etcétera

Desconfianza en lo público

José Carreño Carlón

Los resultados de la Segunda Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas, realizada por la Secretaría de Gobernación, refrendan, de entrada, el fracaso del sistema educativo del país y el incumplimiento de los valores a inculcar por la educación, en los términos del artículo tercero de la Constitución.

Pero, para los efectos de un medio como etcétera, esos saldos exhiben también los efectos de largo plazo del sistema de comunicación pública mexicana. De todo el sistema: de las fuentes que definen primariamente la agenda del debate público y de los medios de comunicación como definidores secundarios de esa agenda.

Grandes rezagos en el desarrollo de la cultura política, una virtual ausencia de cultura constitucional y de la legalidad y pobreza extrema en la cultura cívica son sólo algunos de esos resultados. Efectos miserables tanto en el orden cognitivo como en el de la actitudes y comportamientos de los mexicanos en estos rubros.

Precisamente es en estos campos, y desde esta perspectiva, que pudiera resultar más convincente la propuesta de que la transición mexicana a la democracia al lado de innegables avances no sólo no ha concluido, sino que, en algunos aspectos, no parece haber empezado y en otros incluso puede estar mostrando señales de regresión.

De acuerdo con otro estudio dado a conocer en estas mismas fechas por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, los datos comparativos de una encuesta levantada el penúltimo año de permanencia del viejo régimen de partido dominante 1999 con los obtenidos este tercer año del nuevo régimen resultante de la competencia electoral y la alternancia plena en todos los cargos del poder del Estado, el descrédito de la política ha aumentado en 10%.

Foto: Adrián Cortés

Al mismo tiempo, y probablemente como efecto de una pesada tradición estatalista en nuestra cultura política, llama la atención de la encuesta encargada por la Secretaría de Gobernación que entre las primeras asociaciones o reacciones de los encuestados a la palabra "privado" o "privada" no se encuentren referencias directas, expresas, explícitas a la "vida privada" ni a la "propiedad privada", conceptos inseparables del paradigma de la democracia liberal de los tres siglos anteriores y del paradigma de la actualidad expresado en la hoy llamada sociedad democrática de mercado.

Por supuesto, hay, entre las respuestas, aproximaciones que asocian lo privado a lo personal, a lo propio, a un lugar, a la familia, pero no aparecen respuestas que asocien explícitamente el término privado con vida privada o con propiedad privada.

Quizá todavía más sorprendente pueda resultar la frecuencia con que las respuestas hacen asociaciones de lo privado con lo secreto y de lo privado como algo relacionado ciertamente con lo íntimo, sólo que ligando la intimidad con lo prohibido.

Estas referencias, que parecerían mantener la esfera privada en las asociaciones más espontáneas de los encuestados en un plano poco visible o poco valorado tiene una estrecha relación a su vez con la frecuencia con que el término "público" se relaciona todavía en México con lo estatal, con lo gubernamental, con lo institucional, muy lejos del paradigma de Habermas de una esfera pública surgida de las libertades democráticas, a raíz de la revolución francesa ocupada o habitada precisamente por los particulares discurriendo sobre los asuntos públicos, de cara a otra esfera, la de los poderes estatales, gubernamentales, institucionales, y dejando a salvo tanto de la esfera estatal como de la esfera pública a la esfera privada, los derechos a la intimidad como tema de alta valoración en la escala de los derechos y las libertades de la democracia liberal.

No tendría que sorprendernos, desde estos resultados, el hecho de que, en las semanas anteriores a que se diera a conocer la encuesta, sin que en la agenda pública se hubiera debatido más que marginalmente la mínima protección a la esfera privada, la grabación de decenas de conversaciones privadas haya ocupado los principales espacios de la comunicación pública tomando en cuenta que la prensa, los medios, constituyen idealmente una expresión típica de la esfera pública.

En este marco podríamos explicarnos también, el alto 60% de respuestas que afirman que el gobierno debería intervenir en las decisiones respecto de los programas que pasan en la televisión, al lado del dato, todavía más revelador, de que también, más o menos el mismo porcentaje, 61%, dice informarse, en una primera mención, de lo que pasa en el mundo de la política, a través de la televisión.

Para ilustrar con mayor énfasis, a la vez, el peso que en la actual cultura política se atribuye a la televisión y la persistencia de la intolerancia en los rasgos tradicionales de nuestra cultura política, 48% de los encuestados se mostró en desacuerdo con que se permitiera salir en televisión a una persona que fuera a decir cosas contra su forma de pensar.

Y acaso lo más paradójico: frente al 60% de respuestas que piden la intervención del gobierno en el más influyente medio de comunicación, podríamos preguntarnos cuál sería el sentido de esa intervención gubernamental si al mismo tiempo un alto porcentaje de las respuestas, en una escala del 0 al diez, otorga calificaciones entre seis y diez, cuando se les pregunta por la confiabilidad que les merecen los medios de comunicación.

Además de los cambios notables en la ampliación de las libertades de los medios de comunicación, esta buena valoración que reciben en esta segunda encuesta tendría relación con los cambios operados no tanto en su modelo de relación con el poder político y los poderes económicos privados, sino en la correlación de fuerzas dentro del mismo modelo y en una tendencia global, de la que no escapamos, en la que los medios tienden a diluir o desplazar a los partidos, a los órganos deliberativos y en general a los poderes políticos y las organizaciones ciudadanas, para erigirse en los nuevos espacios de la política y del procesamiento de las decisiones públicas.

En efecto, porcentajes que van del 70 a más de 90% de las respuestas acreditan una deserción sistemática de los espacios públicos e institucionales y una consecuente baja credibilidad en la participación política y social, lo mismo en las juntas de vecinos y colonos, que en agrupaciones y organizaciones de ciudadanos (87% de respuestas negativas a la pregunta de si asistió a una reunión de ellas en el último año) que en partidos y grupos políticos (90% de respuestas negativas a la misma pregunta).

En lo que podríamos estimar un cambio positivo en las percepciones políticas, mención aparte merece el relativamente bajo porcentaje de respuestas con calificaciones aprobatorias, que le dieron, de entre seis y diez, al Presidente de la República: 73% de los encuestados, por debajo no sólo del IFE, la Iglesia, el ejército y los medios, sino incluso abajo de 76.5% de respuestas que le dieron notas aprobatorias a la Suprema Corte.

Sin ser despreciable el porcentaje de encuestados que aprobó al Presidente, la comparación con las demás instituciones y actores públicos que hasta hace muy poco apenas aparecían, más bien tenues y fugazmente, en el radar de la agenda y de la opinión públicas, el dato permite ilustrar lo que podría constituir acaso el cambio más profundo respecto de la comunicación pública y la cultura política del país en la última década. Para decirlo en los términos técnicamente más neutrales: el Poder Ejecutivo, la institución presidencial dejó de detentar el monopolio de la función de la definición primaria de la agenda del debate público, que ejerció por décadas a través de la subordinación de o de la colusión con los medios, definidores secundarios de la agenda. Y como lo anticipábamos líneas arriba: no es que haya concluido el modelo histórico de colusión de los medios y los poderes dominantes en la sociedad, sino que cambió la correlación de fuerzas, dentro del modelo de colusión, en detrimento del poder político y en favor del poder de las corporaciones privadas. Al mismo tiempo, como parte de un fenómeno global, a diferencia de lo ocurrido hasta los años 80 del siglo pasado, los poderes políticos pasaron a depender más de los medios, que lo que los medios dependen de los poderes políticos.

El efecto positivo de estas transformaciones en México radicaría en que, al irse diluyendo el monopolio presidencial en el ejercicio de la función de definición primaria de la agenda del debate público, se fue abriendo también la competencia entre los diversos actores sociales por concurrir a la definición de dicha agenda y a la construcción también en términos competitivos de imágenes públicas, de porcentajes de aprobación social y de fuerzas político-electorales. Y es aquí donde da un vuelco la cultura política presidencialista a ultranza, la imagen del poder presidencial incontrastable, para dar paso a una figura presidencial, que sigue siendo central, pero que está sometida al desafío cotidiano de competidores que concurren con capacidades simétricas al campo de juego de los medios o campo de batalla, como lo llamó Bourdieu.

El relativamente más bajo porcentaje de respuestas con notas aprobatorias al Presidente, respecto de algunos de sus competidores en la definición de la agenda del debate público, tendría que ver entonces con la capacidad de esos competidores para implantar, a través de los medios, temas e interpretaciones de la agenda pública desfavorables para el Ejecutivo en funciones. Por ejemplo, la percepción de estancamiento en las decisiones y soluciones a cargo del gobierno resulta desfavorable en el marco de una cultura política que, de acuerdo con esta segunda encuesta, favorece con un holgado 49%, en una lectura, la idea de un gobierno que actúa cuando se necesita, aunque no consulte, sobre un 32% que considera preferible un gobierno que consulta antes de tomar decisiones, aunque no actúe.

Estas percepciones en favor de un gobierno que privilegia la actuación sobre la consulta parecen consistentes con la distancia que marcan los encuestados con los asuntos públicos los que deberían ocupar la verdadera esfera pública cuando cerca de 90% dice estar poco o nada interesado en la política, frente a sólo un 9% que dice estar muy interesado, mientras dos terceras partes de las respuestas cerca de 66% exponen que la política es complicada y muy complicada, frente a un 7% que estima que no es nada complicada, o cuando más de la mitad responde que nunca participa en la discusión cuando las conversaciones derivan al tema de la política.

Sin embargo, que no participe ese 50% en las discusiones cuando las conversaciones derivan al tema de la política es decir, que la agenda pública de esa gran franja no incluye los temas políticos no quiere decir que ese mismo porcentaje no esté informado de esos temas, pues un consistente 44% dice ver o escuchar diariamente noticias sobre política o asuntos públicos al que quizá habría que añadir o tal vez incluir en él un 10% que dice leerlas en los medios impresos. En todo caso se trata de una cifra que es razonablemente congruente con la de más del 40% que respondió correctamente a la pregunta sobre el lugar donde se iba a construir el nuevo aeropuerto pero no fue posible porque sus habitantes se opusieron.

En este orden de ideas, tendríamos que referirnos, por el contrario, al precario efecto de los medios en la formación política de sus audiencias, si atendemos a que sólo una raquítica tercera parte de los encuestados respondió correctamente a la pregunta sobre la duración de los diputados en sus cargos, cuando alrededor de la mitad dijo atender diariamente la información política en esos medios.

Hay en estas respuestas una serie de paradojas o contradicciones que podrían contribuir a esclarecer el estado de nuestra transición en lo que atañe a la cultura política y las prácticas ciudadanas, de cara a los efectos de los medios en este campo:

· Frente a aquel holgado 49% que respalda la idea de un gobierno que actúa cuando se necesita, aunque no consulte, se erige un casi 60% que dice estar de acuerdo o de acuerdo en parte en que el actual gobierno se comporta de manera más autoritaria que democrática e incluso aparece un desconcertante 65% que dice estar de acuerdo o de acuerdo en parte en que el gobierno decide los asuntos por sí mismo en vez de consultar con la ciudadanía, lo que parecería poner al actual gobierno en el peor de los mundos: impedido de decidir por sus competidores en el Congreso y exhibido exitosamente por sus competidores en la definición de la agenda del debate público como un poder que decide sin consultar a la ciudadanía.

· Frente a 88% de encuestados que afirma interesarse poco o nada en política, la mitad todavía un alto 44% afirma sin embargo que la política sí contribuye a mejorar el nivel de vida de todos los mexicanos.

· Frente a la desdibujada o distorsionada valoración de lo privado, se registra una revaloración de los empresarios, con 68% de respuestas positivas a la pregunta de si ellos deben o no participar en la política y 62% igual al Congreso y por encima de 55% favorable a los partidos que les pone calificaciones aprobatorias de entre seis y diez, en una escala del 0 al diez, a los mismos empresarios a la pregunta sobre qué tanto confían en ellos los encuestados, a pesar de que sólo 17.7% afirma que puede confiar en las empresas privadas. Este resultado, con todo y sus contradicciones, sí parecería ilustrar la otra cara del cambio en la cultura política de los mexicanos, que hasta hace poco marcaba un deslinde recíproco entre dos mundos públicamente separados, el mundo de los negocios y el mundo de la política (aunque nunca hayan dejado de existir los vasos comunicantes que han nutrido el complejo político-empresarial del sistema político mexicano). Y esta revaloración política de los empresarios aunque sus empresas sigan siendo poco confiables en la percepción mayoritaria parecería tener relación también con la sustitución del poder público por las grandes corporaciones privadas en la detentación de los mecanismos de control, subordinación, mediatización o colusión de los grandes medios de comunicación como definidores secundarios de la agenda del debate público.

Por otra parte,

· Frente a un alto 47% que sostiene que los partidos son necesarios para que la nación mejore y un todavía más alto 55.4% que otorgó calificaciones aprobatorias a los partidos, entre seis y diez, en una escala del 0 al diez, y un todavía mayor 62% de notas aprobatorias, también entre seis y diez al Congreso, un 50% cree, sin embargo, que los procesos legislativos en que los partidos se involucran sólo responden a sus intereses y no a los del país, y sólo un minúsculo 5.2% afirma que un partido político lo ayudó a mejorar sus condiciones de vida o las de su familia. Aquí también podría explorarse una explicación de la, pese a todo, razonablemente buena o, al menos funcional, posición de los partidos en estas percepciones, en su multiplicada capacidad de competir por la definición de la agenda pública, con base en la capacidad de acceso a los grandes medios de comunicación a través de transferencias masivas de recursos de los contribuyentes a los partidos y de éstos a los grandes medios a partir de las reformas electorales de los años 90.

En el plano de la subsistencia de los rasgos de las tradiciones de la cultura política, hay también datos muy consistentes, como el de que cerca de un altísimo 50% se muestra de acuerdo o de acuerdo en parte con la afirmación de que un funcionario público puede aprovecharse de su puesto siempre y cuando haga cosas buenas, al lado de un congruente 58.3% que dice estar de acuerdo con la frase de que los ciudadanos permiten que haya corrupción, y un más modesto 28% que dice confiar en los programas del gobierno para combatir la corrupción.

Ello, al lado de la continuidad, también pese a todo, de la secularización de la vida pública: frente al dato de la baja asistencia de los encuestados a las iglesias sólo poco más de la tercera parte (37.7%) dice hacerlo semanalmente el doble (74.7%, tres cuartas partes de los encuestados) sostiene que los ministros religiosos no deben participar en la política.

Signos de la diversidad de actores con acceso creciente a la competencia por la definición de la agenda del debate público en una cambiante cultura política, y signo también de los efectos contradictorios de estas nuevas condiciones, serían algunos resultados llamativos de esta segunda encuesta: hay más rechazo a que los artistas participen en la política (52%) que a que lo hagan los militares (42%), mientras que hay una alta aceptación a que lo hagan las mujeres (85.2%), los jóvenes (84.4%), los indígenas (80.7%), los profesionistas (79%), los profesores (62%) e incluso los periodistas (61%), además de que crece la aceptación a la participación de los homosexuales (50.3% frente a 40.2% de rechazo, por cierto menor al rechazo registrado para la participación política de los militares, que llega a 42%).

Persiste la baja intensidad de las prácticas ciudadanas en la más diversa gama de la participación y la organización, baja intensidad que, pese a la construcción de imágenes de condiciones interactivas entre los medios y sus audiencias, apenas 7% de los encuestados dice haber mandado alguna carta a un medio impreso y 8% afirma haber hablado por teléfono a un medio audiovisual.