etcétera

José Carreño Carlón

Anuncios, reacciones y comentarios de diputados locales y federales a propósito de las investigaciones de etcétera y el Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana, sobre los gastos publicitarios de los gobiernos federal y del DF, fueron ignorados silenciados por los medios, me cuentan los propios legisladores.

Para los medios mexicanos tampoco ha sido noticiable como resuelven en España el concepto de valores de las noticias el debate convocado por el senador Javier Corral sobre el predictamen que se ha elaborado de una nueva ley de radio y televisión.

La aportación central que ha hecho el Programa Iberoamericano de Derecho de la Información (PIDI) de la Universidad Iberoamericana a esa consulta plantea una bien fundada posición contra el gasto propagandístico de los gobiernos en los medios, a partir de las investigaciones aquí publicadas sobre las enormes transferencias de recursos para inversión publicitaria en los medios por el gobierno federal y el del DF.

Pero las noticias que involucran intereses o ingresos de los medios son indeseables para los propios medios noticiosos. Transparencia y acceso a la información, derecho de la gente a saber, sobre todas las cosas, parecen proponer las empresas informativas, menos sobre los propios medios.

El derecho a la información no es espoteable, plantea el coordinador del PIDI, Eduardo Ruiz Vega, en este debate. Con spots no se puede satisfacer ese derecho por parte de las instituciones obligadas a proporcionar la información pública que la gente tiene derecho a conocer, sostuvo el académico de los departamentos de Derecho y de Comunicación de la Ibero, en contra del argumento que pretende justificar la presencia propagandística de los gobiernos en los medios de comunicación, confundiéndola con una vía para cumplir la obligación de garantizar el "derecho a la información".

Este argumento lo utilizan hoy el gobierno federal panista y el del DF perredista. Pero a sus exponentes les parecía inaceptable cuando lo usaban los gobiernos del PRI. Lo cierto es que fue y es insostenible. Para el coordinador del PIDI, el Estado mexicano, a través del Poder Legislativo, reguló el derecho a la información de manera distinta: la ley no denigra ni cotiza, ni encarece, la obligación de satisfacer el derecho a la información confundiéndola con la capacidad de las instituciones de producir y pagar spots en los segmentos más caros de la programación. Hoy tenemos ley federal de transparencia e instituto federal de la misma materia y leyes e institutos estatales destinados a garantizar el acceso de los particulares a la información. Tenemos Internet y acceso remoto. No necesitamos segmentos audiovisuales de 20 segundos que nos indiquen que "Pemex está en buenas manos" o que el GDF nos da el privilegio de vivir en "la ciudad de la esperanza".

Foto: Germán Romero/
Cuartoscuro

En ese sentido, plantea el coordinador del PIDI, la propuesta del anteproyecto de dictamen a discusión en la Comisión de Comunicaciones del Senado no resuelve tampoco los problemas tradicionales del "Estado anunciante". Ello, porque propone simples modificaciones a la vieja fórmula autoritaria del manejo de los "tiempos de Estado" y de los "tiempos fiscales" de la ley de Díaz Ordaz. Y es en este mismo sentido que le parece incomprensible la permanencia y la ampliación de esta figura en el nuevo anteproyecto, con la pretensión de utilizar el tiempo de Estado existente, y duplicarlo con base en el denominado tiempo fiscal, para seguir haciendo un uso propagandístico de esos recursos comunicativos.

Libertad de información y derecho a la información, conforme a la Constitución, son incompatibles con esa arraigada práctica propagandística de los gobiernos mexicanos. Y en lugar de suprimirla, el anteproyecto a debate pretende ampliarla e incorporar activamente en ella a los tres Poderes de la Unión, los organismos constitucionales autónomos, las autoridades estatales e inclusive a los partidos políticos.

La permanencia de los tiempos fiscales, sostiene finalmente la propuesta de la UIA en este punto, distrae significativos recursos del gobierno que debieran ser empleados en el desarrollo de un verdadero sistema de medios públicos. Su existencia, al ser en extremo onerosa, pone en entredicho la posibilidad de recaudar, vía derechos, como sucede con el resto de concesionarios que explotan el espectro radioeléctrico, recursos frescos que pudieran ser canalizados por la vía presupuestal a proyectos prioritarios para la generación y difusión de contenidos de calidad. Y a ello hay que agregar las cifras de gasto que continúan destinando hoy los gobiernos federal y locales a la publicidad pagada en los medios.

Por supuesto, nada de lo anterior riñe con el necesario establecimiento de mecanismos específicos, y acotados, para que las verdaderas campañas de difusión de interés público, como las de prevención en materia de salud y protección civil, continúen siendo difundidas en forma concertada y gratuita por los gobiernos y los medios de comunicación.

Silenciadas, las noticias del imperio Berlusconi

Pero el fenómeno por el cual los medios consideran indeseables las noticias que se refieren a los medios no es privativo de México, sino que se presenta en todo el mundo.

Incluso en la avanzada Unión Europea.

En el X Foro Eurolatinoamericano de Comunicación celebrado el mes pasado en San José de Costa Rica en el marco de la XIV Cumbre Iberoamericana, el eurodiputado español Emilio Menéndez del Valle nos sorprendió con dos noticias:

1. La reciente resolución del Parlamento Europeo sobre el peligro que corre la libertad de expresión e información en la Unión Europea, particularmente en Italia, a la vista de la propuesta de Sylviane H. Ainardi y 37 diputados sobre el riesgo de graves violaciones de los derechos fundamentales en estos rubros en el imperio de Berlusconi.

2. El ocultamiento de esta resolución por los medios de todo el mundo. La resolución de este año le da seguimiento a una de 2002, sobre la concentración de los medios de comunicación también ignorada entonces por los medios así como a otra de 2001 sobre los servicios de interés general en Europa, y a otra más relativa a la Televisión sin Fronteras, así como a una final sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea.

La resolución del Parlamento, basada en una disposición sobre el respeto a la libertad y al pluralismo de los medios, parte también de otras resoluciones y recomendaciones del Consejo de Europa relacionadas con la garantía de independencia del servicio público de la radiodifusión, el derecho de réplica y la situación del individuo en relación con los medios, así como con las medidas para promover la transparencia, el pluralismo y la libertad de expresión en los medios de comunicación.

Por otra parte, la resolución reafirma la obligación de los Estados de proteger y, en caso necesario, tomar medidas para garantizar el pluralismo en los medios de comunicación. Y enseguida define:

"El pluralismo político consisteen la necesidad de que, en interés de la democracia, toda una gama de opiniones y puntos de vista políticos se expresen a través de los medios de comunicación." Luego prescribe que "la democracia estaría en peligro si una voz única, con poder para propagar un solo punto de vista, llegase a tener dominio excesivo", para, de allí establecer, en obvia referencia al presidente del gobierno italiano, Silvio Berlusconi que,

"En la Unión Europea el pluralismo se ve amenazado por el control de los medios de comunicación por órganos o personalidades del mundo político, y por determinadas organizaciones comerciales"

La referencia se hace explícita más adelante al subrayar la importancia de los motivos de la iniciativa del Parlamento "referente al riesgo de violación de la libertad de expresión y de información en la Unión Europea y particularmente, en Italia, motivos que reflejan una inquietud extendida en el seno de la opinión pública en relación con los fenómenos de concentración de los medios y de conflicto de intereses".

MéxicoItalia

La resolución del Parlamento Europeo señala que "la tasa de concentración del mercado televisivo italiano es actualmente la más alta de Europa y que, a pesar de que la oferta televisiva consta de doce canales nacionales y entre diez y quince canales regionales o locales, su organización se caracteriza por el duopolio formado por la RAI (gubernamental) y Mediaset (propiedad del jefe de gobierno) y juntos abastecen a 90% de la audiencia y acaparan el 96.8% de los recursos publicitarios"

La concentración es semejante en el caso de México. En su ponencia "Los medios como contraparte del proceso de democratización en México", preparada para el encuentro de Latin American Studies Association, celebrado en Las Vegas en octubre pasado, Raúl Trejo Delarbre enumera: De 461 estaciones de televisión concesionadas, más de 80% son propiedad o afiliadas del consorcio Televisa. Otro 13% se encuentra en manos de Televisión Azteca. Además del 93% de las frecuencias, Televisa y TV Azteca concentran más de 90% de la inversión publicitaria y de las audiencias de la televisión mexicana.

Y mientras el Parlamento Europeo aprueba resoluciones que señalan la incompatibilidad de la situación italiana con las normas y los principios de convivencia de la Unión Europea, además de que envía recomendaciones al Parlamento y al gobierno italianos para corregir los graves conflictos y anacronismos planteados, esas resoluciones y recomendaciones sucumben al silenciamiento que les imponen los medios.

Lo cual no difiere demasiado de México.

El Senado cuenta ahora con un anteproyecto de dictamen de una nueva ley de radio y televisión, que fue sometido a consultas públicas el mes pasado. Ni uno ni otro hecho llegaron a convertirse en noticias, salvo en algunos medios aislados. Son informaciones indeseables para las empresas informativas. No pasan las barreras de la función selectiva de los medios y por tanto tampoco trascienden.

Pero allí está un debate pendiente con propuestas y contrapropuestas para corregir la concentración del control de los grandes medios.

El predictamen del Senado se inclina por un modelo de restricción en la acumulación de concesiones o permisos en el mismo "servicio, categoría y plaza", en el límite de 35%, una copia fiel, y simplificada, de la restricción histórica existente en Estados Unidos, relajada en fechas recientes en ese país. Ante ello, el coordinador del PIDI en la Ibero alerta sobre la dificultades que enfrentaría una norma así a la hora de aplicarse en el entorno actual de la industria, lo cual podría acarrear incertidumbre jurídica.

Plantea las siguientes preguntas sin respuesta en el predictamen para el caso de que la norma se aprobara este o el siguiente periodo de sesiones ¿Estaría preparada la administración pública para instrumentarla sin generar vacíos, desinversión, despidos y otras situaciones cercanas a una especie de caos? ¿Podrá el Consejo previsto en el predictamen algo así como el IFE de los medios erigirse, más bien, en una especie de Secretaría de la Reforma Agraria de los medios para repartir o redistribuir concesiones, con facultades virtualmente expropiatorias? ¿Cómo se pretenden compaginar los derechos adquiridos de los concesionarios y permisionarios actuales con la nueva norma?

Pero quizá la pregunta de mayor trascendencia para una corriente de opinión preocupada por encontrar soluciones de fondo al problema de concentración de los medios sería la siguiente: ¿se ha previsto el riesgo de que una norma así quede indefinidamente en suspenso en los hechos, o vía artículos transitorios, y con ello se recaiga en la práctica de la simulación y se inocule a perpetuidad la viabilidad de corregir la acumulación de manera más efectiva?

La iniciativa no es clara en estos aspectos torales dice el académico que deben ser resueltos para evitar litigios costosos que atentarían en contra del desarrollo de la industria, pública y privada, en el futuro, especialmente por lo que se refiere a la creación de un verdadero sistema de medios públicos.

La falta de respuesta en los puntos anteriores se vuelve más crítica agrega esta aportación al debate ahora que ha sido publicado el acuerdo de adopción del estándar digital en materia de televisión, proceso que, de acuerdo con cifras oficiales, requerirá de inversiones aproximadas a los tres mil 200 millones de dólares, las cuales tendrán que realizarse en paralelo a la explotación de las redes existentes, a efecto de garantizar la continuidad de los servicios.

Finalmente, concluye el estudio del PIDI, es importante asegurar que la nueva legislación no genere la existencia de dos regímenes sujetos a reglas completamente distintas: antes y después de la nueva ley. Existen ejemplos desafortunados, similares al que se plantea, en los diversos mercados de las telecomunicaciones, especialmente en la telefonía fija y móvil. El resultado es un desorden competitivo y tributario que termina por perjudicar a los usuarios.

Favorecer el debate y la búsqueda de fórmulas legales para abatir los rezagos de la actual normatividad mexicana en el campo de la comunicación pública no supone avalar, en cargada, la específica fórmula propuesta, a la que especialistas y juristas le han encontrado estos y otros ángulos de análisis y discusión.

Desafortunadamente, hasta la última semana de noviembre, la Cámara de la Industria de Radio y Televisión se resistía a acudir a la discusión. Y ni el predictamen, ni sus motivaciones ni las respuestas que ha generado, han podido trascender al debate publicado ni, por tanto, han llegado a la agenda del debate público.