etcétera

Entre la impunidad y la arbitrariedad

José Carreño Carlón

Ni el texto del segundo informe presidencial hay que reconocerlo se inscribió en la línea de la sobreexplotación de un pasado a vituperar y a castigar en un plano maniqueo de propaganda electoral como aquí lo llegamos a vislumbrar en el número anterior ni el mensaje del 1 de septiembre como hubiera sido deseable se dirigió a esclarecer, de una vez por todas, las relaciones y las percepciones del nuevo régimen respecto del pasado.

Foto: Guillermo Ogam/Notimex

Ya fuera para fustigar la herencia del viejo régimen o para valorarlo en un marco de discusión equilibrada, un esfuerzo en ese sentido habría al menos paliado la percepción sobre la incapacidad conceptual del nuevo régimen, vista como un vacío dramático en sus estrategias de comunicación. A su vez, esta incapacidad o este vacío, junto con la falta de cohesión del gabinete presidencial, siguen erigiéndose en los principales obstáculos para la construcción de los acuerdos básicos que se requieren para el funcionamiento de las instituciones en esta nueva etapa de la democracia en México.

A falta de este marco conceptual, las decisiones posteriormente anunciadas para proceder penalmente contra los dirigentes del sindicato petrolero irrumpieron como contradicciones inexplicables descargadas contra el tono conciliador del propio informe. Y tras el puente de los días patrios, el balance del primer tercio del sexenio parecía jaloneado entre prédicas y desplantes principistas del secretario de Gobernación, contra la corrupción y la impunidad del pasado, de la mano de mensajes pragmatistas de negociaciones por debajo de la mesa destinadas a crear un escenario arreglado para poner a salvo la prédica de los principios del nuevo régimen, y dar margen a los acuerdos parlamentarios en curso, a cambio de dosificar o aliviar, hasta el restablecimiento de la impunidad, el castigo a los minutos antes señalados como irredentos exponentes de la impunidad misma del viejo régimen.

Para complicar más las cosas, los mensajes de apego irrenunciable a los principios junto a las ofertas de arreglos pragmáticos del nuevo régimen fueron respondidos, ya en la segunda quincena de septiembre, con bravuconadas de huelga petrolera, cuentas alegres de presiones estadounidenses en favor de los sindicalistas (supuestamente con miras a prevenir el desabasto petrolero a EU que resultaría de la huelga), acusaciones de persecución política y arbitrariedad judicial, boicot a la comparecencia parlamentaria del secretario de Gobernación y otras muestras de escarnio en los espacios todavía controlados por una nomenclatura zedillista engallada contra el mínimo cuestionamiento a los manejos del sexenio pasado.

Sin que estuviera dicha la última palabra, al empezar la penúltima semana de septiembre, la estrategia mediática del grupo de Zedillo y la nomenclatura petrolera había pasado a la ofensiva y tenía a la defensiva a la ¿estrategia? del gobierno de relación con el pasado.

Aquí radica quizá el cambio más profundo, la más clara diferencia respecto del antiguo régimen: el grupo que todavía en el sexenio anterior contó con todos los recursos y resortes del poder, los controles políticos y mediáticos y la disposición plena e ilegal de los aparatos represivos del Estado, para fabricar y llevar a extremos de sevicia la persecución política, mediática y judicial contra quien le heredó la Presidencia, ese grupo parece encaminado a impedir incluso el más benigno enjuiciamiento contra los presuntos responsables de operar una multimillonaria disposición de recursos públicos, ante el temor de que la investigación escale hasta las cabezas del pasado sexenio. Sus armas: las cuotas que conserva de poder político, control mediático e influencia en las áreas de procuración e impartición de justicia. Sus ventajas: la ineficiencia, la falta de visión estratégica y la cada vez más increíble falta de cohesión en las filas de sus adversarios del nuevo régimen.

Pero aquí también se dan la mano, por otra parte, y ya en el campo del análisis de los mensajes y sus efectos en las audiencias, el antiguo y el nuevo régimen. En este punto no hay cambio ni diferencia. En este plano, unos y otros transmiten la misma percepción de continuidad del círculo vicioso de la impunidad y la arbitrariedad descrito hace dos décadas por Elisur Arteaga, en un texto memorable de homenaje a don Raúl F. Cárdenas, incluido en la reedición del trabajo pionero de este último sobre las responsabilidades de los servidores públicos.

Independientemente del desenlace final de la prueba de fuerza con la que el grupo de Zedillo ha desafiado al nuevo régimen, ya hay un saldo negativo para la vida política y sus actores, en el terreno de la comunicación. La sociedad política incluyendo a todos los grupos, a todos los partidos, a todas las sectas dejó ir una ocasión valiosa para restaurar su imagen ante la sociedad nacional en el tema del abuso del poder en todas sus formas: una imagen de impunidad crónica, vigente hasta nuestros días respecto de dichos abusos, al lado de esporádicas acciones para combatirla, sólo que con actos de arbitrariedad calculados con fines de propaganda, catarsis, desahogo de resentimientos, venganzas y revanchas de grupos y personas.

Si como lo planteó el Presidente en su informe, ha llegado la hora de los grandes acuerdos políticos, a las partes involucradas se les escapó el primero, acaso el más urgente a alcanzar: uno que fuera capaz de sacar a la vida pública de ese círculo vicioso de la impunidad y la arbitrariedad cuando se trata de enjuiciar a personajes públicos involucrados en hechos que pudieran resultar punibles.

Nada tenía que perder y sí mucho qué ganar la nueva dirección del PRI si se hubiera comprometido pública y explícitamente con una nueva era de combate a la corrupción, sin los criterios selectivos del pasado, en tanto esta nueva dirección priista no sólo no contestó las fabricaciones persecutorias del pasado inmediato, sino que, quien la encabeza, fue incluso víctima de filtraciones incriminatorias desde el gobierno zedillista.

Este acuerdo esencial tendría que incluir, por supuesto, la lucha contra esa otra forma de ilegalidad y de corrupción en que se cayó tradicionalmente, la de pretender combatir la impunidad a través de la arbitrariedad ejercida para victimar personajes públicos caídos en desgracia, a quienes sistemáticamente se les negaron en los medios y en los aparatos estatales los derechos básicos que asisten a indiciados, inculpados, procesados e incluso sentenciados.

Ni impunidad de infractores, ni arbitrariedad de autoridades a la hora de establecer responsabilidades. Algo como esto tendría que nutrir el concepto rector o el mensaje clave de un acuerdo de veras trascendente para organizar una relación con el pasado y un compromiso de acción para el presente. Algo así contribuiría más que la cadena de mensajes, contradicciones, aclaraciones y contraclaraciones cotidianas sobre el tema tanto a romper el círculo vicioso de la impunidad y la arbitrariedad, como a avanzar, a partir de allí, en el objetivo básico de construir la gobernabilidad democrática, alcanzar los acuerdos tendientes a cumplir los objetivos inaplazables del programa de gobierno y, de manera fundamental, contar con una convivencia civilizada como la que hasta ahora no ha alcanzado el país en su tránsito a la modernidad.

Dentro de un marco conceptual que le dé claridad a este debate, las diversas fuerzas políticas podrían colocarse con mayor naturalidad sin el recelo de estar contribuyendo a reproducir la corrupción ni la impunidad del lado de todo aquel que resulte víctima de cualquier abuso o exceso en la búsqueda de culpables que sólo se proponga, como en el pasado, desviar la atención de los problemas que enfrenta el gobierno o manipular el descontento ante expectativas incumplidas.

Con la misma naturalidad podrían ponerse esas fuerzas del lado de las instituciones encargadas de perseguir los delitos, ante hechos inequívocos de corrupción, sin aparecer como subordinadas, como en los años anteriores, a gobernantes que fabrican culpables para eludir las responsabilidades de sus errores y sus costos sociales.

Un mensaje claro contra la espiral impunidad-arbitrariedad obligaría a todos los partidos el PRI a la cabeza a dejar de encubrir las faltas en que hubieran incurrido o pudieran incurrir sus miembros, porque eso les daría autoridad para descubrir las faltas de los competidores incluidas las cometidas por los miembros del nuevo régimen y sus patrocinadores y allegados sin generar las percepciones actuales en que unos y otros aparecen en medio de una interminable guerra de lodo en la que todos pierden.

Ambas partes tendrían mucho que ganar y nada que perder apoyando toda denuncia y toda medida contra cualquier acto de corrupción allí donde éste se compruebe conforme a las leyes y se garanticen los derechos de todo aquel que resulte involucrado y, con mayor razón, los derechos de aquellos que puedan acreditar su presunción de inocencia.

Pero especialmente el PRI obtendría de un acuerdo así, el beneficio, acaso con costos marginales, que le reportaría una percepción social de que ha tomado distancia de las tradiciones que lo vincularon a la impunidad, percepción que le permitiría enfrentar toda arbitrariedad que se pretendiera cometer con la excusa de atacar la impunidad, posición que hoy por hoy carece de la menor credibilidad.

Como seguramente carecerá de credibilidad, en el clima generado en las primeras semanas de septiembre por las estrategias desplegadas por los acusados y los acusadores del caso Pemexgate, el desenlace, negociado o llevado a la confrontación, que ya se habrá producido cuando esta revista se encuentre en circulación.