo de Montevideo a su más reciente seminario celebrado en Buenos Aires, del que dio cuenta Joaquín Estefanía en El País del 16 de junio, en relación con el Informe sobre el desarrollo democrático en América Latina que publicará dentro de tres meses el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

En el seminario de Buenos Aires se dio a conocer una encuesta según la cual 60% de los latinoamericanos se dicen demócratas pero 30% de ellos afirma estar dispuesto a apoyar un golpe militar si ello le va a arreglar sus problemas económicos cotidianos. Mientras que interrogados los latinoamericanos sobre quién manda realmente en sus países, un porcentaje creciente, distinto en cada sitio, opina que las empresas financieras influyen más que el Estado, los partidos y sindicatos e incluso que los militares.

El vaciamiento de la política tendría que ver con un desplazamiento del poder desde los entes electos hacia otros poderes fácticos que tienen intereses distintos de los generales, en los términos, recordados por Estefanía, del concepto de complejo militar industrial acuñado hace más de medio siglo por el presidente Eisenhower. Hace décadas, en México reciclamos la distorsión política señalada por Eisenhower con el concepto de complejo político empresarial de control de los medios, que más recientemente ha devenido, como lo muestran las campañas de este año, en un complejo mediático empresarial de control de la política, de sus procesos y de sus instituciones fundamentales. El orden de los factores sí altera el producto, pues mientras en los 70 y hasta los 90 del siglo pasado la rectoría del complejo se ubicaba en el poder político la Presidencia de la República a la cabeza y ejercía un control sobre los medios, con el cambio de régimen el complejo está regido por el poder de los medios, que ejercen ahora un control determinante sobre la política.

En México, este año, el vaciamiento de la política quedó de manifiesto también en la ausencia de propuestas legislativas en una elección legislativa que no fueran las grotescas ofertas-señuelo de artículos gancho lanzadas a las clientelas de los más llamativos mercados de votantes de la temporada (ancianos y parejas jóvenes, por ejemplo).

Esa vaciedad fue más elocuente en la abundancia de mensajes negativos y comparativos aptos, en el mejor de los casos, para reforzar los efectos de polarización favorables a las opciones propias el voto duro de cada partido y para reproducir actitudes de crispación y conductas adversarias hacia las opciones descalificadas por dichos mensajes, pero ineficaces para generar la disposición de los votantes no comprometidos la mayoría absoluta del padrón con la patética invitación que al final de cuentas ofrecieron las campañas vistas en conjunto: la invitación a escoger entre los malos y los peores.

Y esa vaciedad fue acaso más evidente a la vista de los restos que dejaron en el campo y en las ciudades las tácticas de mercadeo y envoltura (marketing y packaging) de los partidos: la sensación de un muladar nacional de empaques, etiquetas y presentaciones sin contenido posters, anuncios espectaculares, pasacalles y otras baratijas, por lo demás, muy costosas: envolturas que al final nada envolvían ni una sola idea, ni un solo programa dignos de esos nombres pero que ensuciaban calles y caminos, cerros y edificios, como extensiones de los ecos contaminantes que en el plano auditivo y visual rebotaron de unos a otros espacios de la radio y la televisión.

En cuanto a las pocas y sesgadas referencias a lo que podría remotamente llamarse programas electorales para el Poder Legislativo, la vaciedad regresiva manifiesta en las campañas del Presidente y los partidos mostró este año un nuevo rostro del arraigo de la cultura política de subordinación de la función del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo: en la elección federal para renovar la Cámara de Diputados del Congreso federal las campañas no estuvieron orientadas a "posicionar" estrategias o programas legislativos, sino para "posicionar" a los partidos y a sus caudillos en pugna para la elección presidencial de 2006.

Es en ese plano el de la suplantación del Poder Legislativo por parte del poder presidencial, que se puede afirmar que el mal ya estaba hecho para la institución presidencial y para las demás instituciones del Estado cuando, 20 días antes de la jornada electoral, el presidente Fox accedió a responder a la crítica creciente y a la exhortación del Instituto Federal Electoral, que marcaban la anormalidad democrática originada en el antiguo régimen, pero multiplicada y defendida con las uñas por el nuevo, de pagar propaganda gubernamental del Ejecutivo, hoy abierta autopromoción presidencial, sostenida con los recursos de los contribuyentes y asociada a la propaganda electoral del partido del Presidente.

A cambio de nada a la vista del resultado que se veía venir en las urnas el Ejecutivo empeñó el resto de su margen de negociación con el poder mediático al recibir horas y horas de promoción, compradas con recursos monetarios y con créditos fiscales en rigor, monetarizables previstos en la anacrónica normatividad del ramo, y probablemente completadas como ha sido tradicional con "pilones" con cargo a nuevas concesiones políticas como la del decreto del 10 de octubre pasado. Más privilegios, más poder y más dinero para el complejo mediático empresarial que opaca, diluye y está terminando por subordinar a los poderes y a los actores públicos.

Pero hay, además, con cargo a estos costos a cambio de ningún beneficio electoral, una larga lista de regresiones en la conducta presidencial. De regresiones sin sentido:

La anormalidad democrática del viejo régimen impensable en los regímenes democráticos modernos constituida por la transferencia de fondos del gobierno a los medios y/o a sus operadores, para fines de autopromoción, creció en cerca del 100% del presupuesto de 2000 último del antiguo régimen al presupuesto de 2003.

Entre las entidades que más fondos transfieren a los medios se encuentran las empresas del Estado del ramo de energéticos (Pemex, CFE) y de seguridad social (IMSS) que imponen sus bienes y servicios (caros e insatisfactorios) a un mercado cautivo, en condiciones monopólicas, por lo que esas transferencias no se explicaron en el antiguo régimen y no tienen hoy otra explicación que la de perpetuar las relaciones y la cultura de colusión entre el poder público y los medios.

Nunca se vio en el antiguo régimen el uso que se dio este año a la figura presidencial, con un Presidente de la República habilitado como modelo de su propia publicidad, actuando en spots de radio y televisión en los cuales el modelo-presidente trató de vender las bondades de los programas del gobierno a través de diálogos simulados con otros modelos que pretendían representar los papeles de las clientelas a las que se dirigen esos programas. Fue éste quizá el recurso más controvertido de la temporada y tal vez el más costoso para la imagen presidencial.

Fue ésta, además, una transgresión de mayor monto que las que perpetraba el antiguo régimen al principio de equidad en este rubro: el número de impactos de la promoción presidencial casi triplicó los impactos y la visibilidad de la promoción del partido del Presidente y de todos los partidos, según la mencionada publicación de El Universal del 17 de junio con la particularidad de que ambas promociones fueron organizadas bajo el mismo concepto rector del plan de campaña electoral del PAN.

A la hora de defender lo indefendible de esta situación desde una perspectiva de normalidad democrática, como la supuestamente alcanzada con el nuevo régimen, los voceros del Presidente y del PAN no se limitaron a repetir las ya de por sí inconvincentes justificaciones del pasado régimen que el gobierno no tenía por qué dejar de "informar" de los bienes y servicios que ponía al alcance de la gente o que tampoco podía detenerse la acción gubernamental sino que incluso fueron más lejos: desde la extravagante declaración del funcionario de la Presidencia que advirtió que "no le conviene a nadie pegarle a Fox" (es decir, criticarlo por el abuso mencionado) porque "es como si tú eres cristiano y yo insulto a Dios", por lo cual, concluyentemente, "no puedes competir con un cuate que trae una calificación y una aprobación de su gobierno y de su persona como las suyas", hasta la, otra vez regresiva, respuesta de un joven senador panista que atribuyó las críticas a la campaña del gobierno en favor del partido del Presidente, al pasado autoritario y perverso de los críticos, probablemente desconociendo que en el antepasado, precisamente, las quejas panistas ante los abusos, trapacerías, injusticias e inequidades electorales, eran sistemáticamente respondidas en el antiguo régimen con el mismo recurso del que echó mano el joven panista: los quejosos del PAN respondían los voceros del viejo régimen provenían de las cavernas ideológicas y criminales de la historia de México, eran descendientes de Victoriano Huerta, de Maximiliano y del Lucas Alamán sostenedor de Santa Ana, lo que los inhabilitaba para la protesta.