etcétera

Honradez intelectual

Luis de la Barreda Solórzano

Foto: Cuartoscuro/Moisés Pablo

Durante esos procesos no se alzó ninguna
voz para restablecer o, mejor dicho,
establecer la verdad. René Girard
(El chivo expiatorio)

¿Qué periodista, qué intelectual, qué académico progresista y prestigiado puede ponerse del lado de algún inculpado de delitos que reiteradamente han sido catalogados como de lesa humanidad y que constituyeron crímenes de Estado? Al fiscal especial para movimientos sociales y políticos del pasado se asignó la misión de perseguir los delitos perpetrados desde el poder por ex funcionarios federales contra militantes de esos movimientos que por definición políticamente correcta persiguen loables fines de justicia social. Y como ningún pensador democrático y partidario de la causa de los derechos humanos está de acuerdo con los abusos de poder y la represión ilegal, era impensable que una voz lúcida y civilizada no estuviera de acuerdo en que se castigara a los responsables de esos atropellos. Muy bien, pero se trataba de inculpar a los responsables, con pruebas de su culpabilidad y fundamentos jurídicos, inculpación que exigía una investigación seria, profunda, profesional, objetiva y muy escrupulosa. Y es el caso de que el fiscal, desde el inicio de su gestión, dio muestras inequívocas de que su actuación no estaría orientada en ese sentido, es decir, no se guiaría por el afán de procurar justicia. La procuración de justicia requiere buscar la verdad de los hechos que se indagan desprejuiciadamente. En cambio, el fiscal buscaría saciar la sed de venganza ciega –la venganza a cuyos oficiantes no interesa quién es culpable sino quién pague los platos rotos– y, ofreciendo resultados espectaculares, impulsar su alicaída carrera política. Aun con esas muestras de deshonestidad tan evidentes, durante muchos meses no se produjo una sola crítica a su proceder. El fiscal sabía que su nombramiento había sido acordado por el Presidente de la República, y que su función era presentada como indispensable para lavar un pasado ominoso, restaurar la concordia entre los mexicanos y, con ello, remover un obstáculo para la transición a una democracia mexicana plena. No se le ocultaba tampoco que teniendo a su cargo una misión tan elevada resultaba prácticamente imposible que un solo analista respetable descalificara sus actos. Y se engolosinó. Pero llegó a tales extremos en sus impudicias que éstas se hicieron extremadamente notorias, insosteniblemente escandalosas, y en México existen académicos, intelectuales, periodistas y políticos capaces de discernir lo justo de lo indefendible y de defender la razón con razones.

La primera voz de alerta vino de Raúl Trejo Delarbre en el momento mismo en que se anunció la creación de la fiscalía. Sin poner en duda la pertinencia de su creación, advirtió: “Mientras las indagaciones avanzan está a prueba la madurez de los actores políticos y de la sociedad. No se puede descalificar a corporación alguna por delitos que se cometieron hace un cuarto de siglo. Pero tampoco se puede esperar que las pesquisas no señalen responsables, entre los que podrían estar personajes del mayor rango político. Esa madurez tendrá que llevar al gobierno actual a desdeñar la tentación de querer lucirse a costa de errores (o incluso fechorías) de los gobiernos mexicanos de otras épocas”.

Tuvieron que pasar más de 16 meses para que se hiciera escuchar otra advertencia de un analista. Al comentar la renuncia de Luis González de Alba al Comité de apoyo a la Fiscalía, Sergio Sarmiento puntualizó: “Es muy importante que la sociedad conozca exactamente lo que ocurrió en los años sesenta y setenta cuando un régimen autoritario restringió libertades y violó derechos humanos. Pero no permitamos que la historia sea manipulada, porque al final, como lo señalaba Jorge Santayana, no conseguiremos sino repetir sus abusos”.

La primera crítica severa a la actitud del fiscal fue de Raúl Trejo Delarbre. Para romper el silencio en torno a los desplantes de Ignacio Carrillo Prieto se requería de absoluta honestidad intelectual y de valentía, pues eso era ir contra la corriente de los bienpensantes. “Es comprensible –y compartible, en muchos casos– el interés para que se haga justicia y sean castigados los delitos cometidos durante la llamada guerra sucia. Pero sería absolutamente inaceptable que en esa búsqueda de justicia se infrinjan los procedimientos legales, se dé validez a acusaciones sin pruebas suficientes y se desate una persecución que a algunos podría parecerles políticamente correcta aunque fuese violatoria de nuestro orden jurídico... Contra De la Barreda Moreno no se conocen acusaciones sólidas. Sería muy grave que se le persiguiera sin causas suficientes –o como una perversa manera para tomar desquite debido a los intereses que cuando fue titular de la Comisión de Derechos Humanos del DF afectó a su hijo, el doctor Luis de la Barreda Solórzano”.

Trejo Delarbre ya no dejó el tema. Tras un amplio análisis de la acusación por la desaparición de Jesús Piedra, anotó: “En la acusación contra De la Barreda Moreno, como en cualquier otra, lo menos que se puede exigir es que la ley sea cumplida de la manera más cuidadosa. En este caso hay una enorme carga de ideologización que podría desviar el rumbo de la justicia si los responsables de aplicarla atienden más a la presión social y en los medios que a las pruebas y certificaciones que se logren documentar”.

De visita a México, el eminente jurista argentino Esteban Righi, hoy procurador general de su país, a quien México dio asilo político en la década de los 70 cuando fue amenazado por fanáticos autoritarios, declaró en entrevista que las acusaciones contra Luis de la Barreda Moreno “no son sólidas y están fuera del sentido común”.