Héctor J. Villarreal Ordóñez
La creciente influencia que los medios ejercen en la vida política, económica y social en los países democráticos se
ha vuelto motivo recurrente de expresiones y estados de ánimo tan diversos que van, desde la visión más fatalista que
la describe casi como un paso más en la ruta del Apocalipsis, hasta la actitud más complaciente que -como si fuera
consigna- disculpa o justifica sus excesos y arbitrariedades, sin reparar en las distorsiones que provocan en la relación entre
los ciudadanos y su entorno.
En México no somos ajenos a esos extremos, pero bien podríamos identificar algunas de las expresiones
particulares que este fenómeno presenta en el contexto nacional. Han pasado poco más de cinco años desde los comicios que
trajeron al país la alternancia en la Presidencia de la República y junto con ella una primera gran oportunidad para revisar
y actualizar las reglas que desde hace décadas han determinado la relación entre medios, poderes públicos y sociedad
en general.
Con ese propósito se emprendieron valiosos esfuerzos, pero mutuas desconfianzas, actitudes oportunistas, ignorancia
e insuficiente voluntad de buena parte de los actores involucrados, han derivado en la polarización extrema de un
debate que hasta hoy no ha generado propuestas con el suficiente consenso para convertirse en reformas viables.
Los mexicanos hemos presenciado un ensanchamiento acelerado y hasta cierto punto descontrolado de las
capacidades de las grandes empresas de medios electrónicos e impresos para impulsar sus agendas políticas o económicas, sin considerar suficientemente la importancia de promover con igual o mayor énfasis una agenda pública
comprometida con la consolidación de valores democráticos.
Sin embargo, me parece que adjudicarles a los consorcios de comunicación -carentes ciertamente de una
regulación eficaz- capacidades casi absolutas para influir a su antojo, por ejemplo, en las preferencias y los resultados electorales,
es un diagnóstico que queda incompleto si no alude también al acomodo pragmático y apresurado que los actores
políticos vienen buscando ante esta realidad.
Pareciera ser que las redes de intereses que en los últimos años se han opuesto a una regulación de los medios no
se tejen sólo a partir de posturas irreductibles de ciertos industriales de la comunicación, pues desde los partidos políticos
y los distintos niveles y ámbitos de gobierno definitivamente no se han generado tampoco las condiciones mínimas
de certidumbre y confianza para romper esas resistencias.
Sostengo que es necesario y hasta urgente modernizar el marco jurídico y las prácticas que rigen la actividad de
los medios en México, en beneficio de la sociedad y de los medios mismos.
Pero la experiencia reciente nos muestra que es muy poco probable que eso suceda en tanto no logremos una
conciliación racional e incluyente de los viejos y nuevos intereses que tal ajuste involucra, y hablo por supuesto, sólo de los
intereses que son evidentemente legítimos y relevantes para el desarrollo político y económico del país.
Me refiero, por poner un ejemplo, a la necesidad de analizar la obsolescencia del viejo modelo de regulación
únicamente gubernamental de los contenidos de los medios, cuyo diseño plantea controles que hoy son incongruentes e indeseables
en un entorno democrático, además de inviables frente a la tendencia global en materia de tecnología y competencia
comercial. Podríamos avanzar en la instrumentación responsable de mecanismos de autorregulación basados en el consenso
de lineamientos verdaderamente aplicables de ética pública.
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Otro ejemplo: acotemos las incertidumbres y reconozcamos que los industriales de la radio y televisión del
país difícilmente estarán animosos de discutir seriamente una reforma al marco legal, cuando de manera discrecional se
les propone estar de acuerdo y participar de un extraño proceso concesionario de frecuencias de radio que podría afectar
la competitividad de sus empresas, al tiempo que, hasta donde los ciudadanos han podido enterarse, parece ser ajeno
al interés de la sociedad por democratizar el sector.
Lo cierto es que los meses por venir no ofrecen mayores oportunidades para una reforma legal, pues para una
construcción responsable de nuevas reglas, necesitamos de un clima político menos enrarecido por el pragmatismo y la
superficialidad que parecen asentarse como divisas de uso común en la disputa por los votos de 2006.
Sin embargo, junto con la necesidad de distender el debate sobre la regulación de los medios, observo también
la conveniencia de revisar algunas actitudes, expectativas y prácticas que desde diversos ámbitos aparecen, de cuando
en cuando, como resistencias a la modernización de las relaciones entre el poder y los medios.
En ese sentido -y luego de subrayar que se han procurado avances, sobre todo a nivel del gobierno federal-, pienso
que podríamos pugnar también por el perfeccionamiento de políticas dirigidas al fomento de un mejor periodismo y, en
general, a un comportamiento más plural y transparente de los actores de la comunicación.
Me refiero a mejores lineamientos y políticas de comunicación social, incluidas las que corresponden a la
relación informativa de los gobiernos con los medios; las que atañen al gasto público destinado a la difusión de mensajes
oficiales o las que sirvan para exigir a las empresas de comunicación tener, publicar y cumplir sus códigos de ética
periodística, entre otras que podrían traducirse en avances importantes.
La propuesta parte del reconocimiento de que lamentablemente no podemos aún afirmar que se hayan corregido
del todo algunas prácticas contrarias al profesionalismo y el cumplimiento de la función social que esperamos de los medios.
Revisemos, por citar algunas, la opacidad con la que algunos gobiernos estatales conducen aún sus relaciones con
los medios; la preferencia que muchos comunicadores mantienen por los arreglos con el poder antes que por la
calidad informativa; la proclividad de algunos políticos de cualquier partido a privilegiar acuerdos mercantiles con las
empresas mediáticas por encima de una interlocución profesional y respetuosa con los periodistas.
Por momentos pareciera que existen sectores de nuestra clase política -independientemente de su nivel o signo
partidario- donde persiste una recurrente incongruencia entre el discurso obligado y políticamente rentable del respeto a la libertad
de expresión y las acciones cotidianas en materia de comunicación.
Es cierto que necesitamos en México más periodistas profesionales y comprometidos con la dignidad y la importancia de su actividad. Sin embargo, se vuelve difícil exigir rigor absoluto a los reporteros o editores cuando
desde diversos ámbitos de poder se asoma aún la pretensión de aprovechar los vacíos normativos para promover el uso de
la publicidad oficial como instrumento de premios o castigos.
Igualmente, sirve de poco quejarse desde un escritorio de la falta de objetividad o profesionalismo de algunos
medios, cuando desde esas mismas oficinas se cede a la tentación de levantar el teléfono para inducir una cobertura poco
crítica, cómoda o preferencial.
No podremos, tampoco, reclamar a los medios un trato muy respetuoso y profesional hacia los políticos, en tanto
la política siga marcada por una guerra de filtraciones, de verdades a medias o falsedades absolutas, que se distribuyen
con el encargo de provocar el mayor daño posible a los adversarios.
Mientras la actividad política no se fije horizontes más amplios que intereses particulares y resultados de encuestas;
y los medios no asuman compromisos claros y firmes con la importancia de su función social, seguiremos admitiendo
que las parodias, rumores y programas de variedades sigan siendo espacios estelares del debate sobre el futuro del país.
Es cierto que instrumentos autoritarios como la censura de otras épocas tienden al desuso, sin embargo, si no
nos abocamos a erradicar por completo actitudes o modalidades más sutiles de presión, fenómenos como la autocensura
-impuesta por empresarios de la comunicación dedicados más que nada a cuidar sus relaciones con el poder- podrán
seguir atropellando el trabajo de buenos periodistas y oponiéndose a que los ciudadanos cuenten con productos
informativos veraces y de calidad, que realmente contribuyan a su participación en los asuntos de interés público.
En este mismo sentido -y atendiendo a la coyuntura electoral del año próximo- será fundamental conocer de los
partidos políticos y candidatos cuál es la agenda de políticas públicas y acciones legislativas que en materia de medios
se comprometen a impulsar si obtienen la mayoría de los votos. Al informarlo, estarán aportando elementos útiles
para suponer mayores avances hacia una relación más abierta entre los medios, el poder y la sociedad.
Por su parte, los empresarios mexicanos de la comunicación tendrán en los próximos comicios una valiosa
oportunidad para demostrar a la sociedad el alcance y seriedad de su compromiso con el desarrollo democrático de México.
Diciembre 2008
