etcétera

Miguel Carbonell

Es urgente que el Congreso de la Unión apruebe una nueva legislación sobre el acceso a la información pública.

Durante buena parte de 2001 un grupo de ciudadanos nos dimos a la tarea, bajo el paraguas nominativo de "Grupo Oaxaca", de redactar lo que podría ser un primer borrador de proyecto de ley de acceso a la información pública. Posteriormente el gobierno, un poco obligado por la presión ciudadana y de algunos medios de comunicación, presentó su propio proyecto, el cual, sin ser perfecto, tiene bastantes aciertos y cosas del todo aprovechables.

Con ambos insumos, los diputados y senadores tienen la posibilidad de convertir en realidad el mandato de la última parte del artículo 6 constitucional que obliga al Estado mexicano a garantizar el derecho a la información.

Aparte de ser una obligación constitucional, legislar sobre el acceso a la información pública es un requisito para transparentar el ejercicio de las funciones públicas. Durante demasiados años el Estado mexicano ha sido una caja completamente opaca, donde la mirada de los ciudadanos ha sido vedada una y otra vez. La opacidad reinante ha provocado la larga historia de abusos y enriquecimientos inexplicables que todos conocemos.

Si de verdad el cambio del 2 de julio significó algo más que una simple rotación de membretes y de élites en el poder, esa transformación se tiene que materializar en una distinta forma de gobernar, que incluya como premisa esencial la transparencia de la gestión pública y del uso que se hace del dinero de los impuestos.

Foto: José
Alonso Gallegos

Con una ley de acceso a la información ganan los ciudadanos, que podrán saber en qué se gastan su dinero los gobernantes; ganan los medios, que dejarán de vivir de filtraciones y truculencias para obtener información que les estarán obligados a dar los funcionarios, y gana también el gobierno, que tendrá la enorme legitimidad de no guardar calaveras en el clóset ni ratones muertos bajo la alfombra.

Todos ganamos, pero ¿alguien pierde con el acceso a la información? Sí. Pierden los malos funcionarios, los que viven mejor en las ciénagas pantanosas del aparato estatal que frente a la luz que puede arrojar la información. Pierden también los periodistas corruptos que trabajan con base en contubernios con funcionarios y partidos políticos. Pierden los particulares que aprovechando algún compadrazgo o la presencia de amigos y familiares en el gobierno medran de los fondos públicos obteniendo toda clase de prebendas. Pierden los partidos políticos de cartón, acostumbrados a usufructuar un registro electoral para beneficio propio y de sus familias sin rendir cuenta cabal a nadie de los recursos que les entregamos los contribuyentes.

La futura ley es también indispensable si se quiere que la democracia mexicana no sea puramente formal, sino que tenga sustancia y que los ciudadanos puedan ejercerla día tras día y no simplemente cada tres o seis años.

Uno de los rasgos permanentes de los sistemas dictatoriales y autoritarios es el control de la información. Cuanto más se puedan controlar los flujos de información más posibilidades existen de perpetuar las condiciones de supervivencia del régimen en cuestión.

En México, como se apuntaba párrafos arriba, durante muchos años esto ha sido así: el gobierno ha controlado la información, la función pública se ha desarrollado en una especie de semiclandestinaje y los ciudadanos apenas han podido saber, si acaso, en qué se gastaban los gobernantes el dinero de sus impuestos.

Si la democracia mexicana quiere en verdad consolidarse, si en vez del reino de lo opaco queremos que nuestro Estado sea una "casa de cristal", lo primero que tenemos que hacer es regular legislativamente el derecho a la información. Se trata de una pieza maestra de cualquier democracia. No nos demoremos.