Incurre en ilegales maniobras políticas
Aleida Calleja
Con una clara ausencia de criterios públicos y transparentes y haciendo uso una vez más de su capacidad
discrecional, la SCT entregó tres permisos a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) tratando de
simular con ello una aparente respuesta a la demanda de dar acceso a las frecuencias de las radios comunitarias.
En un evento público el día 29 de marzo, se dieron dichos permisos, con el fin de que grupos de comunidades
indígenas en Michoacán operen emisoras, siguiendo el mismo modelo que tiene la CDI en Yucatán con los albergues para
niños indígenas, en la que grupos operan las radios, pero la titularidad del uso de la frecuencias no es para los ciudadanos,
sino para la instancia gubernamental, que a final de cuentas siempre determinará qué hacer con las frecuencias.
Este esquema no sería tan inoportuno en otro contexto, pero en el actual las radios comunitarias de propiedad
colectiva ciudadana que tienen años, y en algunos casos décadas, solicitando la autorización para operar sus propios medios
fueron simplemente relegadas, en una franca evasión de la responsabilidad que tienen las autoridades. En este evento, el
propio secretario de Comunicaciones y Transportes declaró que quien quiera una radio comunitaria se acerque a la CDI,
dejando claro que para esta dependencia la sociedad civil no existe como interlocutora, en una maniobra política que rebasa la legalidad, pues en ningún apartado de la Ley Federal de Radio y Televisión se establece la competencia de la CDI
en el tema. Y eso que la SCT se dice defensora de la legalidad. El problema no son esos permisos, sino pretender que
con ello están respondiendo a la demanda de los grupos ciudadanos por obtener una frecuencia propia para operar
emisoras que han demostrado públicamente el servicio social que prestan.
De poco han valido las recomendaciones y pronunciamientos de los organismos internacionales de derechos
humanos al gobierno federal en torno a establecer criterios democráticos para el acceso de los ciudadanos a las
frecuencias radioeléctricas, de la expresión en este mismo sentido de otros actores en la que piden que se dé una solución para
la legalización de las emisoras, tales como legisladores, académicos y organizaciones sociales. La más reciente petición proviene de escritores como Carlos Fuentes, Juan Goystisolo, Carlos Monsiváis, el pintor Francisco Toledo, entre
otros, quienes en una carta dirigida al Presidente de la República establecen:
"Los medios de comunicación electrónicos y la forma en que son concesionados y permisionados son uno de
los lastres más antidemocráticos de nuestra vida política. Es por ello que instamos a las autoridades gubernamentales
a reconocer el derecho de los pueblos a tener sus propias
radios, a validar legalmente la labor social que estos
proyectos de comunicación realizan... rechazar en la actualidad los permisos a las
radios comunitarias es igual a mandar
quemar y destruir las maquinarias de las imprentas de los periódicos en el siglo XIX y XX."
La firma de esta carta se dio en el marco de la signatura del convenio entre radios comunitarias y Francisco
Toledo, para que dichas emisoras transmitan programas culturales. La invitación al evento se hizo extensiva a autoridades de
la SCT y de la Secretaría de Gobernación; sólo asistió esta última. La SCT dio nuevamente el mensaje de que no le
interesa ninguna interlocución con los ciudadanos a los que tiene como responsabilidad atender y servir, como corresponde
a cualquier autoridad del Estado, y por lo tanto tender mecanismos de diálogo para encontrar soluciones.
El informe anual de 2003, emitido públicamente en marzo de este año por el relator especial de Libertad de
Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), establece que en México uno de los temas de mayor
debate en materia de legislación vinculada con los medios electrónicos se relaciona con la necesidad de acotar la
discrecionalidad en el otorgamiento de concesiones y permisos en materia de radio y televisión, especialmente para los grupos
ciudadanos. La relatoría señala que, dada la importancia que pueden tener estos canales comunitarios para el ejercicio de la
libertad de expresión, resulta inadmisible el establecimiento de marcos legales discriminatorios o formas de dilación que
obstaculicen la adjudicación de frecuencias a radios comunitarias (punto 234 del capítulo II del informe).
Semanas antes de que se diera a conocer este informe, el 3 de marzo se realizó la audiencia ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, para presentar la situación de las radios comunitarias
en México, razón por la cual este organismo internacional pidió la presencia del gobierno mexicano para que las
autoridades competentes también se presentaran. En dicha audiencia, primera que se da sobre el tema específico para un país,
resaltó la ausencia tanto de la SCT como de Gobernación, instancias encargadas del tema en México, pues ha sido ya una
práctica frecuente por parte del Estado mexicano presentar a las autoridades responsables de los temas cuando se dan
estas audiencias. La postura del gobierno federal la presentó la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de Juan José
Gómez Camacho, director de la Unidad de Derechos Humanos.
El representante gubernamental dijo al comienzo de su participación que aunque ciertamente en México el
marco normativo de radio y televisión necesitaba adecuarse a los parámetros de libertad de expresión de acuerdo con
la Convención Americana de Derechos Humanos, en nuestro país se ha trabajado para que así sea, y una prueba clara
de ello era el decreto del 10 de octubre de 2002, producto de los consensos logrados en la llamada Mesa de Diálogo
para la Revisión Integral de la Ley Federal de Radio y Televisión. Esta y otras mentiras más están en el informe escrito
que entregó el gobierno mexicano a dicho organismo internacional, tales como afirmar que este decreto acota la
discrecionalidad de la autoridad para el otorgamiento de permisos y brinda mayor seguridad jurídica y transparencia en los
procedimientos de obtención de los mismos.
La credibilidad del gobierno mexicano quedó en entredicho, pues en la visita oficial que hizo el relator de libertad
de expresión el año pasado a nuestro país, una de las principales quejas que escuchó fue que el gobierno federal pasó
por encima del diálogo entre todos los actores que estaban en la mesa y emitió de la noche a la mañana lo que se
conoce como el decretazo, razón por la cual las organizaciones sociales desconocieron su legitimidad y le pidieron
públicamente al Congreso que siguiera con el proceso de diálogo y legislara en la materia, tal como es su responsabilidad.
Meses después dichas organizaciones presentaron una propuesta de ley en la materia, que la Cámara de Diputados ignoró,
pero que el Senado convirtió en iniciativa de ley en diciembre de 2002, y que hasta ahora sigue en el sueño de los justos.
Por su parte la CIDH, a través de sus comisionados, pidió al gobierno mexicano que establezca las condiciones
para fortalecer el diálogo e involucrar a más actores de la sociedad, así como iniciar la estandarización de los parámetros
de respeto a la libertad de expresión en la normatividad interna, por lo que dará un seguimiento cercano a los avances
en el proceso de diálogo, así como realizar una evaluación sobre los mismos en una sesión de trabajo en su próximo
periodo de sesiones que será en octubre. El representante gubernamental aceptó.
Sin embargo, pese a ese compromiso adquirido en dicho organismo internacional, el pasado 26 de marzo la
Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de su Dirección General de Derechos Humanos, se negó, mediante un escrito
dirigido a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de México, a convocar a las partes involucradas a un proceso de
diálogo, aduciendo que no tiene competencia para realizar dicha convocatoria.
Las radios comunitarias han demostrado el servicio público que prestan a sus comunidades, las dificultades
para acceder a las frecuencias y su aspiración por que exista un reconocimiento legal a un ejercicio responsable de su
libertad de expresión. Hace poco más de un año que han insistido por todas las vías en una solución a través del diálogo,
demanda a la que ha respondido la Secretaría de Gobernación, pero la SCT que tiene en sus manos la solución para autorizar
las frecuencias, al más viejo estilo, ni las ve ni las oye.
* * *
Relaciones Exteriores falta a la verdad
Durante su participación en la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llevada a cabo
para conocer la situación de las radios comunitarias, el gobierno de México faltó a la verdad.
El 3 de marzo, en representación del gobierno federal, el director general de Derechos Humanos de la Secretaría
de Relaciones Exteriores, Juan José Gómez Camacho, afirmó que "el gobierno ha hecho esfuerzos para modernizar el
marco jurídico aplicable a la radio y la televisión" y que como parte de eso se creó la Mesa de Diálogo para la Revisión Integral de la Legislación de Medios Electrónicos. Luego sostuvo: "como primer resultado de la Mesa de Diálogo, el
Ejecutivo Federal promulgó el 10 de octubre de 2002 el Reglamento a la Ley Federal de Radio y Televisión en materia de
concesiones, permisos y contenidos de las transmisiones de radio y televisión, sin que con ello se haya dado por concluido
el diálogo para la revisión integral de esa ley".
Como se sabe, la mesa de diálogo a la que alude el señor Gómez Camacho ya no existe, sus integrantes la
abandonaron precisamente porque el Ejecutivo contravino con su compromiso y resolvió el decreto con el que abdicó el tiempo
fiscal al que tenía derecho el Estado en favor de los concesionarios de la radio y la televisión. Como parte de esta colusión
de intereses, el gobierno no ha presentado iniciativa alguna para reformar la Ley Federal de Radio y Televisión.
Diciembre 2008
Tumbos de la SCT
