Julio Chávez Sánchez
La multicitada resolución presidencial que favoreció en magnitudes insospechadas a los empresarios de
la radio y la televisión no tuvo en esos medios el realce ni el trato equilibrado que debiera esperarse. En
cambio, aunque no sin distorsiones y equívocos, la prensa configuró un espacio alterno al de la omisión y la
manipulación informativa de los medios electrónicos, que consideraron un avance democrático la muy discutible decisión
del gobierno, y casi socavaron cualquier punto de vista distinto al suyo.
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Arrodillado o sometido. Más allá o junto con esos calificativos impresos con los que llegó a delimitarse
la acción presidencial, los diarios formaron el único espacio de análisis y discusión y dieron muestra de que
la maniquea distinción entre el llamado "foro verde" y el "foro rojo" sólo es determinante para fines
comerciales (los anunciantes que buscan al gran público), pero no lo es para las definiciones políticas y las
delimitaciones de largo alcance, como lo es el subrayado que en la prensa se hizo patente: el gobierno cedió todo a los
intereses de los empresarios de los medios ¿a cambio de qué? fue una de las preguntas más reiteradas y
pospuso, cuando no canceló, la reforma integral a la que se había comprometido.
El otoño del patriarca
En el principio fue El Universal.
El 10 de octubre este diario filtró en portada lo que unas horas más tarde se confirmaría con una
edición especial del Diario Oficial de la
Federación. Cambian reglas para radio y
TV, fue el titular del diario del que es director quien, hasta hace poco, fungiera como alto ejecutivo de Televisa.
Firmada por Alejandro Angeles, la nota resalta: "El gobierno federal y los concesionarios de radio y
televisión habrían acordado la madrugada de hoy nuevas reglas para eficientar y democratizar el uso de los
tiempos oficiales en los medios electrónicos de comunicación".
También en esa edición, la columna "Entre nos", firmada con el seudónimo de J.J. Lizardi, confirma
la filtración y celebra los logros del acuerdo: "Lo que hasta ayer
parecía imposible (negritas en el original)
se estaría concretando en unas horas con un nuevo acuerdo entre gobierno y concesionarios de radio y
televisión, que acabaría de raíz
con la simulación en el uso de tiempos oficiales en los medios electrónicos". Más
adelante elogia la labor en ese sentido del secretario de Gobernación.
Reacciones
Un día después, al recoger la noticia, los demás diarios van decantando su posición.
Milenio es el único rotativo que dedica su titular principal al tema:
Radio y TV: mantiene el Ejecutivo potestad en las
concesiones, en la nota se destacan los puntos de vista expresados por el hasta entonces presidente de la CIRT,
Bernardo Gómez; también en portada publica la reacción del senador Javier Corral. El extremo opuesto lo ofreció
El Financiero, que en una de sus notas de primera plana publica:
"Albazo del gobierno al quitar el 12.5% a
radio y TV: PAN". Después sería claro que esa no fue la postura de Acción Nacional sino de algunos de sus
legisladores.
Las críticas al nuevo reglamento y al decreto que modifica los tiempos fiscales (conocido más tarde como
el decretazo) van apareciendo en las páginas editoriales. Jenaro Villamil en
La Jornada, Raúl Trejo en La
Crónica y Ernesto Villanueva en El
Universal son de los primeros en manifestar su desacuerdo tanto con el
contenido de los nuevos ordenamientos como con la forma en que éstos se aprobaron. Días después se sumarían a la
crítica poco más de 200 articulistas en los diarios y revistas impresos en la ciudad de México.
En sentido opuesto, el periodista Joaquín López-Dóriga consideró que el decreto era un sueño cumplido.
En su columna de El Heraldo, el conductor del noticiero estelar de Televisa escribe: "Cuando conocí el
proyecto de Bernardo Gómez, presidente de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión, lo vi como algo, si
no imposible, sí muy difícil de lograr. Lo vi operar durante semanas, en todos los frentes, hasta que a las
cuatro y media de la mañana de este jueves se logró el acuerdo: la reforma al reglamento y la eliminación del 12.5
por ciento, que cierra una larga y oprobiosa era de las telecomunicaciones e inicia otra que promete ser mejor".
Crece el rechazo
La Jornada publicó dos editoriales sobre el tema, el 12 y el 17 de octubre; en el primero exagerado,
pues intenta comparar la nueva disposición con el régimen nazi reprueba tajantemente el
decretazo: "Ahora lo que el Estado concedía aparecerá en cambio como concesión graciosa de los empresarios a ese mismo Estado
o, mejor dicho, sólo a la Presidencia, mientras que el tiempo estatal regalado pertenecía a todos los poderes.
Lo que debía ser servicio público, pasa ahora a ser claramente sólo una empresa privada, ajena a toda
intervención estatal en defensa del bien común o de la cultura". El 17 de octubre exige que se rectifique la decisión: "Si
Fox no midió la enormidad de su traspié, es probable que las severísimas críticas formuladas por las personas que más conocen de medios informativos en su propio partido los legisladores Javier Corral Jurado y María
Teresa Gómez Mont se hayan encargado de situarlo en la realidad: su gobierno ha traicionado promesas
centrales de campaña en materia de transparencia, democracia, equidad, decencia y respeto al patrimonio nacional.
Sea cual sea el costo político cabe exigir que el Presidente rectifique y dé marcha atrás en el oprobioso acto
de gobierno que perpetró la semana pasada".
Menos enjundioso, el editorial de
unomásuno del 12 de octubre también llama la atención sobre la
inconsistencia del gobierno: "Santiago Creel hace menos de una semana prometía trato equitativo sin prebendas ni
privilegios a los medios de comunicación; tal vez le faltó complementar con la palabra electrónicos. La reducción del
tiempo oficial en esos medios contradice el compromiso del secretario de Gobernación".
En un editorial de portada, el 14 de octubre
Excélsior expresa su desacuerdo; principalmente porque
dicha modificación hizo a un lado el trabajo que venían realizando los sectores involucrados para una reforma
integral. También ese día, El
Financiero en su espacio editorial conocido como "Punto y aparte" muestra su rechazo:
"El sorpresivo acuerdo entre el presidente Vicente Fox y los concesionarios de la radio y televisión, con el
que modificó de un plumazo el reglamento en esa materia, debe ser legitimado por el Congreso.
"La forma en la que las partes decidieron desaparecer el régimen del 12.5 por ciento del tiempo
disponible para el Estado en los medios electrónicos, no sólo es oscura sino que carece de justificación. Por encima
del análisis mesurado que realizaban los partidos políticos y representantes de la sociedad civil en las
mesas convocadas por la Secretaría de Gobernación, el Ejecutivo Federal simplemente se impuso.
"En los tiempos del cambio es imprescindible restablecer la constitucionalidad, porque este tipo de
hechos muestra el regreso de la vieja costumbre priista de gobernar por decreto."
La defensa
Todas estas reacciones fueron contestadas y publicadas en las páginas de los periódicos con
declaraciones de diversos funcionarios. Incluso la Secretaría de Gobernación insertó el viernes 18 un desplegado donde
reitera su posición respecto de los puntos más polémicos del decreto aprobado el 10 de octubre.
Los apoyos, sin embargo, no sólo estaban destinados al gobierno federal. Federico Arreola,
vicepresidente ejecutivo de la empresa que edita
Milenio Diario, abogó por los concesionarios incluso, antes de ser
público el multicitado decreto, particularmente no escatimó en elogios a Bernardo Gómez. En su columna "De
ribete" del 10 de octubre dice que el señor Gómez es "una persona honesta que destacaba por su compromiso
con la democracia". En esa misma columna Arreola desestima el papel del Poder Legislativo al considerar que
"es la Cámara dirigida por Bernardo Gómez (...) la institución más calificada para opinar sobre la ley de radio
y televisión, una ley cuya modernización debe servir, desde luego, para brindar mayor seguridad jurídica a
los concesionarios y, sobre todo, para impulsar el desarrollo de una industria sin la cual no hubiera habido
democracia en México".
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Foto: Claudia
Hernández Ramírez |
Las loas de Arreola a Gómez y a Azcárraga Jean continuaron el 14 de octubre, ese día el
vicepresidente ejecutivo de
Milenio también se manifiesta en favor del decreto: "La Televisa de Emilio y Bernardo, a
diferencia de la vieja Televisa, ha estado sobradamente a la altura del cambio democrático. Sin la nueva Televisa, el
PRI no hubiera dejado Los Pinos,* permanecerían ocultos los pecados de los clérigos y seguiríamos en el
subdesarrollo de no contar chistes en la televisión acerca de la pareja presidencial.
"Aplaudo lo negociado con el gobierno porque beneficia a toda la industria de la radio y la televisión."
El 17 de octubre, Arreola reafirma su admiración por Televisa y su beneplácito por el decreto del 10
de octubre: "Si los periodistas de nuestros diarios piensan y difunden lo que quieren, la empresa tiene una
posición: aprueba la eliminación del 12.5% porque esta compañía, orgullosamente, antes de tener periódicos fue
una radiodifusora que, en 1933, fundó un empresario talentoso y honesto: Jesús D. González".
Naturalmente, Arreola estaba de plácemes porque en el contexto de la decisión presidencial, el gobierno ya había
refrendado varias decenas de concesiones, entre otras, las que correspondían al grupo Multimedios.
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Derecho de réplica en otros países
Alemania
La Ley de Radiodifusión (1984) contempla que el derecho de réplica debe ser cumplido cuando una
persona, grupo o entidad haya resultado afectada por una imputación de hechos en una emisión; sin embargo,
este derecho podrá no ser válido si no se tiene justificado el interés de la réplica o ésta es de una
"extensión inadecuada", es decir, que sobrepasa en tiempo a la emisión impugnada. Sobre el tiempo para ejercer la
réplica, la legislación alemana contempla que ésta se debe solicitar por escrito y difundirse "sin demora".
España
La Ley Orgánica 2/1984 de televisión privada garantiza el derecho de réplica a "toda persona natural
o jurídica" que quiera rectificar hechos que la aludan y que considere inexactos, difundidos "por cualquier
medio de comunicación social". Como plazo para ejercer la réplica, a través de un escrito que así lo solicite, la
ley española considera siete días naturales después de la difusión y a partir de éstos, otros tres días para que
el medio difunda la información rectificada.
Francia
Según la ley del 29 de julio de 1982 y el decreto número 87-246, la solicitud de una persona para ejercer
el derecho de réplica va de los ocho a los 15 días; el plazo máximo para que el medio difunda la réplica es de
30 días, a partir de la emisión referida por el solicitante (en caso de haber fallecido el agraviado, pueden
hacerlo sus herederos o cónyuge), y la duración del mensaje no debe sobrepasar los diez minutos. En caso de que
no se transmita la réplica, el perjudicado puede acudir a la autoridad judicial correspondiente quien ordenará
la difusión del mensaje aun con apelaciones del medio.
Colombia
La Ley 182, del 20 de enero de 1995, prevé que para ejercer el derecho de réplica, "el afectado,
sus representantes o sus herederos cuentan con un periodo de diez días hábiles a la transmisión del programa
en donde se originó el mensaje controvertido". La solicitud se debe presentar por escrito ante el director
o responsable del programa quien se pronunciará al respecto y está obligado a "dar cabida a la réplica en
un término improrrogable de siete días hábiles contados a partir de la fecha de solicitud". El incumplimiento
por parte del medio deriva en sanciones que van de multas hasta la revocación de la licencia para operar
la concesión.
México
En el artículo 38 del reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión se especifica que el derecho de
réplica será válido cuando "una estación de radio o televisión no cite la fuente de la cual extrajo la información
y considere que los hechos que la aluden son falsos e injuriosos". Para hacer valer el derecho, el perjudicado
debe presentar por escrito su petición, para lo que dispone de 48 horas después de la transmisión en la que es
aludido. El concesionario evaluará la procedencia de la aclaración, a efecto de hacerla válida. En el caso de que se
cite la fuente de la cual se extrajo la información, el perjudicado también puede pedir al concesionario que se
ejerza su derecho de réplica.
Diciembre 2008
10 de octubre no se olvida
