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Las truculencias de la SCT


Al amparo de las insuficiencias de la ley vigente de radiodifusión, desde la segunda quincena de febrero la SCT valora algunas decisiones cuestionables.

En el terreno de la discrecionalidad y de las componendas políticas, sino es que también en el de los negocios, funcionarios de esa dependencia -el titular Pedro Cerisola y el subsecretario Jorge Álvarez Hoth- buscan otorgar 120 radios combo, asignar 123 frecuencias de radio y dos de televisión en el interior de la República, así como participar en la venta del Canal 28. Y en ese abanico de decisiones han querido tomar como rehén a las cinco asignaciones de permisos que aún están pendientes dentro de las solicitudes que sendas radios comunitarias hicieron al respecto (el plazo legal para responderle a tres de ellas ya pasó).

En relación con las radios combo, la SCT busca emular lo que hace más de diez años hizo el entonces titular de la secretaría, Emilio Gamboa Patrón quien, el 2 de octubre de 1994, asignó 83 Frecuencias Moduladas que operaban en AM. Con esa decisión -y otras, como la de otorgar 350 concesiones-, el ahora senador que también respalda a la CIRT contra la nueva ley de radiodifusión, favoreció a varios grupos como Acir, Cima y Radiorama, cuyo dueño, Javier Pérez de Anda, era en ese momento presidente de la CIRT.

Al iniciar este año, la SCT revisaba 60 expedientes que luego se duplicaron; sabe de la resolución de un juez que, el 26 de septiembre de 2000, determinó que la secretaría tiene facultades para asignar radios combo. Sin embargo, esa resolución ha sido cuestionada hasta por los directivos de la CIRT, reacios a la medida que, si se toma, favorecería a grupos como Acir, Imagen y Radio Fórmula. Pero la oposición de los dirigentes de la cámara podría atenuarse si la SCT otorga la respectiva concesión de 125 frecuencias que el gobierno federal, según un estudio que concluyó a fines de enero, está en posibilidades de otorgar. En este caso, las empresas TV Azteca y Televisa serían las más favorecidas.

Junto a todo aquello, y para lograr los equilibrios políticos y comerciales respectivos, pero siempre dentro del manto de la discrecionalidad, figura el Canal 28. Como se sabe, la SCT entabló un procedimiento legal para retirar la concesión de esa emisora, cuyo título favorece al señor Raúl Aréchiga. Hace varias semanas, sin embargo, la secretaría perdió el litigio y no parece que esto haya sido por ingenuidad o torpeza, al contrario. Al disminuir la ofensiva legal contra el empresario Aréchiga y perder la demanda, la SCT favoreció el proceso de venta de ese canal en el que se han mostrado varios interesados en adquirirlo, entre otros, el que más, Olegario Vázquez Raña. Fuentes de Presidencia consultadas al respecto nos aseguran que el propio Ejecutivo fue sorprendido por esa actitud de la SCT, que puso el tapete a una operación financiera de muy criticable soporte legal.

A todas esas truculencias que subrayan la necesidad de un marco normativo moderno para los medios de comunicación electrónicos habría que agregar la demorada respuesta de la SCT a la solicitud de permisos de todas las emisoras comunitarias que lo solicitaron (al cierre de la edición sólo se habían otorgado seis). Según los requisitos y los plazos que marca la ley, tres de ellas debieron haber obtenido el permiso desde la segunda quincena de febrero. Pero las autoridades aún no los otorgan porque estaciones como Radio Bemba y La Voladora son, según ellos, "un problema político" pues la directiva de la CIRT se opone tajantemente a la emisión de los títulos respectivos.




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