Hacienda retiene el dinero de los cineastas mexicanos
Víctor Ugalde
Por más acciones que ha tomado el área de cultura del gobierno actual para revertir la política desastrosa de las
dos pasadas administraciones, el cine mexicano continúa su larga agonía. En 2002 se reflejaron las consecuencias de 20
años de políticas neoliberales restrictivas y destructivas para nuestro cine y sólo se produjeron 14 largometrajes.
Con las medidas tomadas el año pasado, el inicio de 2003 parecía alentador para la producción fílmica. El
Fidecine recibía una partida presupuestal de 70 millones, que se sumaba a los 73 millones de la aportación federal inicial de
2001, más sus intereses bancarios, lo que equivalía a una derrama de 143 millones para coproducir una veintena de
películas mexicanas con "viabilidad comercial".
Cifra insuficiente para las necesidades de este país, por lo que la LVIII Legislatura, de acuerdo con el Conaculta,
trató de ampliar el dinero a la producción cinematográfica mediante el cobro de un peso a cada espectador que asistiera
al cine en México (ver
etcétera, enero 2003). Así, el Foprocine podría recibir por fin una renovación presupuestal,
situación que le permitiría seguir brindando apoyo a películas del nivel de
Sexo, pudor y lágrimas, El crimen del padre
Amaro o Japón, sólo por citar algunas de las más destacadas.
A diez meses de distancia, los cineastas mexicanos están a la espera y se preguntan: ¿dónde está el peso
recaudado? ¿Quién recibe este dinero? ¿Por qué no se entrega oportunamente a los fideicomisos para reactivar la producción y
el empleo? ¿A quién le beneficia mantener esta situación de inactividad expresiva cinematográfica? ¿A las autoridades?
¿A los empresarios de cine? ¿A los estadounidenses? ¿A quién? Pero en realidad la gran pregunta la hacen los
espectadores mexicanos: ¿dónde están los más de 80 millones de pesos adicionales que se han entregado en las taquillas de los
cines durante el año? ¿Quién los tiene y quién se beneficia con ellos? ¿Por qué no se cumple la ley?
Con el fin de informar al respecto, el Imcine envió un comunicado del que se desprende que 11 compañías
distribuidoras se han inconformado contra la Ley Federal de Derechos en su artículo 19 C fracción IV que a la letra dice: "Por los
servicios en materia cinematográfica se pagará el derecho de cinematografía, conforme a las siguientes cuotas IV Por
la autorización para exhibición pública de una película en salas cinematográficas o lugares que hagan sus veces. Por
cada boleto vendido $1.00."
Bajo el frágil argumento de que esta medida afecta sus ingresos, las empresas distribuidoras promovieron juicios
de amparo (20th Century Fox, Videocine Warner, Tri Star Film de México, United Internacional Pictures, Buenavista
Columbia Tristar Films, Gussy, Nuvision, Quality Films, Cinemas Nueva Era, Cine Video y TV y Walt Disney Co. de México) en
contra del pago hecho por los ¡¡¡espectadores mexicanos!!! A la fecha, los jueces de los tribunales de Distrito han
amparado a cuatro de estas empresas pero el Imcine ya apeló la sentencia ante los tribunales colegiados y seguramente el
pleito tardará varios años en solucionarse, pues llegará hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Mientras tanto el dinero se recauda cotidianamente y representa como mínimo dos millones de pesos a la
semana, dinero que le genera ganancias extras a los exhibidores por los intereses bancarios, pues éstos se tardan días o
semanas en liquidarle su parte al distribuidor.
Por su parte, éste recibe el peso y después de varios meses lo entrega a la Secretaría de Hacienda, cuando ya le
generó varios cientos de miles de pesos en su cuenta bancaria, pero lo curioso es que no pueden ser, tal y como ellos
afirman ante el juez, la parte afectada pues este peso se lo descuentan al productor de la película.
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Escena de La hija del caníbal |
Sí, leyeron bien, el peso que paga el espectador mexicano termina siendo cobrado al productor nacional; así,
La hija del caníbal, por ejemplo,
vio cómo el distribuidor le retenía más de un millón de pesos por su éxito en taquilla, casi
lo mismo que a
Asesino en serio o los 734 mil 333 de
Dame tu cuerpo.
Además, una vez que la Secretaría de Hacienda recibe el peso adicional no lo entrega, tal y como debería ser
su obligación de acuerdo con la ley. Las autoridades no lo hacen porque está en litigio y ellas consideran, tal y como lo
han manifestado públicamente diversos representantes de las secretarías de Economía y de Hacienda, que este derecho
es anticonstitucional, y tal parece que lo reservan para supuestamente devolverlo a las distribuidoras "afectadas",
cuando la SCJN ratifique su criterio. Con esta acción, la SHCP se erige en empleada recaudadora y dictaminadora, violando
con ello toda la normatividad mexicana.
Por todo ello, consideramos que el peso se debería entregar inmediatamente a los fideicomisos de cine y
aplicarlo mientras se resuelve el juicio, o de perdida depositarse en sus arcas para que así los intereses que se generen sean
en beneficio de nuestro cine y no de los empresarios antes mencionados. Así, en cuanto la Suprema Corte resuelva en
favor del cine, se podría aplicar el recurso de inmediato sin haber perdido un centavo de los intereses que produjeron.
En caso contrario es decir, si el fallo fuera desfavorable, el dinero tendría que ser devuelto al
verdaderamente afectado, que es el público mexicano. Esta decisión pondría en serios problemas a la SCJN, pues las
distribuidoras seguramente pretenderían quedarse con un dinero que no les pertenece.
Mientras tanto, los productores nacionales sufren las consecuencias de las malas decisiones de la SHCP, pues ésta
no entrega el peso en taquilla pero sí les cobra intereses, tal y como le sucede a la productora La Perrada Films, la cual
pidió un crédito por un millón y medio de pesos, pero no puede pagarlo pues esta dependencia le retiene 734 mil 333
pesos por los espectadores que obtuvo la cinta Dame tu
cuerpo. Como se puede ver, nuestro cine pierde por todos lados.
Diciembre 2008
En busca del peso perdido
