etcétera

En conflicto por una relación de negocios

Joaquín López-Dóriga

Existen muchos temas que deben ser dilucidados al hablar sobre la actual relación entre el gobierno federal y los medios de comunicación.

De hecho, lo que podríamos denominar como la "toma hostil" de las instalaciones del Canal 40 en el cerro del Chiquihuite con todo su mar de fondo se convierte hoy en el detonador de un necesario análisis, no sólo del status quo del cuidado del Estado de derecho en nuestro país, sino del papel mismo que hoy día juegan los medios de comunicación, frente a su responsabilidad ante la sociedad y en cuanto a su relación con los diferentes grupos de poder, no sólo el gubernamental.

Foto: Gregorio Cortés

Y es que los lamentables hechos registrados la madrugada del 27 de diciembre del año pasado en el cerro del Chiquihuite, motivan a que amplios sectores de la sociedad nos formulemos preguntas que van más allá del primer impacto de la toma de las instalaciones de Canal 40, que es un detonador, y nos obligan a reflexionar sobre las circunstancias que se viven hoy día al interior de los propios medios de comunicación, para luego poner a éstos en perspectiva respecto de sus relaciones con el Estado, con el poder.

En este punto, yo me preguntaría si, tras reconocer que al día de hoy, la relación entre los medios de comunicación y el gobierno ha sufrido significativas transformaciones, los medios de comunicación hemos también entendido, todos a cabalidad, ¿cuál puede o debe ser nuestro papel en el nuevo entorno? o más aún, si hemos entendido ¿cuáles son nuestras verdaderas oportunidades y responsabilidades?

En el caso del Canal 40 creo que la mayor pérdida será la ausencia de una de las opciones televisivas en el país, y rechazo eso de las llamadas "opciones pequeñas"; en periodismo no hay opciones pequeñas.

Ya lo hemos visto y lo seguimos viendo con este conflicto. Creo que para nadie será difícil aceptar, reconocer, que, para bien o para mal, nuestro entorno, el entorno de los medios, se ha transformado. Para bien o para mal, deseo que para bien o, al menos para mejor, insisto, vivimos un nuevo entorno, y las relaciones entre gobierno y medios de comunicación no podían ser la excepción, apartándose de las transformaciones que nuestra sociedad ha emprendido.

Ahora que las viejas reglas parecen haber desaparecido, el control absoluto de los medios no es ya una realidad en México, y espero que no lo sea nunca más, pero también es cierto que en algunos casos, los medios, algunos medios, han corrido vertiginosamente hacia el otro extremo, olvidando que antes que ser motivo de escándalo, o hacer alarde de escándalo, la responsabilidad de todos los medios es la de garantizar información y alternativas a la sociedad, convirtiéndose en el escaparate de la diversidad de pensamientos, pulso de la variedad de expresiones y necesidades de una sociedad como la nuestra.

También es cierto que ante la nueva relación "medios-gobierno", no puede soslayarse la falta de una eficaz estrategia de comunicación por parte del propio gobierno. Y ante la falta de una estrategia clara, lo obvio, lo natural, lo que vemos, es que los diferentes grupos de poder, formal o informal llenen, se apoderen de esos vacíos y aprovechen sus espacios de influencia en los medios para atraer la atención hacia los temas que les son de interés particular: sus propios intereses siempre.

En este caso del conflicto TV Azteca-Canal 40 que formalmente no nos convoca, pero nos llama, nos debe llamar, no podemos dejar de ver los acontecimientos tal cual son y reconocer que en materia financiera y legal, una de las partes involucradas parece haber cometido más errores que la otra, errores que seguramente le costarán caro a los tenedores originales de la concesión televisiva, y quien quiera que hoy la tenga luego del "aseguramiento" de la señal primero embarrada, transmitían barras por acuerdo del gobierno que anticipaba así su ida a negros en todos los sentidos.

Pero, otro de los tópicos que nos mueven a la reflexión y quizá el más relevante para la sociedad en su conjunto, es sin duda el evidente letargo con el que el Estado de derecho se hizo cumplir en este caso en particular, y es que en este sentido el proceder de las diferentes partes involucradas ha sido muy alejado de lo que cualquiera podría haber esperado.

Es cierto que desde meses atrás se oían voces interesadas que daban por hecho el posible fallo favorable a TV Azteca como otras, también interesadas que decían lo contrario una vez que se diera a conocer el laudo arbitral; "la forma es fondo", se dice en política, lo decía don Jesús Reyes Heroles, pero en derecho, la forma es legalidad y estoy firmemente convencido de que nadie debe pasar por encima de la ley o ejercerla por propia mano, lo que es inaceptable en el espacio de lo legal y de la justicia.

En el caso de las instalaciones del Chiquihuite es evidente que, independientemente de los conflictos mercantiles en una sociedad de negocios entre los presidentes de ambas empresas televisoras, que así comenzó todo, tengámoslo presente, una de las partes ignoró los procedimientos judiciales existentes y tomó la ley en sus manos.

Y desafortunadamente no pudimos ver una autoridad capaz de actuar de manera inmediata, oportuna, que hiciera respetar el Estado de derecho. Recordemos que "los bienes del Estado son de interés público" y que en estricto sentido, la concesión que da pie a la creación del Canal 40 es un bien del Estado, operado y explotado por particulares. Bajo esta premisa, el Estado mexicano debió haber actuado inmediatamente aunque, como todos sabemos, en la práctica decidió no hacerlo y guardar silencio, irse de vacaciones, como si el Estado, alguna vez, pudiera estar de vacaciones en un Estado de derecho.

Independientemente de a quién asista la verdad jurídica en el conflicto de negocios entre las partes, que afecta la libertad de expresión por haber anulado una opción informativa, parece haber sido la presión de la opinión pública la que finalmente provocó una reacción del gobierno. Si deseáramos ir aún más lejos, podríamos recordar que este conflicto que, insisto, inició de un conflicto mercantil, tiene ya dos años de iniciado, y que en ese lapso no hubo tampoco muestras de que la autoridad deseara intervenir para dirimir la disputa buscando una interpretación justa de los convenios que el propio gobierno, a través de la SCT, autorizó en su momento.

Este problema, como otros, se dejó crecer sin evaluar las consecuencias, y como en todo, al final a alguien tenía que explotarle en las manos el asunto, lo que hoy debe resolverse al amparo de la razón y el derecho. Sinceramente, por el bien de nuestras instituciones y el de nuestro país, deseo que esta clase de acontecimientos no se repita.

No lo permitamos.