etcétera

Los costos de la desinformación

José Carreño Carlón

Al fin, un anuncio gubernamental basado en un plan estratégico: el del acuerdo de las autoridades financieras y los bancos para superar el momento más delicado y concluir la fase final del rescate bancario, iniciado ocho años atrás.

La operación cerrará un ciclo originado, entre otras aberraciones, en una de las peores catástrofes de la información institucional: la del gobierno de Zedillo que, fiel a sus patrones de comportamiento, pretendió que podrían pasar desapercibidos los costos y las turbiedades del rescate bancario de 1996, enviándolos al Congreso ocultos en el trámite anual de la rutina legislativa fiscal de 1997.

Zedillo violó entonces un principio axiomático de la comunicación institucional, el que prescribe que, por desfavorables, gravosos y dañinos que se consideren los efectos de divulgar una información controvertida para la institución, siempre serán más desfavorables, costosos y dañinos los efectos de ocultarla, de no divulgarla. Entre otras cosas, porque se pierde la ventaja dentro de la adversidad de establecer la primera interpretación, el primer giro (el spin inicial) de la información adversa. Y en cambio, se otorga esa ventaja al competidor, al crítico, al opositor que más temprano que tarde encontrarán la información oculta y le impondrán la interpretación más dañina para la institución que la ocultó. Entre otras cosas, también, porque el ocultamiento ofrece las primeras pistas sobre el por qué y el para qué del ocultamiento y abre la imaginación a toda suerte de sospechas.

Lo malo es que los costos no sólo fueron para el gobierno de Zedillo y para el PRI, sino para el país. Costos financieros, costos políticos, costos en la adulteración del debate público.

El descubrimiento del guardadito de Fobaproa por la oposición parlamentaria, su spin escrutador y, más tarde, su uso electoral, generaron la certeza extendida de que la operación de rescate bancario constituía el robo del siglo y la convicción de que no debería sufragarse por la vía de la deuda pública.

Esa percepción tenía bases materiales y psicológicas:

Primero, porque los bancos que no sobrevivieron a la crisis se fueron a pique después de consumir más de dos terceras partes del costo pagado por el erario para el rescate de todos los bancos, incluyendo allí los secretos de familia y de negocios de los allegados al sexenio zedillista.

Segundo, porque, también conforme a su patrón de comportamiento, el gobierno zedillista dejó concentrar las culpas del golpe financiero sobre los bancos sobrevivientes que recibieron las transferencias del erario a cambio de los créditos vencidos y no sobre los funcionarios responsables de cuidar los recursos públicos y que los entregaron discrecionalmente y a manos llenas especialmente a los bancos que no sobrevivieron y quedaron a salvo del escrutinio reiterado y riguroso al que siguen sujetos los bancos sobrevivientes.

Y tercero, porque aquel gobierno a cambio de eludir sus responsabilidades frente al descontento social dejó crecer un fenómeno de pánico moral no sólo sobre los bancos y banqueros de entonces, sino que se extendió, ya fuera de control, sobre la función misma de intermediación financiera, sobre la actividad bancaria y los banqueros en general.

Foto: Alfredo Estrella

Fueron estos factores los que hicieron políticamente inviable, por más de un lustro, la culminación del proceso de rescate de los bancos que sobrevivieron a la crisis; los que encarecieron el costo financiero de ese rescate por la falta de acuerdos para convertirlo formalmente en deuda pública, con réditos muy inferiores a los que se pagaron estos años en su presupuestación anual. Y fueron también estos factores los que condujeron al riesgo que hoy finalmente se conjura de haber llegado sin este acuerdo al plazo fatal para realizar el canje de pagarés de Fobaproa por los del IPAB, lo que pudo abrir un escenario de suspensión de pagos con efectos probablemente más catastróficos que los de la crisis argentina.

A diferencia de lo ocurrido la década anterior, el resultado de la estrategia de julio de 2004 sí condujo a que predominara la perepción de que el acuerdo, difundido oficialmente la tarde del jueves 15 de julio, desactivó un expediente explosivo para la economía nacional. Una filtración informativa, aparecida la mañana de ese jueves en tres diarios, pareció contribuir a la familiarización de las audiencias con un hecho consumado que, por lo demás, no atraía ya la atención de grandes audiencias, mientras que los actores más sensibles al tema se encontraban concentrados en estrategias defensivas ante las tribulaciones del jefe de gobierno del DF.

Pronto se desvanecieron las reacciones orientadas a reactivar la controversia. Ésta tenía el propósito no tanto de bloquear la medida, sino de lograr un movimiento de distracción o una contraofensiva por parte de una fuerza que parece percibirse a sí misma como sitiada por varios frentes: los abiertos por López Obrador, su cabeza más visible y todavía su opción electoral más atractiva.

Su mayor amago, el de la expectativa de que el acuerdo fuera frenado por el Congreso, fue a su vez desactivado por la precisión de que el Legislativo no está facultado para frenarlo. Y su carta más frontal, la personalización del "enemigo" en el secretario de Hacienda, con el ánimo de descalificarlo y, acaso, ablandarlo, se estrelló con una personalidad fuera del alcance de esos proyectiles, entre otras cosas por la poca atención que Francisco Gil Díaz le presta al activismo político y a las guerras mediáticas, así se dirijan contra él y sus acciones.

Los mensajes clave del secretario de Hacienda partieron de un mapa clásico de la comunicación institucional, de ganadores y perdedores en una información. Es éste un recurso de lo más socorrido por instituciones y medios en Gran Bretaña, por ejemplo, para difundir las resoluciones parlamentarias más sensibles para la gente, como la aprobación del presupuesto. Allá, el día previsto, un mapa fácil de seguir está en los principales medios, a la disposición de la gente; un mapa útil para encontrar las claves de los misterios ocultos tras los grandes números: quién gana y quién pierde. Si ganan y cuánto los rentistas, los jubilados, los estudiantes, los maestros, los asalariados, tanto en el conjunto como en cada escondrijo de las cifras de ingresos y egresos públicos.

En el mapa del secretario de Hacienda para dar curso al anuncio del acuerdo que puso el rescate bancario en ruta de solución definitiva, aparecieron, por las características del caso, no lo buenos y los malos, sino los malos y los menos malos del escenario en que se pretende informar. Y entre los primeros, obviamente, estaban los bancos sobrevivientes de la crisis, como saldo, en buena medida, del fenómeno de pánico moral desatado por las aberraciones comunicacionales de años atrás. Sobre ese mapa había que construir el escenario de ganadores y perdedores: quién ganaba y quién perdía con el anuncio que se presentaba.

Y los mensajes fueron claros:

Perdieron los bancos, pues ellos asumían los costos de la operación, pues no sólo aceptaban las nuevas auditorías y sus resultados, sino que aceptaban también pagar de inmediato cerca de diez mil millones de pesos correspondientes a créditos relacionados, cuyo canje por pagarés se resistía a absorber Hacienda con base en las observaciones del titular de la Auditoría Superior de la Federación.

Ganaron, a) los mexicanos que veían alejarse una nueva crisis de suspensión de pagos; b) el mercado financiero en general, porque se despejó una nube negra de desestabilización económica; c) el Congreso y sus funciones de fiscalización que obtuvieron resultados tangibles, y d) el auditor superior de la Federación porque fueron atendidos los resultados de sus investigaciones y las líneas de sus recomendaciones.

Un manejo apropiado de alianzas informativas reforzó los anteriores mensajes con los de las principales calificadoras financieras internacionales, que abundaron sobre las ventajas que se abrían y los peligros que se alejaban con el anuncio. A ellos se sumaron los mensajes de tranquilidad de expertos nacionales, con referencias puntuales, más para consumo de iniciados en el tema lo cual fue sacando el debate de los espacios de la demagogia partidista pero también con referencias que hacían sentido para las grandes audiencias. Un par de ejemplos. Gerardo Mancilla, analista de Consultores Asociados, subrayaba que el paso al reconocimiento como deuda pública de los remanentes del rescate le daría mayor transparencia a las finanzas fiscales, lo cual constituía a la vez una respuesta a una de las grandes críticas al sistema financiero mexicano. Y Jaime Ascencio, de Bursamétrica, reiteraba uno de los mensajes cuantitativos clave del secretario de Hacienda, en el sentido de que, con el acuerdo, el gobierno reducía en poco más de la mitad (52%) la carga que tenía sobre los hombros derivada del rescate de los cuatro bancos sobrevivientes, para inferir de allí que con ello se aclaraba el panorama en el sistema financiero.

El éxito de la estrategia se completó con la sobria reacción de resignada aceptación de los bancos al acuerdo anunciado por la autoridad. Ni aplausos eufóricos ni ceremonias de firmas ni grandes abrazos para las imágenes de los medios. Pero tampoco regateo, ni pataleo al menos en público respecto de los costos a asumir. Acaso una referencia razonable a las cartas legales que tenían de su lado de la mesa, y que retiraron para dar paso al acuerdo: los amparos que los protegían para no aceptar las nuevas auditorías de los que se desistieron y la legalidad de los créditos relacionados cuya devolución aceptaban prepagando en el momento los cerca de diez mil millones de pesos que se reintegraban al erario. Todo ello, para remover hasta el último obstáculo a la consecución del acuerdo para el intercambio de pagarés y apuntalar las condiciones positivas del riesgo país.

Las reacciones más favorables para los bancos vinieron de consultorías y medios independientes, a partir de las cuales las funciones de intermediación financiera, las actividades bancarias y los banqueros estarían en aptitud de iniciar planes sistemáticos de control de daños y restauración de imagen. Tras los estragos ocasionados a más de un lustro del pánico moral desatado por los primeros años de desinformación y ocultamiento de las operaciones de rescate por el gobierno anterior, ésta no sólo es una necesidad corporativa de las instituciones bancarias. La reimplantación del prestigio, la confiabilidad y buena reputación de las funciones bancarias con el desarrollo de una cultura del ahorro y la familiarización del uso del financiamiento bancario por empresas y familias son también condiciones indispensables para una nueva época de crecimiento y de expansión de los beneficios de la modernización a sectores cada vez más amplios.

Entre las voces representativas de la revaloración de la función y la institucionalidad bancaria, destacaron Ernesto Cervera, de Gea, quien ponderó el acuerdo y la actitud de los bancos para detener la amenaza de contingencia fiscal para 2005, así como para dejar en claro, definitivamente, el proceso de rescate y fortalecer las condiciones favorables al flujo del crédito hacia las empresas. Y, David Páramo, quien en Radio Fórmula, CNI y El Economista, señaló que los cuatro bancos que firmaron son los que se portaron bien durante la crisis bancaria y han invertido en diez años más de 25 mil millones de dólares en México, contrastando con la hipótesis de que si se hubieran esperado a recibir su dinero al vencimiento de los pagarés Fobaproa, el año próximo, para luego irse del país, a México le hubiera sucedido lo de Argentina.

Y entre la desinformación y la violencia verbal, fueron quedándose aisladas, hasta su extinción, las voces opuestas al acuerdo y aferradas a la satanización de los bancos. Sin conocer la Constitución, la ley del IPAB ni el acuerdo que impugnaban, unas, como la diputada perredista Dolores Padierna dijo que la firma es un nuevo atraco a la nación y enfatizó que no se puede pagar un solo peso del pagaré hasta que no lo autorice el Congreso de la Unión. Algún otro clamó que lo acordado pasó por encima de la Constitución, porque primero tendría que haberse revisado en el Congreso, después de realizarse las auditorías. El jefe de gobierno del DF se colocó en las primeras horas al frente de la ofensiva perredista y comentaristas afines en contra del acuerdo, con ironías ("Ya se salvó la patria") y con la amenaza de reabrir el fuego contra los bancos a su llegada a la Presidencia: "A partir de 2006 se va a saber toda la verdad en cuanto al quebranto financiero, porque ningún gobierno que desee realmente el cambio en el país va a mantener oculto lo del Fobaproa". Amenazó también con que al siguiente lunes (22 de julio) harían "un extrañamiento severo" contra el secretario de Hacienda, pero ni el propio jefe de gobierno retomó el tema ese lunes ni los siguientes días.

Desde el ángulo de la comunicación institucional, se está dando la vuelta a una de las páginas más gravosas para la economía, la política y la cultura económica y política en la historia reciente del país.