Aleida Calleja
En septiembre estuvieron en México una representación del Banco Mundial con sede en Indonesia y otra de la organización civil Combine Resource Institution (Institución de Recursos Combinados), para conocer el trabajo que desarrollan las radios comunitarias en nuestro país.
Hicieron una gira a los sitios donde se encuentran varias de ellas, con la intención de nutrir la incipiente experiencia de las radios comunitarias en Indonesia, pues el continente asiático tiene pocos años de ver nacer medios comunitarios, salvo países como Filipinas e India, donde desde hace décadas el fenómeno de la comunicación comunitaria es una realidad.
Desde 2003 el Banco Mundial reconoce formalmente el papel de los medios comunitarios como espacios efectivos para la transparencia y la rendición de cuentas, así como la construcción de ciudadanía, especialmente en las comunidades más pobres tanto urbanas como rurales. Por el trabajo que desarrollan las emisoras, su legitimidad y capacidad de incidencia en diferentes sectores de la sociedad, es que varios organismos internacionales han vuelto la cara a estos proyectos sociales y tomaron la decisión de trabajar con ellas desde hace varios años.
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Fondo Mundial para el Medio Ambiente establecieron un proyecto de largo plazo sobre "ciudadanía ambiental" en siete países de América Latina, en el cual el componente de comunicación es ejecutado por las emisoras afiliadas a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) y a la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER), pues se considera que las radios comunitarias trabajan de la mano con sus comunidades y por lo tanto tienen la capacidad de fortalecer procesos sociales. El proyecto es coordinado por AMARC-México y comprende acciones para la capacitación de comunicadores
ambientales y la producción de campañas radiales.
En abril de este año la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) realizó el foro latinoamericano "La onda rural", con la intención de que las radios comunitarias en zonas campesinas e indígenas se fortalezcan como proyectos de comunicación para el desarrollo rural, por lo que existe el planteamiento de desplegar sus capacidades especialmente en el ámbito de las nuevas tecnologías.
Los organismos multilaterales saben bien que los medios comunitarios cuentan con bases sociales que los respaldan y reconocen su responsabilidad social, por ello las radios suelen ser los espacios naturales donde se difunden las principales campañas sobre los derechos humanos y el desarrollo sustentable, así como otro tipo de iniciativas como el reciente premio sobre innovación social creado por la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL) que es difundido con amplitud por las radios comunitarias.
Así pues, resulta contradictorio que en muchos países en lugar de fortalecer a este tipo de medios en el marco de las políticas públicas de comunicación, se les persiga o bien se les restrinja su acceso legal a las frecuencias radioeléctricas. Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) han recomendado en múltiples ocasiones la urgencia de establecer marcos regulatorios para garantizar la existencia de los medios comunitarios, algunos países los tienen desde hace mucho tiempo y otros avanzan recientemente como son los casos de Bolivia, que en mayo emitió una ley para medios comunitarios, y el de Inglaterra en agosto.
En México seguimos en la espera de que el Estado reconozca a los medios comunitarios, no sólo para que se otorguen los permisos que por derecho le corresponden a los grupos ciudadanos que aspiran a tener una radio o televisión para el servicio a su comunidad, sino para que exista una normativa que instituya condiciones de equidad y garantice el ejercicio de la libertad de expresión de los grupos más vulnerables que se encuentran tanto en las ciudades como en el campo, mismos que sobre la base de la cooperación y la voluntad comunitaria hacen grandes esfuerzos para adquirir el equipamiento indispensable para tener sus propios medios, esta conjunción de esfuerzos económicos por parte de los colectivos no es otra cosa que una inversión social para el desarrollo local a la cual se le tiene que dar de manera corresponsable una certeza jurídica para su permanencia e impulso.
Las radios comunitarias en México buscan que se les reconozca legalmente, sólo falta que las autoridades correspondientes establezcan las condiciones necesarias para que así sea, para que en el marco de un Estado de derecho se atienda a esta creciente demanda social que merece una solución justa.