etcétera

La perspectiva del gobierno

Asociación Mexicana de Derecho a la Información

Foto: Gustavo Guevara

A nadie le queda duda que la vocación del Estado es servir a la sociedad; lo que hace a través de acciones directas, que se verifican en actos de gobierno, también mediante la prestación de diversos servicios públicos, como el caso de la llamada "radio de Estado", que por su origen, desarrollo y situación actual es, en nuestro país, una radio gubernamental, que para trascender en sus responsabilidades con la sociedad es necesario que se transforme en una verdadera política pública, una política del Estado mexicano y no sólo bajo una visión del gobierno en turno.

Cuando se habla de la radio pública es importante comprender que al tratarse de la explotación directa de un bien público, propiedad de la nación, el gobierno es sólo su administrador, y lo hace o, por lo menos, esa debiera ser la pauta a seguir buscando cumplir las finalidades últimas bajo las cuales se ha creado el Estado: servir a los intereses sociales. En materia de radio, aun, esa ha sido la premisa que dio pauta a la regulación jurídica de los medios electrónicos que observamos en las disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión, que no por añeja, deja de precisar los fines sociales a los cuales está sujeta la radio, incluso la de tipo comercial, más aún la que está en manos del gobierno.

Por ello el Estado, a través del Ejecutivo federal, que encuentra su satisfacción legal en administrar los bienes de la nación, está obligado por medio de la radio pública, a cubrir demandas de la comunidad, satisfaciendo necesidades diversas que le permitan explotar sus potencialidades como ser humano, entre las cuales, por supuesto, se encuentran aquellas vinculadas con el fomento de sus formas de comportamiento cultural. En ello radica la esencia y el valor de la radio pública, que no tendría sentido si tuviera las mismas finalidades de la radio comercial, que si bien está sujeta a un principio de responsabilidad social, no pierde de vista su necesaria lógica de mercado en su comportamiento diario.

De esta suerte, cuando el Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, se refirió al tema de los medios públicos dijo: "Vamos a modificar las reglas con las que operan los medios de comunicación del Estado; nos aseguraremos de que los medios de comunicación del Estado tomen una mayor distancia del poder y se acerquen de manera más esencial a la sociedad, su propósito debe ser servir a la sociedad, informar a la sociedad de las tareas de gobierno, no utilizarse para promoción de un gobierno de manera partidista".¹

Lo anterior, por supuesto, generó expectativas favorables para el desarrollo de una radio de Estado, más aún cuando en noviembre de 2000, las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal dieron cuenta de que sería la Secretaría de Educación Pública y no la Secretaría de Gobernación la que se encargaría en el futuro de "...dirigir y coordinar las estaciones radiodifusoras y televisoras pertenecientes al Ejecutivo federal...", lo que era congruente con una añeja demanda de la sociedad, y parecía ser la muestra de que este gobierno se encaminaría a reconstruir los esquemas de organización de los medios públicos.

En junio pasado, sin embargo, la prensa escrita dio cuenta del nombramiento de Dolores Béistegui al frente del Instituto Mexicano de la Radio (Imer), un conjunto de 19 estaciones permisionarias y concesionarias (otra situación irregular, pero que no es materia de esta nota). El asunto no tendría mayor trascendencia de no ser por dos hechos que parecen significativos: a) fue nombrada según dicho de la ahora funcionaria por invitación del secretario de Gobernación, el cual carece de facultades para ello, y b) llegó al Imer, dijo, porque "la idea es que tenga más autonomía financiera y parte de mi trabajo es encontrar herramientas para aumentar los recursos autogenerados".

Conforme al procedimiento para ser designada al frente del Imer, se confirma que en este gobierno del cambio los nombramientos siguen respondiendo a impresiones personales de los miembros del equipo de trabajo del Presidente de la República y, en ese sentido, pareciera que nada ha cambiado.

Habrá que desentrañar los motivos de esta designación y, por lo menos, en cuanto al aspecto legal, podría inferirse que a juicio del secretario de Gobernación, las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que de manera expresa asignan a la Secretaría de Educación Pública la atribución de dirigir y coordinar las estaciones radiodifusoras y televisoras pertenecientes al Ejecutivo federal, no son suficiente sustento jurídico para dejar en manos de la autoridad educativa la definición de los criterios que deben orientar las tareas de la radio pública.

Foto: Antonio
Oropeza

Y es que si bien entre las primeras acciones de reforma legal de este gobierno, la Ley Orgánica de la Administración Pública mereció atención inmediata, dicho eficientismo para que el gobierno operara una nueva estructura burocrática impidió reformas posteriores que necesariamente debieran derivar de la primera, como es el caso de haber dejado intocado por más de un año el decreto de creación del Instituto Mexicano de la Radio, de tal forma que en este momento, no obstante que es responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública coordinar las estaciones del Imer, quien preside la Junta Directiva es el secretario de Gobernación, y en términos de las dos primeras fracciones del artículo séptimo del mencionado decreto de creación, a la Junta Directiva, dado que se trata del órgano de gobierno del instituto denominación que se regula en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, le corresponde:

Dictar los lineamientos generales para el debido cumplimiento de las funciones del instituto.

Revisar, y en su caso aprobar, los programas de trabajo del instituto.

Es decir, que en los hechos es el secretario de Gobernación quien coordina, para efectos operativos, al Instituto Mexicano de la Radio.

Y en cuanto a la designación de los titulares de los organismos descentralizados, el artículo 21 de Ley Federal de las Entidades Paraestatales prescribe: "El director general será designado por el Presidente de la República, o a indicación de éste a través del coordinador de sector por el órgano de gobierno...", de lo cual resulta claro que en el caso del Imer fue el secretario de Gobernación quien tomó la decisión, quizá sustentado en su carácter de presidente de la Junta Directiva, pues a decir de Dolores Béistegui Reforma, 19 de junio, "el secretario de Gobernación (...) pensó que yo podría ser la candidata para darle más eficiencia y un nuevo dinamismo" al instituto, por supuesto. Asunto ratificado al ser José Luis Durán Reveles, subsecretario de Comunicación de la Secretaría de Gobernación, quien le diera posesión formal del cargo.

Cuál es entonces la congruencia y la racionalidad de una decisión de esta magnitud, cuando encontramos que a partir de disposiciones que se contradicen, se hace la designación en la dirección general del Imer.

La respuesta no merecería atención alguna si no fuera por otro dato interesante, la ahora titular del instituto asegura según la misma nota de Reforma, 19 de junio, que le explicó al secretario de Gobernación que "no tenía experiencia en el campo de los medios y menos en la radio, ya que mi formación es académica y más encaminada a la promoción cultural...", y declara no tener la menor duda de que "vamos a hacer cosas muy importantes y muy divertidas".

Más todavía, dice que su función en el Imer será "que tenga más autonomía financiera", como si se tratara de rescatar una institución cuya finalidad fuera meramente mercantil. Al ser, como dice que es, una persona con experiencia en el ámbito de la cultura, debería saber, lo mismo que el secretario de Gobernación, que la radio, y principalmente la pública, también es cultura y a ello obedeció su traspaso a la Secretaría de Educación Pública; salvo que haya pasado o aprobado de noche la decisión de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

El Estado de derecho prometido queda en entredicho nuevamente. Las promesas de campaña siguen siendo, al igual que siempre, una falta de respeto a la memoria social. Hoy lo importante es que esas promesas incumplidas se conviertan en facturas caras que deberemos cobrar los ciudadanos interesados en unos medios públicos alejados del ejercicio discrecional de la autoridad.