etcétera

Hacia una crisis que no se atreve
a pronunciar su nombre

José Carreño Carlón

En la medida en que transcurren los días y los trabajos del equipo de gobierno inaugurado el 1 de diciembre de 2000, se van despejando las dudas sobre la naturaleza y el alcance del cambio iniciado a raíz del resultado electoral del 2 de julio.

¿Estará en marcha un cambio de régimen o se habrá operado un simple cambio de administración? En otras palabras, ¿podremos pronto hablar de un nuevo régimen, en contraste con uno viejo que ha sido liquidado o está en acelerado proceso de liquidación, o tendremos que referirnos a la actual, igual que cada seis años, desde 1940, simplemente como a una nueva administración, contrastándola con "la administración pasada" o las anteriores administraciones?

De las respuestas adecuadas a las preguntas anteriores podrían acaso derivarse las oportunas propuestas para definir la naturaleza y el alcance de una nueva, al parecer ineludible, crisis en gestación. Ello, a pesar de la doble, precipitada importación de los conceptos que integraron la (cursi) frase "transición de terciopelo" aplicada a la tersura aparente de las condiciones generales del país a partir de las elecciones que desplazaron al PRI de la Presidencia de la República.

Pero la crisis se anuncia en varios planos. Ante su inminencia, la estrategia informativa del gobierno no encaja de manera inequívoca, hasta ahora ni en la peor tradición priista, llevada por Zedillo al extremo de la autoaniquilación: la de cargar los costos humanos y políticos de sus propios errores a "la administración pasada"; ni en las tradiciones revolucionarias de un cambio de régimen. Es decir, tampoco se ven aprestos para explorar en las estructuras heredadas del poder político y económico las causas de un previsible quebranto nacional en curso; ni se apunta a señalar los advertidos signos de inestabilidad como costos inevitables asociados al cambio de régimen ofrecido.

Por ejemplo, algunas (tímidas) declaraciones del secretario de Hacienda sobre la multiplicada deuda pública que dejó Zedillo han sido acalladas por el imperativo de seguir sustentando la cada vez más forzada versión de una supuesta "transición de terciopelo". Así, se fue postergando, hasta ya entrado el segundo mes de la nueva administración, el llamado a cuentas a una "administración pasada" que no las ha rendido satisfactoriamente sobre esa desmesurada multiplicación de la deuda a raíz del escándalo del Fobaproa. Es una carga que limita sensiblemente el margen de maniobra del nuevo gobierno para hacer frente a la crisis económica que viene, derivada, en parte, de la desaceleración de la economía estadounidense.

El discurso hacendario se ha visto precisado no sólo a eludir o mediatizar un debate esclarecedor en este punto, sino además a pasar por alto un costo acaso mayor que el de la deuda: el de la crisis y su manejo a partir de los errores de diciembre de 1994, que dejó a México y a los mexicanos al margen de los beneficios del mayor ciclo de expansión de la economía estadounidense: el ciclo cuya conclusión amenaza hoy la estabilidad de una economía como la mexicana para la cual parecen insuficientes aquellos blindajes tan publicitados al final de la administración pasada.

Foto: Miguel A. Navarrete

Hay analistas, para mayor indefinición, que infieren que, desde una de las llamadas superasesorías de Los Pinos, parecería desplegarse un activismo mediático en consonancia con los intereses de la "administración pasada" con el fin de seguir desviando la atención de las responsabilidades de las crisis que hoy se acumulan, hacia la administración antepasada.

En sentido opuesto, la estrategia discursiva del presidente Fox parecería de pronto dar la bienvenida a las claras expresiones de inestabilidad en el plano político, particularmente en el sureste del país, aludiendo a ellas como muestras del cambio de régimen o del desplazamiento en retirada de las viejas formas del quehacer político, sólo para frenar en seco ese entusiasmo al ver desbordado el efectismo de sus estrategias de comunicación por la efectividad comunicacional de sus contrapartes, especialmente la del subcomandante Marcos.

Y es que, a diferencia de la eficacia mostrada en la campaña electoral, uno de los puntos más débiles de la, hasta ahora, exitosa estrategia de comunicación del gobierno radica en el mensaje. No en la capacidad para transmitirlo y difundirlo, heredada del viejo régimen, de sus hábitos de sobreexposición y de sus relaciones de subordinación y colusión de intereses con los medios de mayor penetración e influencia, lo cual plantea otro problema a tratar más adelante.

La debilidad del mensaje aparece, en primer término, en su construcción, a partir de materiales que si bien fueron aptos para generar efectividad proselitista en el candidato no lo son para sustentar eficacia en la acción gubernamental. Es evidente que los actores de la oposición tienen mayores márgenes para desplegar golpes efectistas sin incurrir en los altos costos y graves riesgos que ese tipo de estrategias producen a los actores que las intentan desde el poder.

Paradójicamente, en este sentido, el Fox gobernante se presenta ahora en desventaja. No parece encontrar la distancia con sus interlocutores no gubernamentales frente a quienes parecería seguir en campaña. Su mensaje es el de un competidor por los índices de popularidad semanal, no el de una autoridad en busca de soluciones duraderas.

Como lo ha enfatizado la mayoría de los consultores y directivos partidistas de Europa entrevistados para un estudio sobre la aclimatación del marketing político en aquel continente, las estrategias dirigidas a la venta rápida envejecen muy pronto. El imperativo esencial de la comunicación política, sostienen, sobre todo la que hacen los gobiernos, es transmitir un sentido de suficiencia, confianza, seguridad o esperanza firme de la comunidad en sus autoridades. No generar la sensación de que se asiste a una temporada interminable de torneos semanales para ver quién realiza la hazaña comunicativa más espectacular: la autoridad o sus competidores.

En este orden de ideas, al mensaje gubernamental le está faltando coherencia y densidad institucional, además de que el gobierno pierde a diario el control de sus mensajes clave. No sólo por la diversidad de voceros y de sus respectivos estilos, sino por lo diverso de sus efectos: por aquí un miembro del gabinete envía una señal, que por allá desvía de su objetivo una señal contraria o diferente de un miembro del staff, frente al protagonismo distractor de un tercero y el extravagante lenguaje no sencillo, sino simplón; no llano, sino vacuo; no religioso, sino empalagoso del sector a la vez más parlanchín y desubicado del gabinete. Este lenguaje puede regocijar y divertir a unos, agredir o provocar a otros, pero parecería generar en los públicos más ilustrados y actuantes una creciente sensación de ridículo, irrealidad y pena ajena.

En este mismo sentido, la capacidad de sobreexposición del gobierno en los espacios mediáticos heredada del viejo régimen y de la vieja pero sobreviviente cultura de colusión de intereses con los medios sólo parece sobreexponer los mensajes gubernamentales a percepciones cada vez más críticas de algunas audiencias.

Lo de menos sería la controversia que entre los especialistas suscita el marketing entendido como herramienta de gobierno, dentro del concepto conocido como "campaña permanente", en tanto ésta suele enmascarar la ausencia de medidas trascendentes a nivel federal a cambio de "elevar a prominencia nacional asuntos esencialmente locales". A Clinton le funcionó dentro de su estrategia del "Small Deal" y con su eslogan de 1996: "Putting People First". A Labastida no, a pesar de que llegó a compartir consultor con Clinton y a medio copiar ese eslogan con aquel de "que el poder sirva a la gente". Mientras que Francisco Ortiz, el sin duda talentoso coordinador de opinión pública e imagen del presidente Fox, apuesta sin reservas por el "Small Deal" clintoniano y por "elevar a prominencia nacional asuntos esencialmente locales". Allí está para muestra su reclamo reciente: "El gobierno federal puede abrir cinco campos deportivos en el Estado de México, pero en Chihuahua cómo se van a enterar. Lo tengo que comunicar de alguna manera para que la gente vea que están pasando cosas...".

Tampoco se trata de una aportación original de la política mexicana ni en la política mexicana. Al contrario, en el mundo ya es una especie de lugar común entre académicos y consultores internacionales describir la "campaña permanente" como el ciclo donde "los líderes no van a la campaña para llegar a gobernar, sino que llegan a gobernar para irse de campaña". El presidente Luis Echeverría se proclamó quizá instintivamente, desde los primeros años 70 como "un presidente en campaña". Mientras que, desde 1970, en Gran Bretaña, y desde 1980, en Estados Unidos, Margaret Thatcher y Ronald Reagan, respectivamente, borraron todo vestigio de línea divisoria entre sus quehaceres de campaña y sus quehaceres de gobierno. Y desde entonces, en todo el mundo democrático se generaliza el marketing político como una línea continua, inexorable, especializada, refinada y extendida a todos los espacios mediáticos.

El problema está en otra parte. Los ejemplos anteriores corresponden a regímenes con instituciones y culturas democráticas arraigadas. Y a sociedades con altos niveles de educación, hábitos de lectura y acceso a información en cantidades y calidades desconocidas en nuestro país. Y aun en aquellos espacios del desarrollo se perciben rasgos de involución y erosión institucional, cultural y política para los cuales el marketing no sólo carece de respuestas sino que plantea nuevos interrogantes, como lo evidenciaron las elecciones en EU del año pasado.

Mientras tanto, en México, los diversos planos de la crisis en gestación, los más evidentes, en la economía y la política, plantean al nuevo gobierno desafíos diferentes.

Por una parte, un desafío generado por el éxito del marketing de su campaña electoral al que difícilmente se podrá responder desde el gobierno sólo con el marketing propio del concepto de "campaña permanente": el desafío de responder a la enorme expectativa de cambio generada en la sociedad. Cambio de régimen, no solamente una nueva administración.

Por otra parte, está el desafío de responder a las crisis en curso de manera diferente a como respondió el viejo régimen en las pasadas crisis sexenales. Y a juzgar por lo mostrado hasta ahora, incluyendo el elenco político y administrativo, no hay señales de que se esté construyendo una mínima capacidad para elaborar las nuevas respuestas.

Por exitosa que se vislumbre la campaña permanente de la presidencia foxiana, hacer frente a las expectativas generadas en la campaña electoral y a las crisis en gestación exigirá más que promociones de imagen dirigidas, como lo explica inecesariamente el coordinador del área en Los Pinos, "más a la gente que no lee periódicos ni ve noticieros", la inmensa mayoría que sólo atiende a los spots publicitarios en los programas de radio y tv de mayor audiencia, la misma que se refleja en las altas tasas de aprobación del desempeño gubernamental.

Se trata de una de esas estrategias de venta rápida destinadas a envejecer también rápidamente y a languidecer por su desconexión con el menor ejercicio intelectual, con el más tímido cotejo con la inteligencia crítica. Se trata, en definitiva, de un ejercicio narcisista en el cual el gobernante se ve al espejo de una opinión pública construida a semejanza de la imagen deseada por él mismo, a despecho de la opinión de los sectores participantes que leen periódicos y libros y ven y oyen noticieros nacionales e internacionales.

Y en la medida en que esta masa crítica no encuentre respuestas satisfactorias a las preguntas planteadas al principio, sobre la naturaleza y el alcance del cambio iniciado tras el resultado electoral del 2 de julio, una nueva crisis podría unirse a las crisis conocidas por los mexicanos en las pasadas administraciones. Una crisis más parecida a la del 68, protagonizada por los grupos que hace más de tres décadas se rebelaron contra el gobierno y sus medios, porque los excluían de sus ritos celebratorios del milagro económico mexicano, de la misma manera que hoy aparecen grupos que empiezan a mostrarse cada vez más excluidos de los sonrientes cuanto efímeros resultados de encuestas inscritas en la estrategia de un marketing de ventas rápidas.

El problema es que entre los grupos más agraviados por esta nueva crisis pueden estar aquellos en los que se llegaron a implantar, hace unos meses, las grandes expectativas de cambio generadas por la campaña electoral, incluyendo los sectores del voto útil. Se trataría para todos ellos de una crisis difícil de asumir, de entender y, por tanto, difícil de pronunciar.

Sí. Como en la decodificación que hace Oscar Wilde del poema de su amado, lord Alfred Douglas: "Love that dare not to speak its name". Pareceríamos acercarnos al umbral de una crisis en varios planos, tan incomprensible para este México de entresiglos y tan incompatible con la imagen eficientemente construida por el nuevo poder político sexenal y sus recursos mercadológicos, que ante esta percepción dominante, como ocurría en su tiempo con los sentimientos socialmente incomprendidos que Wilde trataba de reivindicar ante sus juzgadores la nueva crisis en gestación, a la vista ya en las primeras semanas de este nuevo siglo, no se atrevía todavía a pronunciar su nombre.