Adrián Acosta Silva
"Peor es un término elástico", escribió Martin Amis en
Tren nocturno, y esa frase ilumina con
contundencia literaria lo que hemos observado en las últimas semanas en la convulsionada vida política nacional.
Cuando pensábamos que lo peor ya había ocurrido, que nada más podría ocurrir luego del desfile
de imágenes y palabras que confirmaban la presencia de la corrupción a gran escala en el PVEM y en el PRD,
sino que todo volvería a las rutinas y a las imágenes de costumbre, los actores políticos de esos días
extraños muestran cosas nuevas, sacan de la chistera reflejos inesperados, declaraciones tormentosas, mientras
el tribunal de los medios descarga juicios, modula caracteres, organiza careos, exige pruebas, reclama,
critica, condena.
Nunca como en esas semanas de un invierno agonizante se advirtió la debilidad de nuestras
instituciones políticas, la fragilidad de sus capacidades para intervenir en la conservación del orden político, y las
autoridades, desde el Ejecutivo hasta el Congreso y las instituciones judiciales, parecían pasmadas ante la avalancha,
mientras que la videocracia, el gobierno de las imágenes, imponía su dominio también en la política.
Efectivamente, la elasticidad de lo peor se confirma.
Quizá lo más penoso de este episodio mexicano sea la irresponsabilidad de sus actores, la frivolidad de
los comportamientos, el infantilismo apabullante de muchos de los integrantes de la clase política de la
postransición, lo que significa llanamente la derrota de la política y, potencialmente, de la democracia mexicana que a
duras penas hemos construido en los últimos años. Las escenas de codicia y podredumbre que alimentaron el
fuego mediático de esos días, se combinaron con la proliferación del insulto, la palabrería hueca, las
bravuconadas, las intimidaciones. Testigo y actor de todo esto han sido los medios, en especial, la televisión comercial,
cuyos intereses han girado desde hace tiempo no solamente en convertir a la política en un espectáculo con
la pequeña ayuda de los políticos, desde luego, sino en participar como jugador, árbitro y juez que modula
los ritmos, las pausas y la prisas de la vida política. Los gritos y arrebatos verbales, la indiferencia
gubernamental que expresa la actitud presidencial justo en medio del escándalo centradas en la certeza, o creencia, de
que cuando la corrupción no mata, fortalece, la cursilería que exhiben los involucrados tratando de descargar
sus responsabilidades personales, públicas y políticas, sólo confirman la sensación de que el imperio de la ley y
el Estado de derecho no forman parte de los haberes de esta crítica hora política nacional.
Pero lo que más asombra de estos días de lágrimas, mentiras y video, es que nadie parece darse cuenta
ni hacerse responsable de las consecuencias que esto está acarreando a la civilidad política y a las
instituciones políticas que hicieron posible el cambio político democrático mexicano. La impresión es que nadie está al
mando ni a cargo mientras la casa estalla en llamas, y sus dueños y encargados tratan desesperadamente de salvar
los muebles como pueden, sin que nadie se preocupe de las personas. En el recuento de los daños, tres son
por lo menos los ámbitos que parecen ser los más afectados por el escándalo. En primer lugar, la legitimidad de
la idea misma de la política como arte, mecanismo o espacio de resolución civilizada de los conflictos. En
segundo, la credibilidad de los partidos como organizaciones. En tercero, el riesgo del vaciamiento de la
credibilidad alcanzada por los procedimientos electorales construidos con paciencia de relojero durante casi 20 años.
La degeneración de la
política. Aunque la política nunca ha tenido una imagen respetable entre los
ciudadanos, cierto sentido común construido poco a poco apunta a que los beneficios de contar con una clase
política que los representa o que incluye algunos de sus intereses específicos, supera los riesgos y los costos de no
contar con ella. Aun con el declive de la participación electoral de las últimas elecciones federales, que mostraba
que la "excepcionalidad mexicana" en los índices de participación tendía a normalizarse respecto de la
participación electoral en otras democracias, las creencias ciudadanas en torno a la importancia positiva de la política y
de la democracia como método para tomar decisiones son significativas. Sin embargo, un ambiente enrarecido
por los escándalos de corrupción puede hacer cambiar velozmente las impresiones y creencias ciudadanas. Si a
ello se agregan la sustitución de las instituciones políticas por el tribunal de los medios, los llamados
desesperados de políticos como López Obrador de informar al "pueblo" y no a las instituciones judiciales de los actos
de corrupción de su gobierno, lo que tenemos enfrente es un desgaste de la idea misma de la política como
espacio de negociación de los conflictos. El llamado de las sirenas populistas, autoritarias y radicales están llenando
el espacio público.
La crisis de los
partidos. No es nueva, pero sorprende la velocidad con que se edificó el sistema de
partidos y su rápida degeneración en una colección de sectas, tribus y mafias. El escepticismo y el escándalo se
ha adueñado de la imagen de los partidos desde hace tiempo. Sin consistencia ideológica ni coherencia
política, los partidos se han convertido solamente en el territorio de tribus, en espacios de transacción de intereses
y puestos, de recursos y poder. Lo que ocurre en el PRD es vergonzoso, pero no debe sorprender demasiado lo que ocurre con los otros partidos. Como se observa, la moral de los políticos es, o sigue siendo, muy
parecido a lo que opinaba Gonzalo N. Santos, el célebre cacique priista potosino de los años 40, con la certeza de
la experiencia política adquirida en los años de construcción del PRI: "en política, la moral es un árbol que
da moras". Algo parecido deben pensar muchos de nuestros políticos profesionales, dentro y fuera del
PRI, respecto de la moralidad política, o lo que sea.
El desafío al IFE. En este contexto de empobrecimiento de la idea misma de la política y de los partidos,
los procedimientos electorales y su autoridad institucional, el IFE, pueden comenzar a resquebrajarse ante
la combinación fatal del escepticismo, la sospecha y el hartazgo. La centralidad de comicios limpios y
bien organizados puede venirse abajo con el desempeño de sus actores exclusivos, los partidos. Y no habrá
llamado alguno que convenza a los ciudadanos de que se pueden cambiar a los jugadores, de que la corrupción no
lo es todo, de la excepcionalidad de los acontecimientos que hemos atestiguado en las últimas semanas.
La importancia misma del IFE está en juego, lastimada por los propios beneficiarios de su existencia. El
breviario de podredumbre que habita la vida política mexicana significa un desafío a la mayor de nuestras
capacidades institucionales, la que justamente hizo posible el encauzamiento ordenado y productivo de las
tensiones políticas y sociales acumuladas durante décadas.
Estas circunstancias ensombrecen las perspectivas de la democracia mexicana. Ni códigos de ética
política ni vehementes exhortos a la moralización de la política y de los partidos serán suficientes para ahuyentar
los demonios de la corrupción y el escándalo en la vida política. La victoria pírrica de la moderna videocracia
no significa, como pregonan sus sacerdotes y creyentes, el triunfo de la democracia y de la moral pública, sino
tan sólo, tal vez, su inexorable degradación. El imperio de las instituciones y de la ley, es, sigue siendo, el gran
déficit mexicano del cambio político y de la consolidación democrática.