etcétera

En los medios, sesgo partidista y
ausencia de interés por informarse

José Carreño Carlón

Fue tal el aturdimiento ocasionado por la solicitud de desafuero, que del vocabulario de Andrés Manuel López Obrador se borraron, al menos momentáneamente, las palabras complot, conspiración o confabulación. No para asumir finalmente sus responsabilidades, sino para concentrar, esta vez, alternadamente, la remisión de culpas, la transferencia de responsabilidades, en el Poder Ejecutivo y el Judicial de la Federación.

Durante las horas y los primeros días que siguieron al cumplimiento de nuestro vaticinio del mes pasado en el sentido de que, de los videos de marzo, pasaríamos a los procesos de mayo, las referencias a complots y conspiraciones fueron sustituidas con la descalificación frontal de un Poder Judicial que según el propio jefe de gobierno del DF por primera vez en décadas daba muestras sostenidas de independencia e integridad. Esta nueva realidad había sido incluso reconocida apenas unos días antes por López Obrador, en una operación con la que él y sus aliados en los medios pretendieron dar la impresión de que habían logrado revertir el anterior caso traumático de confrontación con la ley y con los jueces, el del Paraje San Juan.

Otra vez se cruzaban (y se anulaban) las operaciones en los planos mediático y legal, por las insuficiencias estratégicas en ambos planos y la falta de previsión sobre los efectos del uno sobre el otro.

Foto: Eunice Adorno/
Cuartoscuro

Paradójicamente, esta vez, sin embargo, el jefe de gobierno hubiera tenido más elementos para introducir el tema de la concertación de acciones de los malos contra los buenos, ante la eficaz complementariedad de las acciones de algunas de las víctimas de los dicterios cotidianos del jefe de gobierno del DF. Para las mentalidades y las teorías conspirativas siempre es un manjar encontrar en los actos de sus oponentes o enemigos identificados alguna coincidencia en sus movimientos, un sentido de oportunidad en sus pasos y buenos reflejos para concurrir, responder, coincidir (no existen las coincidencias, repiten) y potenciar los efectos de las acciones propias con las de los demás actores involucrados, afines o contrarios, aliados o confrontados.

Al finalizar la tercera semana de mayo, López Obrador parecía extraviado en sus laberintos: los judiciales, los diplomáticos, los mediáticos, los políticos y los de sus alianzas empresariales y religiosas, que parecían en zozobra.

Y exhibía uno de los flancos más vulnerables de su proyecto de toma del poder nacional: clamaba por una reforma a fondo del Poder Judicial de la Federación, una frase calcada del discurso del presidente venezolano Hugo Chávez, que precedió a la sustitución arbitraria del cuerpo de magistrados judiciales de aquel país.

En este plano de las afinidades o las alianzas internacionales, otra crisis en el campo de las relaciones bilaterales parecía abrir hacia finales de mayo la exhibición de la corrupción en el gobierno del DF, con la expresión de la toma de partido del gobierno de Hugo Chávez, a través de su embajador en México, en favor de López Obrador. A la expulsión del embajador cubano parecía agregarse el inminente retiro del embajador venezolano. Y la secuela del resbalón del embajador venezolano mostraba una afinidad en estilos de desviar la responsabilidad de las faltas: si los videos mostraban un tráfico de dólares presuntamente delictivo, su exhibición sólo mostraba un complot contra el proyecto de AMLO. Y si la grabación con la voz del representante del gobierno de Venezuela lo mostraba apoyando la opción de AMLO, su publicación sólo mostraba una trampa contra el vocero de Hugo Chávez.

Las maniobras para desviar la atención de la corrupción en el entorno de López Obrador cumplían así tres meses, al primer día de junio. A ese proceso se había agregado el alcance del destino construido con una serie de desobediencias legales y desacatos judiciales que empezaban a salir a la luz.

Pero todo indicaba que sus tácticas de fuga hacia delante se constituían en nuevos puntos de partida hacia nuevos callejones sin salida. La labor de control de daños seguía sin reconocer los daños y sin aceptar una sola responsabilidad propia. Todo indicaba, para finales de mayo, que sobre el descubrimiento de la corrupción en el gobierno local se estaba montando la imposición precipitada de una candidatura a la Presidencia nacional, sobre la legalidad interna del Partido de la Revolución Democrática. Una alternativa política girando en torno de una personalidad fuera de control. Un proyecto asentado sobre el basurero de la corrupción descubierta, como para taparla con los discursos de campaña de un candidato en sus incontables laberintos.

Los medios, a su vez, combinaban un desconocimiento y una ausencia de interés por informarse antes de pretender informar, al lado de una tendencia, cada vez más marcada, al sesgo partidarista, en un sentido o en el otro.

Y aquí otro efecto indeseable para la ambición de López Obrador: la polarización nacional que marginaba las opciones, las llevaba, precisamente, a los polos, y alejaba su posibilidad de aparentar una aproximación al centro, como lo pretendió con un curioso cálculo que parecía plantear no una coherente política de centro, sino que pretendía apelar a una especie de promedio entre el clientelismo con los más pobres, la intermediación de algunas organizaciones extremistas antisistema y una serie de gestos e imágenes que lo registraban al lado de los intereses del capital más concentrado y de las posiciones más atrasadas de la Iglesia católica.

Tres días de mayo

Después de los meses iniciales de movimientos a la defensiva frente a los videoescándalos que demolieron su divisa de honestidad valiente, el jefe de gobierno del Distrito Federal había logrado, sin embargo, con una intensidad reactiva impresionante, apreciables efectos de distracción de audiencias, de adulteración del debate y de postergación de la rendición de cuentas, sólo que como lo registramos aquí en el número anterior a cambio de ir acumulando costos que ya a finales de abril parecían incalculables y que para finales de mayo parecían impagables.

A tres meses en este junio de 2004 del primer video transmitido el 1 de marzo anterior de los tres que pusieron en entredicho la integridad del gobierno de la capital del país, el jefe de ese gobierno parecía obligado a enfrentar los costos acumulados de tres años y medio de desplantes mediáticos y desafíos sistemáticos a leyes, resoluciones judiciales, derechos individuales, garantías procesales y denuncias y reclamos numerosos originados en ese proceder.

El principio del fin se avizoró el 17 de mayo.

Una carta bajo el titular principal de Reforma, enviada por Carlos Ahumada desde una prisión controlada por el gobierno de López Obrador, no sólo confrontaba la tesis del "complot" externo para exhibir la corrupción de su gobierno ("ni el Cisen, ni Gobernación, ni la PGR, ni el Departamento del Tesoro de EU, ni la DEA, ni el FBI o algún extraterrestre participaron en el complot") sino que marcaba un punto de inflexión que empezaba a desvanecer el potencial efecto destructivo atribuido por el jefe de gobierno y su prensa a las grabaciones hechas a Ahumada en la prisión cubana. Todo indicaba que los siguientes pasos convertirían aquellas grabaciones en pólvora mojada.

El prisionero confesaba que, a petición de él mismo (Ahumada), uno de sus colaboradores grabó al secretario de Finanzas del GDF jugando en Las Vegas, y que la grabación constituía una prueba más de las cantidades de dinero con que lo estaban extorsionando las autoridades del DF. Amagaba con nuevas pruebas documentales y videos sobre la presencia de más "corruptos", más "Bejaranos y Ponces", en el gobierno del DF y en la dirección del partido del jefe de gobierno. Exhibía la justicia selectiva del gobierno de la ciudad al ponerse a las órdenes de López Obrador para demostrar la extorsión de que había sido víctima, siempre que le fueran respetados sus derechos procesales, pues a él no se le daba la oportunidad de defenderse en libertad como a los allegados del jefe de gobierno que lo habrían extorsionado o a quienes él habría sobornado: Carlos Ímaz, René Bejarano, Octavio Flores y Gustavo Ponce. Los que habían recibido el dinero andaban libres y uno de ellos, incluso Flores, el delegado del DF donde se ubica el fraude por el que le fincaron responsabilidades a Ahumada volvería a su cargo unos días después. Sólo el que les había repartido los dólares estaba preso.

Por la noche de ese mismo 17 de mayo, se cerraba el cerco.

La PGR solicitaba la remoción de la inmunidad (el desafuero) del jefe de gobierno del DF, Andrés Manuel López Obrador, para poder procesarlo penalmente por no cumplir una suspensión definitiva dictada por el juez federal Álvaro Tovilla León en el caso de otro predio urbano destinado a la fama: El Encino.

El subprocurador de Delitos Federales de la PGR, Carlos Javier Vega Memije, informaba que se acreditó la probable responsabilidad del jefe de GDF "en el delito de violación a la suspensión previsto por el artículo 206 de la Ley de Amparo"; explicaba que ese delito está considerado en el Código Federal de Procedimientos Penales como "abuso de autoridad", y repetía que la PGR decidió ejercer acción penal a solicitud de diversas instancias del Poder Judicial de la Federación. Es decir, que la PGR no habría intervenido en este caso, de no ser por la denuncia que presentó el juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa, Álvaro Tovilla León, a raíz de que López Obrador violó la suspensión definitiva que giró para detener las obras de vialidad que se realizaron en el predio denominado como El Encino.

Al día siguiente, 18 de mayo, en su conferencia matutina López Obrador denunció una intención de descalificarlo y hacerlo a un lado para 2006; se refería a las encuestas que a pesar de todo le favorecían y aseguraba que para 2006, fuera o no candidato a la Presidencia de la República, continuaría "encabezando" el proyecto alternativo, lo que daba pie a que el punto que más llamara la atención de los medios era el reconocimiento tácito de sus aspiraciones presidenciales.

Ni una palabra de sus responsabilidades en el orden de la violación de leyes y desacato de resoluciones judiciales.

De allí el efecto causado por la declaración que al siguiente día, el 19 de mayo, hacían los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura federal, manifestando su apoyo y "confianza generalizada" en el juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa y en el Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito, quienes emitieron resoluciones en el caso del predio El Encino.

En un desplegado, los máximos órganos del Poder Judicial de la Federación consideraron necesario señalar, "de manera categórica", su rechazo a la ya característica violencia verbal contra el Poder Judicial, a cargo no sólo del jefe de gobierno, sino también del subsecretario de Gobierno del DF, ante lo cual llamaban a tomar en cuenta "que de acuerdo con la Constitución y con leyes y reglamentos, existen los medios administrativos y judiciales idóneos para que quienes cuenten con elementos convincentes, demuestren las conductas indebidas que algún servidor público del Poder Judicial de la Federación hubiese cometido".

Cerraba la pinza de ese 19 de mayo la información en los medios sobre la comparecencia del secretario de Hacienda ante legisladores para explicar el caso del secretario de Finanzas del DF, Gustavo Ponce, con la afirmación de que esa dependencia investigaba a otros ex funcionarios del gobierno de la ciudad y de que "las autoridades de EU comprendieron dónde se produjo la grave indiscreción (la exhibición por López Obrador de los documentos del Tesoro de EU que la PGR le había confiado a la PGJDF) por lo que no se interrumpirá la investigación de Gustavo Ponce, ni otras relacionadas con ex funcionarios del gobierno de la ciudad, ni la de otros presuntos delincuentes".

Pero fue la declaración del Poder Judicial la que remitió a López Obrador al fondo de uno de sus laberintos más riesgosos. A pesar de que en un inicio la táctica de control de daños de AMLO había logrado que la atención se centrara en el aspecto político, el desplegado publicado por el Poder Judicial apoyando a los jueces y magistrados que intervinieron en el litigio por el predio El Encino tuvo el efecto de llevar las cosas al terreno más temido por los estrategas del jefe de gobierno: el enfrentamiento abierto con el Poder Judicial, que ya en el caso Paraje San Juan le valió un distanciamiento explícito de su hasta entonces aval más poderoso en el empresariado, el magnate Carlos Slim.

En su conferencia de prensa matutina de ese 19 de mayo, López Obrador cuestionaba frontalmente al Poder Judicial de la Federación y retaba al Consejo de la Judicatura a que informara sobres las sanciones a jueces que están a merced de "coyotes" e intereses particulares. Fue en ese momento en el que mostró su carta "chavista" de la necesidad de una reforma donde haya un mejor control y contrapeso de un Poder Judicial que apenas sale del control y del sobrepeso del Ejecutivo que lo aplastó por décadas.

Los laberintos mediáticos recorridos por López Obrador en esta hora de alcance del destino siguieron otorgándole ventajas en un par de medios impresos, por momentos tres, en el plano de la muy estudiada cultura de la colusión de medios y poderes que suele incluir contratos lucrativos y arreglos políticos y en los espacios radiofónicos y la televisión matutina del consorcio Televisa.

En su nuevo papel de interesado fiel de la balanza este consorcio y otras empresas siguieron equilibrando una facturación millonaria a los poderes en disputa y en gestación, con la suplantación de los espacios de decisión y de formación y liquidación de grupos gobernantes, como ocurre con esos poderes en otros países, entre los que, otra vez, habrá qué aprender del fenómeno Hugo Chávez y su sucesiva construcción y liquidación de arreglos con los medios.

En este sentido llama la atención el distanciamiento del espacio mediático radiofónico y hoy, también, impreso que por más de tres años sirvió, al jefe del gobierno de DF, de foro para sus anuncios espectaculares como el de los segundos pisos del Periférico y de plataforma de una muy a modo rendición de informes trimestrales.

Paso en falso o cálculo de alto riesgo, López Obrador decidió cortejar al Grupo Radio Centro, la empresa que desplazó a José Gutiérrez Vivó y su productora de noticias Monitor, con el costo para el jefe de gobierno y la ganancia para el periodismo crítico, de que el conductor más escuchado en la zona metropolitana enfrentara este nuevo conflicto de López Obrador desde perspectivas periodísticas distantes de las funciones de promoción y defensa en las que permanecen algunos de sus competidores.

Foto: Moisés Pablo/
Cuartoscuro

Incluso su nuevo medio impreso, Diario Monitor, determinaba aquel 19 de mayo: La candidatura de López Obrador pende de un hilo, afirman juristas. Cita opiniones de Diego Valadés, Ignacio Burgoa, Juan Velázquez y Víctor Carrancá. Indica que todos coincidían en que el proceso judicial podía tener como consecuencia imposibilitar al tabasqueño para contender por la Presidencia, además de su separación del cargo. El diario completa la información con un recuadro titulado: Sobre Advertencia En éste se subrayaba que AMLO había ignorado las consecuencias jurídicas que el ex director de Servicios Legales del GDF le advirtió con oportunidad. Publica también documentos que comprobaban que ese ex funcionario, de nombre Carlos Paniagua, despedido a finales de 2002, advirtió en dos ocasiones a sus superiores sobre los riesgos jurídicos que corría AMLO si no acataba la orden del juez. Paniagua reconoció en esa edición que la administración capitalina violó el amparo que se había concedido a la parte afectada por la expropiación.

Entre sus laberintos políticos López Obrador, en una entrevista con Milenio Semanal, llegó a añorar el régimen del ex presidente Ernesto Zedillo, entre fuertes críticas al hecho de que en ese sexenio se alimentó el patrón de conducta de violación de la ley e impunidad del ahora jefe de gobierno. Primero cuando se le ordenó al Poder Judicial archivar las órdenes de aprehensión contra el entonces invasor de pozos petroleros y más tarde cuando se le ordenó al PRI no cuestionar la ilegalidad del registro de AMLO como candidato a jefe de gobierno por no cumplir los requisitos. Había más sensibilidad en el pasado, sentenció.

Finalmente, el laberinto de las alianzas eclesiásticas.

Sin la menor huella en su habla cotidiana de haber leído, en décadas, algo más que periódicos tabasqueños y defeños e interpretaciones favorables de las encuestas sobre su desempeño y popularidad, los estrategas de imagen de López Obrador hicieron pública una foto ¡con un libro!

No sólo porque una imagen dice más que mil palabras, sino probablemente por las dificultades para hacerlo pronunciar el apellido del autor del libro de la foto, el mercadólogo optó por promover la imagen muda.

Pero ni el portador del libro ni los redactores de los pies de grabado que acompañaron la publicación de las imágenes parecían saber que las iniciales G. K. que aparecían en el volumen retratado antes del apellido del autor, Chesterton, corresponden a los nombres (Gilbert Keith) del escritor británico nacido en 1884, convertido al catolicismo cuando casi llegaba a los 40 años de edad, en 1922; autor de cerca de cien libros, incluidos sus clásicos Ortodoxia y El hombre que fue Jueves, además de una saga de relatos con el personaje central del Padre Brown traducida y leída por el (escaso) panismo ilustrado de hace un par de décadas para atrás.

Si el estratega de imagen necesitaba la foto de López Obrador con un libro, el autor pudo haber sido seleccionado por el buen lector y frecuente citador de Chesterton, Bernardo Bátiz, cada vez más fuera de lugar en una procuraduría, la del DF, presionada por las ambiciones políticas del jefe de gobierno. Pero el título del libro, publicado a punto de la llegada del autor a los 50 años y a tres de su muerte, remite a un intento de valorar el legado de Santo Tomás de Aquino, cuyas elaboraciones políticas se ubican varios siglos antes de la creación del Estado moderno y sus consideraciones sobre las leyes y la justicia nada tienen que ver con los sistemas jurídicos contemporáneos.

Como guiño a las jerarquías católicas con mayor visibilidad política, sin huellas, como AMLO, de poseer mayores referencias bibliográficas, el intento mercadológico pudo resultar demasiado alambicado. Y como signo de abrevadero ideológico, particularmente en el campo del derecho, la señal puede resultar más bien preocupante para quienes ven en López Obrador un proyecto de regresión respecto de los incipientes avances mexicanos en la actualización de las normas jurídicas y en el impulso de una cultura de la legalidad.