Los medios de comunicación tienen intereses financieros y definiciones políticas, no hay nada más natural en la democracia. Sin embargo, aunque en los ámbitos ético y legal priva sobre éstos el imperativo de su función social por encima de aquellas motivaciones, regularmente su contenido se fija por metas de rentabilidad comercial y por las filias y las fobias de sus detentadores.

Sesgos, omisiones y relieves en los partes noticiosos, además de editoriales claras o implícitas, exhiben a los medios como actores políticos y como generadores de un contexto de baja calidad informativa en el país. Eso explica, por ejemplo, la difusión de un supuesto fraude electoral en las elecciones del 2 de julio sin que a ello se le acompañen las pruebas respectivas, o también nos permite entender solicitudes tan insospechadas como la que se presentó al IFE para obtener copias de 42 millones de boletas electorales con el fin de que un incierto organismo ciudadano las revise y las cuente otra vez. Los medios reflejan y, con estas expresiones, también alientan el encono social.

Con esos vértices de análisis registramos, adicionalmente, la preeminencia que los medios, en especial las dos principales televisoras, dieron a la travesía de los tres sobrevivientes mexicanos que vivieron más de nueve meses de zozobra. Más allá de que la verosimilitud del episodio arroje un mar de dudas ­que los medios casi no atendieron­, el tema es paradigma de la construcción del espectáculo y de cómo se crean notas que distraen de temas ostensiblemente más importantes. En transmisión nacional, durante el noticiero más visto de la televisión mexicana vimos y oímos en 20 minutos las dudas de uno de los pescadores sobre si regresar o no a su tierra, mientras que un anuncio de 15 segundos sobre asistencia social cuesta varias decenas de miles de pesos.

El periplo de los tres fantásticos aventureros de las Islas Marshall ocupó más tiempo en la pantalla que la polémica postelectoral, las elecciones en Chiapas y los difíciles momentos oaxaqueños. Los hechos existen, aunque no estén en la radio, la prensa o la televisión, y suceden sin muchos reportes que ayuden a comprenderlos. ése es un asunto, y otro muy distinto es aquella intrincada interpretación que señala a la Ley Televisa o al duopolio de televisión ­háganos usted favor­ como factores que suscitan la violencia en Oaxaca. Sólo la ignorancia o el fanatismo puede decir que a eso se debe el estallido social en aquel estado, cuyas causas son infinitamente más complejas. Al respecto, etcétera condena la violencia provenga de donde sea y sustente las aspiraciones que sea.

Los medios son espejo de la sociedad mexicana, que es diversa y plural. Nada más contrario a la democracia que buscar su uniformidad y que, como antaño, operen en función de una línea o un dictado. El poder de las empresas de la información y su carácter como protagonistas políticos, así como el entorno de libertad de expresión que priva en el país, impiden que esos designios autoritarios sean hegemónicos. Por eso cuando se les señala a casi todos los medios como parte de un complot para facilitar el triunfo de la derecha, no podemos sino advertir el riesgo de pensar al periodismo como correa transmisora de designios ideológicos o políticos. Esto, independientemente de que, en efecto, hay medios que apostaron a favor de uno u otro candidato, o que incluso algunos se mediatizan en función de sus intereses de los próximos seis años.

Sin duda, uno de los saldos de este proceso electoral establece varios puntos para una agenda reformadora, y uno de ellos es el que tiene que ver precisamente con los medios, tanto en lo que se refiere a la extensión de las campañas electorales como aquello que alude al actualmente desorbitado gasto en propaganda. Además de esos aspectos, ya se sabe, están en puerta otros tantos que van desde la viabilidad jurídica de la llamada Ley Televisa como aquellos otros que quedaron esbozados en la también conocida iniciativa paralela. Esos temas ya forman parte del quehacer de la próxima administración presidencial y del Congreso. Y es que, en materia de medios como en tantos otros asuntos, la administración del presidente Vicente Fox Quesada deja un déficit enorme por su omisión frente a una ley integral que los reforme, por su menosprecio a los medios públicos y por ceder a casi todas las exigencias que le presentaron los medios más poderosos, en especial, Televisa, empresa que durante este sexenio se consolidó como uno de los principales obstáculos de la democracia. Y ante eso no podemos quedarnos tan frescos como balseros llegados de alta mar.