Víctor Ugalde
La comunidad cinematográfica en pleno apoya la propuesta de reforma a la Ley de Radio y Televisión.
Ésta ha provocado que unos
cuantos empresarios de la telecomunicación detenten y monopolicen las señales de
televisión abierta y restrigida de nuestro país, que les ha permitido acumular un gran poder
político y económico, el cual impide
la consolidación y recuperación de la industria fílmica mexicana, por una parte, y los avances democráticos, por la otra.
De soldaditos del PRI se transformaron en jueces mediáticos. Dos empresarios
acaparan y controlan seis canales de
televisión abierta y el sistema de TV de señal restringida, lo que va en contra de toda lógica de libre mercado.
Desde su posición de privilegio, los mercaderes de la telecomunicación compran los derechos de transmisión de
las películas mexicanas por unos cuantos pesos por un periodo de siete años, con cinco pasadas y todo el cable gratis.
Los dueños de la televisión recuperan su dinero de inmediato sólo con los primeros 15 minutos de transmisión por el alto
costo de los comerciales. Así, la plusvalía y la riqueza nacional que genera la expresión del artista fílmico y el trabajo de
los productores nacionales queda en manos de los que detentan la TV.
En el mundo, la televisión se
ha convertido en una de las principales fuentes de financiamiento de la
producción cinematográfica. En México no sucede así y la TV es un
freno para la consolidación y crecimiento de nuestro cine.
Televisa empezó a producir películas a partir de 1976 cuando, por las instrucciones del FMI y el BID, ocurrió
una retracción de las actividades económicas estatales y su actividad fue sustituida por el capital privado organizado. En
el campo cinematográfico le correspondió al monopolio televisivo producir lo que los estatales
Conacine1 y Conacite 1 y 2 dejaban libre. Por esto, si el gobierno
cesaba de producir diez cintas, Televisa lo sustituía. En esa época su filial,
Videocine, llegó a producir 34 largometrajes en un año. En sentido contrario de su
crecimiento, en 2004 esta empresa sólo produjo
dos películas, una coproducción con Warner y la otra
con empresas nacionales y apoyo del gobierno. Por su parte, TV Azteca,
en sus diez años, ha incursionado tímidamente en el campo de la producción fílmica y ha fracasado rotundamente. Lo
anterior no impide que se apropien del trabajo legítimo de los productores nacionales privados, pues éstos no cuentan
con alternativas para su venta en este medio.
La tendencia de producir poco se repite en el medio audiovisual mexicano. Cada año, el duopolio
produce menos en el país y compra material barato del extranjero. Lo que parece un gran nivel de producción por parte de las televisoras es
muy bajo si lo analizamos con el número de señales que acaparan. A esto hay que agregar que lo poco que producen resulta
ser copia de sus éxitos de antaño.
Por lo anterior y muchas cosas más la comunidad fílmica nacional apoya la reforma que pretende
modernizar el espectro televisivo. Sin embargo, su aspiración de cambio y progreso podría quedar congelada en el próximo periodo de
sesiones debido al intenso cabildeo que vienen impulsando los representantes de los dueños de la televisión.
A esto hay que sumar las gestiones que hacen en el Congreso más de diez diputados y senadores
que en lugar de representar y honrar los intereses de sus electores, parecen empleados de la telecracia. Destacan Emilio Gamboa Patrón y
el presidente de la Comisión de Radio Televisión y Cinematografía, Javier Orozco, quien fue parte del Departamento
Jurídico de Televisa.
Que las empresas televisoras cuenten con tantos defensores no es nuevo. Cada trienio entran a la cámara
diversos legisladores con el propósito de cuidar y vigilar los intereses de los dueños de la TV, aunado al contubernio que ha
existido entre el Ejecutivo y sus soldaditos televisivos. Ellos han impedido los intentos anteriores
y parece que lograrán frenar este nuevo impulso. Así se explica que al paso de los años las pequeñas modificaciones a las leyes de la
telecomunicación hayan sido en detrimento de los teleespectadores y productores y en su exclusivo beneficio.
Para evitar que esto continúe, la comunidad fílmica
le solicitó al entonces candidato Fox la reforma de la ley de radio y
TV, compromiso que quedó establecido en el programa de campaña. Es hora de cumplir.
El escenario político es adverso. El Ejecutivo usa a la SCJN y a la televisión para dirimir sus diferencias con el
Legislativo y el gobierno de la ciudad. Los partidos están ya en la carrera presidencial y los tiempos electoreros se nos vienen
encima. Es ahora o nos arrepentiremos dentro de algunos años. Los integrantes de la comunidad cinematográfica de México
lo saben y no quieren que se frene el incipiente
crecimiento de nuestra cinematografía, por ello buscan una relación
cine/TV más justa y desean que no se mantengan, como hasta ahora, los privilegios a unos cuantos empresarios.