etcétera

Espacios de encuentro empresarios-sociedad

Fátima Fernández Christlieb

Desde la primera semana de marzo contamos con dos espacios que serán objeto de atención y seguimiento por un buen rato: la Mesa para el Diálogo sobre la Legislación de Medios Electrónicos y el Consejo de Autorregulación de la CIRT.

¿De qué depende que la primera elabore una agenda legislativa consensada y que el segundo no se convierta en un consejo más, de ésos que van espaciando sus reuniones hasta convertirse en membretes? Depende de qué tanto se comprenda y se actúe sobre la naturaleza de la contradicción que les da origen.

Joaquín Vargas
Foto: Alfredo
Estrella

En cualquier país del mundo tarde o temprano surgen conflictos entre el mercado de los medios y los sectores pensantes que exigen calidad en los contenidos. Los medios viven la etapa de las megafusiones, de la necesidad de llegar al mayor número de personas posible, del encarecimiento del tiempo en horario preferencial, de la prisa por producir programas baratos.

Al mismo tiempo, los públicos que tienen medio siglo de ver televisión y toda su vida de escuchar radio, aumentan su selectividad ante la abundancia de la oferta. (A las generaciones jóvenes que pertenecen a grupos informados les ocurre lo mismo.) Los objetivos del capital invertido en los medios, evidentemente no son compartidos por quienes reciben y rehacen los mensajes. Se trata de lógicas y expectativas distintas. Entre ambos se genera una tensión que los gobiernos se encargan de atender. Esto ocurre en cualquier latitud y el conflicto es mayor o menor según el grado de evolución del sistema político de que se trate.

En México andábamos atrasados. La fórmula que por décadas se aplicó fue la de permitir que el capital invertido, especialmente en televisión, se desarrollara con reglas del juego discrecionales y los gobiernos apechugaran cada vez que los concesionarios decidieran detener un proceso legislativo. Prácticamente fuera de la fórmula se mantuvo la sociedad: sólo opinaba de manera intermitente cuando algún gobierno decidía convocarla o cuando a alguien se le ocurría organizar un foro.

Los empresarios se acostumbraron a moverse como les convenía. Todavía en febrero pasado lo hicieron así. Ante el anuncio que hizo Santiago Creel de la reinstalación del Consejo Nacional de Radio y Televisión y de su respectivo comité asesor, presionaron al Presidente y cancelaron esa opción.

El secretario de Gobernación, Santiago Creel, encontró otra vía (la mesa de diálogo) para lo mismo: establecer condiciones para propiciar un contrapoder en los medios electrónicos. ¿Qué buscaba Creel además de entrarle con prontitud al problema aprovechando una ley y un decreto ya existente? Buscaba que los integrantes de ese comité asesor (creado por decreto presidencial y publicado en el Diario Oficial del 30 de enero de 1986) opinaran públicamente sobre los contenidos de los medios electrónicos. ¿Quiénes integran dicho comité? La ANUIES (igualmente buscada para el Consejo de Autorregulación de la CIRT), la UNAM, el IPN, Conacyt, el Consejo Nacional de la Publicidad y el organismo al que pertenecen quienes supuestamente más saben en nuestro país: El Colegio Nacional. Eran opiniones nada despreciables que aterrorizaron a los concesionarios. Ojalá que el próximo proceso legislativo retome a este comité.

Por lo pronto, en la mesa de diálogo para la reforma integral de la legislación de los medios electrónicos hay un objetivo muy concreto: elaborar una agenda de temas para el trabajo en el Congreso de la Unión. El 5 de marzo pasado, al instalarse esta mesa, una fue la noticia principal: el presidente de los industriales de radio y televisión, Joaquín Vargas, reiteró abiertamente lo que venía afirmando unos meses atrás: el marco jurídico que rige a la radio y a la televisión es inoperante y obsoleto. A las siete de la mañana del día siguiente, Ferriz de Con se reía de lo dicho por Joaquín Vargas con el argumento de que por décadas la CIRT se opuso a todo intento de modificaciones a la ley. El gremio de estos industriales parece haber perdido la homogeneidad que lo caracterizaba. No sólo se hace presente la disidencia verbal, sino que el empecinamiento de TV Azteca en mantener al aire programas muy criticados o la audacia de introducir otros de bajísima calidad, habla de una actitud desafiante que difícilmente estará de acuerdo con lo que negocie el presidente de la CIRT.

Si el Consejo de Autorregulación sesiona con cierta periodicidad y si dos de sus miembros, la ANUIES y el Consejo Coordinador Empresarial, toman su labor en serio y deciden polemizar con el bloque de los siete miembros de la CIRT, y si además hacen mancuerna con la asociación creada por Servitje, algo puede salir de ahí.

Si se elabora una agenda realista que aborde problemas precisos, se podrá pisar el terreno de la contradicción mercado/sociedad. Si la representación de los empresarios y de las universidades deja de asistir o se ablanda ante las inercias de los concesionarios, surgirá de nuevo esa ampulosa retórica que la CIRT ha soltado durante más de medio siglo. Ojalá tengamos pronto noticias de que verdaderamente, ahí, se inició un diálogo.