Aleida Calleja
El 14 de marzo se entregó el séptimo permiso a las radios comunitarias, fue para Radio Erandi de Tangancícuaro, Michoacán. Aún falta la respuesta a cuatro peticiones: Omega Experimental, La Voladora Radio, Radio Bemba y Radio Calenda. En el caso de las tres últimas
los tiempos de ley para que la autoridad conteste ya se agotaron, pero hasta el momento no tienen alguna respuesta, por lo que se iniciaron
ya los procedimientos legales para que se les otorgue un amparo por derecho de petición, a fin de que un juez obligue a la SCT a contestar.
El motivo por el que unas radios ya tengan su permiso y otras no, está centrado en la amplia capacidad discrecional que tiene el
Ejecutivo, a través de la SCT, para el otorgamiento de concesiones y permisos, pues no existen criterios públicos y transparentes que permitan a
los grupos ciudadanos o empresariales tener certeza jurídica sobre la administración del espectro radioeléctrico por parte de las
autoridades. Por eso aunque se entreguen todos los permisos a las emisoras comunitarias, el problema de fondo no estará resuelto hasta que haya
un nuevo marco jurídico que establezca reglas claras para la radio y la televisión, tal como lo hemos declarado desde hace años.
El dictamen de ley en la materia que está en discusión en el Senado, producto de la propuesta que hiciéramos más de 60
organizaciones sociales en 2002, enfrenta resistencias y amagos por aquellos sectores que aspiran a que no cambie para mantener los privilegios y
las prebendas que fueron obtenidas a través de los favores mutuos y los arreglos por debajo de la mesa. Pero sobre todo resulta preocupante
la visión y perspectiva que un buen número de senadores le dan a esta propuesta de cambio integral a la actual ley.
Los legisladores que se resisten al cambio de la ley aducen que es una propuesta que puede afectar al sector empresarial de los medios
y que no contempla el cambio tecnológico, por lo que habrá que empatarla con la Ley de Telecomunicaciones. Ambos argumentos
dan prioridad a criterios económicos y tecnológicos, como si ellos fueran la parte central de la actividad radiodifusora, cuando en la práctica
la radio y la televisión son esencialmente medios para ejercer la libertad de expresión y el derecho a la información, con lo que en los
hechos están subsumiendo esos derechos humanos universales a cuestiones de fierros y centavos. Con esto los legisladores defienden la
actividad no como el ejercicio del derecho constitucional de expresar las ideas, sino como un aspecto del derecho de ejercer una industria lícita o
de propiedad.
Poner la discusión en este terreno es tanto como si en una reforma a la Ley de Imprenta, que data de 1917, la prioridad estuviera en
que para ejercer la libertad de prensa primero habría que determinar si la impresión de periódicos fuera en
offset o en formato digital. Así, la radiodifusión es igualmente sólo un soporte tecnológico para ejercer la libertad de expresión y derecho a la información, por lo que
el énfasis debiera estar ahí.
Sobre esta lógica es como la red de emisoras comunitarias ha sugerido cambios a la iniciativa de los senadores en relación con el
capítulo de permisos. El primero de ellos plantea que se establezca en la nomenclatura de los permisos aquellas emisoras que tengan fines
comunitarios, pues existen y requieren de un reconocimiento explícito en la ley. También hay que poner atención a lo establecido en el artículo 96, en
su fracción IV, que dice que se tomará como criterio el hecho de que la propuesta de programación no sea ofrecida por otros prestadores
de servicio, tal disposición limita la pluralidad.
Las organizaciones sociales que apoyamos el actual dictamen de ley, estamos claras de que hay puntos que pueden ser perfectibles,
pero en lo general cumple con las aspiraciones de diversos sectores que durante décadas han pugnado por ser tomados en cuenta. Éste es
un momento histórico y una enorme responsabilidad para los legisladores.
Cabe recordar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió desde 1998 una recomendación al Estado mexicano en
el sentido de que debía hacer cambios legales para garantizar plenamente el derecho a la información y la libertad de expresión, y eso
incluye a la Ley Federal de Radio y Televisión, por lo cual debería tener como punto de partida los estándares internacionales de libertad
de expresión y pensamiento, contenidas en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, de la cual nuestro país
es firmante.
Sin embargo, para los legisladores que se resisten a la ley es más importante la tajada de la ganancia política que obtendrán que
el cumplimiento de los derechos humanos y la democracia en nuestro país.
Diciembre 2008
