Luis de la Barreda Solórzano
Ante las cámaras de las dos mayores cadenas televisoras del país, en cadena nacional, desde el Centro
de Readaptación Social de Puebla, el interno Luis Gabriel Valencia se retractaba de su imputación contra
los inculpados por el homicidio de Paco Stanley, popular conductor de un programa de televisión.
El recluso aseveró que el procurador Samuel del Villar lo había obligado a mentir valiéndose del
subprocurador Mauricio Tornero y del fiscal Fernando Castro, bajo la amenaza, formulada por los dos últimos, de que si
no accedía iban a matar a su familia, además de que le ofrecieron protección, ayuda económica y pronta
salida de la cárcel si se sostenía en su falsa imputación. El impacto fue colosal. Ya la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal había demostrado la falsedad de la acusación. La noticia de la retractación ocupó las
ocho columnas de Excélsior,
Reforma, unomásuno, La Crónica de
Hoy y La Jornada. Sólo el último de estos
diarios las dedicó no a la declaración misma de Luis Gabriel Valencia sino a la reacción airada del procurador
Samuel del Villar. Lo razonable hubiera sido que éste se deslindara de cualquier conducta ilícita de sus
colaboradores, y anticipara que la procuraduría abriría una averiguación previa contra éstos y promovería el sobreseimiento
en favor de los acusados. Para sorpresa de todos, Samuel del Villar se dijo amenazado y atacado por una
campaña de "desinformación brutal" iniciada por TV Azteca, cuyos directivos adelantó serían llamados a declarar,
y afirmó que la imputación inicial de Valencia seguía siendo válida pues las primeras declaraciones son las
que tienen validez jurídica. Sólo tres días después, la madre del reo fue sacada de su casa a medianoche por
agentes de la policía judicial que la llevaron a declarar ante el Ministerio Público. Poco después, el candidato
perredista al gobierno del Distrito Federal Andrés Manuel López Obrador comparó a Samuel del Villar con Benito
Juárez y anunció que pensaba volver a nombrarlo en el cargo. El procurador no tardó en encontrar una
explicación plausible para la retractación: Luis Gabriel había sido torturado aseguró sin mostrar una sola prueba en
la prisión en la que estuvo recluido, la de Perote, Veracruz, antes de pasar a la que ahora ocupaba. Y como
se estaba retractando, ¡le inició una indagatoria por falsedad en declaraciones! El 13 de abril, Miguel Ángel
Yunes, director general de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, envió una carta al
doctor Del Villar, que hizo pública, informándole que Valencia había sido visitado en las prisiones de Perote y
Puebla, en las que estuvo recluido sucesivamente, unas 40 veces por funcionarios de la procuraduría, a cuya
disposición ya no se encontraba. Nuevamente fue asombrosa la reacción del procurador, que de inmediato anunció
que denunciaría a Yunes por hacer públicos los documentos sobre las visitas. A partir de ese momento,
filtró información respecto de supuestas conductas ilícitas del funcionario federal, contra quien abrió cuatro
averiguaciones previas. Fue la publicidad de la retractación de Luis Gabriel Valencia y de la carta de Yunes lo
que dificultó a Del Villar actuar sin freno alguno. Al final, muy a pesar del procurador, los acusados del caso
Stanley quedaron exonerados y contra Yunes no se pudo ejercitar ninguna acción penal.
He querido recordar aquel episodio porque resulta escalofriante la similitud entre las reacciones de Del
Villar entonces y las de López Obrador ahora. A aquel procurador se le presentaba la oportunidad de reparar
una injusticia, pero su respuesta fue la venganza. El jefe de gobierno conoció de escandalosos actos de
corrupción por los videos donde se exhibe a René Bejarano y Carlos Ímaz recogiendo billetes vorazmente, y su
contestación no fue la acción expedita contra los corruptos sino la grima contra quienes tramaron la exhibición. En uno y
otro casos, lo que la publicidad logró fue dar a conocer a la opinión pública hechos gravemente reprobables,
que entonces pudieron revertirse y que ahora no pueden ocultarse gracias precisamente a su difusión. Las
autoridades encargadas de enderezar los renglones torcidos, ayer y hoy, parecían y parecen interesadas en que no
se conozcan las conductas reprobables. La falta de confianza en ellas, ganada a pulso, es el motivo por el
cual, antes de comunicar por vía institucional que algo está podrido, se acude al teatro de la opinión pública.
De esto sacan provecho los medios, a quienes el escándalo multiplica audiencias, sin duda, pero en los
casos que nos ocupan se les utilizó para sacar a la luz cosas inaceptables que en las sombras hubiesen
seguido ocurriendo sin que nada las detuviera.
Diciembre 2008
