etcétera

Viejas herencias

José Carreño Carlón

Digamos que la primera alusión del presidente Vicente Fox, en su discurso inaugural, a los derechos relativos a la información fue un enunciado inobjetable: "El estricto respeto a la libertad de expresión", presentado como "garantía del desarrollo democrático" y como "compromiso primero del Estado democrático".

Pero pongamos en cuestión, enseguida, el segundo párrafo presidencial dedicado al tema: la afirmación de lo que él llamó su creencia sólida ("creo firmemente", dijo) en "que los medios de comunicación nacen de la libertad". Saltan a la vista los riesgos de esta afirmación en un país donde a lo largo de su existencia han sido más bien excepcionales los medios que no nacieron, crecieron, se desarrollaron e incluso murieron condicionados de alguna forma por el poder político.

Tal inexactitud presidencial pareció deberse a la necesidad de construir una frase retórica, en todo caso no referida al ser sino al deber ser de los medios y de sus relaciones con la libertad. Una frase que parecería cobrar sentido a manera de apoyo al siguiente enunciado, a considerar con el mayor detalle en el análisis de este aspecto del mensaje presidencial: sólo en la libertad los medios estarían en aptitud de "cumplir su responsabilidad ética de informar a la sociedad".

Este enunciado, con los que siguen, parecería abrir cuatro flancos de interés:

1. Respecto del pasado, podría estar ofreciendo una especie de amnistía o, al menos, la descripción de una circunstancia atenuante de responsabilidad a los medios que han faltado a sus deberes y obligaciones con la sociedad y los particulares: si los medios mexicanos mayoritariamente con las excepciones de siempre han vivido bajo un régimen de libertad condicionada (por un modelo histórico de colusión de intereses con el poder) y de impunidad ante sus propias transgresiones (derivada de aquella colusión con el poder), dichos medios han visto, por lo mismo, condicionada también su capacidad para hacerse responsables de informar con rigor ético y profesional a la sociedad. En otras palabras, si sólo los medios libres podrían responsabilizarse plenamente de sus actos u omisiones, los medios que no han tenido plena libertad de decisión no han podido, tampoco, hacerse plenamente responsables de sus actos.

2. Respecto del presente, estaría apareciendo un primer límite a los compromisos presidenciales en este campo: una vez garantizadas y hechas realidad las libertades informativas, la responsabilidad de los medios de informar a la sociedad se mantiene, como hasta el último día del viejo régimen, en el mejor de los casos, en el terreno de los compromisos éticos, es decir, voluntarios en su adopción y no exigibles en su cumplimiento. Dicho de otra manera, los medios se pueden hacer responsables a sí y ante sí mismos de sus actos u omisiones, pero a los medios nadie los puede hacer responsables de sus acciones o distorsiones ni exigirles cuentas de su proceder.

3. Respecto del futuro, el presidente Fox estaría anunciando su decisión de mantenerse a distancia de la demanda del partido con cuyo registro conquistó el poder, en cuanto a sustentar en la ley y hacer exigibles través de la ley, los derechos de la sociedad y de los particulares en los procesos relacionados con la información.

En íntima coherencia con estas primeras piezas de una probable estrategia de comunicación institucional del nuevo gobierno encajaría una pieza más, también enunciada en el mensaje inaugural del presidente:

4. El nuevo gobierno, a su vez, igual que los medios, se autorregularía y se autolimitaría en el manejo de la

información oficial, sólo a través de un compromiso ético. Por tanto, no se establecerían en la ley las formas de hacer exigible ese compromiso ético de darle efectividad al derecho constitucional a la información que asiste a la sociedad: "Me comprometo con una nueva ética que supere el vicio histórico de una cultura oficial que privilegió el control y la manipulación de la información", dijo el Presidente, sin obligarse y sin obligar al Estado que encabeza a satisfacer el derecho a la información de la sociedad a través de una ley que garantice y regule el acceso de los particulares a la información que el poder ha generado u ocultado a lo largo del siglo, hasta el último día de la presidencia de Zedillo, de manera discrecional, patrimonialista y al margen de toda norma.
Con independencia del argumento, compartible, de que estas y otras ofertas presidenciales, en el estreno del nuevo régimen, gozaron y seguirán gozando de una credibilidad incontrastable respecto de la que tenía el viejo régimen, lo cierto es que su formulación, en las primeras semanas de gobierno, no alcanzaba a rebasar los viejos conceptos ni trascendía expresamente la interesada tontería zedillista que planteó la autorregulación de los medios a cambio de la actualización de su regulación. Tampoco había ido más allá del modelo salinista de autocontención de la capacidad gubernamental para perpetuar sus operaciones de colusión de intereses con los medios, a través del decreto de diciembre de 1992 que se propuso transparentar y acotar los gastos gubernamentales en materia informativa. Mucho menos superó el paso dado por la anterior Legislatura de la Cámara de Diputados, la primera sin mayoría absoluta priista, que estableció el seguimiento presupuestal del Congreso a los gastos gubernamentales correspondientes a la partida de comunicación social.

Acaso, en esta última dirección, las primeras instrucciones y advertencias, así como los primeros lineamientos para guiar la acción de los funcionarios de comunicación del nuevo gobierno, dados a conocer en los primeros días de diciembre, se limitaron a reforzar la política de autocontención de la capacidad corruptora del poder, agregando quizá una amenaza: "Se aplicará todo el peso de la ley contra aquellos funcionarios o servidores públicos que cometan cualquier acto de corrupción en la política de transparencia informativa".

Y si bien en el documento La política de comunicación social del nuevo gobierno se estableció que "es preciso y urgente contar con un nuevo marco legal" en la materia, casi a renglón seguido tal urgencia era cancelada con un "no importa el tiempo que nos tome" y un "no se dará un paso hasta no lograr los consensos necesarios", tranquilizando así a los beneficiarios de los así llamados en el documento "vicios en la relación entre el gobierno y algunos medios de comunicación, en detrimento de la información democrática, plural y transparente".

De allí a anticipar una especie de resignada vuelta al viejo concepto de la imposibilidad de ir más allá de la autorregulación no hubo más que unas líneas: si no se llega a un consenso para reformar el marco jurídico retrocedía el documento a los tiempos de Luis Echeverría y López Portillo "el nuevo gobierno sugiere la instauración de códigos de ética para cada medio de comunicación", concluía el texto, ya imposible de diferenciar, a estas alturas, del interesado discurso zedillista.

Pero si fue imposible desalojar estos viejos conceptos del escenario del nuevo régimen, igualmente parece serlo la renovación del reparto y de sus rutinas histriónicas.

Se trata de los mismos concesionarios y varios de los mismos protagonistas de la pequeña pantalla y el micrófono que encabezaron en su mayoría y bajo el modelo de colusión de intereses con el antiguo régimen y su partido la más ruda resistencia al cambio de régimen: le dieron con todo, hasta la víspera de la jornada electoral, a quien a pesar de ellos ganaría la Presidencia y a quien, más tarde, una vez que ganó la Presidencia, han descubierto como el ser providencial a la manera como ellos o sus antepasados lo hicieron cada seis años, desde hace casi siete décadas, con cada presidente del antiguo régimen.

Y, en casos por demás paradigmáticos, se trata también de los mismos funcionarios del antiguo régimen que saltaron de sexenio a sexenio, de la promoción de un personaje a otro hasta llegar hoy a compartir la cúpula de los aparatos de comunicación del nuevo-viejo régimen que parece aguardarnos en materia de comunicación oficial pasar del cambio de partido a la cabeza del Poder Ejecutivo. Para más señas, una inconfundible que apunta a la continuidad del viejo modelo de relaciones subordinadas y de colusión de intereses de los medios y el gobierno fue la petición del nuevo presidente al Congreso de un aumento de 12% en los recursos para difusión e imagen que el gobierno ha distribuido tradicionalmente, de manera discrecional, entre los medios y sus operadores.