José Carreño Carlón
En una reunión cerrada con los consejeros de información de las embajadas europeas acreditadas en México
para discutir el tema "El papel de los medios en el proceso electoral de 2006", propuse comparar el que
previsiblemente tendrán en las campañas y las elecciones del año próximo con el que desempeñaron hasta las elecciones de 2000.
En el intercambio participaron también Raymundo Riva Palacio de
El Universal y Luis Hernández Navarro de
La Jornada, con el compromiso de no hacer público lo allí escuchado, que obviamente no incluye el derecho de
cada emisor a difundir sus propias apreciaciones, sobre todo si, como es el caso, suele sostenerlas en todos los foros.
La propuesta de la comparación entre el papel de los medios en el proceso de 2000 y el de 2006 hace sentido
no sólo porque en la elecciones de hace cinco años se terminó de dar el cambio de un partido dominante a uno
de competencia electoral plena y de alternancia en todos los cargos de elección, incluida la Presidencia de la
República, sino también porque a raíz de ese cambio llegó a su fin un ciclo de las relaciones entre medios, poderes y
sociedad, comprendidos en ésta, audiencias, lectores, anunciantes y particulares.
Primero hablamos de los cambios operados en los medios en los años más recientes. Y, como lo expuse en
un congreso reciente de Latin American Studies Association (LASA), señalé que desde el plano estructural y cultural
de la comunicación pública en México, en este periodo de casi seis años pesan más las continuidades que los
cambios: tenemos los mismos medios -no ha surgido un solo medio nuevo, representativo de una nueva era política- y
subsisten los representativos de la antigua época. Tenemos los mismos empresarios de los medios, los mismos
profesionales de la información (columnistas, reporteros, conductores de programas informativos en radio y televisión). Y
tenemos las mismas leyes, las mismas insuficiencias en la calidad y el rigor profesional y la misma falta de
compromisos exigibles respecto de normas legales y éticas en el desempeño de las empresas informativas y de los
informadores, antes y después del cambio al sistema de competencia electoral plena.
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Ilustración: Charles Foster-Hall |
Adicionalmente, desde el punto de vista de la cultura política, tenemos la misma cultura de la colusión de
intereses descrita por William Orme desde el título de su libro de 1995
(
A Culture of Colusion: An Inside Look at de
Mexican Press) en el que se planteaba que ya en los primeros 1990s habían desaparecido prácticamente los factores
materiales de subordinación de los medios al poder público. Específicamente, esta afirmación se refiere al
reordenamiento económico que eliminó los subsidios a todas las empresas, incluidas las empresas informativas; a las
privatizaciones, que despojaron al Estado de su dudoso rol de primer anunciante, de primer inversionista publicitario y
principal transferidor de recursos a los medios que desempeñaba a través de centenares de empresas y organismos públicos,
y a la apertura comercial que, entre otras cosas, le quitó al poder público el monopolio de la producción y la
importación del papel periódico.
Pero aún así subsistía hace diez años, sostenía Orme, y subiste ahora, agrego yo, una cultura de la colusión en las relaciones entre medios e informadores, por un lado, y el poder público y otros poderes, por el otro.
Desde estos planos, en consecuencia, no son previsibles grandes cambios en el papel de los medios en el
proceso electoral de 2006.
En la reunión -convocada por Jeremy Hobbs, de la embajada británica, a la que le corresponde coordinar
estos trabajos de las misiones diplomáticas de Europa durante la presidencia europea del primer ministro Tony
Blair- llegó entonces el punto en el que se debía concentrar mi participación.
Era el punto de las "presiones comerciales y/o políticas en la definición de los temas de los medios". Y allí sí,
a partir del mismo concepto de la cultura de la colusión, señalé los cambios que sí se han registrado en el papel de
los medios y sus relaciones con los poderes y la sociedad, y que sí se perciben en el ya anticipado proceso de lucha
por el poder presidencial que se decidirá en el curso del próximo año.
Entre esas -importantes- transformaciones operadas en y por la cultura y las relaciones de colusión de los
medios con los demás poderes, señalé:
1) El poder público -específicamente, el Poder Ejecutivo federal- fue perdiendo desde los años 90 del siglo pasado, hasta perderlo por completo en el nuevo siglo, el monopolio de las relaciones de colusión con los medios.
2) Los medios han diversificado sus relaciones de colusión con otros poderes: gobiernos estatales, y
hasta municipales, con poder de colusión: con recursos, con decisiones públicas a comprometer, y las han extendido
a partidos con fuertes presupuestos a repartir en los medios, así como a corporaciones privadas y a otros grupos
de poder.
3) Es decir, la colusión se ha diversificado, y quizá alguien podría decir que se ha democratizado. Y si bien
esto podría parecer cínico, lo cierto es que este cambio, con todas sus distorsiones, sí ha tenido efectos en el proceso
de democratización.
Pero el cambio más radical que propuse en las relaciones de colusión entre los medios y los poderes -por
cierto, muy vinculado a cambios similares que se dan en el resto del mundo- fue el cambio de manos en la rectoría de
las relaciones de colusión de los medios, que pasó del poder público, al poder privado.
El complejo político empresarial de control de los medios ya no está más regido por el poder político, sino por
el poder privado de control de los medios.
Ahora es el poder privado el que dicta las condiciones de colusión, a partir del hecho irrefutable de que, a
diferencia de lo que ocurría hasta hace 15 o 20 años -en todo el mundo, por lo demás- los políticos necesitan hoy más de
los medios, que lo que los medios necesitan de los políticos.
En el caso de México, se sumó otra diferencia radical con el pasado reciente: el sistema priista -por llamarlo
así- se caracterizó por ejercer -si bien decrecientemente, hasta su extinción- un poder político cohesionado frente a
un poder fragmentado de los medios -que estaban en competencia por obtener las mejores relaciones de colusión con
el poder político- mientras que hoy en día tenemos exactamente lo contrario: un poder mediático cohesionado al
imponer sus condiciones en sus relaciones de colusión, frente a un poder político altamente fragmentado, en
competencia, cada fragmento, por obtener mejores -o menos onerosas- relaciones de colusión con los poderes mediáticos.
Ya no hubo tiempo de abundar en la reunión sobre el hecho de que esto es lo que está en el fondo de las discusiones sobre las condiciones desiguales de contratación de paquetes promocionales en los medios,
que incluyen también arreglos para los segmentos informativos (entrevistas a modo, control de giros noticiosos
positivos y omisión o desvanecimiento de los negativos) entre los grandes y los pequeños partidos. O entre las grandes y
las pequeñas dependencias del gobierno federal -o los gobiernos de las más importantes entidades de la
Federación, como el DF, y los de entidades de menor peso-.
La respuesta está -hay que insistir- en la competencia a la que se someten los fragmentos de poder político
para transferir recursos en dinero o en decisiones públicas (permisos, franquicias, concesiones, adjudicación de
obras públicas o control inmobiliario de grandes zonas urbanas) en favor del poder privado de control de los
medios, altamente cohesionado en sus condiciones de colusión frente a las contrapartes fragmentadas en los poderes políticos.
Porque esto es también lo que está en el fondo de las discusiones sobre los vaivenes en el trato informativo a
los grandes transferidores de recursos del sector político a los grandes medios: ningún pago es garantía de
exclusividad, de monopolio como contraparte de las relaciones de colusión con los medios, porque eso sería regresar a la
rectoría de un poder político superior -como antes, el del Ejecutivo federal- en esas relaciones de colusión. Y la
nueva rectoría del poder privado en estas relaciones supone una relativamente libre circulación de mensajes de guerra
entre los fragmentos de poder político, que incluye el lanzamiento periódico de bombas de fragmentación
-videos, grabaciones, escándalos- que fragmentan aún más los poderes políticos y los ponen más a expensas de la rectoría
de los medios y de sus condiciones de pago en dinero y en decisiones públicas.
Para decirlo con Carlos Monsiváis en su comentario al capítulo de medios del informe del PNUD sobre
la democracia en América Latina, pasamos del lema del poder político concentrado, dispensador de favores a los
medios en esas relaciones selectivas de colusión, que predicaba: "no pago para que me peguen", al momento de negarle
los favores de la publicidad oficial a un medio que trasgredía el pacto de colusión, a un "juego de sombras
-dice Monsiváis- donde el que paga obedece, y el que cobra se las arregla para extraer de la obediencia una rendición
cada vez mayor".
En este marco habría que ubicar, señalé en la reunión, el punto más relevante, el tema de fondo implícito en el punto que se me asignó para la discusión: el de las condiciones en que se da la definición de los temas por parte
de los medios, es decir la definición de los temas de la agenda pública: el concepto, precisamente, de
establecimiento de agenda (agenda setting), surgido específicamente de las investigaciones sobre el papel de los medios en
las contiendas político electorales.
Y es precisamente en este punto en el que se da también el cambio más relevante en el México de hoy, en
los términos en que lo hemos sostenido en diversos foros y publicaciones: con la pérdida del monopolio en las
relaciones de colusión con los medios, el poder político, y más específicamente en el caso de México, el poder
presidencial, perdió también el monopolio virtual que llegó a ejercer por décadas como definidor primario de la agenda del
debate público (a través, precisamente, de la subordinación de los medios o del monopolio en las relaciones de
colusión con ellos, en su calidad de definidores secundarios de la agenda pública).
Y por primera vez en décadas se empezó a abrir desde hace unos tres lustros, hasta su apertura total de
hoy, incluso con todas las distorsiones que plantean las relaciones de colusión, la concurrencia a los medios, el
pleno derecho de acceso a los medios, el derecho a comunicar, de numerosos y cada vez más diversos definidores
primarios de la agenda pública: partidos, grupos de interés y de presión, actores alternativos, en medios cada vez más
abiertos a la diversidad y convertidos ya, también en el caso de México, en los nuevos campos de batalla de que
hablaba Bourdieu.
Se configuró así un nuevo modelo que combina, ciertamente, rasgos del tradicional modelo de colusión de
intereses, con grandes márgenes de libertad desconocidos en décadas. Hay que admitirlo también, así sea dentro de la
lógica del negocio de la rectoría privada de los medios.
En este punto de la lógica de los negocios, finalmente, respecto de las presiones comerciales y/o políticas que nos planteó el temario de los consejeros de información europeos, planteamos que la lucha por las
audiencias y por el mercado de anunciantes ha dado lugar a una versión mexicana, sin reglas elementales, como las que
existen en los países con mayores tradiciones democráticas, de lo que se ha llamado la industria del escándalo
político mediático: Si antes, como lo ha descrito Raúl Trejo Delarbre, en busca de publicidad, algunos medios divulgaban
o incluso fabricaban informaciones y vilipendiaban a personajes públicos para que a cambio de un trato
distinto ordenaran la compra de espacios en esos medios, ahora puede haber empresas de radio y televisión que, con
los mismos propósitos, apremien a esos personajes públicos a las más diversas formas de compra de protección.
Este aspecto ya es y será cada vez más crítico -concluí- en un proceso electoral y de lucha por el poder como
el presente, que se concentra en los medios como campos de batalla y, dentro de ellos, con las armas más
destructivas de la información y la propaganda políticas, bajo el axioma de que para lo que los políticos es crisis y
destrucción, para la lógica de los negocios de los medios y sus operadores es auge en audiencias, mercados y acrecentamiento
de su influencia y su poder sobre los políticos.
Diciembre 2008
