Carlos Gómez Valero
A 25 años de la reforma al artículo 6 constitucional, y después de intensos debates, parecen estar dadas
las condiciones para que por fin se reglamente, al menos en parte, la obligación del Estado a garantizar el derecho
a la información.
En este lapso se han realizado tres consultas para reglamentar los artículos 6 y 7 constitucionales. La Cámara
de Diputados organizó una en 1980; Miguel de la Madrid efectuó otra en 1983, y la Comisión Especial de
Comunicación Social de la LVI Legislatura de la Cámara de Diputados desarrolló otra consulta en 1995. Con los resultados,
los grupos parlamentarios del PAN, PRD y PT presentaron, el 22 de abril de 1997, la "Iniciativa de Ley Federal
de Comunicación Social", cuyo capítulo cinco aborda ampliamente el derecho a la información. Ya en la
actual Legislatura, el diputado Luis Miguel Barbosa Huerta presentó en julio de 2001, un proyecto de "Ley de Acceso a
la Información relacionada con los actos administrativos y de gobierno del Poder Ejecutivo de la Unión". Un
grupo de académicos y propietarios de medios impresos, denominado "Grupo Oaxaca", presentó un proyecto de
"Ley Federal de Acceso a la Información Pública", que ya fue presentado como iniciativa en la Cámara de Diputados.
El 4 de diciembre de 2001, el Ejecutivo federal hizo llegar a la Cámara su iniciativa de "Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información".
El debate actual se ha centrado en las diferencias entre las iniciativas del Ejecutivo y del "Grupo
Oaxaca"; independientemente de sus divergencias, ambas tienen una deficiencia fundamental: pretenden acotar el derecho a la información sólo al acceso, cuando este derecho implica un concepto más amplio.
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Foto: José
Alonso Gallegos |
El derecho a la información, dice Raúl Trejo Delarbre, "en su acepción más amplia es el conjunto de
prerrogativas y obligaciones recíprocas de la sociedad, el Estado y los medios en materia de comunicación. Asunto como el
derecho a difundir mensajes (...), el derecho de los medios y los informadores a indagar sobre los asuntos públicos, el
derecho de los ciudadanos a no ser difamados y cuando así ocurra a exponer su réplica en el medio donde se les afectó
y la obligación de los medios no sólo a comportarse con responsabilidad en términos generales sino a no
deshonrar a los ciudadanos ni a falsear los acontecimientos, son parte de los temas involucrados en el derecho a la
información".
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El derecho a la información es un punto toral en la agenda de la reforma del Estado. Así lo reconoce Vicente
Fox en su iniciativa, al igual que el gobierno y los partidos firmantes del Acuerdo Político para el Desarrollo
Nacional, y la Comisión Especial para la Reforma del Estado, del Congreso.
Por ello es preocupante que en los hechos se intente acotar la garantía de este derecho social. Por ello
también es disonante la actitud de los miembros del "Grupo Oaxaca" que se han erigido, a través de algunos medios
impresos que los respaldan, en portadores de la única verdad. No deben, quienes abogan por los cambios que
consideran necesarios, descalificar propuestas con el argumento de la defensa de los derechos ciudadanos, que a mi juicio,
en la propuesta del "Grupo Oaxaca", son los menos representados. Su propuesta es tan importante como las que
se han venido presentado en los últimos 25 años.
El gobierno tampoco debe pretender que con su iniciativa queda zanjado el derecho a la información. La
iniciativa gubernamental limita en particular el derecho a la información; pero en general, hay una pretensión de dejar
fuera una gran reforma del marco jurídico de los medios. Le cabe la razón a Fox cuando advierte "buscamos aliados
de la transición, pero no aceptaremos una transición
transada...";2 sin embargo, tan lesiva es una transición
transada, como una reforma acotada a los intereses de los grupos de presión o del grupo en el poder.
En este debate por la garantía del derecho a la información, el Legislativo deberá asumir un rol fundamental
y tiene una disyuntiva: serenar los ánimos, buscar consensos y acordar una propuesta que garantice en su
plena acepción el derecho a la información y sentar las bases para una amplia reforma de Estado en materia de
comunicación social o permitir la influencia de grupos que pretenden imponer su interés particular, al de los ciudadanos.
Notas
1 Raúl Trejo Delarbre, "Acceso, no es derecho a la información", en La Crónica de Hoy, 28 de mayo, 2001.
2 Vicente Fox Quesada, discurso por el 85 aniversario de la Constitución, 5 de febrero de 2002.
Carlos Gómez Valero es miembro del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados y asesor de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.
No. Intenta acotar el derecho
